Municipalidades podrán construir acueductos y el AyA les pagará vía tarifa

Qué cambia

La ley agrega un inciso k) al artículo 2 de la Ley 2726, la ley que creó el AyA (art. único). Ese inciso autoriza al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados a firmar convenios con las municipalidades. El objetivo es construir, ampliar y rehabilitar obras de agua potable y alcantarillado en zonas donde el AyA no tiene cobertura. También aplica donde el AyA tiene cobertura pero no puede dar el servicio por limitaciones constructivas del sistema, siempre que haya agua disponible técnicamente.

Antes de construir, la municipalidad debe presentar los estudios previos y los planos al AyA (art. único). El AyA los aprueba en sus aspectos técnicos y de diseño. Esa aprobación asegura que la obra se pueda incorporar a los sistemas que el AyA ya opera, según el inciso b).

Las municipalidades pueden hacer los planos por sí mismas o contratar a terceros (art. único).

Cuando el AyA recibe la obra a satisfacción, la incorpora a la tarifa del servicio (art. único). Ese rubro sirve para pagar íntegramente a la municipalidad por la obra aprobada. También cubre el costo de las expropiaciones y servidumbres necesarias. La obra y los terrenos pasan al patrimonio del AyA. La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) debe aprobar el modelo tarifario para ese pago.

El transitorio único da seis meses al AyA desde la entrada en vigencia para reglamentar tres cosas (art. transitorio único). Primero, los términos y condiciones del pago y cancelación efectiva de las obras (art. único). Segundo, el procedimiento para formular, aprobar y supervisar proyectos. Tercero, el traslado registral de terrenos y servidumbres a favor del AyA.

La ley rige desde su publicación, el 3 de diciembre de 2024, en La Gaceta 227, alcance 195 1.

A quién le toca

A las municipalidades que quieran construir obras de acueducto y alcantarillado en su cantón (art. único). Ellas firman el convenio con el AyA, elaboran o encargan los planos y construyen la obra.

Al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Le toca aprobar los estudios y planos, recibir la obra y reglamentar el pago en seis meses (art. único).

A la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, que debe aprobar el modelo tarifario para pagar la obra (art. único).

A los usuarios del servicio de agua. El pago de la obra se incorpora a la tarifa del servicio (art. único).

Cómo está hoy según SINALEVI

La ley está vigente y SINALEVI registra una sola versión de la norma 2.

La Procuraduría General de la República anota una corrección. Mediante Fe de Erratas publicada en La Gaceta N° 232 del 10 de diciembre de 2024, se incorporó el párrafo del Dado de la Presidencia de la ley 2.

El texto del transitorio único también cambió entre lo aprobado y lo que muestra SINALEVI. La versión aprobada dice: "En el plazo de seis meses a partir de la entrada en vigencia de la ley, el AyA deberá reglamentar lo relativo a los términos y las condiciones bajo las cuales se procederá al pago y cancelación efectiva de las obras que lleven a cabo las corporaciones municipales, así como el procedimiento para la formulación, aprobación y supervisión de proyectos y el traslado registral de los terrenos y servidumbres a favor del AyA" (art. transitorio único). La versión vigente en SINALEVI dice lo mismo, pero escribe "traslado registra!" en lugar de "traslado registral" y agrega al final "Rige a partir de su publicación" 2.

Lo que se dijo en la Asamblea

El expediente 23607 aparece mencionado en la sesión ordinaria #67 del 22 de octubre de 2024, cuando se lee la lista de proyectos en trámite 00:43:42.

En esa misma sesión, el proyecto se sometió a segundo debate. La presidenta del plenario anunció: "expediente 23607 ley para permitir a la municipalidad la construcción de obra de acuaducto y alcantarillados se inicia su trámite en segundo debate" 02:04:59.

La votación terminó con "44 votos a favor Cero en contra aprobado" 02:07:23.

En la sesión extraordinaria #22 del 14 de octubre de 2024, el proyecto pasó por primer debate. El anuncio fue: "expediente 23 67 ley para permitir a las municipalidades la construcción de obras acuaducto y alcantarillados continúa la discusión y su trámite en primer debate" 03:50:22. La votación dio "50 votos a favor Cero en contra aprobado" 03:52:49.

Ninguna de las grabaciones incluye una explicación de fondo del proyecto por parte de quien lo defendió. Las demás intervenciones de esas sesiones tratan otros expedientes.

Frente a la Constitución

El artículo 50 de la Constitución dice que "Toda persona tiene el derecho humano, básico e irrenunciable de acceso al agua potable, como bien esencial para la vida" §Constitución, art. 50. La ley busca ampliar ese acceso en zonas sin cobertura del AyA (art. único). El Censo no encontró choque entre ese objetivo y el texto constitucional.

El artículo 45 protege la propiedad y exige indemnización previa cuando alguien se ve privado de ella por interés público §Constitución, art. 45. La ley ordena pagar a la municipalidad el costo de las expropiaciones y servidumbres (art. único). También traslada terrenos al patrimonio del AyA. Queda una duda: el texto no detalla cómo se fija el monto de ese traslado ni qué pasa si la municipalidad y el AyA no se ponen de acuerdo.

El artículo 170 declara autónomas a las corporaciones municipales §Constitución, art. 170. La ley les da una tarea nueva: construir obras de agua (art. único). Esa tarea queda sujeta a la aprobación técnica del AyA y al modelo tarifario de la Aresep. El Censo no encontró un choque directo con la autonomía municipal, pero existe una duda sobre cuánto margen real le queda a la municipalidad si el AyA puede rechazar los planos.

El artículo 124 exige dos debates en días distintos no consecutivos, sanción del Poder Ejecutivo y publicación en La Gaceta §Constitución, art. 124. Las grabaciones muestran el primer debate el 14 de octubre de 2024 03:50:22 y el segundo debate el 22 de octubre de 2024 02:04:59. La ley se publicó el 3 de diciembre de 2024 1.

Qué puede hacer usted

Si un acto concreto de una municipalidad o del AyA viola un derecho suyo, puede presentar un recurso de amparo §guía, p. 22. Cualquier persona puede interponerlo, según el artículo 33 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Se plantea contra el servidor o titular del órgano que aparece como presunto autor del agravio.

El amparo se puede presentar en cualquier tiempo mientras subsista la violación §guía, p. 22. Si se trata de derechos patrimoniales, debe presentarlo dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que tuvo noticia fehaciente de la violación.

Si considera que la ley misma choca con la Constitución, existe la acción de inconstitucionalidad §guía, p. 24. Procede contra leyes y otras disposiciones generales que infrinjan alguna norma o principio constitucional. Necesita un asunto pendiente de resolver ante los tribunales o en el procedimiento para agotar la vía administrativa. No hace falta ese caso pendiente cuando se defienden intereses difusos o colectivos.

Si sospecha un manejo irregular de fondos públicos en la construcción o el pago de una obra, puede denunciar ante la Contraloría General de la República §guía, p. 68. La Contraloría revisa y aprueba presupuestos de municipalidades. Puede denunciar por teléfono al 2501-8000 o al 2501-8025, por el portal institucional o por correo a contraloria.general@cgrcr.go.cr.

Si el mal funcionamiento de un servicio público le afecta, puede presentar una queja ante la Defensoría de los Habitantes §guía, p. 71. Cualquier persona que habite en Costa Rica puede hacerlo.

Si quiere cambiar la ley, puede proponer una reforma por iniciativa popular §guía, p. 26. Necesita reunir al menos el cinco por ciento de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral §Constitución, art. 123. El Tribunal Supremo de Elecciones revisa las firmas y traslada el proyecto a la Asamblea Legislativa. La Asamblea debe votarlo en un plazo máximo de dos años.

Lo que no sabemos

El dossier no dice cuánto costará cada obra ni cuánto subirá la tarifa de agua para los usuarios.

El dossier no incluye el reglamento que el AyA debía emitir en seis meses, ni confirma si ya lo emitió.

El dossier no dice qué municipalidades han firmado convenios con el AyA bajo esta ley.

El dossier no incluye el texto completo del artículo 2 de la Ley 2726 más allá de los incisos citados.