Otros 36 meses sin desalojos en zonas especiales

Qué cambia

La ley alarga por otros 36 meses el plazo que ya tenía la Ley 9577. Ese plazo original era de 36 meses, y ahora se suma un período igual, con los mismos efectos (art. 1).

Durante ese tiempo se suspenden las acciones administrativas de desalojo de personas, la demolición de obras y la suspensión de actividades comerciales, agropecuarias y cualquier otra actividad lícita y proyectos existentes en la Zona Marítima Terrestre, Zona Fronteriza y Patrimonio Natural del Estado (art. 1).

La suspensión tiene una excepción: no cubre las acciones ordenadas mediante resolución judicial o administrativa en firme, fundadas en la comisión de daño ambiental o cuando exista peligro o amenaza del daño del medio ambiente (art. 1).

Tampoco impide dictar medidas cautelares judiciales o administrativas cuando se determine la comisión de daño ambiental o peligro o amenaza de daño al medio ambiente (art. 2).

Hay una excepción territorial: para garantizar la ejecución del Programa de Integración Fronteriza de Costa Rica, quedan fuera de la ley las áreas indicadas en el artículo 11 de la Ley 9451, que aprueba el Contrato de Préstamo N.° 3488/OC-CR con el Banco Interamericano de Desarrollo (art. 2).

En zonas declaradas patrimonio natural del Estado, la moratoria solo se aplica si hay dictamen técnico favorable del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) (art. 3).

La ley no crea derechos a favor de los ocupantes. Ellos no pueden hacer modificaciones en las obras, salvo obras de mantenimiento, mejoras necesarias o urgentes, que sí quedan autorizadas. Tampoco se pueden modificar las actividades y los proyectos ubicados en las zonas de la moratoria (art. 4).

Mientras dure la moratoria, el Estado no debe permitir nuevas ocupaciones en esas zonas (art. 5).

Las municipalidades quedan autorizadas para aplicar la moratoria en las zonas de su competencia, previo dictamen favorable del órgano municipal competente (art. 6).

Durante la vigencia de la moratoria, el Estado debe tomar las medidas óptimas para el ordenamiento de las zonas referidas en la ley (art. 7).

La ley rige desde su publicación, el 2 de julio de 2021, en La Gaceta 127, alcance 132 1.

A quién le toca

A las personas que ocupan terrenos en la Zona Marítima Terrestre, la Zona Fronteriza y el Patrimonio Natural del Estado: la ley frena por 36 meses más las acciones administrativas de desalojo, la demolición de obras y la suspensión de actividades (art. 1).

A los ocupantes de zonas declaradas patrimonio natural del Estado: la moratoria les aplica solo si el Minae emite un dictamen técnico favorable (art. 3).

A los ocupantes en general: no adquieren derechos por la moratoria y solo pueden hacer obras de mantenimiento, mejoras necesarias o urgentes (art. 4).

A las municipalidades: quedan autorizadas para aplicar la moratoria en las zonas de su competencia, con dictamen favorable del órgano municipal competente (art. 6).

A las autoridades que tramitan el Programa de Integración Fronteriza: las áreas del artículo 11 de la Ley 9451 quedan excluidas de la moratoria (art. 2).

Lo que se dijo en la Asamblea

El video de la Asamblea resume el expediente 22.557 como la ampliación de los alcances de la Ley 9577 y dice que la iniciativa prolonga el plazo para los ocupantes de zonas clasificadas como especiales, con los mismos efectos de suspensión sobre desalojos, demoliciones y actividades 00:00:09.

El mismo resumen menciona que la suspensión no excluye dictar medidas cautelares cuando se determine daño ambiental o peligro o amenaza de daño al medio ambiente 00:00:52.

En la sesión del 1 de julio de 2021, el Plenario aprobó el expediente 22.557 en segundo debate con 44 votos a favor y 0 en contra 00:49:47.

La diputada Céspedes de Cisneros, Nidia, dijo que la aprobación en segundo debate de la ampliación de la moratoria impedirá el desalojo de más de tres mil familias de la milla fronteriza 00:50:12.

La misma diputada dijo que es un gran alivio para esas familias, integradas por mujeres, adultos mayores y niños que por décadas han habitado esas tierras 00:50:41.

Un diputado, cuyo nombre no se distingue con claridad en el transcript, agradeció a las jefaturas de fracción que apoyaron la iniciativa de someter nuevamente a una extensión de plazo por 36 meses el proyecto de moratoria 00:52:51.

El diputado Muñoz Céspedes, Walter, dijo que la fracción del Partido Integración Nacional quería dejar patente el voto positivo del expediente 22.557 y solidarizarse con esas más de 3000 familias 00:54:19.

La diputada León Marchena, Yorleny, dijo que queda una tarea pendiente: dar una respuesta definitiva a todos esos pobladores en las diferentes zonas 00:55:27.

El diputado Carranza Cascante, Luis Ramón, dijo que el proyecto es el producto del esfuerzo de todas las fracciones y de todos los que habían presentado algún proyecto en ese sentido 00:57:22.

Cómo está hoy según SINALEVI

La ley está vigente. SINALEVI registra una sola versión de la norma, la 1 de 1 4.

La Procuraduría General de la República observa que la norma fue publicada en formato digital en La Gaceta que se indica 4.

El texto de la Ley 9577 que cita SINALEVI incluye una reforma posterior: el artículo 1 de esa ley fue reformado por el artículo único de la ley N° 10489 del 13 de mayo de 2024 5.

Frente a la Constitución

El artículo 50 de la Constitución dice que "Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado" y que el Estado "garantizará, defenderá y preservará ese derecho" §Constitución, art. 50. La ley mantiene la posibilidad de dictar medidas cautelares y de ejecutar resoluciones en firme cuando hay daño ambiental o peligro o amenaza de daño (art. 2). El Censo no encontró un choque directo entre esa salvaguarda y el artículo 50.

El artículo 169 de la Constitución pone la administración de los intereses y servicios locales de cada cantón a cargo del Gobierno Municipal §Constitución, art. 169. La ley autoriza a las municipalidades a aplicar la moratoria en las zonas de su competencia, previo dictamen favorable del órgano municipal competente (art. 6). Esa autorización calza con la autonomía municipal, aunque deja la decisión final sujeta a un dictamen interno.

El artículo 124 de la Constitución exige que todo proyecto sea objeto de dos debates, cada uno en día distinto no consecutivo, y la sanción del Poder Ejecutivo §Constitución, art. 124. La grabación muestra la aprobación en segundo debate el 1 de julio de 2021 00:49:47 y la ficha registra la sanción el 1 de julio de 2021 y la publicación el 2 de julio de 2021 1. El Censo no encontró un choque en el trámite.

Qué puede hacer usted

Si un acto concreto de una autoridad viola un derecho suyo, puede presentar un recurso de amparo. Cualquier persona puede interponerlo, y se plantea contra el servidor o titular del órgano que aparece como presunto autor del agravio §guía, p. 22.

El amparo se puede interponer en cualquier tiempo mientras subsista la violación, la amenaza, la perturbación o la restricción, y hasta dos meses después de que hayan cesado totalmente sus efectos directos §guía, p. 22.

Si considera que la ley misma infringe la Constitución, puede presentar una acción de inconstitucionalidad contra las leyes y otras disposiciones generales §guía, p. 24.

Para la acción de inconstitucionalidad, la guía indica que se requiere un asunto pendiente de resolver ante los tribunales o en el procedimiento para agotar la vía administrativa, salvo cuando no exista lesión individual y directa o se trate de la defensa de intereses difusos §guía, p. 24.

Si ve un manejo irregular de recursos públicos, puede denunciar ante la Contraloría General de la República. Las denuncias se presentan en la Plataforma de Servicios o el Área de Denuncias e Investigaciones, en Sabana Sur, o por los teléfonos 2501-8000 y 2501-8025 §guía, p. 68.

Si una institución pública le falla o le maltrata en sus derechos, puede presentar una queja ante la Defensoría de los Habitantes. Cualquier persona que habite en Costa Rica puede hacerlo §guía, p. 71.

Si quiere proponer una reforma a esta ley, la vía es la iniciativa popular. La guía explica que el proyecto se tramita por los procedimientos legislativos ordinarios y debe votarse en un plazo máximo de dos años §guía, p. 26.

Lo que no sabemos

El dossier no permite saber cuántas familias siguen ocupando las zonas cubiertas por la moratoria hoy.

El dossier no permite saber si el Minae ya emitió dictámenes técnicos favorables para las zonas de patrimonio natural del Estado.

El dossier no permite saber qué municipalidades han aplicado la moratoria en sus zonas.

El dossier no permite saber cuántas solicitudes de desalojo o demolición quedaron frenadas por la ley.