Municipalidades podrán usar plata de parquímetros en programas sociales

Qué cambia

La Ley 10163 reformó el artículo 7 de la Ley 3580, la ley de parquímetros de 1965. El texto nuevo dice que el producto de las multas a infractores corresponde a las municipalidades respectivas (art. 7).

Lo recaudado por los impuestos que autoriza esa ley se invierte en cuatro destinos. Primero, el mantenimiento y la administración de los sistemas de estacionamiento. Segundo, la construcción y el mantenimiento de vías públicas. Tercero, la instalación de sistemas de videovigilancia cantonal. Cuarto, el desarrollo de cuerpos de policía municipal (art. 7).

La reforma agrega algo nuevo. Autoriza a las municipalidades a invertir un porcentaje de esos recursos en facilidades comunales y programas sociales municipales (art. 7). Ese porcentaje lo determina cada gobierno local, no la ley.

Los programas sociales deben estar dirigidos especialmente a tres grupos: niñez y adolescencia, personas con discapacidad y personas adultas mayores (art. 7).

La ley rige a partir de su publicación. El texto está fechado en la Presidencia de la República, San José, a los veintinueve días del mes de marzo del año dos mil veintidós (art. 7).

A quién le toca

A las municipalidades. Son ellas las que reciben el producto de las multas y las que deciden qué porcentaje de lo recaudado por impuestos destinan a programas sociales (art. 7).

A la niñez y la adolescencia. El texto nombra ese grupo como destinatario especial de los programas sociales municipales (art. 7).

A las personas con discapacidad. También aparecen nombradas como destinatarias especiales (art. 7).

A las personas adultas mayores. Son el tercer grupo nombrado en el texto (art. 7).

A los cuerpos de policía municipal y a los sistemas de videovigilancia cantonal. Siguen entre los destinos posibles de lo recaudado (art. 7).

Cómo está hoy según SINALEVI

La ley está vigente. SINALEVI registra una sola versión de la norma y no le pone observaciones 2.

El texto vigente en SINALEVI coincide con el texto aprobado. El artículo 7 de la Ley 3580 aparece así reformado por el artículo único de la Ley 10163 del 29 de marzo de 2022 3.

La Procuraduría General de la República no anotó observaciones a esta norma 2.

Frente a la Constitución

El Censo no encontró un choque directo entre esta reforma y los artículos de la Constitución que están en el dossier.

El artículo 169 de la Constitución pone la administración de los intereses y servicios locales de cada cantón a cargo del Gobierno Municipal §Constitución, art. 169. La reforma encaja ahí: deja en manos de cada municipalidad decidir el porcentaje que destina a programas sociales (art. 7).

El artículo 170 declara autónomas a las corporaciones municipales §Constitución, art. 170. La reforma respeta esa autonomía porque no fija un monto obligatorio; dice que el porcentaje "será determinado por cada gobierno local" (art. 7).

El artículo 175 dice que las municipalidades dictan sus presupuestos y que estos necesitan la aprobación de la Contraloría General, que fiscaliza su ejecución §Constitución, art. 175. La inversión de estos recursos pasaría por ese control presupuestario.

El artículo 51 ordena protección especial del Estado a la niñez, a las personas adultas mayores y a las personas con discapacidad §Constitución, art. 51. Los tres grupos aparecen nombrados en el texto reformado (art. 7).

El artículo 50 dice que el Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país §Constitución, art. 50. La reforma apunta a programas sociales municipales, aunque no fija montos ni metas (art. 7).

Qué puede hacer usted

Si vive en un cantón con parquímetros, puede pedirle al concejo municipal el detalle de cuánto se recauda y qué porcentaje se destinó a programas sociales. La guía explica que la Contraloría General fiscaliza los presupuestos de las municipalidades §guía, p. 68.

Puede presentar una denuncia ante la Contraloría si sospecha un manejo irregular de esos recursos públicos. La guía lista las vías: personalmente en Sabana Sur, al teléfono 2501-8025, por el portal de Denuncia Electrónica o al correo contraloria.general@cgrcr.go.cr §guía, p. 68.

Puede acudir a la Defensoría de los Habitantes si una municipalidad no cumple con destinar esos recursos a lo que manda la ley. La Defensoría protege a cualquier habitante ante el mal funcionamiento de una institución pública, y las municipalidades son parte del sector público §guía, p. 71.

Si un acto concreto de una municipalidad viola un derecho suyo, puede presentar un recurso de amparo. Cualquier persona puede interponerlo, según el artículo 33 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional §guía, p. 22.

También puede presentar una acción de inconstitucionalidad contra la ley si considera que infringe la Constitución. La guía advierte que, por regla general, se requiere un asunto pendiente ante los tribunales o en la vía administrativa §guía, p. 24.

Si quiere cambiar la ley, puede proponer una reforma por iniciativa popular. La guía describe el trámite: reunir firmas, verificarlas ante el Tribunal Supremo de Elecciones y trasladar el proyecto a la Asamblea Legislativa §guía, p. 26.

Lo que no sabemos

El dossier no dice cuánto recaudan las municipalidades por parquímetros ni cuánto destinan hoy a programas sociales.

El dossier no dice qué porcentaje ha decidido cada gobierno local.

El dossier no trae grabaciones de la Asamblea sobre este expediente.