La ley frena desalojos en zonas especiales 36 meses más

Qué cambia

La Ley 10489 alarga en 36 meses más el plazo que ya tenía la Ley 9577. Ese plazo original era de 36 meses (art. 1).

Durante ese tiempo se suspenden las acciones administrativas de desalojo de personas (art. 1). También se frena la demolición de obras y la suspensión de actividades comerciales, agrícolas o de cualquier otra actividad legal que ya exista en la zona.

La suspensión cubre tres lugares: la zona marítima terrestre, la zona fronteriza y el patrimonio natural del Estado (art. 1).

Hay una excepción. La suspensión no aplica cuando un juez o una autoridad administrativa ordena el desalojo o la demolición por resolución en firme (art. 1). Esa orden tiene que estar fundada en daño ambiental ya cometido, o en peligro o amenaza de daño al ambiente.

La ley rige desde su publicación. El texto está fechado en San José el 13 de mayo de 2024 (art. 1).

A quién le toca

A las personas que ocupan terrenos en la zona marítima terrestre, la zona fronteriza o el patrimonio natural del Estado. Para ellas se frena el desalojo administrativo durante el nuevo plazo (art. 1).

A quienes tienen obras construidas en esos lugares. La demolición administrativa queda suspendida, salvo la orden judicial o administrativa en firme por daño ambiental (art. 1).

A quienes tienen actividades comerciales, agropecuarias u otras actividades lícitas y proyectos existentes en esas zonas. La suspensión de esas actividades también queda frenada (art. 1).

A las autoridades administrativas que tramitan desalojos, demoliciones o cierres en esas zonas. Solo pueden actuar si tienen resolución en firme por daño ambiental o peligro de daño al ambiente (art. 1).

Lo que se dijo en la Asamblea

La grabación disponible es del 29 de junio de 2021 y trata otro expediente. El video informa que el plenario aprobó una iniciativa que prolonga por 48 meses la protección a los ocupantes de zonas clasificadas como especiales 00:00:22.

Esa iniciativa mantiene los mismos efectos de suspensión sobre desalojos, demoliciones y actividades en la zona marítima terrestre, la zona fronteriza y el patrimonio natural del Estado 00:00:30.

El video también aclara que la suspensión no excluye dictar medidas cautelares judiciales o administrativas cuando se determine daño ambiental o peligro de daño al ambiente 00:00:52.

El texto que rige hoy, la Ley 10489, habla de 36 meses y no de 48 (art. 1). La grabación no menciona la Ley 10489 ni su número de expediente.

Cómo está hoy según SINALEVI

La Ley 10489 está vigente. SINALEVI muestra una sola versión de la norma y no registra observaciones de la Procuraduría 3.

El artículo 1 de la Ley 9577 aparece reformado por el artículo único de la Ley 10489 del 13 de mayo de 2024 4. El texto vigente es el que se cita en esta nota (art. 1).

Frente a la Constitución

El Censo no encontró un choque directo entre esta ley y los artículos de la Constitución incluidos en el dossier.

El artículo 50 de la Constitución dice que toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado §Constitución, art. 50. La ley mantiene la excepción para desalojos y demoliciones ordenados por daño ambiental o peligro de daño al ambiente (art. 1). Esa excepción permite actuar cuando el ambiente está en riesgo.

El artículo 121 dice que corresponde a la Asamblea Legislativa dictar las leyes y reformarlas §Constitución, art. 121. La Ley 10489 reforma el artículo 1 de la Ley 9577 mediante su artículo único (art. 1).

El artículo 105 reserva la potestad de legislar al pueblo, que la delega en la Asamblea Legislativa §Constitución, art. 105. La ley fue aprobada por la Asamblea y publicada, según el texto (art. 1).

Qué puede hacer usted

Si un acto concreto de una autoridad viola un derecho suyo, puede presentar un recurso de amparo. Cualquier persona puede interponerlo §guía, p. 22.

El amparo se plantea contra el servidor o titular del órgano que aparece como presunto autor del agravio §guía, p. 22.

El recurso se puede presentar en cualquier tiempo mientras subsista la violación. También hasta dos meses después de que cesen sus efectos directos §guía, p. 22.

En el escrito debe expresar con claridad el hecho o la omisión, el derecho violado o amenazado, el nombre del servidor u órgano y las pruebas §guía, p. 23.

Si considera que la ley misma infringe la Constitución, existe la acción de inconstitucionalidad §guía, p. 24.

Para presentarla necesita un asunto pendiente ante los tribunales o en el procedimiento administrativo donde invoque esa inconstitucionalidad §guía, p. 24.

Si el problema es el mal funcionamiento de una institución pública, puede presentar una queja ante la Defensoría de los Habitantes §guía, p. 71.

Cualquier persona que habite en Costa Rica puede presentar esa queja si fue maltratada en sus derechos por una institución pública o sus funcionarios §guía, p. 71.

Si sospecha un manejo irregular de recursos públicos, puede denunciar ante la Contraloría General de la República §guía, p. 68.

La denuncia se presenta en la Plataforma de Servicios o el Área de Denuncias e Investigaciones, en Sabana Sur §guía, p. 68. También por teléfono al 2501-8000 o al 2501-8025.

Lo que no sabemos

El dossier no dice cuándo se publicó la Ley 10489 en el diario oficial, solo la fecha del texto.

El dossier no explica por qué el texto final fija 36 meses y la grabación de 2021 habla de 48.

El dossier no dice cuántas personas están cubiertas por la suspensión.