Japdeva queda exenta de la regla fiscal solo con platas de Moín

Qué cambia

La ley agrega un inciso f) al artículo 6 de la Ley 9635. Ese artículo 6 es la lista de instituciones que quedan fuera de las reglas de responsabilidad fiscal del título IV (art. 6).

La excepción cubre a la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva). Aplica únicamente al gasto y a las transferencias que se pagan con dos cánones del contrato de concesión de la Terminal de Contenedores de Moín (art. 6).

Esos dos cánones son el canon por explotación de la concesión, de un 5%, y el canon contribución para el desarrollo regional, de un 2,5% (art. 6).

La exención también alcanza a las entidades que reciben ese dinero. Sus gastos con estos recursos quedan fuera de la regla fiscal (art. 6).

El texto pone tres límites al uso del dinero. No se puede usar para gasto corriente. Solo se puede usar en gastos de capital que respondan a planes regionales o municipales de desarrollo. Y no se puede usar para contratar personal permanente ni temporal en ninguna entidad receptora (art. 6).

Sí se permite cofinanciar obras con ministerios o instituciones públicas, y también en asociaciones público-privadas (art. 6).

Si alguien incumple esos límites, se suspende de inmediato el giro de cualquier monto pendiente. Además, hay que devolver todos los fondos mal aplicados (art. 6).

La Contraloría General de la República, o la Asamblea Legislativa cuando corresponda, no aprobará ningún presupuesto ordinario ni extraordinario si no contempla esa devolución completa (art. 6).

Las entidades receptoras deben identificar el origen de estos fondos en sus presupuestos, informes de ejecución, liquidaciones, modificaciones y presupuestos extraordinarios. Lo hacen según los clasificadores de gasto vigentes, por objeto de gasto y clasificación económica (art. 6).

Así se evita contarlos al verificar el cumplimiento de la regla fiscal, tanto en el gasto presupuestario como en lo ejecutado (art. 6).

La ley rige a partir de su publicación (art. 6).

A quién le toca

A Japdeva, pero solo en la parte de su gasto y sus transferencias que se pagan con los cánones de Moín (art. 6).

A las entidades que reciben esas transferencias. Sus gastos con estos recursos también quedan fuera de la regla fiscal (art. 6).

A la Contraloría General de la República y a la Asamblea Legislativa. Las dos quedan obligadas a no aprobar presupuestos que no incluyan la devolución de fondos mal usados (art. 6).

A las personas que trabajan o quisieran trabajar en esas entidades. El texto prohíbe usar estos fondos para contratar personal permanente o temporal (art. 6).

Cómo está hoy según SINALEVI

La ley está vigente. SINALEVI registra una sola versión de la norma, la número 1 de 1 2.

La Procuraduría General de la República anota que la ley se publicó en formato digital en La Gaceta que se indica 2.

SINALEVI no muestra un texto distinto al aprobado. El texto consolidado que aparece es el mismo que se publicó 2.

La ley 9635, a la que esta reforma le agrega el inciso, sigue vigente 3.

Frente a la Constitución

El artículo 176 de la Constitución pide que la gestión pública sea sostenible, transparente y responsable, con presupuestación plurianual §Constitución, art. 176. La ley aparta ciertos gastos del control de la regla fiscal. Eso podría generar dudas sobre cómo se cumple ese mandato, aunque el texto mantiene la obligación de identificar los fondos y de devolver lo mal usado (art. 6).

El artículo 184 da a la Contraloría la potestad de fiscalizar la ejecución y liquidación de los presupuestos §Constitución, art. 184. La ley le ordena no aprobar presupuestos sin la devolución de fondos mal aplicados (art. 6). Esa orden refuerza el control de la Contraloría y no lo debilita.

El artículo 180 dice que el presupuesto es el límite de acción de los Poderes Públicos para usar los recursos del Estado §Constitución, art. 180. La ley no cambia ese límite. Solo aclara cómo se cuentan estos fondos para la regla fiscal (art. 6).

El artículo 50 pide al Estado procurar el mayor bienestar y el más adecuado reparto de la riqueza §Constitución, art. 50. La ley dirige los cánones a gastos de capital en planes regionales o municipales de desarrollo (art. 6). Eso calza con ese fin.

El Censo no encontró un choque directo entre esta ley y los artículos revisados de la Constitución.

Qué puede hacer usted

Si ve que en su comunidad se usa dinero de estos cánones para pagar planilla o gasto corriente, puede denunciarlo ante la Contraloría General de la República. La denuncia se presenta en la Plataforma de Servicios o en el Área de Denuncias e Investigaciones, en Sabana Sur, contiguo al Tennis Club §guía, p. 68.

También puede llamar a los teléfonos 2501-8000 (central telefónica) o 2501-8025 (Área de Denuncias e Investigaciones) §guía, p. 68.

Otra vía es el portal institucional de Denuncia Electrónica, el correo contraloria.general@cgrcr.go.cr o el Apartado Postal 1179-1000 San José §guía, p. 68.

Si una institución pública le niega información o le da un mal servicio relacionado con estos fondos, puede presentar una queja ante la Defensoría de los Habitantes. Cualquier persona que habite en Costa Rica puede hacerlo §guía, p. 71.

Si un acto concreto de una entidad pública viola un derecho suyo, puede presentar un recurso de amparo. Cualquier persona puede interponerlo §guía, p. 22.

El amparo se plantea contra el servidor o titular del órgano que aparece como presunto autor del agravio §guía, p. 22.

El recurso se puede presentar en cualquier tiempo mientras subsista la violación, y hasta dos meses después de que hayan cesado sus efectos directos §guía, p. 22.

Si considera que la ley misma choca con la Constitución, existe la acción de inconstitucionalidad. Requiere un asunto pendiente ante los tribunales o en la vía administrativa, salvo cuando se defienden intereses difusos §guía, p. 24.

Lo que no sabemos

El dossier no dice cuánto dinero generan hoy los dos cánones de Moín.

El dossier no dice qué entidades han recibido estas transferencias ni en qué montos.

El dossier no incluye grabaciones de la Asamblea sobre este expediente.