Nueva ley abarata trámites migratorios a trabajadores agrícolas de cosecha

Qué cambia

La Ley 10493 reforma tres artículos de la Ley General de Migración y Extranjería y crea un artículo nuevo y un transitorio (art. 1). Rige desde su publicación, el 5 de junio de 2024 (art. Transitorio).

El primer cambio toca el penúltimo párrafo del artículo 33. Quedan exentos del pago migratorio los menores de edad, las personas refugiadas, asiladas y apátridas, las personas mayores de edad con discapacidad, los trabajadores transfronterizos, las personas indígenas transfronterizas y los turistas (art. 1).

Para los trabajadores del sector agrícola que hacen cosechas temporales de nueve meses o menos, el costo de esos pagos baja hasta un 50% (art. 1).

El segundo cambio reforma el primer párrafo del artículo 241. El Fondo Social Migratorio se financia con el pago migratorio del artículo 33 y con transferencias del presupuesto nacional para compensar la rebaja a los trabajadores agrícolas (art. 2). El Fondo se administra por un fideicomiso operativo, con la Tesorería Nacional en la caja única del Estado.

El tercer cambio reforma el artículo 253. Por emitir cualquier documento que acredite la permanencia legal de una persona extranjera, o su duplicado, se pagan treinta dólares estadounidenses o su equivalente en colones al tipo de cambio de referencia "venta" del Banco Central de Costa Rica (art. 3). Los trabajadores agrícolas de cosecha temporal de nueve meses o menos pagan hasta un 50% menos.

El artículo 4 ordena al Ministerio de Hacienda incluir los recursos necesarios si la rebaja afecta los servicios de integración social del Fondo Social Migratorio en migración, salud, educación, seguridad y justicia (art. 4). La Dirección General de Migración y Extranjería debe informar mensualmente a Hacienda los recursos dejados de percibir y los egresos afectados.

El transitorio obliga a Hacienda a hacer los ajustes presupuestarios en el próximo presupuesto ordinario y extraordinario, y en los siguientes, para equilibrar el Fondo Social Migratorio (art. Transitorio).

A quién le toca

A las personas extranjeras menores de edad: no pagan el pago migratorio (art. 1).

A las personas refugiadas, asiladas y apátridas: quedan exentas del pago (art. 1).

A las personas mayores de edad con discapacidad: quedan exentas del pago (art. 1).

A los trabajadores transfronterizos y a las personas indígenas transfronterizas: quedan exentos del pago (art. 1).

A los turistas: quedan exentos del pago (art. 1).

A los trabajadores del sector agrícola que hacen cosechas temporales de nueve meses o menos: pagan hasta un 50% menos en el pago migratorio y en la emisión de documentos de permanencia legal (art. 1) (art. 3).

A cualquier persona extranjera que tramite un documento de permanencia legal o su duplicado: paga treinta dólares o su equivalente en colones (art. 3).

Al Ministerio de Hacienda: debe cubrir con presupuesto los recursos que deje de percibir el Fondo Social Migratorio (art. 4).

A la Dirección General de Migración y Extranjería: debe informar mensualmente a Hacienda los recursos dejados de percibir (art. 4).

Cómo está hoy según SINALEVI

La Ley 10493 está vigente, en su versión 1 de 1, sin observaciones de la Procuraduría General de la República 2.

La Ley 8764, que esta ley reforma, también está vigente 3. El texto consolidado que muestra SINALEVI es el que resulta de la reforma, y no aparece una versión anterior distinta en el dossier.

Frente a la Constitución

El Censo no encontró un choque directo entre la Ley 10493 y los artículos de la Constitución incluidos en el dossier.

El artículo 2 de la ley dice que el Fondo Social Migratorio se administra con un fideicomiso operativo, según los artículos 185 de la Constitución Política y 66 de la Ley 8131 (art. 2). El artículo 176 de la Constitución ordena que la gestión pública sea sostenible, transparente y responsable, con presupuestación plurianual §Constitución, art. 176. La reforma encaja con ese mandato porque ordena a Hacienda ajustar el presupuesto para compensar la rebaja (art. 4).

El artículo 50 de la Constitución dice que el Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país §Constitución, art. 50. La exención y la rebaja de pagos migratorios a grupos específicos van en esa dirección, aunque el dossier no permite medir el efecto.

El artículo 121, inciso 1, de la Constitución da a la Asamblea Legislativa la potestad de dictar y reformar las leyes §Constitución, art. 121. La Ley 10493 es una reforma legal aprobada por la Asamblea, así que calza con esa atribución.

Qué puede hacer usted

Si un acto concreto de Migración le cobra un monto que la ley exime o rebaja, puede presentar un recurso de amparo. Cualquier persona puede interponerlo contra el servidor o el órgano que causa el agravio §guía, p. 22.

El amparo se puede presentar en cualquier tiempo mientras subsista la violación, y hasta dos meses después de que cesen sus efectos §guía, p. 22.

En el escrito debe expresar con claridad el hecho, el derecho violado, el nombre del servidor u órgano y las pruebas §guía, p. 23.

Si cree que la ley misma tiene un problema de constitucionalidad, existe la acción de inconstitucionalidad contra leyes y otras disposiciones generales §guía, p. 24.

Si el problema es el manejo de los fondos públicos del Fondo Social Migratorio, puede denunciar ante la Contraloría General de la República, que fiscaliza el uso de los fondos públicos §guía, p. 68.

Si una institución pública le brinda un mal servicio relacionado con esta ley, puede presentar una queja ante la Defensoría de los Habitantes §guía, p. 71.

Si quiere cambiar la ley, puede proponer una reforma por iniciativa popular. El proyecto se tramita por los procedimientos legislativos ordinarios y debe votarse en un plazo máximo de dos años §guía, p. 26.

Lo que no sabemos

El dossier no dice cuánto es el pago migratorio del artículo 33 antes de la rebaja.

El dossier no indica cuántas personas se beneficiarán con la exención o la rebaja.

El dossier no incluye grabaciones de la Asamblea sobre este expediente.