Caso Caja-Fischel: comisiones ilegales del préstamo de Finlandia a la CCSS

Ficha del caso

Qué pasó

El 13 de diciembre de 2001 la Asamblea Legislativa aprobó un préstamo del Gobierno de Finlandia para comprar equipo médico para la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) (Informa-tico, reproducido por ANEP, 2009). El exdiputado Otto Guevara, el único de ese periodo que votó en contra, dijo en 2008 que el proyecto se aprobó "en tres o cuatro días" (La República, 2008). La jueza Teresita Rodríguez lo resumió al leer la sentencia de 2009: "Esta comisión está contenida en el préstamo que, por $32 millones, otorgó el Gobierno de Finlandia a nuestro país" (La Nación, 2011).

La licitación la ganó la empresa finlandesa Instrumentarium Medko Medical, que en Costa Rica representaba Corporación Fischel. Según el tribunal, Wálter Reiche Fischel, presidente de esa corporación, y Marvin Barrantes, gerente de O. Fischel R., pagaron una comisión en dólares a cuatro personas: Rafael Ángel Calderón Fournier, Eliseo Vargas, Gerardo Bolaños y Juan Carlos Sánchez (La Nación, 2011).

Calderón recibió US$520.000 de Fischel. El tribunal ordenó que ese monto pasara al Estado como reparación (La Nación, 2009). Como el dinero salía de un préstamo público, la jueza Rodríguez dijo que "los costarricenses debemos pagar esas comisiones ilícitas" (La Nación, 2011).

Cómo se juzgó

El 5 de octubre de 2009 el Tribunal Penal de Hacienda del Segundo Circuito Judicial de San José, en Goicoechea, condenó a Calderón a cinco años de prisión por dos delitos de peculado, a Eliseo Vargas a cinco años, a Gerardo Bolaños a 3,6 años y a Wálter Reiche a cuatro años (sentencia 370-2009). La Fiscalía había pedido 24 años para Calderón (La Nación, 2009; vLex). Antes de la sentencia, Calderón anunció que no sería candidato presidencial en las elecciones del 7 de febrero de 2010 (La Nación, 2009).

El 11 de mayo de 2011 la Sala Tercera de la Corte Suprema confirmó las condenas. Por mayoría unió los hechos de Calderón en un solo delito de peculado y dejó a los seis condenados con la pena mínima de tres años y ejecución condicional por cinco años, así que ninguno fue a prisión. Vargas, Bolaños y Sánchez quedaron además inhabilitados seis años para ejercer cargos públicos (La Nación, 2011). La misma Sala anuló, por mayoría, la prueba bancaria obtenida en Panamá. Los magistrados José Manuel Arroyo y Luis Víquez votaron por mantener intacta la sentencia de 2009 (La Nación, 2011). Con ese fallo las condenas quedaron firmes (La Nación, 2016).

Lo que vino después

La CCSS demandó a los condenados por US$52 millones. El Tribunal Penal de Hacienda rechazó el reclamo el 13 de mayo de 2015 y el Tribunal de Apelación lo confirmó en septiembre de 2016. Para entonces el Estado ya había recuperado US$9,3 millones por daño social en este caso (La Nación, 2016).

Calderón se quejó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 2 de noviembre de 2011, alegando al menos 11 violaciones a sus derechos, entre ellas haber sido juzgado dos veces por los mismos hechos. La CIDH admitió la queja en 2018 y la rechazó en noviembre de 2020 (La Nación, 2021). Desde 2018 pide a la Sala Tercera que revise la sentencia (El Observador, 2021).

La Contraloría General de la República siguió su propio proceso administrativo y dejó en firme en diciembre de 2018 una inhabilitación de seis años para que Calderón ocupara cargos públicos que manejen fondos del Estado, del 15 de mayo de 2018 al 15 de mayo de 2024. Su abogado, Juan Marcos Rivero, dijo: "En su momento habrá de hacerse justicia y se le restablecerán todos sus derechos" (La Nación, 2018).

Lo que dicen los condenados

Calderón sostiene que no debió ser condenado por peculado porque no era funcionario público cuando recibió el dinero: "Yo no era funcionario, yo recibí un dinero nueve años después de haber dejado el Gobierno". También dijo: "me mezclaron a mi dentro del delito de otros" y "no hubo peculado, no hubo delito" (El Mundo CR, 2016). Según esa misma entrevista, pasó cinco meses en prisión preventiva en La Reforma.

No encontramos declaraciones públicas de los otros cinco condenados en las fuentes consultadas.

Lo que no sabemos

• El monto exacto que recibió Calderón. La Nación informó en 2009 que el tribunal le atribuyó US$520.000. El Mundo CR habló en 2016 de US$440.500 (El Mundo CR, 2016). No hemos leído la sentencia completa para saber cuál cifra es la correcta.
• Lo que recibieron los demás. Las fuentes consultadas no dan los montos de Vargas, Bolaños y Sánchez.
• El monto del préstamo. La sentencia de 2009, según La Nación, habla de US$32 millones. El Mundo CR habla de US$39,5 millones.
• El segundo apellido de Juan Carlos Sánchez. La Nación lo publica como Sánchez Arguedas; el encabezado de la resolución de la Sala Tercera, como Sánchez Sánchez (vLex).
• Randall Vargas Pérez también figura como imputado en la resolución de la Sala Tercera. No encontramos en estas fuentes cómo terminó su caso, así que no aparece en el grafo.
• La revisión que Calderón pidió a la Sala Tercera: no sabemos si ya se resolvió.

Correcciones

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