Caso pago navideño a H. Solís: el adelanto de ₡956 millones del Conavi en 2011 y la conciliación de ₡163 millones

Ficha del caso

Qué pasó

Lo que sigue sobre los hechos es la versión de la Contraloría y de la Fiscalía. Ningún tribunal lo ha juzgado.

H. Solís tenía a cargo la ampliación y rehabilitación de la ruta Bernardo Soto, entre el aeropuerto Juan Santamaría y Manolos (licitación 2009LN-000003-CV) (Semanario Universidad, 13 jul 2021). El 22 de diciembre de 2011 la empresa presentó la factura 1.800, firmada por Mélida Solís y por el gerente de Conservación de Vías y Puentes del Conavi, Marco Rojas Jenkins. El 29 de diciembre, durante las vacaciones de fin de año, el Conavi pagó ₡956,6 millones por cemento Portland (Semanario Universidad, 13 jul 2021) (Semanario Universidad, 9 ago 2016).

Según la denuncia de la Contraloría, el pago fue un adelanto del 13,5% del contrato, más que el 10% permitido, y la empresa sabía que no procedía cobrarlo (Semanario Universidad, 9 ago 2016). Según la acusación de la Fiscalía, el cemento se pagó sin que hubiera sido "ejecutado, aprobado y recibido a satisfacción" (El Mundo, 6 dic 2017), y la factura se tramitó sin la firma del supervisor ni documentos de respaldo (La Nación, 30 ago 2021). La obra terminó en 2013 (La Nación, 30 ago 2021). El Conavi recuperó el dinero en 18 meses, con rebajos en las facturas 2.767 y 2.768 (Semanario Universidad, 9 ago 2016).

Cómo se juzgó

La Contraloría presentó la denuncia en 2015 (Semanario Universidad, 9 ago 2016). En 2017 el caso estaba en la etapa intermedia ante el Juzgado Penal de Hacienda, la Procuraduría cobraba ₡188 millones en una acción civil y la Fiscalía había pedido el sobreseimiento definitivo de Carlos Solís Murillo (El Mundo, 6 dic 2017). En 2021 la prensa lo contaba de nuevo entre los acusados, y su abogado dijo que ese pedido seguía pendiente desde 2017 (Semanario Universidad, 13 jul 2021).

En la audiencia preliminar del 16 de agosto de 2021, H. Solís ofreció pagar ₡163 millones: ₡88 millones por costo de oportunidad y ₡75 millones por daño social. La Procuraduría General lo aceptó; la Contraloría y la Fiscalía se opusieron y apelaron (Amelia Rueda, 16 ago 2021) (La Nación, 30 ago 2021) (El Observador, 28 ago 2021). La Procuraduría explicó que el acuerdo pagaba la totalidad del daño que había calculado la Contraloría, ₡88.397.663,14, más ₡75 millones de daño social, y que "es lo más favorable" para el Estado; dijo que la Contraloría buscaba imponer sanciones, lo que causaría "un desequilibrio en la causa". La Contraloría, querellante, dijo que no podía referirse a los detalles porque la audiencia es privada (Amelia Rueda, 18 ago 2021). La propuesta de conciliación se había presentado por primera vez en 2017 (Amelia Rueda, 18 ago 2021) (La Nación, 30 ago 2021). Los funcionarios del Conavi no se acogieron al acuerdo (Amelia Rueda, 16 ago 2021).

En octubre de 2021, el juez Alfredo Arias Calderón del Tribunal Penal de Hacienda rechazó las apelaciones (voto 345-2021). Resolvió que solo la Procuraduría representa al Estado y que la Contraloría "no puede representar al Estado en una conciliación" (CRHoy, 15 oct 2021) (La Nación, 15 oct 2021). Con el pago, la empresa evitaría el juicio y se pediría el sobreseimiento de Mélida Solís (La Teja, 15 oct 2021) (Amelia Rueda, 15 oct 2021).

Lo que vino después

La Contraloría calificó el resultado como un "lamentable precedente" (La Nación, 15 oct 2021). En esas fechas Mélida Solís y Carlos Solís Murillo estaban imputados en el caso Cochinilla, (La Nación, 30 ago 2021) (CRHoy, 15 oct 2021). En abril de 2024 la Fiscalía los acusó en una causa de ese caso (Delfino, 29 abr 2024).

Lo que dicen los implicados

En 2016 el vocero de la empresa, Carlos Carmiol, dijo que H. Solís "de manera absoluta rechaza los cargos que hace la Contraloría" (Semanario Universidad, 9 ago 2016). Fernando Apuy, abogado de Aiza y de Solís Murillo, dijo que el pago "reunía la totalidad de los requisitos" (Semanario Universidad, 9 ago 2016). En 2021 Apuy dijo que los funcionarios "no pueden aceptar la comisión de un hecho delictivo" (Amelia Rueda, 16 ago 2021).

Francisco Campos, abogado de H. Solís, dijo que a la empresa "le estaban cobrando simplemente que el Estado giró una plata por adelantado" (La Teja, 15 oct 2021), que la empresa había dado una garantía por el 100% del monto (La Teja, 15 oct 2021) y que la posición de la Fiscalía era "arbitraria y caprichosa" (El Observador, 28 ago 2021).

No encontramos declaraciones de Marco Rojas Jenkins ni de Ana Ivette Campos Cerdas.

Lo que no sabemos

• Si Mélida Solís pagó los ₡163 millones y si el tribunal dictó su sobreseimiento.
• Qué pasó con los cuatro funcionarios del Conavi. La Nación dice que la última resolución no menciona a Aiza ni a Solís Murillo y que se desconoce su situación (La Nación, 15 oct 2021); no encontramos noticias de un juicio.
• El monto exacto. El pago fue de ₡956,6 millones según la Contraloría (Semanario Universidad, 9 ago 2016); varios medios hablan de casi ₡1.000 millones (El Mundo, 6 dic 2017) (CRHoy, 15 oct 2021).
• El monto del daño social. En 2017 la Procuraduría cobraba ₡188 millones en la acción civil, con ₡100 millones de daño social (El Mundo, 6 dic 2017); en el acuerdo de 2021 el daño social quedó en ₡75 millones (Amelia Rueda, 18 ago 2021). Las fuentes no explican el cambio.
• La cantidad de cemento: 5.728 toneladas según Semanario Universidad (Semanario Universidad, 9 ago 2016) y 5.790 según El Mundo (El Mundo, 6 dic 2017).
• El delito. El Mundo menciona influencia contra la Hacienda Pública (El Mundo, 6 dic 2017); las demás fuentes, pago irregular de contratos administrativos. La denuncia de la Contraloría hablaba también de falsedad en la recepción de bienes (Semanario Universidad, 9 ago 2016).
• El nombre de la jefa de Ejecución Presupuestaria: "Málaky Mary de Fátima Aiza" (Semanario Universidad, 13 jul 2021) (La Nación, 30 ago 2021) o "Málaky Aiza Campos" (El Mundo, 6 dic 2017).

Correcciones

Esta página se basa en la denuncia de la Contraloría, la acusación de la Fiscalía y la resolución del tribunal según la prensa que las reportó. Las personas acusadas son inocentes mientras un tribunal no diga lo contrario. Si usted tiene un documento que corrija o complete algo, escríbalo en los comentarios con el enlace. Si el estado legal de alguna persona cambia, actualizamos la página y lo anotamos aquí.

• 9 nov 2026: primera versión.
• 9 nov 2026: agregamos la posición de la Procuraduría y de la Contraloría en la audiencia de agosto de 2021 y el monto exacto del daño.

De dónde salen los datos