Carara de Turrubares queda declarado de interés público para el turismo

Qué cambia

La ley declara de interés público el desarrollo turístico del distrito de Carara, en el cantón de Turrubares (art. 1). Con esa declaratoria, el Estado, por medio de sus instituciones públicas, "podrá promover el desarrollo de la infraestructura y las inversiones en turismo en la zona".

Ese apoyo debe darse "bajo un esquema de desarrollo sostenible y un manejo adecuado del medio ambiente, que fortalezcan la condición social y económica del distrito" (art. 1).

El artículo 2 agrega que el Estado "podrá apoyar todas las iniciativas de desarrollo local y las actividades de la pequeña y mediana empresas de los habitantes del distrito, vinculadas al desarrollo del turismo" (art. 2).

La ley no fija montos, plazos ni multas. Tampoco crea un fondo ni una institución nueva. Rige desde su publicación, el 25 de abril de 2022 (art. 2) 2.

A quién le toca

A los habitantes del distrito de Carara que tengan una pequeña o mediana empresa vinculada al turismo: la ley dice que el Estado podrá apoyar sus iniciativas y actividades (art. 2).

A las instituciones públicas que operan en la zona: la ley las habilita a promover infraestructura e inversiones en turismo en el distrito (art. 1).

A cualquier persona del distrito: la declaratoria cubre el desarrollo turístico de Carara en general, con la condición de que sea sostenible y con manejo adecuado del medio ambiente (art. 1).

Cómo está hoy según SINALEVI

La ley está vigente. SINALEVI registra una sola versión de la norma, la número 1 de 1, y no anota observaciones de la Procuraduría 2.

El texto que publica SINALEVI coincide con el aprobado: los artículos 1 y 2 tratan la declaratoria y el apoyo a iniciativas locales (art. 1) (art. 2).

Frente a la Constitución

El Censo no encontró un choque directo entre esta ley y los artículos de la Constitución que están en el dossier.

La declaratoria de interés público encaja con el artículo 50, que manda al Estado procurar "el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza" §Constitución, art. 50. También calza con el deber de garantizar un ambiente sano, porque la ley condiciona el apoyo a un manejo adecuado del medio ambiente (art. 1).

El artículo 45 protege la propiedad y permite privar de ella solo "por interés público legalmente comprobado, previa indemnización conforme a la ley" §Constitución, art. 45. La ley no ordena expropiaciones, así que no hay conflicto en ese punto.

El artículo 169 pone la administración de los intereses y servicios locales a cargo del Gobierno Municipal §Constitución, art. 169. La ley no le quita esa competencia a la Municipalidad de Turrubares ni la traslada a otra entidad, por lo que el Censo no ve choque ahí.

Queda una duda de redacción: el artículo 1 dice que el Estado "podrá promover" y el artículo 2 que "podrá apoyar" (art. 1) (art. 2). Esa fórmula deja el apoyo a criterio de cada institución y no crea una obligación exigible. Eso no es un problema constitucional, pero sí limita lo que un vecino puede reclamar.

Qué puede hacer usted

Si una institución pública usa esta ley para un proyecto que afecta su propiedad o su ambiente, puede presentar un recurso de amparo. Procede contra toda acción u omisión de servidores y órganos públicos que viole o amenace violar un derecho fundamental §guía, p. 22. Cualquier persona puede interponerlo.

El amparo se plantea en cualquier tiempo mientras subsista la violación, y hasta dos meses después de que cesen sus efectos §guía, p. 22. En el escrito debe poner el hecho, el derecho que se viola, el nombre de la institución o funcionario y las pruebas §guía, p. 23.

Si cree que la ley misma choca con la Constitución, existe la acción de inconstitucionalidad contra leyes y otras disposiciones generales §guía, p. 24. Para interponerla normalmente debe haber un asunto pendiente ante los tribunales o en la vía administrativa, salvo cuando se defienden intereses difusos.

Si una institución pública usa mal los fondos en un proyecto turístico, puede denunciar ante la Contraloría General de la República. La Contraloría fiscaliza el uso de fondos públicos y revisa contratos de instituciones públicas §guía, p. 68. Las denuncias se presentan en Sabana Sur, al teléfono 2501-8025 o por el portal de denuncia electrónica.

Si el problema es el mal funcionamiento de un servicio público en el distrito, puede quejarse ante la Defensoría de los Habitantes. Atiende asuntos relacionados con los servicios que brindan las instituciones públicas §guía, p. 71. Cualquier persona que habite en Costa Rica puede presentar la queja.

Si quiere que la ley cambie, puede proponer una reforma por iniciativa popular. El proyecto se traslada a la Asamblea cuando el Tribunal Supremo de Elecciones verifica las firmas, y debe votarse en un plazo máximo de dos años §guía, p. 26. La Oficina de Iniciativa Popular de la Asamblea brinda asesoramiento técnico gratuito para redactar el proyecto.

Lo que no sabemos

El dossier no dice qué instituciones concretas han usado esta ley ni qué proyectos se han ejecutado en Carara desde 2022.

El dossier no indica si existe un presupuesto asignado para los apoyos que mencionan los artículos 1 y 2.

El dossier no permite saber cuántas pymes del distrito se han beneficiado.