Un préstamo de 80 millones de dólares para vacunas contra la Covid-19

Qué cambia

La ley aprueba un préstamo de hasta ochenta millones de dólares con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para el proyecto "Adquisición y Aplicación de Vacunas COVID-19" (art. 1). El texto del contrato y sus anexos forman parte de la ley.

El dinero solo se puede usar para fortalecer la respuesta del país ante la emergencia sanitaria de la Covid-19 (art. 2). Eso incluye recursos directos y el reembolso de gastos e inversiones.

Si alguien desvía esos recursos para otros fines, la Contraloría General de la República puede recomendar una sanción según el artículo 68 de la Ley 7428 (art. 2). Además, eso constituye el delito de malversación de fondos públicos del artículo 363 del Código Penal. Ese artículo castiga con prisión de uno a ocho años 2.

El Ministerio de Hacienda debe rendir un informe a la Contraloría y a la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios (art. 2). Ese informe trata sobre el plan de vacunación y el uso de todos los recursos del préstamo. Debe entregarse a más tardar sesenta días naturales después de aprobada la ley.

Los recursos se depositan en la cuenta que designe la Tesorería Nacional, bajo el principio de caja única (art. 3). La Tesorería acredita los desembolsos que se soliciten.

El dinero se incorpora al presupuesto de la República mediante presupuestos extraordinarios que aprueba la Asamblea Legislativa (art. 4).

Los documentos para formalizar el contrato no pagan impuestos, timbres, tasas, contribuciones ni derechos (art. 5). Las compras de bienes y servicios que se hagan con estos recursos tampoco pagan esos rubros. Esa exención no cubre a los terceros contratados para ejecutar el programa.

La ley rige desde su publicación en La Gaceta (art. 5). Se publicó el 1 de octubre de 2021, en el Alcance 199 de la Gaceta 189 1.

A quién le toca

Al Ministerio de Hacienda, que debe rendir el informe sobre el plan de vacunación y el uso de los recursos en un plazo de sesenta días naturales (art. 2).

A la Tesorería Nacional, que designa la cuenta y acredita los desembolsos (art. 3).

A la Contraloría General de la República, que recibe el informe y puede recomendar sanciones si se desvían los recursos (art. 2).

A la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios, que también recibe el informe (art. 2).

A la Asamblea Legislativa, que aprueba los presupuestos extraordinarios para incorporar los recursos (art. 4).

A cualquier funcionario público, particular, gerente, administrador o apoderado de una persona jurídica privada que administre estos fondos. Si les da un uso distinto al autorizado, se expone a la pena de malversación (art. 2) 2.

Cómo está hoy según SINALEVI

La ley está vigente 3. SINALEVI registra la versión 3 de 3. La Procuraduría General de la República anota que la ley se publicó en formato digital en la Gaceta indicada.

El texto vigente que muestra SINALEVI tiene diferencias con el texto aprobado. En el artículo 1, el aprobado dice "USD 80 000 000" y el vigente dice "USO 80 000 000" 3. También cambia el nombre de la oficina que certifica: el aprobado dice "DIRECCIÓN DE CRÉDITO PÚBLICO" y el vigente dice "Dirección General de Gestión de Deuda Pública". Una nota al pie del texto vigente explica que ese nombre lo modificó el artículo 4 de la Ley de Fortalecimiento de la gestión de la deuda pública, N° 10524 del 18 de setiembre del 2024.

En los artículos 2, 3 y 4, el texto vigente que muestra SINALEVI no reproduce el articulado aprobado. Muestra el índice del contrato de préstamo, con secciones como "SECCIÓN 2.01 BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO" o "SECCIÓN 3.01 MONTO" 3. El dossier no permite saber si eso es un error de publicación o un cambio real de contenido.

Lo que se dijo en la Asamblea

El 17 de agosto de 2021, la Comisión de Asuntos Hacendarios recibió en audiencia al ministro de Hacienda, Elian Villegas, y al presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, Alexander Solís 00:09:47. La locución de la transmisión explicó que el empréstito es por 80 millones de dólares y tiene varios componentes 00:10:00. Mencionó la compra de vacunas, equipo y suministros, supervisión y auditoría, e imprevistos 00:10:04.

En la misma sesión se aprobó incorporar en audiencia al ministro de Salud, Daniel Salas Peraza 00:36:38. La votación fue de 10 diputados presentes, 10 a favor y 0 en contra 00:40:11.

La moción se aprobó con 9 diputados presentes, 9 a favor y 0 en contra 01:24:01.

Frente a la Constitución

El artículo 121 de la Constitución dice que corresponde exclusivamente a la Asamblea Legislativa "Dictar las leyes, reformarlas, derogarlas, y darles interpretación auténtica" §Constitución, art. 121. La ley 10056 es un decreto legislativo aprobado por la Asamblea, así que calza con esa atribución (art. 1).

El artículo 124 de la Constitución exige dos debates en días distintos no consecutivos, la aprobación de la Asamblea, la sanción del Poder Ejecutivo y la publicación en La Gaceta §Constitución, art. 124. El dossier muestra que la ley se aprobó el 28 de setiembre de 2021, se sancionó el 30 de setiembre y se publicó el 1 de octubre (art. 5).

El artículo 183 de la Constitución define a la Contraloría como institución auxiliar de la Asamblea en la vigilancia de la Hacienda Pública, con independencia funcional §Constitución, art. 183. El artículo 2 de la ley le encarga recibir el informe de Hacienda y aplicar el régimen sancionatorio de la Ley 7428 (art. 2). Eso calza con esa función de vigilancia.

El artículo 39 de la Constitución dice que "A nadie se hará sufrir pena sino por delito, cuasidelito o falta, sancionados por ley anterior" §Constitución, art. 39. El artículo 2 de la ley remite a una pena ya tipificada en el Código Penal, no crea una nueva (art. 2). El Censo no encontró un choque con ese artículo.

El artículo 41 de la Constitución garantiza que todos encuentren reparación para las injurias o daños que hayan recibido §Constitución, art. 41. La ley no cierra ninguna vía de reparación. El Censo no encontró un choque con ese artículo.

Qué puede hacer usted

Si sospecha que los recursos del préstamo se usaron para algo distinto a la atención de la pandemia, puede presentar una denuncia ante la Contraloría General de la República §guía, p. 68. La denuncia se puede hacer de forma escrita o verbal.

Puede ir personalmente a la Plataforma de Servicios o al Área de Denuncias e Investigaciones de la Contraloría, en Sabana Sur, contiguo al Tennis Club §guía, p. 68. También puede llamar al 2501-8000 (central telefónica) o al 2501-8025 (Área de Denuncias e Investigaciones).

Otra vía es el portal institucional de Denuncia Electrónica de la Contraloría §guía, p. 68. También puede escribir al correo contraloria.general@cgrcr.go.cr o enviar un apartado postal a 1179-1000 San José.

Si una institución pública le falla en un servicio relacionado con esta ley, puede presentar una queja ante la Defensoría de los Habitantes §guía, p. 71. Cualquier persona que habite en Costa Rica puede hacerlo si fue maltratada en sus derechos por el mal funcionamiento de una institución pública.

Si un acto concreto de una autoridad viola un derecho fundamental, existe el recurso de amparo §guía, p. 22. Cualquier persona puede interponerlo. Se plantea contra el servidor o titular del órgano que aparece como presunto autor del agravio.

Si considera que la ley misma choca con la Constitución, existe la acción de inconstitucionalidad §guía, p. 24. Requiere que exista un asunto pendiente de resolver ante los tribunales o en el procedimiento administrativo. No se necesita ese caso pendiente cuando se defienden intereses difusos o colectivos.

El referéndum no sirve para este caso. El artículo 105 de la Constitución excluye el referéndum cuando el proyecto es relativo a "aprobación de empréstitos y contratos" §guía, p. 16. La iniciativa popular tampoco procede para proyectos de aprobación de empréstitos.

Lo que no sabemos

El dossier no permite saber si el informe de sesenta días que ordena el artículo 2 se entregó (art. 2).

El dossier no permite saber cuánto del préstamo se desembolsó ni en qué se gastó.

El dossier no permite saber si el texto vigente de los artículos 2, 3 y 4 que muestra SINALEVI es un error de publicación o un cambio real de contenido 3.

El dossier no incluye el texto completo del contrato de préstamo ni sus anexos (art. 1).