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Ley 10623

Reforma Ley del Colegio de Profesionales en Medicina Veterinaria de Costa Rica

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Nº 10623

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA DECRETA:

REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 1, 4, 11, 12, 13, 14, 17, 21, 23 Y 24 DE LA

LEY 3455, LEY DEL COLEGIO DE PROFESIONALES EN MEDICINA

VETERINARIA, DE 14 DE NOVIEMBRE DE 1964

ARTÍCULO 1- Modifíquese el título de la Ley 3455, Ley del Colegio de Médicos Veterinarios, de 14 de noviembre de 1964, para que en su lugar se denomine: Ley del Colegio de Profesionales en Medicina Veterinaria de Costa Rica.

ARTÍCULO 2- Se reforman los artículos 1, 4, 11, 12, 13, 14, 17, 21, 23 y 24 de la Ley 3455, Ley del Colegio de Profesionales en Medicina Veterinaria, de 14 de noviembre de 1964. Los textos son los siguientes:

Artículo 1- Se crea el Colegio de Profesionales en Medicina Veterinaria de la

República de Costa Rica, como un ente público de carácter no estatal, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio. Su domicilio estará ubicado en la ciudad de Cartago, sin perjuicio de que pueda establecer sedes regionales. Se organizará con arreglo a las disposiciones de la presente ley.

Artículo 4- Sin la previa inscripción e incorporación en el Colegio, nadie podrá ejercer en el país la profesión de médico veterinario ni sus especialidades.

Artículo 11- La Asamblea General es el órgano máximo del Colegio y está compuesta por todos los miembros activos, entendidos como tales aquellos que no se encuentren suspendidos o retirados.

La Asamblea General se reunirá, de ser posible, en la sede del Colegio, o bien, de forma virtual cuando, por razones de conveniencia y oportunidad, así lo decida la propia Asamblea o la Junta Directiva. El acuerdo mediante el cual la Asamblea General decida convocar a sesión virtual deberá contar con la aprobación de la mitad más uno de los miembros presentes. Para que la Junta Directiva pueda convocar a Asamblea General de forma virtual, se requiere el voto afirmativo de, al menos, cinco directores.

En ambos casos, el acuerdo debe estar debidamente motivado, estableciendo las razones de hecho y de derecho que motivan que la sesión se celebre de forma virtual. En este último caso, podrá realizarse por cualquier medio tecnológico, en tanto se garantice la interacción integral, multidireccional y en tiempo real entre quien preside y todos aquellos que participen de la Asamblea. Deberán emplearse, además, técnicas que permitan la transmisión simultánea de audio, video y datos; de manera que, además de garantizar la publicidad, deben necesariamente respetarse los principios de simultaneidad, colegialidad y deliberación.

El cuórum requerido para iniciar una asamblea ordinaria o extraordinaria, en primera convocatoria, será la mitad más uno de los miembros activos. Si a la hora señalada para la primera convocatoria no se ha reunido el cuórum señalado, se procederá a celebrar la Asamblea en segunda convocatoria media hora después, en cuyo caso constituirán cuórum los miembros activos presentes. Una vez iniciada la Asamblea continuará con los miembros presentes.

Las asambleas ordinarias y extraordinarias requeman convocatoria, la cual se publicará una vez en La Gaceta y en un diario de circulación nacional. En la convocatoria deberá indicarse el día y las horas de la primera y la segunda convocatoria, la agenda y el sitio.

Cuando la Asamblea se vaya a realizar de forma virtual, así deberá indicarse expresamente en la convocatoria respectiva, señalando, además, la forma en que los agremiados podrán acceder y acreditarse para participar de la respectiva Asamblea General virtual.

La publicación de la convocatoria en La Gaceta deberá aparecer, por lo menos, diez días hábiles antes del señalado para la celebración de la Asamblea.

Artículo 12- A la Asamblea General le corresponde la suprema dirección del Colegio y sus atribuciones son:

a) Conocer el resultado de las elecciones ordinarias de la Junta Directiva y juramentar a las personas electas.

b) Conocer de las renuncias de sus miembros de Junta Directiva y designar a los sustitutos, en caso de aceptarlas.

c) Conocer de los informes que rinda la Junta Directiva.

d) Aprobar o revocar las disposiciones de la Junta Directiva, en caso de apelación.

e) Conocer de las quejas que se presenten contra los miembros de la Junta Directiva, previo informe preparado al efecto por la persona que ocupe el cargo de fiscal de la Junta Directiva. Previo a la presentación del informe, el fiscal, respetando el debido proceso, deberá realizar la investigación preliminar, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 6227, Ley General de la Administración Pública, de 2 de mayo de 1978. Según la gravedad de la falta cometida, la Asamblea General, por acuerdo firme de las dos terceras partes de los miembros presentes, podrá acordar sancionar a cualquiera de los miembros de la Junta Directiva mediante una amonestación escrita, la suspensión del ejercicio del cargo hasta por tres meses o la destitución.

f) Dictar y modificar los reglamentos necesarios para que el Colegio cumpla sus funciones o logre sus fines, los cuales deberán interpretar fielmente el espíritu de la presente ley.

g) Conocer los recursos que interpongan los agremiados contra las resoluciones de la Junta Directiva. La persona interesada deberá presentar la apelación de los acuerdos recurribles en la Secretaría de la Junta Directiva, por escrito y dentro de cinco días hábiles, plazo que correrá a partir de la comunicación

del acuerdo con los interesados.

h) Nombrar el Tribunal Electoral, el cual estará integrado por cinco personas colegiadas, quienes durarán en sus cargos dos años, con posibilidad de ser reelegidas. En el mismo acto se nombrarán dos suplentes, quienes serán llamados a ocupar las ausencias temporales de los miembros propietarios del Tribunal.

i) Cumplir las demás disposiciones que le señalen esta ley, el reglamento del Colegio y otras leyes.

La Asamblea General se reunirá ordinariamente en la cuarta semana del mes de noviembre de cada año y, extraordinariamente, cuando lo soliciten, a la Junta Directiva, la persona nombrada como fiscal propietario o no menos de un uno por ciento (1 %) de los miembros del Colegio.

La elección general de la Junta Directiva y Fiscalía se realizará mediante elección abierta, a celebrarse en la segunda semana de noviembre de cada año, para lo cual el Tribunal Electoral convocará según el Reglamento de Elecciones, que al efecto deberá dictar la Asamblea General.

En ese proceso podrán participar todos los miembros activos y resultará elegida la papeleta que obtenga el mayor número de votos válidos emitidos. Los votos nulos o en blanco no se sumarán a ningún grupo.

La votación podrá realizarse por medios o dispositivos electrónicos, o de manera presencial en los centros de votación que para tal propósito deban habilitarse, según lo disponga el Tribunal Electoral y su reglamento.

Las personas electas serán juramentadas por la Presidencia del Tribunal Electoral, en la Asamblea General ordinaria, e iniciarán funciones el primer día hábil del mes de enero siguiente.

Artículo 13- La Junta Directiva se compondrá de siete miembros del Colegio, que desempeñarán las funciones de presidente, vicepresidente, secretario, tesorero y tres vocales. Durarán en sus funciones dos años. Su elección se hará de acuerdo con el reglamento respectivo. Estos nombramientos deberán asegurar la representación paritaria y alternativa de ambos sexos para que, en la integración del órgano colegiado, la diferencia entre el total de hombres y mujeres no sea superior a uno.

Las personas elegidas como integrantes de la Junta Directiva durarán dos años en funciones y solo podrán ser reelegidas al mismo cargo de forma continua y únicamente por un período más.

Conjuntamente con la elección de la Junta Directiva se nombrará una persona fiscal y su suplente. El plazo de nombramiento será por dos años, pudiendo ser reelectos únicamente por un período más. Deberá respetarse la paridad de género entre la persona fiscal propietaria y su suplente. La persona designada como suplente de la persona fiscal propietaria, la sustituirá en sus ausencias temporales o definitivas.

La persona nombrada como fiscal propietaria velará por la observancia de esta ley y los reglamentos de funcionamiento del Colegio, y participará en las sesiones de Junta Directiva, comisiones o cualquier otro órgano del Colegio, con voz pero sin voto.

En el caso de renuncia, muerte o impedimento de un directivo para terminar su período de nombramiento, la Junta Directiva nombrará interinamente a una persona colegiada para que asuma la vacante y en el acto convocará a Asamblea General para nombrar a la persona colegiada que continuará en el cargo hasta finalizar el plazo de nombramiento de la persona sustituida.

Queda facultada, la Junta Directiva, para celebrar sesiones virtuales por cualquier medio tecnológico, en el tanto se garantice la interacción integral, multidireccional y en tiempo real entre los miembros del órgano y todos aquellos que participen de la sesión. Deberán emplearse técnicas que permitan la transmisión simultánea de audio, video y datos, en observancia de los principios de simultaneidad, colegialidad y deliberación. Para sesionar de forma virtual, la Junta Directiva debe acordarlo por mayoría simple de sus integrantes.

Artículo 14- Son atribuciones de la Junta Directiva:

a) Desempeñar las funciones públicas que constituyen el objeto del Colegio, en la forma que prescriben los reglamentos.

b) Nombrar y remover a los empleados del Colegio.

c) Conocer de las solicitudes de permiso de sus miembros, motivadas por enfermedad u otra razón, y proceder a nombrar interinamente al suplente respectivo, de acuerdo con lo que señale el reglamento.

d) Convocar ordinaria y extraordinariamente a la Asamblea General y, en caso de muerte, renuncia o suspensión de un miembro de la Junta Directiva o del Tribunal de Honor, para que conozca de ello y, si es del caso, nombre el sustituto.

e) Administrar los fondos del Colegio.

f) Conocer y resolver los recursos de apelación que se interpongan contra las resoluciones del Tribunal de Honor que ordene el inicio del procedimiento disciplinario, deniegue la comparecencia oral o la admisión de cualquier prueba y contra la resolución final.

g) Contestar las consultas que sean recibidas de miembros del Colegio, o autoridades u organismos administrativos o judiciales.

h) Formular el presupuesto de gastos para cada año y presentarlo para su examen y aprobación a la Asamblea General.

i) Poner en práctica esta ley, su reglamento y cualquier otra ley que le sea señalada.

j) Nombrar las comisiones y delegaciones que considere convenientes.

k) Cualesquiera otras que le asignen la ley o la Asamblea General, o aquellas que por su naturaleza le correspondan.

Artículo 17- El Colegio tendrá personería jurídica propia.

El presidente de la Junta Directiva será su representante legal, con las facultades y atribuciones que indica el artículo 1255 del Código Civil.

Artículo 21- El Tribunal de Honor, una vez realizada la investigación del caso y comprobada la infracción a la presente ley o al Código de Ética, respetando el debido proceso de la Administración Pública, podrá imponer alguna de las siguientes sanciones, atendiendo a la gravedad de la falta: a) Amonestación escrita.

b) Suspensión de una semana a tres meses.

c) Suspensión de tres a seis meses.

d) Suspensión de uno a tres años.

En los casos de los incisos b), c) y d), la sanción deberá publicarse al menos una vez en La Gaceta.

Las denuncias se presentarán ante la Fiscalía del Colegio, la cual, previo a elevarlas al Tribunal de Honor, deberá realizar, mediante procedimiento sumario que ella misma reglamentará, la investigación preliminar, la cual debe tramitarse bajo pena de caducidad dentro un plazo de ciento ochenta días naturales; para ello, realizará todas las diligencias útiles y necesarias para concluir con el informe final.

Una vez finalizada la investigación preliminar, la Fiscalía, mediante resolución debidamente fundamentada, podrá ordenar el archivo del expediente o elevar el caso al Tribunal de Honor. En el primer caso, contra lo resuelto únicamente cabrá recurso de apelación ante la Junta Directiva; dicho recurso deberá de ser interpuesto por la persona interesada en el plazo de tres días posteriores a la comunicación del cierre del expediente. Contra la resolución que acuerde elevar el caso al Tribunal de Honor no cabrá recurso.

Cuando la investigación preliminar se paralice por más de tres meses, por razones imputables a la Fiscalía, el expediente será archivado a instancia de parte. La solicitud de archivo podrá presentarse, por parte del denunciado, ante la propia Fiscalía o ante el Tribunal de Honor; en ambos casos, al constatarse la inactividad se declarará la caducidad del procedimiento y se procederá al archivo respectivo. En estos casos, la Junta Directiva abrirá una investigación administrativa, a fin de determinar si la demora es imputable a personal de la Fiscalía; en caso de constatar la falta, aplicarán las sanciones que establece el Código de Trabajo.

Una vez dictado el auto de inicio por el Tribunal de Honor, si el expediente se paralizara por más de seis meses y la inactividad fuera directamente imputable al Tribunal, se producirá la caducidad, la cual será declarada de oficio o a instancia de parte y se ordenará el archivo del expediente. No procederá la caducidad cuando se haya fijado fecha para celebrar la audiencia oral y privada o cuando el expediente se encuentre listo para dictar la resolución final.

Cuando se declare la caducidad del expediente, por causas imputables al Tribunal de Honor, la Asamblea General, a solicitud de la parte interesada, llevará a cabo la investigación correspondiente y por acuerdo firme de las dos terceras partes de los miembros presentes podrá acordar una amonestación escrita, la suspensión del ejercicio del cargo hasta por tres meses o la destitución de los miembros del Tribunal que por culpa hayan permitido la paralización del expediente.

Contra las resoluciones del Tribunal de Honor solo cabrá recurso de revocatoria, excepto contra la que ordene el inicio de un procedimiento disciplinario, deniegue la comparecencia oral o la admisión de cualquier prueba o la resolución final, que tendrán además el de apelación ante la Junta Directiva.

El recurso de revocatoria se presentará dentro de los tres días hábiles siguientes a la notificación del acto impugnado y será resuelto por el Tribunal. El recurso de apelación, en los casos en que corresponda, deberá interponerse dentro de los ocho días hábiles posteriores a la comunicación del acto impugnado y será resuelto por la Junta Directiva. Todos los recursos serán presentados ante el Tribunal; si se interponen ambos recursos a la vez, se tramitará la apelación una vez declarada sin lugar la revocatoria por parte del Tribunal, en este caso, emplazará a las partes ante la Junta Directiva y remitirá el expediente. Contra lo resuelto por la Junta Directiva solo cabrá recurso de revocatoria, que será resuelto por este cuerpo colegiado.

Una vez firme la resolución, corresponde a la Junta Directiva ejecutarla.

Artículo 23- La Fiscalía del Colegio estará integrada por un miembro titular y uno suplente, con una vigencia de dos años y será elegido por papeleta el mismo día de la elección de la Junta Directiva. Deberá respetarse la paridad de género entre la Fiscalía propietaria y la Fiscalía suplente, quien sustituirá a la Fiscalía propietaria en sus ausencias temporales o definitivas. La Fiscalía tendrá las siguientes atribuciones:

a) Velar por la observancia de esta ley y los reglamentos de funcionamiento del Colegio.

b) Participar en las sesiones de Junta Directiva, comisiones o cualquier otro órgano del Colegio, con voz pero sin voto.

c) Convocar a la Asamblea extraordinaria, cuando algún asunto de su competencia lo amerite.

d) Instruir de forma previa los procesos disciplinarios contra los integrantes del Colegio, para que sean de conocimiento del Tribunal de Honor.

e) Fiscalizar a los regentes de los establecimientos médicos veterinarios, según el reglamento interno.

f) Cualquier otra inherente a su gestión de control y fiscalización.

Artículo 24- Contra las resoluciones de la Junta Directiva procede el recurso de revocatoria, que resolverá la misma Junta Directiva y, el de apelación, para ante la Asamblea General. Ambos recursos deberán interponerse dentro del término de tres días contados a partir de la comunicación del acuerdo respectivo. Rechazado el recurso de revocatoria, la Junta Directiva, en el mismo acuerdo, convocará a la Asamblea General para conocer y resolver la apelación.

Contra las resoluciones de la Junta Directiva que conozca en apelación de las resoluciones del Tribunal de Honor, ordene el inicio de un procedimiento disciplinario, deniegue la comparecencia oral o la admisión de cualquier prueba o la resolución final, únicamente cabrá recurso de revocatoria, que resolverá la misma Junta Directiva.

Contra los acuerdos de la Junta Directiva relativos a nombramientos del personal administrativo, los asesores requeridos por el Colegio y la designación de día y hora para la celebración de sus sesiones, únicamente cabe recurso de revocatoria.

ARTÍCULO 3- Normas transitorias

TRANSITORIO ÚNICO- La primera elección de la Junta Directiva y Fiscalía, bajo la modalidad de papeleta, se realizará en el año en que finalice el período de nombramiento de la persona que ocupe la presidencia, al momento de entrar en vigencia la presente reforma.

Rige a partir de su publicación.

Dado en la Presidencia de la República, San José, a los seis días del mes de enero del año dos mil veinticinco.