Escáneres en fronteras y puertos: qué ordena la ley 10068

Qué cambia

La ley 10068 ordena al Ministerio de Hacienda definir una política nacional para integrar la información aduanera y para instalar escáneres de inspección no intrusiva. El artículo 1 dice que el objetivo es "promover la integración de información aduanera y el establecimiento de escáneres de inspección en puertos, aeropuertos y pasos fronterizos terrestres de Costa Rica" (art. 1).

El artículo 2 pone la tarea en manos del Ministerio de Hacienda como ente rector. Para armar la política, Hacienda debe consultar al Consejo Nacional de Facilitación del Comercio y al Instituto Costarricense Sobre Drogas (ICD) (art. 2).

El artículo 3 fija seis elementos mínimos de esa política. El primero es un plan con cronograma, acciones y plazos para un centro de monitoreo y procesamiento de imágenes. Ese centro debe facilitar la revisión de impuestos y de los productos de importación y exportación en los puntos donde ya hay escáneres (art. 3).

Los otros cinco elementos son: mecanismos para intercambiar información automatizada con otras autoridades aduaneras; uso de información electrónica anticipada para detectar carga de alto riesgo; sistemas interoperables basados en normas abiertas; apego a prácticas internacionales; y mejor control tributario y combate al narcotráfico (art. 3).

Los plazos están en los transitorios. En un mes, Hacienda y el Consejo Nacional de Facilitación del Comercio deben tener una política para insertar a Costa Rica en el Sistema de Integración de Información Aduanera Internacional (art. Transitorio I). En otro mes, deben tener la política para instalar los equipos en todos los puestos, puertos, aeropuertos y pasos fronterizos (art. Transitorio II).

En seis meses, Hacienda y el Consejo deben instalar los equipos y sistemas de inspección no intrusiva en todos esos lugares [L transitorio III]. La ley rige desde su publicación, el 10 de marzo de 2022 1.

A quién le toca

Al Ministerio de Hacienda le toca definir la política nacional y coordinar la instalación de los escáneres (art. 2) (art. Transitorio III).

Al Consejo Nacional de Facilitación del Comercio le toca ser consultado para la política y coordinar con Hacienda los plazos de los transitorios (art. 2) (art. Transitorio I).

Al Instituto Costarricense Sobre Drogas (ICD) le toca dar su opinión para la política nacional (art. 2).

A las personas que importan o exportan mercancías les toca el cambio en la revisión de carga en puertos, aeropuertos y pasos fronterizos terrestres (art. 1).

Cómo está hoy según SINALEVI

La ley sigue vigente. SINALEVI registra una sola versión de la norma y no le pone observaciones 2.

El texto vigente del artículo 3 es igual al aprobado en los incisos a) a f). La diferencia está en que la versión de SINALEVI arrastra al final del artículo el inicio del Transitorio I: "TRANSITORIO l- En un plazo no mayor a un mes, el Ministerio de Hacienda, en coordinación con el Consejo Nacional de Facilitació" 2. Es un corte de texto, no un cambio de fondo.

Lo que se dijo en la Asamblea

En la grabación de la aprobación, un diputado presentó la ley como una respuesta a la evasión y el contrabando. Dijo que, según estimaciones de la Contraloría General de la República, el país pierde "un 8% del producto interno bruto" por esos delitos 00:00:25.

El mismo diputado dijo que eso equivale a "2.4 millones de colones" que no entran a las arcas públicas 00:00:37. La cifra se escucha así en el transcript y no se puede verificar con otra fuente del dossier.

También dijo que el problema es "falta de voluntad política de poner los escáners" en todos los puestos oficiales de ingreso al país 00:00:47.

El nombre del diputado se escucha en la grabación como "jonathan prendas" 00:00:22. El transcript automático puede tener errores de transcripción en ese apellido.

Frente a la Constitución

El Censo no encontró un choque directo entre esta ley y los artículos de la Constitución que están en el dossier.

El artículo 121 dice que le corresponde a la Asamblea Legislativa "Dictar las leyes, reformarlas, derogarlas, y darles interpretación auténtica" §Constitución, art. 121. La ley 10068 fue aprobada por la Asamblea y publicada, así que calza con esa atribución.

El artículo 18 dice que los costarricenses deben "contribuir para los gastos públicos" §Constitución, art. 18. La ley busca mejorar el control tributario (art. 3), lo que apunta en esa dirección.

El artículo 184 le da a la Contraloría la tarea de fiscalizar la ejecución de los presupuestos §Constitución, art. 184. La ley no toca esas funciones ni las traslada a otro órgano.

Una duda posible: la ley no dice cómo se protegen los datos de las mercancías y de las personas que pasan por los escáneres. El dossier no incluye la Ley 8968 de protección de datos personales, solo resúmenes de sitios web externos 5. Por eso El Censo no puede comparar ese punto.

Qué puede hacer usted

Si un acto concreto de Hacienda o de una aduana le viola un derecho, puede presentar un recurso de amparo. Cualquier persona puede hacerlo, según el artículo 33 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional §guía, p. 22.

El amparo se plantea contra el servidor o el órgano que aparece como autor del agravio §guía, p. 22. Se puede presentar en cualquier tiempo mientras subsista la violación, y hasta dos meses después de que cesen sus efectos.

Si cree que la ley misma choca con la Constitución, existe la acción de inconstitucionalidad. Procede contra leyes y otras disposiciones generales que infrinjan una norma o principio constitucional §guía, p. 24.

Para presentarla, el artículo 75 pide un asunto pendiente ante los tribunales o en la vía administrativa. No se necesita ese caso cuando se defienden intereses difusos o colectivos §guía, p. 24.

Si sospecha un mal manejo de fondos públicos en la compra o instalación de los escáneres, puede denunciar ante la Contraloría General de la República. La denuncia se presenta en la Plataforma de Servicios en Sabana Sur, por el portal institucional o al correo contraloria.general@cgrcr.go.cr §guía, p. 68.

Si una institución pública le da un mal servicio relacionado con esta ley, puede quejarse ante la Defensoría de los Habitantes. Cualquier persona que habite en Costa Rica puede presentar la queja §guía, p. 71.

Si quiere cambiar la ley, puede proponer una reforma por iniciativa popular. El proyecto debe pasar por el Tribunal Supremo de Elecciones y luego por la Asamblea §guía, p. 26.

Lo que no sabemos

El dossier no dice cuánto cuestan los escáneres ni de dónde sale el dinero.

El dossier no dice si los plazos de uno y seis meses se cumplieron.

El dossier no incluye el texto de la Ley 8968 de protección de datos personales, así que no se puede revisar cómo se tratan los datos que captan los escáneres.

El dossier no permite confirmar la cifra de 2.4 millones de colones que se menciona en la grabación.