IMAS debe avisar a beneficiarios que pueden llevar curso de finanzas

Qué cambia

La ley 10555 reformó el artículo 8 de la Ley 4760, la ley que creó el IMAS en 1971 (art. único). El cambio tiene tres partes.

Primero, se mantiene la obligación de antes: toda persona que recibe un plan de ayuda debe participar en por lo menos un programa de estímulo (art. 8). Los dependientes directos de quienes están en esos programas pueden acogerse a los planes de ayuda del IMAS.

Segundo, la parte nueva. Toda persona favorecida con un plan de ayuda, y sus dependientes directos, "podrán participar en un programa de educación financiera" (art. 8). El IMAS puede hacer el programa por esfuerzo propio o referir a la persona a una institución pública o privada.

Tercero, la obligación de avisar. El texto dice: "Dichos beneficiarios serán informados, por la institución, de esta posibilidad" (art. 8). Es decir, el IMAS tiene que decirle a la gente que ese curso existe.

El texto también ordena un trato preferencial. "En el caso de las instituciones públicas, las personas en situación de pobreza referidas por el IMAS para participar en un programa de educación financiera serán atendidas de forma preferencial" (art. 8).

La ley rige desde su publicación, el 20 de noviembre de 2024 (art. único). La ficha de la Asamblea confirma esa fecha y la Gaceta 218 1.

A quién le toca

A las personas que reciben cualquier plan de ayuda del IMAS. El texto las llama "toda persona favorecida con cualquier plan de ayuda" (art. 8).

A los dependientes directos de esas personas. El texto los incluye en la posibilidad de llevar el curso de educación financiera (art. 8).

A los dependientes directos de quienes están en los programas de estímulo del IMAS. El texto les permite acogerse a los planes de ayuda (art. 8).

Al IMAS. La institución tiene que informar a los beneficiarios de que pueden llevar el curso (art. 8).

A las instituciones públicas que reciban personas referidas por el IMAS. Deben atender de forma preferencial a quienes están en situación de pobreza (art. 8).

Lo que se dijo en la Asamblea

La comisión de Asuntos Sociales recibió a Josué Rodríguez Salas, director general de Siru Financiero, para hablar del expediente 23516 00:00:10.

Rodríguez recomendó un sistema de incentivos y penalidades. Dijo: "sí recomiendo que haya un sistema de incentivos y penalidades eh bien diseñado y bien establecido para que estas poblaciones tengan eh algún beneficio si aplican y alguna consecuencia si no" 00:00:44.

La diputada Olga Morera dijo que es vital que el IMAS ayude con educación y cultura financiera a los beneficiarios de sus programas 00:01:05. Propuso alianzas con el MEIC y el INA para definir un módulo sobre cultura financiera 00:01:16.

Morera también mencionó otro proyecto, el 23.379, sobre una tasa de mejora para el cobro judicial. Según ella, ese porcentaje se destinaría a educación financiera en los cantones con mayor endeudamiento 00:02:11.

La grabación V2 no trata este tema. Es una sesión plenaria de la Asamblea Legislativa de El Salvador sobre la tormenta tropical Julia 00:02:32.

Cómo está hoy según SINALEVI

La ley está vigente. SINALEVI muestra una sola versión de la norma y no tiene observaciones 4.

El texto del artículo 8 que publica SINALEVI coincide con el texto aprobado. SINALEVI lo marca así: "Así reformado por el artículo único de la Ley de Promoción de la educación financiera de las familias beneficiarias de las políticas de asistencia social, desarrolladas por el Instituto Mixto de Ayuda Social, N° 10555 del 6 de noviembre del 2024" 5.

Frente a la Constitución

El Censo no encontró un choque directo entre esta ley y los artículos de la Constitución que están en el dossier.

La ley reforma otra ley mediante el trámite ordinario. La Constitución da a la Asamblea la potestad de "Dictar las leyes, reformarlas, derogarlas, y darles interpretación auténtica" §Constitución, art. 121. El artículo único de la ley 10555 hace exactamente eso con el artículo 8 de la Ley 4760 (art. único).

El artículo 50 dice que "El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país" §Constitución, art. 50. Un programa de educación financiera para familias pobres puede leerse dentro de ese fin. El texto no obliga a nadie a tomar el curso: dice que "podrán participar" (art. 8).

Hay una duda sobre el trato preferencial. El artículo 8 ordena atender primero a "las personas en situación de pobreza referidas por el IMAS" (art. 8). La Constitución no tiene en el dossier un artículo que prohíba ese trato. El Censo no puede afirmar que exista un choque.

Qué puede hacer usted

Si el IMAS no le avisa del curso, puede pedir la información por escrito. La ley obliga a la institución a informarle (art. 8).

Si un acto concreto del IMAS le viola un derecho, puede presentar un recurso de amparo. Cualquier persona puede interponerlo, según el artículo 33 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional §guía, p. 22. Se plantea contra el servidor o titular del órgano que aparece como autor del agravio.

El amparo se puede presentar en cualquier tiempo mientras subsista la violación, y hasta dos meses después de que cesen sus efectos §guía, p. 22. No requiere autenticación y puede plantearse por memorial, telegrama u otro medio escrito §guía, p. 23.

Si cree que la ley misma choca con la Constitución, existe la acción de inconstitucionalidad. Procede contra leyes y otras disposiciones generales que infrinjan alguna norma o principio constitucional §guía, p. 24. Necesita un asunto pendiente ante los tribunales o en la vía administrativa, salvo cuando se defiendan intereses difusos.

Si el problema es el mal funcionamiento del IMAS, puede presentar una queja ante la Defensoría de los Habitantes. Cualquier persona que habite en Costa Rica puede hacerlo §guía, p. 71.

Si sospecha un manejo irregular de fondos públicos en el programa, puede denunciar ante la Contraloría General de la República. Se puede hacer en persona en Sabana Sur, por teléfono al 2501-8000 o al 2501-8025, o por el portal institucional §guía, p. 68.

Lo que no sabemos

El dossier no dice cuánto dinero cuesta el programa de educación financiera ni de dónde sale.

El dossier no dice cuándo empieza a funcionar el programa ni cuántas personas lo han tomado.

El dossier no dice qué pasa si el IMAS no informa a un beneficiario.

El dossier no incluye el texto del proyecto 23.379 que mencionó la diputada Morera.