Consejo de la Persona Joven podrá pedir plata a otras instituciones

Qué cambia

La ley reforma tres artículos de la Ley General de la Persona Joven (Ley 8261) para abrir una vía de financiamiento. El Consejo de la Persona Joven podrá presentar proyectos a otras instituciones públicas y esas instituciones quedan autorizadas a pagarlos (art. 2).

El artículo 1 cambia las funciones de la Dirección Ejecutiva del Consejo. Ahora esa Dirección puede coordinar acciones de cooperación con organizaciones nacionales o internacionales (art. 1). Con acuerdo previo de la Junta Directiva, puede presentar proyectos a otras instituciones públicas para que los financien. También puede firmar convenios de cooperación técnica y financiera con entidades públicas, siempre con acuerdo de la Junta.

El artículo 2 agrega un párrafo al artículo 7 de la Ley 8261. Ese párrafo autoriza a las instituciones públicas a financiar estudios de preinversión y proyectos dirigidos a personas jóvenes (art. 2). Los proyectos los presenta el Consejo, con acuerdo previo de su Junta Directiva. Las instituciones también quedan autorizadas para firmar convenios de cooperación técnica y financiera con el Consejo.

El mismo artículo 2 permite que el Consejo reciba donaciones de entes públicos y privados, personas jurídicas y físicas (art. 2).

El artículo 2 agrega además un inciso k) al artículo 12 de la Ley 8261. Ese inciso encarga al Consejo formular proyectos para que otras instituciones públicas los financien (art. 2). Todo proyecto financiado por otra entidad pública deberá tener indicadores de impacto y cumplimiento de objetivos. Para desarrollar esos proyectos, el Consejo podrá constituir fideicomisos con bancos públicos y alianzas público-privadas.

Los tipos de proyecto que menciona la ley son: desarrollo territorial, productivos, ambientales, innovación y tecnología, educativos, salud integral, agropecuarios, capacitación y formación profesional y técnica, culturales, de vivienda, deportivos y recreativos, de inclusión laboral y turísticos (art. 2).

La ley rige desde su publicación (art. 2). El decreto está firmado en San José el 5 de mayo de 2022.

A quién le toca

A las personas de 12 a 35 años. La Ley 8261 define como personas jóvenes a quienes tienen entre doce y treinta y cinco años 2. Los proyectos que autoriza esta ley van dirigidos a ese grupo (art. 2).

Al Consejo Nacional de la Persona Joven. La ley le encarga formular los proyectos y presentarlos a otras instituciones públicas (art. 2). También le permite recibir donaciones y constituir fideicomisos con bancos públicos.

A la Dirección Ejecutiva del Consejo. Ahora puede coordinar cooperación con organizaciones nacionales o internacionales y presentar proyectos a otras instituciones (art. 1).

A las instituciones públicas del Estado. Quedan autorizadas a financiar estudios de preinversión y proyectos para personas jóvenes que presente el Consejo (art. 2). También pueden firmar convenios de cooperación con el Consejo.

A la Junta Directiva del Consejo. Cada presentación de proyectos y cada convenio necesita su acuerdo previo (art. 1) (art. 2).

Cómo está hoy según SINALEVI

La ley está vigente. SINALEVI registra una sola versión de la norma y no le pone observaciones 3.

El texto que publica SINALEVI es el mismo que aprobó la Asamblea. No hay una versión anterior distinta que comparar 3.

Frente a la Constitución

El Censo no encontró un choque directo entre esta ley y los artículos de la Constitución que están en el dossier.

El artículo 105 dice que la potestad de legislar reside en el pueblo y la delega en la Asamblea Legislativa §Constitución, art. 105. Esta ley salió de la Asamblea, así que calza con ese artículo.

El artículo 129 dice que las leyes son obligatorias desde el día que ellas designen §Constitución, art. 129. La ley dice que rige a partir de su publicación (art. 2), así que sigue esa regla.

El artículo 182 ordena que los contratos para obras públicas y las compras con fondos de esas entidades se hagan mediante licitación §Constitución, art. 182. La ley permite fideicomisos con bancos públicos y alianzas público-privadas (art. 2). El texto no dice cómo se escogen esos bancos ni cómo se adjudican esos contratos. Esa es una duda que el dossier no permite resolver.

El artículo 188 dice que las instituciones autónomas gozan de independencia administrativa y están sujetas a la ley en materia de gobierno §Constitución, art. 188. La ley autoriza a instituciones públicas a financiar proyectos que presenta el Consejo (art. 2). El texto no aclara si eso obliga a una institución autónoma a gastar. Esa es otra duda.

Qué puede hacer usted

Si un acto concreto de una institución pública le viola un derecho, puede presentar un recurso de amparo. Cualquier persona puede interponerlo §guía, p. 22. Se plantea contra el servidor o titular del órgano que aparece como presunto autor del agravio.

El amparo se puede presentar en cualquier tiempo mientras subsista la violación, y hasta dos meses después de que hayan cesado sus efectos directos §guía, p. 22.

En el escrito debe expresar con claridad el hecho o la omisión, el derecho violado o amenazado, el nombre del servidor público o del órgano autor y las pruebas de cargo §guía, p. 23. No hace falta citar la norma constitucional infringida.

Si cree que esta ley choca con la Constitución, existe la acción de inconstitucionalidad. Procede contra leyes y otras disposiciones generales que infrinjan alguna norma o principio constitucional §guía, p. 24.

Para interponerla se requiere que exista un asunto pendiente de resolver ante los tribunales o en el procedimiento para agotar la vía administrativa §guía, p. 24. No se necesita ese caso pendiente cuando se defienden intereses difusos o colectivos.

Si sospecha un manejo irregular de fondos públicos en estos proyectos, puede denunciar ante la Contraloría General de la República. La Contraloría fiscaliza el uso de los fondos públicos de las instituciones del Estado §guía, p. 68.

La denuncia se puede presentar en la Plataforma de Servicios o el Área de Denuncias e Investigaciones, en Sabana Sur, contiguo al Tennis Club §guía, p. 68. También por teléfono al 2501-8000 o al 2501-8025, por el portal institucional o al correo contraloria.general@cgrcr.go.cr.

Si una institución pública le falla en un servicio relacionado con estos proyectos, puede presentar una queja ante la Defensoría de los Habitantes. Cualquier persona que habite en Costa Rica puede hacerlo §guía, p. 71.

La Defensoría protege los derechos e intereses de los habitantes ante actuaciones irregulares de las instituciones públicas §guía, p. 71. No investiga casos que estén a la espera de una resolución judicial.

Si quiere proponer una reforma a esta ley, existe la iniciativa popular. Un grupo de ciudadanos puede presentar un proyecto a la Asamblea §guía, p. 26. El proyecto debe tramitarse por los procedimientos legislativos ordinarios y votarse en un plazo máximo de dos años.

La Oficina de Iniciativa Popular de la Asamblea brinda asesoramiento técnico gratuito para redactar el proyecto y seguir el procedimiento §guía, p. 26.

Lo que no sabemos

El dossier no dice cuánto dinero se ha destinado a estos proyectos ni cuántos se han financiado.

El dossier no dice qué instituciones públicas han firmado convenios con el Consejo al amparo de esta ley.

El dossier no dice cómo se escogen los bancos públicos para los fideicomisos ni cómo se adjudican las alianzas público-privadas.

El dossier no incluye grabaciones de la Asamblea sobre este expediente.