Los ₡1,8 billones de la Contraloría: qué dice el informe y qué no

Ficha del documento

Qué dice el informe

Esta página revisa un texto que circuló en octubre de 2026 en redes sociales para convocar a la marcha estudiantil del 20 de octubre. Primero resumimos lo que dice el informe y luego revisamos cada afirmación del texto.

Los riesgos. Entre 2023 y junio de 2026 Tributación identificó 781.576 casos con posibles incumplimientos en seis riesgos. Su propia estimación del monto presunto, en millones de colones, es esta (Contraloría, 2026, figura 1):

La Contraloría redondea el total a "cerca de ¢1,8 billones" y lo describe como "eventuales incumplimientos", una estimación de Tributación (Contraloría, 2026). Sobre la cifra de 2026 (¢794.496 millones) aclara que "no representan un monto cuya falta de recaudación pueda atribuirse directamente a la efectividad de las actuaciones evaluadas" (párrafo 3.10).

La cobertura. De los 781.576 casos, Tributación seleccionó 23.578 para control extensivo, el 3%, y registró 2.567 acciones. Las acciones bajaron de 1.767 en 2023 a 2 en 2025, con 193 a marzo de 2026. Para la subdeclaración de renta, el riesgo de mayor monto, no hizo ningún control (párrafos 1.2 a 1.5).

Por qué. Desde 2023 el personal del control extensivo se reasignó a labores de cobro; desde junio de 2023 no se iniciaron nuevas liquidaciones previas y se suspendieron las que estaban en trámite. Eso duró hasta octubre de 2025 (párrafo 1.6).

Los resultados. En los controles que sí se hicieron, se recuperó entre 1,9% y 4,7% del monto estimado; 1 de cada 4 omisos presentó la declaración después del mensaje. Las liquidaciones tardaron hasta 600 días hábiles, frente a un plazo de 67 (párrafos 2.5 y 3.1 a 3.3).

Por qué pasó: de la causa inmediata a la raíz

Esta sección une la auditoría con otros documentos. Cada paso lleva su fuente. Lo que es interpretación de El Censo va al final y está marcado.

1. La causa inmediata. La Contraloría relaciona la caída con "la reasignación, a partir de 2023, del personal que realizaba funciones de control extensivo hacia labores de cobro". Desde junio de 2023 Tributación no inició nuevas liquidaciones previas y suspendió las que estaban en trámite. Ese personal siguió en cobro hasta octubre de 2025 (Contraloría, 2026, párrafo 1.6). El informe llama a esto "esa decisión", pero no dice quién la tomó.

2. Quién dirigía. Nogui Acosta Jaén fue ministro de Hacienda desde 2022 hasta el 31 de julio de 2025 (Semanario Universidad, 2025). En mayo de 2022 anunció a Mario Ramos Martínez como director general de Tributación (El Observador, 2022). Ramos aparece en el cargo también en julio de 2025 (Contraloría, 2025) y en octubre de 2025, cuando arrancó TRIBU-CR (Amelia Rueda, 2025). Acosta fue ministro desde que empezó la reasignación hasta dos meses antes de que terminara.

3. La prioridad que se anunció y la que se aplicó. En julio de 2022 Ramos dijo que su prioridad era "la lucha frontal contra el fraude tributario a través del aprovechamiento de la información de la que dispone la Administración Tributaria y de la gestión de los riesgos de cumplimiento" (Semanario Universidad, 2022). Eso es lo que hace el control extensivo: cruzar los datos que Hacienda ya tiene para encontrar riesgos. En diciembre de 2023, con el personal ya movido, Acosta anunció otra meta: "Nuestra propuesta es atacar la morosidad tributaria, hay gente que ya se le identificó que debe y se le hace muy poca gestión, queremos una gestión agresiva de cobro en el 2024". En el mismo acto dijo: "no vemos posibilidades en 2024 de que nos aprueben una reforma" (Teletica, 2023).

4. La explicación del ministro. En enero de 2025, según La Nación, Acosta explicó que el contexto político exigía que Tributación se concentrara "en los ingresos que pueden ser asegurados", y que por eso se priorizó la cartera morosa. Informó que el cobro recuperó ¢51.000 millones en 2023 y ¢90.208 millones en 2024, y criticó la falta de herramientas y de personal (La Nación, 2025). En octubre de 2026, ya como diputado, dijo: "Hay que evaluar el cambio necesario de fiscalización a cobro efectivo. Pero además, implementar TRIBU-CR distrajo muchas horas/hombre para implementarla" (Semanario Universidad, 2026).

5. El cobro tampoco salió bien. En julio de 2025 otra auditoría de la Contraloría revisó el cobro de enero de 2023 a marzo de 2025 y concluyó que "no cumple en aspectos significativos" con las normas. Tributación operó sin plan estratégico en 2024 y 2025 (el último cubría 2019 a 2023) y sin plan operativo para 2025. La Contraloría escribió que Tributación "ha priorizado el aumento de la capacidad de gestión de casos de cobro, lo que ha llevado a omitir actividades sustantivas del proceso", y que priorizó los nuevos sistemas de Hacienda Digital "por encima de una planificación oportuna y formal". También encontró diferencias de ¢2.318 millones en 2023 y ¢2.797 millones en 2024 entre los datos de cobro y las memorias anuales. En 2024 se recuperó el 20% de la mora gestionada, ¢88.763 millones (Contraloría, 2025).

6. Las fechas que coinciden. TRIBU-CR entró en operación el 6 de octubre de 2025 (Amelia Rueda, 2025). Ese mismo mes, según la Contraloría, terminó la participación del personal en cobro. Acosta había salido de Hacienda el 31 de julio.

Nuestra lectura (interpretación de El Censo, no hallazgo de la Contraloría)

• Con poco personal, como dijo el propio ministro, Hacienda tuvo que escoger entre cobrar deudas ya conocidas y buscar incumplimientos que nadie había revisado. Escogió lo primero y lo explicó como concentrarse en "los ingresos que pueden ser asegurados".
• Las dos opciones no se ven igual. El cobro produce una cifra que se puede anunciar cada año. Lo que no se revisa no produce ninguna cifra hasta que alguien lo audita, y aquí eso pasó tres años después. Tributación medía "volúmenes de casos o gestiones" y no el efecto sobre el riesgo (párrafo 3.6), y no tenía plan estratégico. Ningún instrumento interno registraba el costo de dejar de revisar.
• El riesgo más grande quedó en cero. La subdeclaración de renta frente al sector económico, ¢1.220.560 millones estimados en 214.852 contribuyentes, no tuvo ninguna acción de control extensivo en todo el período (figura 1 y párrafo 1.5). Es el riesgo que más depende de cruzar datos y el que menos se nota desde afuera.
• La raíz que muestran los documentos es una decisión de prioridades tomada bajo presión fiscal, sin un plan que midiera lo que se dejaba de hacer y con indicadores que solo contaban lo que sí se hacía. Ni la Contraloría ni ninguna otra autoridad ha atribuido responsabilidad personal por esa decisión. Acosta y Ramos no tienen un proceso abierto por estos hechos; sus otras causas están en sus expedientes.

Afirmación por afirmación

Quién dice qué, y su interés

• El texto viral es una convocatoria del movimiento estudiantil a la marcha del 20 de octubre de 2026 contra los recortes, que sí se realizó (Delfino, 2026). Es parte en la disputa.
• La Contraloría es el órgano auxiliar de la Asamblea que fiscaliza la Hacienda Pública. El economista José Luis Arce sostiene que los recortes apuntan al Poder Judicial, las universidades y la propia Contraloría (La Nación, 2026). Sus datos vienen de Tributación.
• Hacienda atribuye la desaceleración de ingresos a la inflación negativa y la apreciación del colón (RadiosUCR, 2026).
• La República tituló que la cifra "implicaría una pérdida" de ¢1,8 billones, sin nota de corrección (La República, 2026). Monumental la presentó como "posibles incumplimientos" (Monumental, 2026).
• Doble Check de RadiosUCR, que verificó la cifra con la Contraloría, y Semanario Universidad pertenecen a la Universidad de Costa Rica, afectada por los recortes al FEES. Aun así, su verificación contradice la lectura del texto estudiantil (RadiosUCR, 2026).
• Nogui Acosta, ministro de Hacienda durante la mayor parte del período auditado y hoy jefe de fracción del PPSO, dijo que la cifra es una estimación y no un monto dejado de cobrar: "Es imposible que ese monto refleje efectivamente un incumplimiento tributario". Sobre la caída de los controles dijo que "hay que evaluar el cambio necesario de fiscalización a cobro efectivo" y que implementar TRIBU-CR "distrajo muchas horas/hombre" (Semanario Universidad, 2026). Su postura coincide con la de la Contraloría sobre la naturaleza de la cifra, pero él respondía por su propia gestión.
• Mario Ramos Martínez, director general de Tributación durante la reasignación: no encontramos declaraciones suyas sobre la decisión.
• Hacienda no respondió a Monumental (Monumental, 2026).

Lo que no sabemos

• Cuánto de los ¢1,89 billones es incumplimiento real; Tributación debe verificar los casos.
• Cuánto se habría recuperado si el control hubiera mantenido el ritmo de 2023.
• Si la Asamblea aprobará el presupuesto 2027 con los cambios de la comisión; el plazo es el 30 de noviembre (El Cisne, 2026).
• Quién firmó la reasignación del personal a cobro y si el ministro la ordenó o la aprobó. La Contraloría habla de "esa decisión" sin nombrar a nadie y cita un informe interno de Tributación de abril de 2024 (MH-DGT-DCTE-INF-0002-2024) que no está publicado (Contraloría, 2026).
• Cuántas personas se movieron y cuántas hacían control extensivo antes y después.
• Cuál explicación pesa más. La Contraloría atribuye la caída al traslado a cobro; Acosta habla también de TRIBU-CR. El informe de 2026 no menciona TRIBU-CR como causa. El personal volvió en octubre de 2025, el mismo mes en que arrancó TRIBU-CR.
• Si las cifras de cobro anunciadas (¢51.000 millones en 2023 y ¢90.208 millones en 2024) usan el indicador que la Contraloría cuestionó, que cuenta como recuperadas deudas que pasaron a cobro judicial, se suspendieron o se fraccionaron (Contraloría, 2025).
• Si Tributación cumple las cinco disposiciones de la Contraloría.

Correcciones

Esta página se basa en el informe de la Contraloría y en la prensa. Si usted tiene un documento que corrija o complete algo, escríbalo en los comentarios con el enlace.

Actualización del 7 de noviembre de 2026: agregamos la sección sobre la causa, a Nogui Acosta y Mario Ramos en el grafo, y el informe de la Contraloría sobre cobro de julio de 2025.

De dónde salen los datos