Préstamo del FMI: 90% paga deuda y 10% va a la CCSS

Qué cambia

La ley 10002 aprueba un préstamo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por 1.237.490.000 Derechos Especiales de Giro (DEG) (art. 1). El Gobierno, por medio del Ministerio de Hacienda, paga los intereses y las comisiones. El Banco Central de Costa Rica no carga con nada de eso.

Las condiciones del crédito están en el mismo artículo. La tasa es la de los DEG más 2%, y la ley estima 2,050% (art. 1). El plazo llega a diez años, con hasta cuatro de gracia y hasta seis de amortización con pagos semestrales. El desembolso se reparte en hasta tres años. Hay una comisión de hasta 0,30% anual y un cargo por servicio de 0,50% sobre lo desembolsado.

El artículo 2 reparte la plata. El 90% se usa solo para pagar el servicio de la deuda. Con eso se sustituye la fuente de financiamiento del gasto ya autorizado y se emiten menos títulos valores de deuda interna (art. 2). El 10% restante lo transfiere Hacienda a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Ese dinero amortiza la deuda del Estado con la CCSS, según el convenio entre ambas partes.

La versión vigente agrega una frase al inciso b. Esa transferencia a la CCSS queda excluida del título IV de la Ley 9635, Fortalecimiento de las Finanzas Públicas 2. La reforma la hizo el artículo 2° de la Ley 10333 del 3 de marzo del 2023.

Si alguien desvía la plata para otro fin, la Contraloría puede recomendar una sanción según el artículo 68 de la Ley 7428 (art. 2). Además, eso puede ser delito de malversación de fondos públicos, con las penas del artículo 363 del Código Penal.

El artículo 3 dice cómo entra la plata al presupuesto. Cada presupuesto extraordinario que incorpore estos recursos debe reducir, en la misma cantidad, la autorización para emitir títulos valores de deuda interna (art. 3). Los ahorros que genere la ley no se pueden usar en gastos nuevos y deben eliminarse del presupuesto.

El artículo 4 exime de impuestos, timbres, tasas y contribuciones los documentos para formalizar el crédito (art. 4). También los intereses, comisiones y otros cargos se pagan libres de impuestos.

A quién le toca

Al Ministerio de Hacienda le toca pagar el crédito y formalizar los actos de la operación (art. 1). También le toca transferir el 10% a la CCSS (art. 2) y reducir la emisión de títulos de deuda interna en cada presupuesto extraordinario (art. 3).

A la CCSS le toca recibir ese 10% como abono a la deuda que el Estado tiene con ella (art. 2).

A la Asamblea Legislativa le toca aprobar los presupuestos extraordinarios donde se incorporan los recursos (art. 3).

A los funcionarios públicos que manejen estos fondos les aplica la sanción del artículo 68 de la Ley 7428 y el delito del artículo 363 del Código Penal si desvían la plata (art. 2).

Cómo está hoy según SINALEVI

La ley sigue vigente. SINALEVI muestra la versión 2 de 2 2. La Procuraduría General de la República anota que la norma se publicó en formato digital en La Gaceta que se indica.

El cambio está en el artículo 2, inciso b. El texto aprobado en 2021 no mencionaba la Ley 9635 (art. 2). La versión vigente agrega que la transferencia a la CCSS queda excluida del título IV, Responsabilidad fiscal de la República, y del capítulo IV, Disposiciones transitorias al título IV, del título V de la Ley 9635 2. La reforma la hizo el artículo 2° de la Ley 10333 del 3 de marzo del 2023.

Lo que se dijo en la Asamblea

La diputada Anna Lucía Delgado dijo que el 90% del préstamo va dirigido a cambiar deuda de corto plazo por deuda más barata 00:01:15. También dijo que se recibe el 10% para ir generando un aporte 00:01:42.

El diputado Enrique Sánchez dijo que el proyecto pone a Costa Rica en una ruta de solución y saneamiento estructural de las finanzas públicas 00:01:50. Señaló que el crédito está condicionado a una serie de compromisos del Ejecutivo con el FMI 00:02:01. Mencionó una meta de superávit de 1% en el año 2023 00:02:16.

La diputada Esther Díaz anunció que no aprobaría el expediente 01:36:34. Dijo que giraría 1.778 millones de dólares al Estado 01:36:43. Pidió cuentas claras sobre los canjes de deuda cara por deuda barata 01:38:24.

El diputado Warner Jiménez pidió al Ejecutivo actuar con transparencia en la presentación de soluciones al problema fiscal 01:34:17.

En la sesión del 19 de julio de 2021, el plenario aprobó una moción de posposición para conocer el expediente 22.433 en segundo debate 01:14:30. La votación de esa moción dio 41 votos a favor y 4 en contra 01:26:46.

Frente a la Constitución

El Censo no encontró un choque directo entre el texto y los artículos revisados. Hay dudas en dos puntos.

El artículo 121, inciso 4, de la Constitución da a la Asamblea la potestad de aprobar o improbar los convenios internacionales §Constitución, art. 121. La ley 10002 aprueba un financiamiento con el FMI, y la Asamblea lo aprobó en dos debates 01:27:13. Eso calza con esa atribución.

El artículo 184, inciso 1, ordena a la Contraloría fiscalizar la ejecución de los presupuestos y visar los gastos §Constitución, art. 184. La ley deja el control del desvío en manos de la Contraloría, por la vía del artículo 68 de la Ley 7428 (art. 2). Eso calza con el artículo 184.

El artículo 180 dice que el presupuesto ordinario y los extraordinarios son el límite de acción de los poderes públicos §Constitución, art. 180. La ley ordena incorporar los recursos por presupuestos extraordinarios (art. 3). También ordena reducir la emisión de títulos de deuda interna en la misma cantidad. Eso calza con el artículo 180.

La duda está en el artículo 73. Ese artículo dice que los fondos y reservas de los seguros sociales no se pueden transferir ni emplear en finalidades distintas a las que motivaron su creación §Constitución, art. 73. La ley transfiere el 10% a la CCSS para amortizar deuda del Estado con la CCSS (art. 2). El texto no aclara si ese dinero entra a las reservas de los seguros sociales o a otra cuenta de la institución. Esa es una duda, no una conclusión.

La otra duda está en el artículo 177. Ese artículo manda crear rentas suficientes para que la CCSS cubra sus necesidades actuales y futuras §Constitución, art. 177. La ley destina el 10% a pagar deuda vieja del Estado, no a rentas nuevas para el seguro (art. 2). Habría que ver si ese uso cumple con el mandato del artículo 177. El Censo no lo puede resolver.

Qué puede hacer usted

Si un acto concreto de Hacienda o de otra institución viola un derecho suyo con esta plata, puede presentar un recurso de amparo §guía, p. 22. Lo puede interponer cualquier persona, y se plantea contra el servidor o el órgano que aparece como autor del agravio.

El amparo se puede presentar en cualquier tiempo mientras subsista la violación. Si se trata de derechos patrimoniales, tiene dos meses desde que se enteró del hecho §guía, p. 22.

Si cree que la ley misma choca con la Constitución, existe la acción de inconstitucionalidad §guía, p. 24. Para interponerla necesita un asunto pendiente ante los tribunales o en la vía administrativa donde invoque esa inconstitucionalidad.

Si sospecha un mal manejo de estos fondos públicos, puede denunciar ante la Contraloría General de la República §guía, p. 68. La denuncia se presenta en la Plataforma de Servicios en Sabana Sur, por teléfono al 2501-8000 o al 2501-8025, por el portal institucional o por correo a contraloria.general@cgrcr.go.cr.

Si una institución pública le falla en un servicio relacionado con esta plata, puede quejarse ante la Defensoría de los Habitantes §guía, p. 71. Cualquier persona que viva en Costa Rica puede presentar esa queja.

Si quiere cambiar la ley, puede proponer una reforma por iniciativa popular §guía, p. 26. El Tribunal Supremo de Elecciones revisa las firmas y traslada el proyecto a la Asamblea. La Asamblea debe votarlo en un plazo máximo de dos años.

Lo que no sabemos

El dossier no dice cuánto se ha desembolsado del crédito ni en qué fechas.

El dossier no dice cuánto se ha transferido a la CCSS ni cuánto se ha amortizado de la deuda del Estado con ella.

El dossier no dice si la exclusión de la Ley 9635 cambió el monto que recibe la CCSS.

El dossier no incluye el texto completo del artículo 68 de la Ley 7428 ni el del artículo 363 del Código Penal más allá de lo citado.