Cañas puede usar ¢40 millones del aeropuerto en reparar la iglesia

Qué cambia

La Municipalidad de Cañas queda autorizada a usar cuarenta millones de colones (¢40 000 000,00) en reparar y mantener el Templo Parroquial Patriarca San José del centro de Cañas, Guanacaste (art. único).

Esa plata viene del superávit del presupuesto ordinario 2023. Es decir, de lo que sobró ese año (art. único).

El dinero sale de la partida del ingreso por impuesto de salida del Aeropuerto Daniel Oduber Quirós (art. único).

Ese impuesto lo regula la Ley 9156, que reformó los artículos 1 y 2 de la Ley 8316 (art. único). La Ley 8316 fija un impuesto único de veintisiete dólares (US$27,00) por salir del país por cualquier aeropuerto internacional 2.

La ley rige desde su publicación, el primero de octubre de 2024, en La Gaceta 182 (art. único).

A quién le toca

A la Municipalidad de Cañas: es la única institución a la que la ley autoriza a gastar la plata (art. único).

Al Templo Parroquial Patriarca San José del centro de Cañas: es el único destino que la ley permite para esos cuarenta millones (art. único).

A las personas que pagan el impuesto de salida en el Aeropuerto Daniel Oduber Quirós: su pago alimenta la partida de donde sale el dinero (art. único).

Cómo está hoy según SINALEVI

La ley está vigente. SINALEVI registra una sola versión de la norma y no le pone observaciones 3.

El texto que muestra SINALEVI es el mismo que aprobó la Asamblea: un artículo único que autoriza los cuarenta millones para el templo 3.

Frente a la Constitución

El artículo 169 dice que la administración de los intereses y servicios locales de cada cantón está a cargo del Gobierno Municipal §Constitución, art. 169. La ley le ordena a ese gobierno municipal en qué gastar parte de su superávit, así que encaja con esa competencia (art. único).

El artículo 170 dice que las corporaciones municipales son autónomas §Constitución, art. 170. La ley no le quita a Cañas la plata: se la autoriza a usarla en un destino específico (art. único).

El artículo 175 dice que las municipalidades dictan sus presupuestos y que la Contraloría General los aprueba y fiscaliza su ejecución §Constitución, art. 175. La ley toca plata que ya estaba en un presupuesto aprobado, y el dossier no dice si la Contraloría revisó este traslado.

El artículo 89 pone entre los fines culturales de la República conservar y desarrollar el patrimonio histórico y artístico de la Nación §Constitución, art. 89. El texto no declara el templo patrimonio, así que el Censo no encontró en el dossier esa justificación.

El Censo no encontró un choque claro entre esta ley y los artículos revisados. Queda una duda sobre el control de la Contraloría, porque el dossier no muestra su criterio §Constitución, art. 175.

Qué puede hacer usted

Si vive en Cañas y quiere ver en qué se gastó la plata, pida la información a la Municipalidad. La Contraloría General fiscaliza el uso de fondos públicos de las municipalidades y recibe denuncias §guía, p. 68.

Puede denunciar ante la Contraloría si sospecha un manejo irregular de esos recursos. Se presenta en la Plataforma de Servicios o el Área de Denuncias e Investigaciones, en Sabana Sur §guía, p. 68. También por teléfono al 2501-8000 o al 2501-8025, o por correo a contraloria.general@cgrcr.go.cr.

Puede acudir a la Defensoría de los Habitantes si una institución pública le falla en un servicio. La Defensoría protege los derechos e intereses de quienes habitan en Costa Rica §guía, p. 71.

Si un acto concreto de la Municipalidad viola un derecho suyo, cabe un recurso de amparo. Cualquier persona puede presentarlo, y se plantea contra el servidor o titular del órgano que aparece como autor del agravio §guía, p. 22.

Si considera que la ley misma choca con la Constitución, existe la acción de inconstitucionalidad contra leyes y otras disposiciones generales §guía, p. 24.

Lo que no sabemos

El dossier no dice cuánto cuesta en total la reparación del templo ni si los cuarenta millones alcanzan.

El dossier no dice si la Contraloría General revisó o aprobó el uso de ese superávit.

El dossier no dice cuándo empiezan las obras ni quién las ejecuta.