La reforma cambia cuándo se borra su antecedente penal

Qué cambia

La Ley 10453 reformó el artículo 11 de la Ley 6723, Ley de Registro y Archivos Judiciales (art. único). Ese artículo dice cuándo el Registro Judicial borra los antecedentes de una persona sentenciada, después de que cumple la pena (art. 11).

Los plazos dependen del tipo de pena. Si la pena es de días multa, la cancelación se hace de inmediato (art. 11). Si la pena es menor a tres años, se espera el mismo tiempo que duró la condena.

Para penas entre tres y cinco años, y en delitos culposos, se esperan tres años después de cumplida la condena (art. 11). Para penas entre cinco y no mayores a diez años, se esperan cinco años.

Cuando la pena es igual o mayor a diez años, se esperan diez años (art. 11). Ese mismo plazo de diez años aplica para crimen organizado, terrorismo, delitos sexuales contra menores de edad, homicidio calificado, feminicidio y delitos contra los deberes de la función pública.

Hay una excepción para personas en condición de vulnerabilidad con familiares dependientes. En esos casos, el juez o la jueza de ejecución de la pena valora la cancelación una vez cumplida la pena (art. 11). Esa valoración no aplica para los delitos graves que acabo de mencionar.

El artículo también ordena algo sobre las certificaciones de juzgamiento para fines laborales. El Registro Judicial de Delincuentes del Poder Judicial debe consignar las existencias de los juzgamientos vigentes de los incisos d), e) y f) (art. 11).

La ley rige desde su publicación (art. único). El texto dice que se firmó en San José el 4 de marzo de 2024.

A quién le toca

A las personas sentenciadas que ya cumplieron su pena y esperan que se borre su antecedente. El plazo para pedir la cancelación depende de la pena que recibieron (art. 11).

A las personas que buscan trabajo y piden una certificación de juzgamiento para fines laborales. Esa certificación mostrará los juzgamientos vigentes de los incisos d), e) y f) (art. 11).

A las personas en condición de vulnerabilidad con familiares dependientes. Ellas pueden pedirle al juez o a la jueza de ejecución de la pena que valore la cancelación al terminar la condena (art. 11).

A quienes fueron condenados por crimen organizado, terrorismo, delitos sexuales contra menores de edad, homicidio calificado, feminicidio o delitos contra los deberes de la función pública. Para ellos el plazo es de diez años y no aplica la valoración del juez (art. 11).

Lo que se dijo en la Asamblea

La grabación disponible de la sesión del 6 de octubre de 2026 no trata sobre esta ley. En esa sesión se discutieron otros temas, como el depósito libre de Golfito y un proyecto sobre el Ministerio de Vivienda 00:18:45 01:26:58.

En la grabación no se menciona la Ley 10453 ni el Registro Judicial. Por eso no hay opiniones de diputados sobre esta reforma que se puedan citar 00:18:45.

Cómo está hoy según SINALEVI

La ley está vigente. SINALEVI muestra una sola versión de la norma y no registra observaciones de la Procuraduría 3.

El texto vigente del artículo 11 es el que aprobó la Ley 10453 3. La Ley 6723, que es la ley reformada, también sigue vigente 4.

Frente a la Constitución

El Censo no encontró un choque directo entre esta reforma y los artículos de la Constitución que están en el dossier.

El artículo 39 dice que a nadie se hará sufrir pena sino por delito sancionado por ley anterior y en virtud de sentencia firme §Constitución, art. 39. La reforma no crea penas nuevas. Solo cambia cuándo se borra el registro de una condena ya impuesta (art. 11).

El artículo 41 dice que todos han de encontrar reparación para las injurias o daños que hayan recibido §Constitución, art. 41. La reforma no toca ese derecho.

El artículo 40 prohíbe las penas perpetuas y la confiscación §Constitución, art. 40. Los plazos de la reforma son finitos, aunque en los delitos graves llegan a diez años (art. 11).

Queda una duda sobre el trato distinto. La reforma da al juez la opción de valorar la cancelación para personas vulnerables con familiares dependientes (art. 11). Esa opción no existe para los delitos graves de la lista. El dossier no permite saber si esa diferencia podría alegarse como trato desigual.

Qué puede hacer usted

Si un acto concreto del Registro Judicial le viola un derecho, puede presentar un recurso de amparo. Cualquier persona puede interponerlo §guía, p. 22.

El amparo se plantea contra el servidor o titular del órgano que aparece como presunto autor del agravio §guía, p. 22.

En el escrito debe expresar con claridad el hecho o la omisión que lo motiva. También el derecho que considera violado, el nombre del servidor público o del órgano y las pruebas §guía, p. 23.

No hace falta citar la norma constitucional infringida, si queda claro el derecho lesionado §guía, p. 23. El recurso no requiere autenticación y puede presentarse por memorial o por otro medio escrito.

Si cree que la ley misma choca con la Constitución, existe la acción de inconstitucionalidad §guía, p. 24. Esa acción procede contra leyes y otras disposiciones generales que violen la Constitución.

Para presentarla, por lo general debe existir un caso pendiente ante los tribunales o en la vía administrativa §guía, p. 24. No se necesita ese caso cuando se defienden intereses difusos o colectivos.

Si el problema es el mal funcionamiento de un servicio público, puede presentar una queja ante la Defensoría de los Habitantes §guía, p. 71. Cualquier persona que habite en Costa Rica puede hacerlo.

La Defensoría no investiga casos que estén esperando una resolución judicial §guía, p. 71.

Lo que no sabemos

El dossier no dice cuántas personas se han beneficiado con la cancelación de asientos desde que rige la ley.

El dossier no incluye el texto completo del artículo 13 de la Ley 6723, que la reforma menciona.

El dossier no explica cómo se determina la condición de vulnerabilidad que menciona el inciso f).

El dossier no trae la fecha exacta de publicación en La Gaceta, solo la fecha de firma.