Defensa Pública ahora cobra honorarios y costas a quien pueda pagarlos

Qué cambia

La ley reforma los artículos 153 y 154 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, N° 7333, de 5 de mayo de 1993 (art. 1). La Jefatura de la Defensa Pública, o quien esta designe, gestiona ante la autoridad judicial o administrativa la fijación y el cobro de honorarios cuando la persona usuaria prescinda de sus servicios, y de las costas cuando el proceso termine con sentencia firme (art. 153).

Esos montos se pueden cobrar a las personas usuarias con recursos económicos demostrados para cancelarlos, o a la contraparte vencida (art. 153).

La certificación que expida la autoridad sobre el monto de honorarios o costas constituye título ejecutivo (art. 153). De oficio o a solicitud de parte, la autoridad que conoce del proceso ordena una garantía preventiva real o pecuniaria suficiente mientras el proceso esté en trámite; al finalizar, ordena el embargo de bienes del deudor en cantidad suficiente para garantizar el pago.

El defensor solo debe hacer gestiones instando al pago de lo ya fijado por la autoridad (art. 153). Si la persona obligada se niega, el defensor cobra dentro del mismo proceso; si por la naturaleza del proceso no es posible, lo informa a la Jefatura de la Defensa Pública para trasladarlo a la Dirección Jurídica del Poder Judicial, que valora con base en razonabilidad y proporcionalidad si procede el cobro judicial. Si lo estima procedente, lo envía a la Procuraduría General de la República para que realice el cobro a favor de la Defensa Pública.

En los procesos donde participa la Defensa Pública debe solicitarse la condenatoria en costas y honorarios a favor de esta siempre que proceda (art. 153). Cuando se produzca la condenatoria, los recursos se destinan al financiamiento y fortalecimiento de la sección especializada que genere el ingreso.

La persona defensora pública o abogada de asistencia social puede renunciar al cobro de honorarios y costas que correspondan a la institución cuando sea pertinente para facilitar la resolución alterna del conflicto, según su criterio técnico avalado por la Jefatura de la Defensa Pública (art. 153).

En materia laboral, la fijación y el cobro de honorarios y costas se rigen por el Código de Trabajo, Ley N° 2, de 27 de agosto de 1943, y sus reformas, que prevalecen sobre lo aquí establecido (art. 153).

Los fondos de honorarios y costas se depositan en una cuenta bancaria especial de la Defensa Pública y se emplean exclusivamente para adquirir bienes y servicios tendientes a mejorar la Defensa Pública (art. 154). Hay dos excepciones: lo dispuesto en el artículo 454 del Código de Trabajo para materia laboral, y la distribución de dineros por costas personales a favor de la parte patrocinada por la defensa pública agraria, que se rige por el artículo 47 del Código Procesal Agrario, Ley N° 9609, de 27 de setiembre de 2018.

La ley también adiciona un inciso i) al artículo 12 de la Ley de Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social, N° 7727, de 09 de diciembre de 1997 (art. 2). Ese inciso exige, como requisito de los acuerdos de mediación o conciliación, judicial o extrajudicial, haber cancelado el monto por costas y honorarios de la Defensa Pública, de conformidad con los artículos 153 y 154 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

La ley rige a partir de su publicación (art. 2).

A quién le toca

A las personas usuarias de la Defensa Pública que tengan recursos económicos demostrados para pagar: la ley permite cobrarles honorarios cuando prescindan de los servicios y costas al finalizar el proceso con sentencia firme (art. 153).

A la contraparte vencida en un proceso donde participó la Defensa Pública: se le pueden cobrar honorarios y costas (art. 153).

A las personas que usan la Defensa Pública y quieren cerrar un acuerdo de mediación o conciliación: deben haber cancelado costas y honorarios para que el acuerdo cumpla los requisitos del artículo 12 de la Ley 7727 (art. 2).

A la Jefatura de la Defensa Pública y a las personas defensoras públicas: asumen la gestión del cobro y la solicitud de condenatoria en costas (art. 153).

A la Procuraduría del Estado: puede recibir el cobro cuando la Defensa Pública se lo remita (art. 153).

A las personas usuarias de la defensa pública en materia agraria: la distribución de costas personales se rige por el artículo 47 del Código Procesal Agrario, Ley 9609 (art. 154).

A las personas usuarias en materia laboral: se les aplica el Código de Trabajo, Ley N° 2, que prevalece sobre esta reforma (art. 153).

Cómo está hoy según SINALEVI

La ley está vigente según SINALEVI, en su versión 1 de 1, sin observaciones de la Procuraduría General de la República 2. El texto consolidado que publica SINALEVI es el mismo que se aprobó y no muestra una versión anterior distinta.

Frente a la Constitución

El Censo no encontró un choque directo entre esta reforma y los artículos de la Constitución incluidos en el dossier. La ley regula el cobro de honorarios y costas dentro de procesos judiciales y no toca los derechos y garantías que desarrollan los artículos 56, 57, 58, 60, 61, 73 y 74 de la Constitución, que tratan sobre trabajo, salarios, jornadas, sindicatos, huelga y seguros sociales §Constitución, art. 56 §Constitución, art. 57 §Constitución, art. 58 §Constitución, art. 60 §Constitución, art. 61 §Constitución, art. 73 §Constitución, art. 74.

El artículo 18 de la Constitución dice que los costarricenses deben observar la Constitución y las leyes y contribuir para los gastos públicos §Constitución, art. 18. El cobro de honorarios y costas a quien tiene recursos para pagarlos calza con ese deber de contribuir, pero la ley no lo dice en esos términos.

El artículo 177 de la Constitución garantiza al Poder Judicial una suma no menor del seis por ciento de los ingresos ordinarios calculados para el año económico §Constitución, art. 177. La reforma crea una cuenta bancaria especial de la Defensa Pública con los fondos de honorarios y costas (art. 154), lo que suma recursos al Poder Judicial sin sustituir la asignación constitucional.

El artículo 121, inciso 1, de la Constitución da a la Asamblea Legislativa la atribución de dictar las leyes y reformarlas §Constitución, art. 121. La ley se aprobó por esa vía y reforma artículos de una ley existente, la Ley Orgánica del Poder Judicial (art. 1).

Qué puede hacer usted

Si un acto concreto de cobro de honorarios o costas le viola un derecho fundamental, puede presentar un recurso de amparo. Cualquier persona puede interponerlo contra el servidor o titular del órgano que aparece como presunto autor del agravio §guía, p. 22. El recurso se plantea por memorial, telegrama u otro medio escrito, sin otras formalidades ni autenticación §guía, p. 23.

Si considera que la ley misma choca con la Constitución, puede presentar una acción de inconstitucionalidad contra leyes y otras disposiciones generales que infrinjan, por acción u omisión, alguna norma o principio constitucional §guía, p. 24. Para interponerla, el artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional requiere que exista un asunto pendiente de resolver ante los tribunales o en el procedimiento para agotar la vía administrativa, salvo cuando no exista lesión individual y directa o se trate de la defensa de intereses difusos.

Si ve un manejo irregular de los fondos públicos de la cuenta especial de la Defensa Pública, puede denunciar ante la Contraloría General de la República. La denuncia se presenta de forma escrita o verbal, personalmente en la Plataforma de Servicios o el Área de Denuncias e Investigaciones en Sabana Sur, por teléfono al 2501-8000 o al 2501-8025, por el portal institucional, por correo a contraloria.general@cgrcr.go.cr, por apartado postal 1179-1000 San José, o por fax al 2501-8100 §guía, p. 68. La Contraloría fiscaliza el uso de los fondos públicos, pero su competencia no cubre actos del Poder Judicial ni del Ministerio Público.

Si una institución pública le falla en la prestación del servicio, puede presentar una queja ante la Defensoría de los Habitantes. Cualquier persona que habite en Costa Rica que haya sido maltratada en sus derechos e intereses por el mal funcionamiento de una institución pública o sus funcionarios puede hacerlo §guía, p. 71. La Defensoría no investiga casos que estén a la espera de una resolución judicial.

Si quiere cambiar esta ley, puede proponer una reforma por iniciativa popular. El proyecto debe tramitarse por los procedimientos legislativos ordinarios y votarse en la Asamblea Legislativa en un plazo máximo de dos años §guía, p. 26. La Oficina de Iniciativa Popular de la Asamblea Legislativa brinda asesoramiento técnico gratuito para la redacción de los proyectos y en los procedimientos por seguir.

Lo que no sabemos

El dossier no dice cuánto dinero se recauda hoy por honorarios y costas de la Defensa Pública.

El dossier no dice cuántas personas usuarias tienen recursos económicos demostrados para pagar.

El dossier no incluye el texto del artículo 454 del Código de Trabajo ni del artículo 47 del Código Procesal Agrario, que la ley manda aplicar.

El dossier no incluye grabaciones de la Asamblea sobre este expediente.