El Tribunal Ambiental ahora tramita cada denuncia con un solo juez

Qué cambia

La ley 10021 reformó tres artículos de la Ley Orgánica del Ambiente: el 104, el 105 y el 111 (art. único). Rige desde su publicación, el 24 de setiembre de 2021 1.

El Tribunal Ambiental Administrativo sigue con tres miembros propietarios y tres suplentes, nombrados por el Consejo Nacional Ambiental para períodos de seis años y juramentados por el presidente de ese Consejo (art. 104). La novedad está en la última línea: "Dichos jueces tramitarán los expedientes que se les asigne según corresponda de manera unipersonal". Es decir, cada expediente lo lleva un solo juez, no el tribunal completo.

Para ser miembro del Tribunal ahora se pide ser "una persona profesional en derecho, debidamente colegiada, con experiencia en materia ambiental" (art. 105). También deben trabajar a tiempo completo y ser, por sus antecedentes y títulos, "garantía de imparcialidad y acierto en el desempeño de sus funciones". Cada año el Tribunal elige de su seno un presidente, un vicepresidente y un secretario.

El artículo 105 reformado no se aplica a quienes ya estaban en el cargo: rige para los nombramientos que se hagan después de que la ley entrara en vigencia (art. transitorio II).

El artículo 111 enumera qué puede hacer el Tribunal (art. 111):

a) Conocer y resolver denuncias, de oficio o a instancia de parte, contra personas públicas o privadas por violaciones a la legislación ambiental que puedan generar daño ambiental.

b) Establecer en vía administrativa las indemnizaciones por esos daños.

c) Sus resoluciones "serán irrecurribles y darán por agotada la vía administrativa".

d) Poner multas por infracciones a la Ley para la Gestión Integral de Residuos y a cualquier otra ley que así lo disponga.

Las infracciones ambientales que no le tocan al Tribunal van a tres instancias: el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) y la Contraloría Ambiental por el Sistema Integrado de Trámite y Atención de Denuncias Ambientales (Sitada); la Secretaría Técnica Nacional Ambiental cuando haya un expediente abierto por la actividad, obra o proyecto; y la municipalidad de la jurisdicción cuando se trate de permisos de construcción (art. 111).

El Poder Ejecutivo tenía seis meses desde la entrada en vigencia para ajustar su normativa reglamentaria, previa consulta al Tribunal (art. transitorio I). Además, se definirá por reglamento un procedimiento para los casos pendientes (art. transitorio III).

A quién le toca

A cualquier persona que presente una denuncia ambiental ante el Tribunal Ambiental Administrativo: su caso lo resolverá un solo juez y la resolución cerrará la vía administrativa, sin recurso (art. 104) (art. 111).

A las personas profesionales en derecho colegiadas con experiencia ambiental que quieran ser miembros del Tribunal: ahora ese es el requisito de entrada (art. 105).

A quienes ya integran el Tribunal: la reforma del artículo 105 no afecta sus nombramientos vigentes (art. transitorio II).

A las personas, empresas e instituciones públicas o privadas denunciadas por violaciones a la legislación ambiental: el Tribunal puede fijar indemnizaciones y multas en sede administrativa (art. 111).

A quienes generan residuos ordinarios o incumplen la Ley para la Gestión Integral de Residuos: el Tribunal puede multarlos (art. 111).

A las municipalidades: les toca conocer las infracciones relacionadas con permisos de construcción (art. 111).

Lo que se dijo en la Asamblea

El dossier no incluye grabaciones con subtítulos que mencionen este expediente. La limitación de la investigación indica que el video "Plenario Legislativo, sesión ordinaria #11, jueves 03 de junio 2021" no tiene subtítulos y no se citó, y que no se encontraron grabaciones de la Asamblea que mencionen este expediente.

Cómo está hoy según SINALEVI

La ley está vigente y SINALEVI no le pone observaciones 2. La versión registrada es la 1 de 1.

SINALEVI reproduce el artículo 104 con la misma redacción del texto aprobado y anota: "(Así reformado por el artículo único de la ley N° 10021 del 24 de setiembre de 2021)" 3. No hay en el dossier una versión anterior distinta del artículo 104 que obligue a comparar dos textos.

Frente a la Constitución

El Censo no encontró un choque directo entre esta reforma y los artículos de la Constitución que están en el dossier. Hay, eso sí, dos puntos que conviene mirar de cerca.

El primero es el derecho a denunciar. La Constitución dice: "Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por ello, está legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del daño causado" §Constitución, art. 50. El texto reformado mantiene esa puerta abierta: el Tribunal conoce denuncias "de oficio o a instancia de parte" y puede fijar indemnizaciones (art. 111). Ahí calza.

El segundo es la frase "Las resoluciones del Tribunal Ambiental Administrativo serán irrecurribles y darán por agotada la vía administrativa" (art. 111). La Constitución reserva a una Sala especializada de la Corte Suprema de Justicia declarar la inconstitucionalidad de las normas y de los actos sujetos al Derecho Público §Constitución, art. 10. Que una resolución administrativa no se pueda recurrir en la vía administrativa no le cierra a nadie el acceso a esa Sala. Pero la persona que se sienta afectada tendría que ir directo a la vía judicial, sin escalón previo. El Censo no encontró en el dossier una norma constitucional que prohíba ese diseño; la duda es de acceso práctico, no de texto constitucional.

Sobre la integración del Tribunal, la Constitución no fija cómo se nombra a los jueces administrativos ambientales. El artículo 121 le da a la Asamblea Legislativa la potestad de dictar y reformar las leyes §Constitución, art. 121, y esta reforma se hizo por ley ordinaria. El Censo no ve choque en ese punto.

Qué puede hacer usted

Si una resolución del Tribunal Ambiental Administrativo le viola un derecho fundamental, puede presentar un recurso de amparo. Cualquier persona puede interponerlo y se plantea contra el servidor o titular del órgano que aparece como presunto autor del agravio §guía, p. 22. El recurso se puede presentar en cualquier tiempo mientras subsista la violación, y hasta dos meses después de que hayan cesado sus efectos directos. Se formula por memorial, telegrama u otro medio escrito, sin otras formalidades ni autenticación §guía, p. 23.

Si lo que quiere es atacar la ley misma por contrariar la Constitución, la vía es la acción de inconstitucionalidad. Procede contra leyes y otras disposiciones generales que infrinjan, por acción u omisión, alguna norma o principio constitucional §guía, p. 24. Para interponerla se requiere que exista un asunto pendiente de resolver ante los tribunales o en el procedimiento para agotar la vía administrativa, salvo cuando no exista lesión individual y directa o se trate de la defensa de intereses difusos.

Si el problema es el mal funcionamiento de una institución pública en la tramitación de su denuncia, puede presentar una queja ante la Defensoría de los Habitantes. Cualquier persona que habite en Costa Rica que haya sido maltratada en sus derechos por el mal funcionamiento de una institución pública o sus funcionarios puede hacerlo §guía, p. 71.

Si sospecha un manejo irregular de recursos públicos en la institución, puede denunciar ante la Contraloría General de la República. Se presenta personalmente en Sabana Sur, contiguo al Tennis Club, por teléfono al 2501-8000 o al 2501-8025, por el portal institucional, por correo a contraloria.general@cgrcr.go.cr, por apartado postal 1179-1000 San José o por fax al 2501-8100 §guía, p. 68.

Si quiere cambiar la ley, la vía es la iniciativa popular. El proyecto se tramita por los procedimientos legislativos ordinarios y debe votarse en la Asamblea Legislativa en un plazo máximo de dos años §guía, p. 26. La Oficina de Iniciativa Popular de la Asamblea Legislativa brinda asesoramiento técnico gratuito para redactar el proyecto.

Lo que no sabemos

El dossier no dice cuántas denuncias tramita hoy el Tribunal ni cuántas resolvió un solo juez desde 2021.

El dossier no incluye el reglamento que debía definir el procedimiento para los casos pendientes (art. transitorio III).

El dossier no dice si el Poder Ejecutivo cumplió el plazo de seis meses para ajustar la normativa reglamentaria (art. transitorio I).

El dossier no incluye grabaciones de la Asamblea sobre este expediente.