Caso SGSV: ambulancias de Bomberos, tobilleras y marchamo digital, tres contratos con la misma empresa y dos investigaciones abiertas

Ficha del caso

Ninguna de las personas de este caso tiene acusación ni condena. Las investigaciones son la versión de las autoridades que las abrieron. Las personas investigadas son inocentes mientras un tribunal no diga lo contrario.

Qué pasó

1. Las 40 ambulancias de Bomberos

El 28 de setiembre de 2026 el Cuerpo de Bomberos adjudicó la compra de 40 ambulancias al consorcio formado por SGSV y Bem Estar (una empresa brasileña) por US$13,88 millones, casi ¢6.500 millones, a US$347.000 por unidad. Usó la contratación excepcional por urgencia del artículo 66 de la Ley General de Contratación Pública, sin concurso, y el expediente es el 2026XE-000002-0012800001 de SICOP (La Nación, 5 nov 2026). El umbral para una licitación mayor era de ¢258,2 millones.

Bomberos invitó a un solo oferente. En su estudio de mercado habían cotizado tres empresas: Cotisa, con US$11,57 millones (US$2,31 millones menos que el consorcio), y AutoStar Vehículos, con US$13,74 millones (US$140.000 menos). Bomberos descartó a las dos empresas costarricenses porque ofrecían 240 días de entrega (La Nación, 5 nov 2026). El precio estimado por Bomberos era de US$325.923 por unidad; el del consorcio quedó 6% por encima, y la Proveeduría dice que está dentro del margen del 10% (La Nación, 2 nov 2026).

Según La Nación, ninguna de las dos empresas del consorcio tiene ventas de ambulancias en Costa Rica, y SGSV tiene 124 bienes y servicios registrados en SICOP, ninguno de vehículos de emergencia (La Nación, 2 nov 2026). El cartel pedía acreditar la fabricación de 200 ambulancias para cinco clientes en los dos años anteriores. La Nación dice que Bem Estar presentó certificaciones de 210 unidades para dos clientes brasileños (La Nación, 5 nov 2026). Bomberos responde que la experiencia no era un requisito esencial y que la de Bem Estar, de Brasil, sí está acreditada (La Nación, 4 nov 2026). AutoStar pidió anular el procedimiento por "vicios groseros"; Bomberos lo rechazó por extemporáneo (La Nación, 4 nov 2026).

La justificación de la urgencia fue una instrucción de la presidenta Laura Fernández del 31 de julio de 2026, por medio del Consejo Sectorial de Salud (acuerdo de la sesión ordinaria 03-2026, que La Nación dice tener en copia, citado en un informe de la Proveeduría de Bomberos del 25 de setiembre enviado al director Héctor Chaves León) (La Nación, 2 nov 2026). Bomberos reconoció que el Consejo Sectorial de Salud no instruyó específicamente la compra de 40 ambulancias ni un procedimiento de urgencia (CR Hoy, 4 nov 2026).

El 7 de octubre Gabriela Chacón, presidenta ejecutiva del INS y de Bomberos, dijo en Casa Presidencial: "Estamos comprando ya 40 ambulancias, las mismas ya fueron adjudicadas". El 2 de noviembre dijo: "No tengo detalles de la licitación", atribuyó la aprobación a "don Héctor Chaves (director de Bomberos) o la Administración" y agregó que no recordaba si para esa época ya se había adjudicado (La Nación, 2 nov 2026). La empresa pidió una prórroga y no es seguro que las ambulancias lleguen antes de fin de año (CR Hoy, 4 nov 2026).

El 2 de noviembre de 2026 la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción abrió de oficio la causa 26-000440-1218-PE por el presunto delito de influencia contra la Hacienda pública (La Nación, 4 nov 2026).

Novedades del 5 y 6 de noviembre

El fiscal general, Carlo Díaz, confirmó que la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) abrió la causa de oficio el 2 de noviembre. Dijo que "por el momento, no hay personas imputadas" y que no descartan otras acciones ilícitas (El Observador, 5 nov 2026; CR Hoy, 5 nov 2026). Las notas nombran el delito de forma distinta: El Observador escribe "tráfico de influencias" y CR Hoy "influencia contra la Hacienda Pública". Según El Observador, si aparece implicado un miembro de los Supremos Poderes, la causa pasará a la Fiscalía General. Ninguna de estas notas cita el número de causa 26-000440-1218-PE ni habla de allanamientos. La Contraloría confirmó a CR Hoy que recibió una denuncia por esta contratación, en fase de admisibilidad (CR Hoy, 5 nov 2026).

Bomberos admitió ante CR Hoy que no especificó el código de color Pantone en el cartel. Aprobó una prórroga de 15 días naturales para la unidad modelo y programó la inspección en Brasil para el 19 y 20 de noviembre. Dos oficios de Bomberos dan fechas distintas para entregar la unidad modelo: el 17 y el 20 de noviembre (CR Hoy, 5 nov 2026; CR Hoy, 5 nov 2026). La comisión que viaja a São Paulo revisará el prototipo antes de autorizar las otras 39 unidades (CR Hoy, 5 nov 2026).

2. Los bonos del PPSO

Según La Nación, Cristian William Rodríguez Villalobos y Hermmoth Rothe Paniagua compraron bonos de campaña del Partido Pueblo Soberano (PPSO) por ¢43 millones y ¢9 millones, de acuerdo con los registros que el partido entregó al TSE. Rodríguez Villalobos figura como representante legal de SGSV en un documento de contratación pública y, según su perfil de LinkedIn, como director regional de ventas para América Central. Rothe Paniagua es fiscal de la sociedad desde 2015. Los dos aparecen en correos de la contratación de las ambulancias: el 26 de agosto Bomberos envió información técnica a Rodríguez Villalobos, y la cotización del 2 de setiembre se envió con copia a los dos (La Nación, 4 nov 2026).

El TSE abrió el 17 de setiembre de 2026 una investigación administrativa preliminar (expediente DFPP-EE-007-2026, "estudio especial" del Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos) sobre el origen y la trazabilidad de los recursos de ambos, y dijo que ampliará su objeto por lo publicado en prensa (La Nación, 4 nov 2026). Según CR Hoy, que cita al TSE, los montos son ¢36,55 millones (Rodríguez Villalobos) y ¢7,65 millones (Rothe Paniagua), distintos de los que publicó La Nación (CR Hoy, 4 nov 2026).

Los registros hablan de bonos, no de donaciones. Rothe Paniagua confirmó la compra y dijo que la consideró una buena inversión, con un rendimiento de 15%. Ninguna de las notas consultadas dice que comprar esos bonos sea ilegal: lo que el TSE verifica es de dónde salió el dinero. Otro dato que Semanario Universidad dice haber verificado en una declaración de beneficiarios finales del procedimiento del ICE: Rothe Paniagua es dueño del 18,81% de SGSV (Semanario Universidad, 5 nov 2026).

3. Las tobilleras electrónicas

SGSV forma, con Racsa y Synergye, el consorcio que provee las tobilleras electrónicas al Ministerio de Justicia. Las fuentes no coinciden en la fecha de inicio: CR Hoy (2025) dice que la licitación internacional 2022LI-000001-0006900001 se adjudicó al consorcio en noviembre de 2022 a US$5,99 diarios por tobillera (CR Hoy, 30 sep 2025), la denuncia de 2023 habla de un contrato desde abril de 2023 (CR Hoy, 19 dic 2023) y La Nación (2026) dice que el contrato corre desde noviembre de 2024 y hasta noviembre de 2028 (La Nación, 26 set 2026).

En febrero de 2023 el Ministerio de Justicia contrató de emergencia a Racsa por un año, bajo el procedimiento 2023XE-000001-0006900001, a US$9,61 por tobillera por día (CR Hoy, 19 dic 2023). Racsa subcontrató a SGSV para la tecnología del fabricante brasileño Synergye. Una denuncia presentada ante el Ministerio Público, la Contraloría y la Procuraduría de la Ética Pública dice que la diferencia de US$3,62 diarios frente a los US$5,99 de la licitación internacional implica un sobrepago de más de ¢808 millones y una afectación de fondos públicos de unos US$1.531.803. Es la versión de los denunciantes. El Ministerio de Justicia dijo entonces que la contratación de emergencia fue más barata que la oferta de la ESPH, la empresa que daba el servicio antes (US$11,64 frente a US$9,60 con IVA) (Semanario Universidad, 15 feb 2023).

La Contraloría investiga el procedimiento de emergencia (caso 958-2023) y acogió dos aspectos para fiscalización; archivó otros por falta de evidencia para un procedimiento administrativo y aclaró que eso no impide la vía penal (CR Hoy, 2 set 2024). La Fiscalía confirmó en setiembre de 2025 que investiga a Mauricio Barrantes Quesada, Ileana Rodríguez Quirós, Igor de Oliveira Roquim, Francisco Inacio Carneiro y André Bermúdez Leandro en la causa 23-035050-0042-PE (CR Hoy, 30 sep 2025). Una denuncia aparte, que la Fiscalía tramita en la causa 25-000328-1218-PE, dice que hubo reuniones en un hotel de Garabito entre jefes de Racsa y personal de SGSV; CR Hoy la presenta como información que afirma la denuncia, no como hechos comprobados (CR Hoy, 1 oct 2025).

En diciembre de 2025 el consorcio pidió al Ministerio de Justicia US$1,31 millones por ingresos no percibidos y dispositivos perdidos o dañados, y subir la tarifa hasta 72,2%. Justicia lo rechazó y el consorcio presentó un recurso de nulidad (La Nación, 26 set 2026).

4. El marchamo digital del INS

Según La Nación, que se basa en lo que Mónica Araya Esquivel declaró ante la Fiscalía (como testigo, a inicios de 2025) y ante la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Públicos (11 de diciembre de 2025), Rodrigo Chaves Robles la presionó a inicios de 2024 para adjudicar el marchamo digital, por US$7,3 millones, al consorcio E-Pass, del que SGSV forma parte. Araya dijo a la Fiscalía que la frase fue "adjudica el contrato o entrega el puesto". La oferta original había sido adjudicada a otro consorcio por US$5,53 millones y la Contraloría la anuló tras una apelación de E-Pass. Según la nota, la oferta de E-Pass era US$1,8 millones mayor; la Oficialía de Cumplimiento del INS recomendó no adjudicar y alertó sobre supuestos casos de corrupción de SGSV en otros países de Suramérica. El 8 de mayo de 2024 la Junta Directiva declaró desierto el concurso y, según la nota, Chaves destituyó a Araya horas después, aunque ella ya había presentado su renuncia (La Nación, 4 nov 2026).

5. Los equipos de Huawei del ICE

El ICE invitó solo al consorcio Grupo PBS/SGSV a ofertar equipos terminales Huawei, por unos US$7,45 millones el primer año (expediente 2026XE-000714-0000400001). La Nación dice que el ICE "está por adjudicar" y no hay adjudicación en las notas (La Nación, 5 nov 2026; Semanario Universidad, 5 nov 2026).

6. Otros contratos de SGSV con el Estado

CR Hoy cuenta cinco procedimientos adjudicados a SGSV, solos o en consorcio, con SICOP como base (CR Hoy, 5 nov 2026):

La nota dice que cuatro de los cinco fueron procedimientos especiales, pero en el cuerpo solo identifica dos (Bomberos y AyA). Tener contratos con el Estado no es una irregularidad por sí mismo: la nota no dice que los otros contratos estén investigados. CR Hoy cuenta además, como contrato aparte, la compra de enrutadores Huawei del ICE (¢3.580 millones, una sola oferta del consorcio con Productive Business Solutions), que La Nación describe en dólares y como terminales de fibra óptica.

7. Novedad del ICE (6 de noviembre)

La Auditoría Interna del ICE tiene dos estudios de control interno en curso sobre esta compra y una denuncia en análisis, según su auditora general, Sofía Machuca Flores. Ella no precisó quién denunció. Pidió documentos a la administración del ICE el 23 de octubre (oficio 20-176-2026) y la administración pidió prórroga hasta el 6 de noviembre. Machuca dijo que el consorcio no reportó en SICOP el contenido del anexo "autorización del fabricante V2". El ICE dijo en un comunicado que la oferta, abierta el 7 de octubre, "aún no ha sido adjudicada" (La Nación, 6 nov 2026).

En qué va

No hay acusación ni juicio en ninguna de las causas. La Fiscalía investiga las ambulancias (26-000440-1218-PE; el fiscal general dijo el 5 de noviembre que no hay personas imputadas ni individualizadas) y las tobilleras (23-035050-0042-PE y 25-000328-1218-PE, con cinco investigados). La Contraloría investiga la contratación de emergencia de las tobilleras (caso 958-2023). La Contraloría tiene una denuncia sobre las ambulancias en admisibilidad. La Auditoría Interna del ICE hace dos estudios sobre la compra de equipos Huawei, que el ICE dice que no ha adjudicado. El TSE hace un estudio de solvencia a dos compradores de bonos (DFPP-EE-007-2026). Hasta la fecha de las notas, ningún órgano ha dicho que haya encontrado una irregularidad probada en los contratos.

Lo que dicen los implicados

• Hermmoth Rothe Paniagua confirmó la compra de bonos, dijo que fue una inversión con rendimiento de 15% y que ha comprado bonos de otros partidos y campañas sin precisar cuáles. Dijo que es asesor de SGSV, que aparece como fiscal en muchas sociedades porque asesora a muchas empresas, y que el correo de los mensajes con Bomberos es suyo pero no recuerda por qué lo copiaron (La Nación, 4 nov 2026).
• Cristian William Rodríguez Villalobos no respondió a los mensajes, el correo ni las dos llamadas de La Nación (La Nación, 4 nov 2026).
• Igor de Oliveira Roquim, por medio del encargado de comunicación de la empresa, dijo primero que se enteró de la contratación por SICOP y luego, al repreguntarle, que no está pendiente de esos temas y que SICOP no era fiable en las fechas (La Nación, 4 nov 2026). Sobre el marchamo respondió por medio de un periodista que "ese tema ya se escapa de mis manos" (La Nación, 4 nov 2026). El consorcio de tobilleras dijo que las acusaciones son falsas y que el proceso fue con transparencia y apego a la legislación (CR Hoy, 30 sep 2025).
• SGSV dijo en 2024 que la denuncia por las tobilleras era "maliciosa e infundada", que la diferencia de precio se debía al plazo para recuperar la inversión y que con la nueva solución Justicia pagaría menos de US$7 por usuario (CR Hoy, 2 set 2024); dijo en 2025 que las acusaciones y las reuniones en el hotel son falsas (CR Hoy, 1 oct 2025). Su vocero prometió respuestas sobre las ambulancias el 2 de noviembre de 2026; no aparecen en las notas consultadas hasta el 6 de noviembre.
• Bomberos reconoció que omitió el código Pantone en el cartel y aprobó una prórroga de 15 días (CR Hoy, 5 nov 2026). Defiende la urgencia, la experiencia de Bem Estar en Brasil y el plazo de entrega: dice que el consorcio aceptó entregar una unidad modelo en 30 días y el resto en 100 días más, y que corrigió a tiempo un error del cartel que decía 10 días (La Nación, 4 nov 2026). Su director, Héctor Chaves León, defendió la contratación urgente y dijo que espera las ambulancias entre febrero y marzo de 2027 (CR Hoy, 4 nov 2026).
• Racsa dijo en 2024 que no conocía la denuncia y en 2025 que no había recibido notificación de la Fiscalía. Mauricio Barrantes Quesada e Ileana Rodríguez Quirós no tienen respuesta publicada a título personal.
• Rodrigo Chaves Robles no respondió a La Nación sobre lo declarado por Araya (La Nación, 4 nov 2026). Laura Fernández Delgado no tiene declaración directa sobre las ambulancias en las notas consultadas. El PPSO no tiene respuesta publicada.
• Mónica Araya Esquivel no amplió detalles por estar el caso judicializado (La Nación, 4 nov 2026).

Lo que no sabemos

• Montos de los bonos: La Nación publica ¢43 millones y ¢9 millones (¢52 millones en total); el TSE, según CR Hoy, ¢36,55 millones y ¢7,65 millones (¢44,2 millones). Ninguna nota explica la diferencia.
• Si comprar los bonos tuvo relación con la contratación de las ambulancias: ninguna fuente lo afirma ni lo descarta. El TSE solo verifica el origen del dinero.
• Inicio del contrato de tobilleras: noviembre de 2022, abril de 2023 o noviembre de 2024, según la fuente.
• Tamaño del sobreprecio de las tobilleras: las cifras miden cosas distintas. La denuncia de 2023 calcula un sobreprecio de US$3,62 por tobillera al día, unos US$1,53 millones (CRHoy, 19 dic 2023); la de 2025 habla de US$2,3 millones desde abril de 2023; otra cifra, US$441.188, corresponde a la tecnología BUDDI de 2024. Son cálculos de los denunciantes. La Contraloría archivó en 2024 tres aspectos del caso 958-2023 que siguen en la vía penal y mantuvo el estudio de la diferencia de precio (CRHoy, 2 sep 2024); no ha publicado un monto.
• Experiencia de Bem Estar: dos clientes y 210 unidades según La Nación (5 nov); cinco entidades y 230 unidades según una nota del 4 nov que cita a Bomberos. Los montos que esa nota enumera suman 210.
• Fecha del primer contacto entre Bomberos y SGSV: 26 de agosto según un correo citado por La Nación; otra nota del mismo diario habla del 7 de agosto sin documento.
• La instrucción de Laura Fernández: La Nación habla de un acuerdo del 31 de julio de 2026; un comunicado de Casa Presidencial reproducido por El Mundo CR (El Mundo CR, 16 jul 2026) habla de una directriz del 16 de julio sobre 25 estaciones, sin mencionar ambulancias. No sabemos si son la misma orden.
• Fecha de la comparecencia de Araya ante los diputados: 11 de diciembre de 2025 según La Nación. No hemos visto el acta.
• Si hay personas investigadas en la causa 26-000440-1218-PE: el fiscal general dijo el 5 de noviembre que no hay imputados ni personas individualizadas. Las notas del 5 de noviembre no citan el número de causa.
• Delito de la causa de las ambulancias: El Observador escribe "tráfico de influencias"; CR Hoy y La Nación, "influencia contra la Hacienda Pública".
• Fecha de la unidad modelo: dos oficios de Bomberos dicen 17 y 20 de noviembre.
• Monto de las ambulancias: ¢6.324 millones, ¢6.500 millones o US$13,88 millones, según la nota.
• Fecha del cierre de la oferta del ICE: CR Hoy dice 6 de octubre; el ICE, según La Nación, 7 de octubre.
• Quién presentó la denuncia ante la Auditoría del ICE: no se dijo.
• Si el ICE adjudicará los equipos Huawei: el 6 de noviembre dijo que aún no los ha adjudicado.
• Los documentos primarios (SICOP, el registro de tenedores de bonos, la declaración de beneficiarios finales, la declaración de Araya, el oficio de la Contraloría) no están enlazados en las notas y no los hemos leído. Todo lo que de ellos se dice viene de la prensa.
• Los dos nombres del consorcio (Bem Estar y Bem Star) y de la empresa (SGSV Soluciones Tecnológicas Integradas y Servicios de Gestión en Seguridad Vial) aparecen mezclados en las notas.

Correcciones

Esta página se basa en resoluciones judiciales, registros oficiales y en la prensa que los reportó. Si usted tiene un documento que corrija o complete algo, escríbalo en los comentarios con el enlace. Si el estado legal de alguna persona cambia, actualizamos la página y lo anotamos aquí. Las personas investigadas son inocentes mientras un tribunal no diga lo contrario.

• 6 de noviembre de 2026: primera versión. Reúne notas publicadas entre el 15 de febrero de 2023 y el 5 de noviembre de 2026.

• 6 de noviembre de 2026: revisita. Se agregan la confirmación del fiscal general (sin imputados), la denuncia ante la Contraloría, la auditoría del ICE, la aclaración del ICE de que no ha adjudicado, la omisión de Bomberos en el cartel y los cinco contratos de SGSV con el Estado.

• 7 nov 2026: aclaramos de dónde sale cada cifra de sobreprecio de las tobilleras.

De dónde salen los datos

De dónde salen los datos (continuación)