Asociaciones de desarrollo podrán hacer mantenimiento con plata pública

Qué cambia

La Ley 10241 reformó el artículo 23 de la Ley 3859 (DINADECO) y ahora permite a las asociaciones comunales hacer más cosas con su plata y sus bienes (art. 23). Pueden adquirir toda clase de bienes, firmar contratos de cualquier tipo y hacer operaciones lícitas para cumplir sus fines.

También pueden crear emprendimientos socioproductivos bajo la figura de microempresas comunitarias (art. 23). Esos emprendimientos sirven para mantenimiento de infraestructura comunal pública, infraestructura vial por estándares y mantenimiento de predios.

La ley autoriza a las entidades públicas y a los gobiernos locales a firmar convenios o contratos con esas asociaciones (art. 23). La idea es que las asociaciones presten servicios de mantenimiento con cargo a los recursos de los entes públicos. El texto dice que eso busca generar empleo y propiciar el desarrollo socioeconómico en las comunidades.

Todo debe hacerse con apego a los requisitos técnicos y mediante el procedimiento de contratación que corresponda (art. 23). Además, debe cumplirse la Ley 9986, Ley de Contratación Pública, de 27 de mayo de 2021.

El transitorio único ordena actualizar el reglamento a más tardar noventa días hábiles después de la publicación de la ley (art. Transitorio Único). La ley se firmó en San José el 13 de julio de 2022 (art. Único).

A quién le toca

A las asociaciones de desarrollo comunal regidas por la Ley 3859 y su reglamento (art. 23). Ellas son las que pueden adquirir bienes, firmar contratos y crear microempresas comunitarias.

A las entidades públicas y a los gobiernos locales (art. 23). La ley los autoriza a firmar convenios o contratos con esas asociaciones para servicios de mantenimiento.

A las personas de las comunidades donde operen esas asociaciones (art. 23). El texto menciona generar empleo y desarrollo socioeconómico en las comunidades.

Lo que se dijo en la Asamblea

La diputada de la comisión especial de Cartago dictaminó en forma positiva el expediente 22.198, una reforma a la ley de DINADECO 00:00:10. Según la grabación, la iniciativa pretende facultar a las asociaciones para hacer mantenimiento de infraestructura comunal pública, vial y de predios mediante contratos con instituciones públicas 00:00:24.

Una diputada dijo que el proyecto es importante para el desarrollo de las comunidades del país 00:00:50. También dijo: "me parece que el fortalecimiento de esta de esta iniciativa acuerpado con la reforma de la ley de dinámico pues viene a aportarle mucho al país" 00:00:56.

Otros legisladores anunciaron mociones para subsanar aspectos como los controles 00:01:33. Un legislador dijo que presentarían mociones por dos temas 00:01:41. El primero: entender que este tipo de contratos no implica tercerización 00:01:49. El segundo: poner límites a los contratos y convenios para que no sean tan abiertos 00:02:42. Ese legislador dijo que tampoco se eliminan todos los controles de transparencia 00:03:02.

En una grabación de 2014, Haris Regidor Barbosa, presidente ejecutivo, habló en la comisión de asuntos municipales 00:00:24. Dijo que la institución estaba atrasada tecnológicamente y con infraestructura deficiente 00:01:08.

En una grabación de 2017, Haris Regidor Barbosa de la dirección nacional de desarrollo de la comunidad mostró su apoyo al proyecto 19 mil 633 00:00:09. Ese proyecto pretendía reforzar con el 10 por ciento de las utilidades del Banco Popular a DINADECO 00:00:21. Aclaró que era una medida paliativa que no resuelve en su totalidad la necesidad de invertir en todas las comunidades del país 00:00:28.

Cómo está hoy según SINALEVI

La ley está vigente 5. SINALEVI registra una sola versión de la norma. La Procuraduría General de la República observa que, al no indicar fecha de rige, la ley empieza a regir diez días después de su publicación, según el artículo 129 de la Constitución Política.

El texto vigente del artículo 23 en SINALEVI coincide con el texto aprobado 6. SINALEVI anota que ese artículo fue reformado por el artículo único de la Ley 10241 del 13 de julio de 2022.

Frente a la Constitución

El artículo 182 de la Constitución ordena licitación para contratos de ejecución de obras públicas, compras con fondos de esas entidades y ventas o arrendamientos de bienes públicos §Constitución, art. 182. La ley remite esos contratos al procedimiento de la Ley 9986 y exige cumplir los requisitos técnicos (art. 23). El Censo no encontró un choque directo: el texto no exime de licitación, sino que ordena seguir el procedimiento que corresponda.

El artículo 183 de la Constitución da a la Contraloría General de la República la vigilancia de la Hacienda Pública §Constitución, art. 183. La ley usa recursos de entes públicos para pagar servicios de asociaciones (art. 23). Esa plata sigue bajo la vigilancia de la Contraloría, según la guía de participación ciudadana §guía, p. 68. El Censo no encontró choque en ese punto.

El artículo 56 de la Constitución dice que el trabajo es un derecho del individuo y una obligación con la sociedad §Constitución, art. 56. La ley menciona generar empleo en las comunidades (art. 23). El Censo no encontró choque entre ambos textos.

Qué puede hacer usted

Si una asociación de su comunidad firma un contrato con una municipalidad o una institución pública, usted puede pedir información sobre ese contrato. La Contraloría revisa los contratos que las instituciones públicas firman para verificar que se ajusten a la ley §guía, p. 68.

Puede presentar una denuncia ante la Contraloría si sospecha un manejo irregular de recursos públicos §guía, p. 68. Las formas son: personalmente en Sabana Sur, llamar al 2501-8000 o al 2501-8025, usar el portal de Denuncia Electrónica, escribir a contraloria.general@cgrcr.go.cr, o enviar un apartado postal a 1179-1000 San José.

Puede acudir a la Defensoría de los Habitantes si una institución pública le brinda un mal servicio §guía, p. 71. Cualquier persona que habite en Costa Rica puede presentar una queja si fue maltratada en sus derechos por el mal funcionamiento de una institución pública.

Si un acto concreto de una institución viola un derecho suyo, puede interponer un recurso de amparo §guía, p. 22. Cualquier persona puede interponerlo, según el artículo 33 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.

Si considera que la ley choca con la Constitución, existe la acción de inconstitucionalidad §guía, p. 24. Requiere un asunto pendiente ante los tribunales o en la vía administrativa, salvo cuando se defiendan intereses difusos.

Lo que no sabemos

El dossier no dice si el reglamento se actualizó dentro de los noventa días hábiles que ordena el transitorio único.

El dossier no incluye el texto completo de la Ley 9986 ni el detalle del procedimiento de contratación aplicable.

El dossier no dice cuántos convenios se han firmado al amparo de esta reforma ni por cuánto dinero.