Hacienda devuelve el IVA de útiles y equipo a hogares pobres

Qué cambia

La ley 10579 crea un sistema para que el Ministerio de Hacienda devuelva el impuesto al valor agregado (IVA) que pagan los hogares en condición de pobreza al comprar útiles escolares y equipo tecnológico (art. único). La ley se publicó el 3 de diciembre de 2024 y rige desde ese día 1.

El artículo único agrega un artículo 11 bis a la Ley 6826, Ley del Impuesto al Valor Agregado (art. único). Ese artículo 11 bis tiene cinco incisos numerados. El inciso 1 dice que Hacienda "dispondrá de un sistema para la devolución del impuesto al valor agregado pagado por los hogares que se encuentren en condición de pobreza, de acuerdo con la clasificación socioeconómica emitida por el Sinirube".

Los bienes que cubre la devolución están en tres subincisos del inciso 1. El subinciso a) cubre "Materiales escolares y uniformes, según lo establecido en el Reglamento de Uniforme Oficial, Decreto Ejecutivo N.° 28557-MEP, del 15 de febrero de 2000 y sus reformas, o el que se encuentre vigente, así como los utilizados por instituciones de enseñanza de naturaleza privada o semioficiales" (art. único).

El subinciso b) cubre "Una computadora o una tableta, adquirida en beneficio de cada estudiante matriculado en un centro de enseñanza primaria o secundaria, cuyo precio no supere un salario base fijado conforme al artículo 2 de la Ley 7337, del 5 de mayo de 1993" (art. único). El subinciso c) cubre "Un celular adquirido en beneficio de cada estudiante matriculado en un centro de enseñanza primaria o secundaria, cuyo precio no supere medio salario base fijado conforme al artículo 2 de la Ley 7337, del 5 de mayo de 1993".

El mismo inciso 1 aclara el alcance: "Esta devolución será aplicable para todos los bienes descritos en el subinciso a). En el caso de los bienes indicados en los subincisos b) y c), solo uno de ellos podrá recibir devolución por curso lectivo" (art. único).

El inciso 2 limita el beneficio: "Tendrán derecho a esta devolución únicamente las personas en condición de pobreza, de acuerdo con la clasificación socioeconómica del Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (Sinirube)" (art. único). También ordena que Hacienda y el Sinirube firmen un convenio de cooperación para definir el acceso a la información y la carga del beneficio.

El inciso 3 pide el comprobante electrónico con los datos del beneficiario. La Administración Tributaria revisa que la cédula registrada en la factura esté vinculada a un hogar en pobreza según el Sinirube, y que los bienes correspondan a los del inciso 1 usando el código CABYS (art. único).

El inciso 4 fija la forma de pago: "El Ministerio de Hacienda devolverá mensualmente, a los hogares definidos en este artículo, el impuesto al valor agregado pagado sobre los bienes detallados en el inciso 1) de este artículo, a través del Sistema Único de Pago de Recurso Social, bajo la modalidad de pago electrónico a cuentas del sistema financiero" (art. único).

El inciso 5 ordena al IMAS y a Hacienda cobrar de vuelta el dinero a quien reciba el beneficio sin cumplir los requisitos. Pueden fijar montos de incobrabilidad en sede administrativa y judicial (art. único).

El transitorio único da tres meses al Poder Ejecutivo para hacer el reglamento, contados desde la publicación de la ley (art. único).

A quién le toca

A los hogares en condición de pobreza según la clasificación del Sinirube. Solo ellos tienen derecho a la devolución (art. único).

A las personas que compren materiales escolares y uniformes para un estudiante. El subinciso a) cubre esos bienes, incluso los usados en instituciones privadas o semioficiales (art. único).

A las familias con un estudiante matriculado en primaria o secundaria que compren una computadora o tableta, o un celular. Solo uno de los dos aparatos recibe devolución por curso lectivo, y cada uno tiene un tope de precio ligado al salario base de la Ley 7337 (art. único).

Al Ministerio de Hacienda, que debe montar el sistema y pagar cada mes (art. único). Al Sinirube, que aporta la clasificación socioeconómica. Al IMAS, que junto con Hacienda debe cobrar los montos girados sin derecho.

Lo que se dijo en la Asamblea

El expediente 23327 se discutió en segundo debate el 15 de octubre de 2024. La votación terminó con "42 votos a favor Cero en contra aprobado" 02:33:20.

El diputado presidente defendió el proyecto: "me alegra mucho que por fin podamos llegar a la discusión de este proyecto de ley que claramente traerá un beneficio bastante significativo para aquellas familias de los quintiles con más dificultad" 02:33:50.

Sobre el trámite, dijo: "las familias que forman parte de ceru cuando vayan y compren sus útiles escolares o un aparato tecnológico llámese una tablet una computadora o hasta un celular y pidan la factura electrónica a su nombre casi que inmediatamente en un lapso menor a una semana el Ministerio de hacienda en conjunto con el sistema ceru podrá devolverle a es esta familia el monto Que pagó" 02:34:58. El plazo de una semana es lo que dijo el diputado; el texto de la ley dice "mensualmente" (art. único).

El mismo diputado dijo que la intención inicial de su fracción era otro alcance: "nuestra intención inicial fue que llegue al 100% de los costarricenses" 02:36:27.

El diputado Jonathan Acuña Soto habló del mecanismo como prueba: "este mecanismo que se establece en específico para útiles escolares va a ser una especie de puesta puesta en ejecución de un plan Pilot" 02:48:30. Y explicó por qué prefiere devolución y no exoneración: "al dar la exoneración se beneficia a todo mundo incluyendo aquellos que tienen ingresos muy altos pero al dar la devolución no se beneficia aquellos que tienen ingresos muy altos" 02:49:18.

Cómo está hoy según SINALEVI

La ley está vigente. SINALEVI registra la "Versión de la norma: 1 de 1" y no anota observaciones de la Procuraduría 3.

El texto que publica SINALEVI de la Ley 6826 coincide con el aprobado: el artículo 11 bis conserva los cinco incisos y los subincisos a), b) y c) con el mismo contenido 4. No hay una versión distinta que aplicar.

Frente a la Constitución

El Censo no encontró un choque directo entre esta ley y los artículos de la Constitución que están en el dossier. La ley usa datos del Sinirube para decidir quién recibe el beneficio, y eso toca el derecho a la intimidad del artículo 24, que protege "los documentos privados y las comunicaciones escritas, orales o de cualquier otro tipo de los habitantes de la República" §Constitución, art. 24. El inciso 2 ordena un convenio entre Hacienda y el Sinirube para fijar "las condiciones de acceso a dicha información" (art. único), y el inciso 3 pide revisar la cédula del comprador contra la base del Sinirube. Esa revisión de datos personales para un beneficio social podría generar dudas, pero la Constitución permite que la ley fije casos de revisión de documentos cuando sea indispensable.

El artículo 50 manda que "El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza" §Constitución, art. 50. Devolver el IVA a hogares pobres va en esa dirección (art. único).

El artículo 18 dice que los costarricenses deben "contribuir para los gastos públicos" §Constitución, art. 18. La ley no exime del IVA a nadie: lo cobra y luego lo devuelve a un grupo (art. único).

Qué puede hacer usted

Si un pago de devolución no llega o llega mal, puede presentar un recurso de amparo. La guía explica que procede "contra toda disposición, acuerdo o resolución y, en general, contra toda acción, omisión o simple actuación material no fundada en un acto administrativo eficaz, de los servidores y órganos públicos, que haya violado, viole o amenace violar" un derecho fundamental §guía, p. 22. Cualquier persona puede interponerlo.

Paso a paso del amparo: escriba el hecho o la omisión, el derecho violado, el nombre del servidor u órgano y las pruebas. No hace falta citar la norma constitucional §guía, p. 23. Puede presentarlo "por memorial, telegrama u otro medio de comunicación que se manifieste por escrito".

Si cree que la ley misma tiene un problema de fondo, existe la acción de inconstitucionalidad. Procede "contra las leyes y otras disposiciones generales, incluso las originadas en actos de sujetos privados, que infrinjan, por acción u omisión, alguna norma o principio constitucional" §guía, p. 24.

Si el problema es el mal funcionamiento de Hacienda o del IMAS al aplicar la devolución, puede quejarse ante la Defensoría de los Habitantes. Atiende "todos aquellos que estén relacionados con el mal funcionamiento de los servicios que brindan las instituciones públicas" §guía, p. 71. Cualquier persona que habite en Costa Rica puede presentar la queja.

Si sospecha un mal manejo de los fondos de la devolución, puede denunciar ante la Contraloría General de la República. La denuncia se presenta en la Plataforma de Servicios en Sabana Sur, por teléfono al 2501-8000 o al 2501-8025, por el portal de Denuncia Electrónica o al correo contraloria.general@cgrcr.go.cr §guía, p. 68.

Lo que no sabemos

El dossier no dice cuánto dinero se ha devuelto desde que rige la ley.

El dossier no dice si el Poder Ejecutivo publicó el reglamento dentro de los tres meses del transitorio único.

El dossier no da el monto en colones del salario base de la Ley 7337 que fija el tope de precio de la computadora, tableta o celular.

El dossier no dice cuántos hogares están clasificados en pobreza por el Sinirube para este beneficio.