Caso ICE-Alcatel: sobornos por la telefonía celular del ICE y dos condenas firmes

Ficha del caso

Qué pasó

En agosto de 2001 el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) le adjudicó a Alcatel un contrato de telefonía celular por US$149 millones (Departamento de Justicia de EE.UU., 2008). La Fiscalía de Costa Rica acusó que, en esa adjudicación de 400.000 líneas celulares, se pidieron dádivas a Alcatel (La Nación, 2011).

La justicia de Estados Unidos documentó los pagos. Christian Sapsizian, exejecutivo de Alcatel, admitió ante una corte federal de Miami que entre febrero de 2000 y septiembre de 2004 conspiró con Édgar Valverde Acosta y otros para pagar más de US$2,5 millones en sobornos a funcionarios costarricenses, a través de una firma consultora. Según esa admisión, el principal receptor fue un directivo del ICE que también asesoraba a un alto funcionario del gobierno, con quien compartía los pagos. El comunicado no da los nombres de esos funcionarios (Departamento de Justicia de EE.UU., 2008).

En 2010 la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC) acusó que una filial de Alcatel entregó al menos US$14,5 millones a firmas consultoras con contratos simulados, y que altos funcionarios de Costa Rica recibieron al menos US$7 millones de ese dinero para asegurar tres contratos de telefonía. Alcatel-Lucent pagó US$45,372 millones a la SEC y US$92 millones para cerrar los cargos penales en ese país (SEC, 2010).

José Antonio Lobo Solera, exdirectivo del ICE, admitió haber recibido US$62.500 de Alfonso Guardia Mora en cuatro pagos entre 2000 y 2003 (La Nación, 2010). La Fiscalía le dio un criterio de oportunidad: dejó de acusarlo a cambio de su testimonio (Tico Times, 2011).

Otro exdirectivo del ICE, Hernán Bravo Trejos, declaró ante la Fiscalía en octubre de 2004 que recibió US$1.092.280 como dádiva por aprobar la compra de las 400.000 líneas a Alcatel. Dijo que se lo propusieron los empresarios Leonel Barrios y Alfonso Guardia Mora, que el dinero llegaría en tractos a una cuenta en Panamá a nombre de N.C.R. Holding y que entendía que venía de Alcatel: "Yo lo que entiendo es que esos dineros vienen de Alcatel". En 2007 aceptó ante el tribunal los hechos de la acusación en su contra y declaró como testigo de la Fiscalía (La Nación, 2007). En un proceso abreviado, el Tribunal de Juicio del Segundo Circuito Judicial de San José lo condenó el 16 de octubre de 2007 (sentencia 586-07) como autor de corrupción agravada en la modalidad de cohecho impropio. Según esa condena, recibió de Alcatel US$1.046.280 entre diciembre de 2002 y octubre de 2003 a cambio de votar por la adjudicación de las 400.000 líneas, y devolvió el dinero a la Fiscalía en 2004 y 2005 (US$869.074,73 y US$162.490). Hacienda le cobró después impuesto sobre la renta por ese ingreso; en 2020 la Sala Primera anuló el cobro porque el dinero fue devuelto (Sala Primera, resolución 2938-2020). La cifra de la sentencia (US$1.046.280) difiere de la que reportó La Nación en 2007 (US$1.092.280). Una de las acusaciones contra Guardia fue por penalidad del corruptor respecto de Bravo Trejos (resolución 2012-2550, punto H).

Cómo se juzgó

El juicio duró del 23 de abril de 2010 al 5 de abril de 2011 (Tico Times, 2011). El 27 de abril de 2011 el Tribunal Penal de Hacienda del Segundo Circuito Judicial de San José condenó a ocho de los nueve acusados (La República, 2011):

• Miguel Ángel Rodríguez Echeverría, expresidente de la República: 5 años de prisión por corrupción agravada como instigador, y 12 años de inhabilitación (La Nación, 2011).
• Édgar Valverde Acosta, expresidente de Alcatel en Costa Rica: 15 años.
• Guido Sibaja, exfuncionario del ICE: 15 años.
• Luis Adrián Quirós, dueño de Servicios Notariales Q.C.: 15 años.
• Alfonso Guardia: 10 años por dos delitos de penalidad del corruptor.
• Joaquín Alberto Fernández, exejecutivo del ICE: 5 años por corrupción agravada.
• Eliseo Vargas, exdiputado: 2 años por enriquecimiento ilícito.
• Eduardo Fonseca, exjefe de cómputo del ICE: 2 años por enriquecimiento ilícito, con ejecución condicional.
• Rodrigo Méndez, exfuncionario del ICE: absuelto, porque la acción penal había prescrito.

El juez Jorge Camacho votó por absolver a todos (La República, 2011).

Lo que vino después

En diciembre de 2012 el Tribunal de Apelación anuló la condena del expresidente (Tico Times, 2012). En ese mismo fallo absolvió a casi todos los demás condenados (a Guido Sibaja le anuló solo la pena por fraude de simulación) y sobreseyó a Alfonso Guardia Mora porque había fallecido: con su muerte se extinguió la acción penal en su contra (resolución 2012-2550, punto H). En noviembre de 2014 la Sala Tercera anuló ese fallo: dijo que la acción penal no había prescrito y que la prueba bancaria de Panamá era lícita y debía valorarse. Mandó al Tribunal de Apelación a resolver de nuevo (Teletica, 2014).

El 2 de diciembre de 2015 el Tribunal de Apelación, con otros jueces, dictó la sentencia 2015-1620 (Juicio Justo). Declaró ilícito el criterio de oportunidad de Lobo, y con eso perdió valor toda la prueba que salía de su testimonio (La Nación, 2015). Absolvió a Rodríguez, Fernández, Sibaja, Valverde y Quirós (Tico Times, 2015). Para Eliseo Vargas ordenó que un tribunal fijara una nueva pena, y la pena de Eduardo Fonseca se mantuvo (La Nación, 2015). El texto de la sentencia lo confirma: en el caso de Fonseca solo anuló la condena a pagar costas, y en el de Vargas anuló solo la pena por enriquecimiento ilícito y mandó a otro tribunal a fijarla de nuevo (resolución 2015-1620, puntos 2 y 3).

En agosto de 2016 la Sala Tercera, con el voto 862-2016, rechazó por 4 votos a 1 el recurso de la Fiscalía porque no cumplía requisitos formales, y la absolución de Rodríguez quedó firme. El magistrado José Manuel Arroyo votó por admitirlo (La Nación, 2016). En la misma resolución la Sala declaró inadmisibles los recursos de dos condenados. Uno era el de la defensa de Vargas, contra el fallo que confirmó su condena por enriquecimiento ilícito. El otro, el de un exsubjefe del Departamento de Conmutación del ICE condenado por un solo enriquecimiento ilícito en tres pagos; la resolución publica los nombres tachados, pero esos datos coinciden con Fonseca. Con eso, las dos condenas quedaron firmes (resolución 2016-00862).

La pena de Vargas siguió sin fijarse. En enero de 2025 la Sala de Casación Penal admitió un recurso de un condenado de este expediente que alegaba que la causa había prescrito, porque desde el 2 de diciembre de 2015 esperaba que le fijaran la pena por enriquecimiento ilícito; convocó a audiencia para el 13 de marzo de 2025 (resolución 2025-00099). La resolución tacha el nombre; la fecha y el delito son los del caso de Vargas. En 2021, La Nación informó que en ese proceso todos los investigados quedaron exonerados (las resoluciones citadas arriba muestran que Fonseca y Vargas no lo fueron), y que Luis Adrián Quirós esperaba un nuevo juicio en una causa aparte por defraudación fiscal (La Nación, 2021).

Fuera de Costa Rica: Sapsizian fue condenado en septiembre de 2008 a 30 meses de prisión y a decomisar US$261.500 (Departamento de Justicia de EE.UU., 2008). En Francia, Alcatel-Lucent fue absuelta en 2017, condenada en apelación en 2020 y la Corte de Casación dejó firme la condena en 2021, con una multa de 150.000 euros (El Observador/AFP, 2021). Alcatel-Lucent pagó al Estado costarricense US$10 millones por daño social en 2008, y al ICE otros US$10 millones el 30 de julio de 2015 en un acuerdo extrajudicial (El Financiero, 2015).

Lo que dicen los implicados

Rodríguez dijo tras la condena de 2011: "Vamos a apelar. Vamos a defendernos". Su abogado sostuvo que el tribunal se basó "en lo único que tuvieron todo el tiempo, el testimonio de Lobo" (Tico Times, 2011, traducción nuestra). Cuando la absolución quedó firme en 2016, Rodríguez dijo: "A lo largo de este proceso queda demostrado que no había ninguna razón de haber sido llevado a los tribunales" (La Nación, 2016).

La defensa de Édgar Valverde argumentó que el criterio de oportunidad "benefició a una persona que debió ser imputado", en referencia a Lobo (La Nación, 2015).

No encontramos declaraciones públicas de los demás implicados en las fuentes consultadas.

Lo que no sabemos

• La pena final de Eliseo Vargas en este caso. Su condena por enriquecimiento ilícito quedó firme en 2016, pero la pena se debía fijar de nuevo. No encontramos la sentencia que la fijó ni el resultado del recurso por prescripción admitido en 2025 (resolución 2025-00099).

• La identidad exacta en dos resoluciones anonimizadas. La 2016-00862 y la 2025-00099 tachan los nombres. Las atribuimos a Fonseca y a Vargas por el cargo, el delito y las fechas, que coinciden con La Nación (2015) y con la sentencia 2015-1620.

• Quiénes fueron los funcionarios que recibieron los sobornos según Estados Unidos: el Departamento de Justicia no da sus nombres.

• Los montos que habría recibido cada acusado en Costa Rica. Las fuentes consultadas no los dan, salvo los US$62.500 que Lobo admitió.

• El resultado del juicio fiscal de Luis Adrián Quirós, pendiente en 2021.

• Si Lobo enfrentó proceso después de que se anulara su criterio de oportunidad.

• La condena de Valverde: La República y El Observador hablan de 15 años; el Tico Times de 2012 habla de 20.

• La pena impuesta a Hernán Bravo Trejos en 2007; la Sala Primera menciona la condena pero no la pena.

• Quién es Leonel Barrios y si fue procesado.

Correcciones

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• Quiénes eran los funcionarios que, según Estados Unidos, recibieron los sobornos. La acusación de 2007 contra Christian Sapsizian no los nombra: habla de un "ICE Official", "a director of ICE and an advisor to a senior Costa Rican government official", y de un "Senior Government Official" con quien compartiría los pagos (Departamento de Justicia, acusación de 2007).

• 7 nov 2026: agregamos cómo describen los documentos de Estados Unidos a los funcionarios que recibieron pagos.

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