Ahora un juez puede pedirle cuentas a quien maneje la pensión de un adulto mayor

Qué cambia

La Ley 10322 agregó un artículo nuevo, el 57 bis, a la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor, que es la Ley 7935 (art. único). Ese artículo permite que un juez revise en qué se gastó el dinero de una persona adulta mayor.

El trámite funciona así: los juzgados de Familia y de Pensiones Alimentarias pueden pedir, a solicitud de parte, del Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (Conapam) o de terceros con interés legítimo, que quien administre el dinero de una persona adulta mayor demuestre con documentos en qué se usó ese dinero (art. 57 bis).

El trámite es un proceso no contencioso, es decir, un procedimiento judicial donde no hay dos partes peleando una demanda, sino una solicitud que el juez resuelve (art. 57 bis).

La solicitud cubre el dinero de una pensión de cualquier índole o régimen (art. 57 bis).

Si el juez determina que hubo uso indebido del dinero administrado, aplica lo que dice el artículo 61 de la Ley 7935 (art. 57 bis).

La ley rige a partir de su publicación (art. único). El texto está fechado en la Presidencia de la República, San José, a los doce días del mes de mayo del año dos mil veintitrés.

A quién le toca

A quien administre el dinero de una persona adulta mayor, sea de una pensión de cualquier índole o régimen: esa persona puede ser requerida por un juez para demostrar con prueba documental el destino de esos recursos (art. 57 bis).

A la persona adulta mayor cuyo dinero es administrado por otra persona: la ley permite que se pida la revisión a solicitud de parte (art. 57 bis).

Al Conapam: puede pedir la revisión ante los juzgados de Familia y de Pensiones Alimentarias (art. 57 bis).

A los terceros con interés legítimo: también pueden pedir la revisión (art. 57 bis).

A los juzgados de Familia y de Pensiones Alimentarias: son los que tramitan la solicitud y determinan si hubo uso indebido (art. 57 bis).

Cómo está hoy según SINALEVI

La ley está vigente. SINALEVI registra una sola versión de la norma, la versión 1 de 1 2.

La Procuraduría General de la República anota que la ley fue publicada en formato digital en La Gaceta que se indica 2.

El texto que muestra SINALEVI es el mismo que se aprobó: el artículo único que adiciona el 57 bis a la Ley 7935 2. La Ley 7935, Ley Integral para la Persona Adulta Mayor, también está vigente 3.

Frente a la Constitución

El Censo no encontró un choque directo entre esta ley y los artículos de la Constitución que están en el dossier.

El artículo 51 de la Constitución dice que "tendrán derecho a esa protección la madre, el niño y la niña, las personas adultas mayores y las personas con discapacidad" §Constitución, art. 51. La ley apunta en esa dirección: busca proteger el patrimonio de la persona adulta mayor (art. 57 bis).

El artículo 27 de la Constitución garantiza "la libertad de petición, en forma individual o colectiva, ante cualquier funcionario público o entidad oficial, y el derecho a obtener pronta resolución" §Constitución, art. 27. La ley abre una vía para que la persona adulta mayor, el Conapam o un tercero con interés legítimo pidan la revisión (art. 57 bis).

Queda una duda sobre el alcance: la ley no detalla qué documentos debe presentar quien administra el dinero, ni qué pasa si no los presenta. El texto solo dice que debe demostrar "con prueba documental la utilización o el destino de los recursos asignados" (art. 57 bis).

Qué puede hacer usted

Si usted es la persona adulta mayor y alguien más maneja su pensión, puede pedir a un juzgado de Familia o de Pensiones Alimentarias que esa persona demuestre en qué gastó el dinero (art. 57 bis).

Si usted es un tercero con interés legítimo, también puede presentar esa solicitud (art. 57 bis).

Si una institución pública le está dando un mal servicio o no le responde, puede presentar una queja ante la Defensoría de los Habitantes, que protege los derechos e intereses de todas las personas que habitan en Costa Rica §guía, p. 71.

Si un acto concreto de una autoridad pública viola un derecho suyo, puede interponer un recurso de amparo. Cualquier persona puede hacerlo, según el artículo 33 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional §guía, p. 22.

Si quiere cambiar esta ley, puede proponer una reforma por iniciativa popular. La Oficina de Iniciativa Popular de la Asamblea Legislativa brinda asesoramiento técnico gratuito para redactar el proyecto §guía, p. 26.

Lo que no sabemos

El dossier no dice qué sanciones concretas contiene el artículo 61 de la Ley 7935, al que remite el 57 bis.

El dossier no dice cuánto tarda el proceso no contencioso ni cuánto cuesta.

El dossier no dice qué pasa si la persona requerida no presenta los documentos.

El dossier no incluye grabaciones de la Asamblea sobre este expediente.