Municipalidad podrá cambiar el uso de aceras y callejones peatonales

Qué cambia

La ley 10582 agrega un párrafo nuevo al artículo 5 de la Ley de Construcciones. Ese párrafo permite que la misma autoridad administrativa del artículo 4, la que acordó el destino de una vía, modifique el uso de las alamedas (art. 1).

Las alamedas son vías públicas peatonales que nacieron de un proceso de urbanización (art. 1). La autoridad podrá cambiar su destino o uso público solo si hay un interés público prevalente que lo justifique.

El cambio tiene cuatro condiciones. Debe garantizar el acceso peatonal. Debe cuidar la seguridad de los peatones. Debe prohibir el estacionamiento. Debe dejar una circulación de tránsito restringida (art. 1).

Además, la mutación del destino debe cumplir con los requerimientos técnicos vigentes (art. 1).

La ley aclara un límite: esta autorización no comprende la desafectación del bien (art. 1). Es decir, la vía sigue siendo pública.

El primer párrafo del artículo 5 no cambia. Las vías públicas siguen siendo inalienables e imprescriptibles. Sobre ellas no se puede constituir hipoteca, embargo, uso, usufructo ni servidumbre en beneficio de una persona determinada (art. 1).

El tercer párrafo tampoco cambia. Los derechos de tránsito, iluminación y aereación, vista, acceso, derrames y otros semejantes se rigen solo por las leyes y los reglamentos administrativos (art. 1).

La ley se publicó el 3 de diciembre de 2024 en La Gaceta 227, alcance 195 1. No indica fecha de rige. Por eso empieza a regir diez días después de su publicación, según el artículo 129 de la Constitución 2.

A quién le toca

A las personas que viven en urbanizaciones con alamedas peatonales. Su paso por esas vías queda protegido como condición del cambio de uso (art. 1).

A la autoridad administrativa señalada en el artículo 4 de la Ley de Construcciones. Esa autoridad gana la potestad de modificar el uso de las alamedas (art. 1).

A las municipalidades. La Ley de Construcciones pone en ellas el deber de que las ciudades tengan condiciones de seguridad, salubridad, comodidad y belleza en sus vías públicas 3.

A los peatones en general. El texto exige garantizar el acceso peatonal y la seguridad de los peatones cuando se cambie el uso de una alameda (art. 1).

Cómo está hoy según SINALEVI

La ley 10582 está vigente. SINALEVI muestra una sola versión de la norma 2.

El texto vigente del artículo 5 es igual al aprobado por la Asamblea, salvo por el formato. SINALEVI lo presenta como un solo bloque de texto corrido 2. El texto aprobado lo presenta con el título "Artículo 5- Derecho" y con los párrafos separados (art. 1).

La Ley 833, Ley de Construcciones, también está vigente. Su artículo 5 aparece reformado por el artículo 1 de la ley 10582 del 4 de noviembre de 2024 3.

La Procuraduría General de la República anota que la ley no indica fecha de rige. Por eso aplica el plazo de diez días del artículo 129 de la Constitución 2.

Frente a la Constitución

El Censo no encontró un choque directo entre el texto y los artículos de la Constitución que están en el dossier.

El artículo 129 dice que las leyes son obligatorias desde el día que ellas designen. A falta de ese requisito, diez días después de su publicación en el Diario Oficial §Constitución, art. 129. La ley 10582 no fija fecha, así que aplica ese plazo 2.

El artículo 124 exige dos debates en días distintos no consecutivos, aprobación de la Asamblea, sanción del Poder Ejecutivo y publicación en La Gaceta §Constitución, art. 124. El texto aprobado muestra la aprobación en comisión plena el 16 de octubre de 2024 y en la Asamblea el 17 de octubre de 2024 (art. 1).

El artículo 105 reserva la potestad de legislar al pueblo, que la delega en la Asamblea por medio del sufragio §Constitución, art. 105. La ley 10582 salió de la Asamblea por el trámite ordinario 1.

El artículo 41 garantiza que todos encuentren reparación para las injurias o daños en su persona, propiedad o intereses morales §Constitución, art. 41. Una persona que se sienta afectada por un cambio de uso de una alameda podría invocar esa vía, pero el texto no lo dice.

El artículo 50 reconoce el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado §Constitución, art. 50. El texto no menciona ambiente ni árboles, así que no hay punto de comparación directo.

Qué puede hacer usted

Si una municipalidad o autoridad administrativa quiere cambiar el uso de una alameda cerca de su casa, puede revisar el acuerdo. La guía explica que el recurso de amparo procede contra toda disposición, acuerdo o resolución de servidores y órganos públicos que viole o amenace violar un derecho fundamental §guía, p. 22.

El amparo lo puede interponer cualquier persona §guía, p. 22. Se plantea contra el servidor o titular del órgano que aparece como presunto autor del agravio.

El recurso se puede presentar en cualquier tiempo mientras subsista la violación. También hasta dos meses después de que hayan cesado sus efectos directos §guía, p. 22.

En el escrito debe expresar con claridad el hecho o la omisión, el derecho violado o amenazado, el nombre del servidor u órgano y las pruebas §guía, p. 23. No hace falta citar la norma constitucional infringida.

Si lo que quiere es atacar la ley misma, existe la acción de inconstitucionalidad. Procede contra leyes y otras disposiciones generales que infrinjan alguna norma o principio constitucional §guía, p. 24.

La acción requiere un asunto pendiente ante los tribunales o en el procedimiento administrativo. No hace falta cuando se defienden intereses difusos o colectivos §guía, p. 24.

También puede denunciar ante la Contraloría General de la República si sospecha un manejo irregular de recursos públicos. La Contraloría revisa presupuestos y contratos de municipalidades e instituciones autónomas §guía, p. 68.

Las denuncias se presentan en la Plataforma de Servicios en Sabana Sur, por teléfono al 2501-8000 o al 2501-8025, por el portal institucional o por correo a contraloria.general@cgrcr.go.cr §guía, p. 68.

Puede acudir a la Defensoría de los Habitantes si una institución pública le falla en un servicio. La Defensoría protege los derechos e intereses de todas las personas que habitan en Costa Rica §guía, p. 71.

Cualquier persona que haya sido maltratada en sus derechos por el mal funcionamiento de una institución pública puede presentar una queja §guía, p. 71.

Si quiere cambiar la ley, existe la iniciativa popular. El proyecto debe tramitarse por los procedimientos legislativos ordinarios y votarse en un plazo máximo de dos años §guía, p. 26.

La Oficina de Iniciativa Popular de la Asamblea brinda asesoramiento técnico gratuito para redactar los proyectos §guía, p. 26.

Lo que no sabemos

El dossier no dice cuál es la autoridad administrativa exacta del artículo 4 de la Ley de Construcciones.

El dossier no explica qué se entiende por "interés público prevalente".

El dossier no incluye grabaciones de la Asamblea sobre este expediente.

El dossier no dice cuántas alamedas existen en el país ni en qué cantones.