El Estado le pone abogado a la víctima que delega la acción civil

Qué cambia

La Ley 10666 reforma dos artículos de la Ley Orgánica del Ministerio Público, la Ley 7442 (art. único). El cambio rige desde su publicación, el 6 de marzo de 2025.

El artículo 34 dice que el Ministerio Público le dará un abogado o abogada a la víctima que le delegue el ejercicio de la acción civil resarcitoria (art. 34). Esa función la asume directamente la Oficina de Defensa Civil de las Víctimas. También puede hacerlo cualquier representante del Ministerio Público en el territorio nacional, según la distribución de trabajo que disponga la persona fiscal general de la República.

El mismo artículo 34 obliga al personal de la Oficina de Defensa Civil, o a la persona fiscal correspondiente, a advertirle algo a la persona asistida (art. 34). Si se demuestra que tiene solvencia económica, deberá designar un abogado o abogada particular, o pagarle al Poder Judicial los servicios brindados. El monto se estima según el arancel de honorarios por servicios profesionales de abogacía y notariado. Ese pago debe hacerse antes de iniciar la confección de la acción civil.

El artículo 35 regula el cobro de honorarios y costas (art. 35). La jefatura de la Oficina de Defensa Civil de las Víctimas, o quien esta designe, gestiona ante la autoridad correspondiente la fijación y el cobro de los honorarios y de las costas por los servicios prestados.

La fijación de honorarios se hace en tres momentos (art. 35). Primero, cuando se determine solvencia económica de quien promueve: la Oficina le previene a la persona asistida, por el término de tres días, que haga el depósito de honorarios según el arancel, y ese depósito se hace antes de la confección de la acción civil. Segundo, cuando la víctima decida prescindir de los servicios de la Oficina, mediante la interposición del incidente de cobro de honorarios. Tercero, en sentencia.

El documento auténtico donde conste el monto de honorarios y costas a favor de la Oficina sirve como base para la ejecución (art. 35). De oficio, la autoridad que conoce del proceso ordenará el embargo de bienes del deudor en cantidad suficiente para garantizar el pago. El abogado o abogada a quien corresponda hacer las diligencias de cobro ejerce todas las acciones judiciales o extrajudiciales para hacerlo efectivo.

Las mismas reglas se aplican, en lo que corresponda, para el cobro de costas por honorarios de abogado de la parte actora contra la parte vencida (art. 35).

Las sumas obtenidas en los procesos tramitados por la Oficina de Defensa Civil se imputan en este orden: intereses, capital y costas (art. 35). Primero se cancela lo que corresponde a la persona actora civil y después los montos a favor de la Oficina de Defensa Civil de las Víctimas.

A esos ingresos no les aplica el principio de universalidad e integridad de la Ley 8131, Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos (art. 35). Se consideran de fin social para los efectos de la Ley 9635, Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Se depositan en una cuenta especial o expediente automatizado.

Los rubros de esa cuenta se destinan en este orden: mejoramiento de la Oficina de Defensa Civil de las Víctimas, creación de un fondo para necesidades urgentes de las víctimas de delitos, y Ministerio Público (art. 35). A esos rubros no les aplica el principio de anualidad. La Corte Plena establecerá los mecanismos para reglamentar y controlar el uso de tales recursos.

A quién le toca

A la víctima de un delito que le delega al Ministerio Público el ejercicio de la acción civil civil: recibe un abogado o abogada de la Oficina de Defensa Civil de las Víctimas (art. 34).

A la víctima con solvencia económica demostrada: debe designar un abogado o abogada particular, o pagarle al Poder Judicial los servicios brindados según el arancel (art. 34).

A la víctima que decide prescindir de los servicios de la Oficina: se le cobran honorarios mediante incidente de cobro (art. 35).

A la persona actora civil que gana el proceso: las sumas obtenidas se le cancelan primero, antes que los montos a favor de la Oficina (art. 35).

A la parte vencida: se le cobran las costas por honorarios de abogado de la parte actora (art. 35).

Al deudor de honorarios y costas: la autoridad que conoce del proceso ordena de oficio el embargo de sus bienes para garantizar el pago (art. 35).

A la persona fiscal general de la República: le corresponde disponer la distribución de trabajo para que representantes del Ministerio Público asuman la asistencia legal en el territorio nacional (art. 34).

A la jefatura de la Oficina de Defensa Civil de las Víctimas: gestiona la fijación y el cobro de honorarios y costas (art. 35).

A la Corte Plena: establece los mecanismos para reglamentar y controlar el uso de los recursos de la cuenta especial (art. 35).

Lo que se dijo en la Asamblea

El dossier no incluye grabaciones de la Asamblea sobre este expediente. La investigación no encontró videos que mencionen este expediente.

Cómo está hoy según SINALEVI

La Ley 10666 está vigente 2. SINALEVI registra una sola versión de la norma y no tiene observaciones.

El texto vigente de los artículos 34 y 35 de la Ley 7442 es el que aprobó la Ley 10666 3. SINALEVI marca el artículo 34 con la nota "Así reformado por el artículo único de la ley N° 10666 del 6 de marzo de 2025".

La Ley 7442 había sido modificada de forma íntegra por el artículo 11 de la Ley 7728, Ley de Reorganización Judicial, de 15 de diciembre de 1997 (art. único) 4.

Frente a la Constitución

El Censo no encontró un choque directo entre la Ley 10666 y los artículos de la Constitución que están en el dossier.

El artículo 35 de la ley exceptúa los ingresos de la Oficina de Defensa Civil de los principios de universalidad e integridad de la Ley 8131 y del principio de anualidad (art. 35). El artículo 176 de la Constitución dice que "El presupuesto ordinario de la República comprende todos los ingresos probables y todos los gastos autorizados de la Administración Pública, durante todo el año económico" §Constitución, art. 176. También dice que "El presupuesto de la República se emitirá para el término de un año, del primero de enero al treinta y uno de diciembre". Esa excepción al principio de anualidad podría generar dudas sobre cómo se cuadra con el artículo 176, aunque la propia ley ordena depositar los rubros en una cuenta especial.

El artículo 18 de la Constitución dice que los costarricenses deben "contribuir para los gastos públicos" §Constitución, art. 18. El cobro de honorarios a quien tiene solvencia económica se relaciona con esa contribución, y la ley lo condiciona a que se demuestre la solvencia (art. 34).

El artículo 121 de la Constitución le da a la Asamblea Legislativa la atribución de "Dictar las leyes, reformarlas, derogarlas, y darles interpretación auténtica" §Constitución, art. 121. La Ley 10666 reformó dos artículos de una ley existente, y esa es una atribución de la Asamblea (art. único).

Qué puede hacer usted

Si usted es víctima y le delegó la acción civil al Ministerio Público, puede pedir información sobre su caso a la Oficina de Defensa Civil de las Víctimas. La ley le da derecho a un abogado o abogada de esa oficina (art. 34).

Si un acto concreto de la Oficina o del Ministerio Público le viola un derecho, puede presentar un recurso de amparo §guía, p. 22. Cualquier persona puede interponerlo, según el artículo 33 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Se plantea contra el servidor o titular del órgano que aparece como presunto autor del agravio.

El recurso de amparo se puede interponer en cualquier tiempo mientras subsista la violación, y hasta dos meses después de que hayan cesado sus efectos directos §guía, p. 22. En el escrito se expresa el hecho o la omisión, el derecho violado, el nombre del servidor público o del órgano y las pruebas de cargo §guía, p. 23. No requiere autenticación y puede plantearse por memorial, telegrama u otro medio escrito.

Si considera que la ley misma choca con la Constitución, puede presentar una acción de inconstitucionalidad §guía, p. 24. Procede contra las leyes y otras disposiciones generales que infrinjan alguna norma o principio constitucional. El artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional pide un asunto pendiente ante los tribunales, salvo cuando no exista lesión individual y directa o se trate de intereses difusos.

Si detecta un manejo irregular de los recursos públicos de la cuenta especial, puede denunciar ante la Contraloría General de la República §guía, p. 68. La Contraloría fiscaliza el uso de los fondos públicos. Las denuncias se presentan en la Plataforma de Servicios o el Área de Denuncias e Investigaciones, en Sabana Sur. También por teléfono al 2501-8000 o al 2501-8025, por el portal institucional, por correo a contraloria.general@cgrcr.go.cr o por apartado postal 1179-1000 San José.

Si una institución pública le brinda un mal servicio, puede presentar una queja ante la Defensoría de los Habitantes §guía, p. 71. Cualquier persona que habite en Costa Rica puede hacerlo si fue maltratada en sus derechos por el mal funcionamiento de una institución pública o sus funcionarios. La Defensoría no investiga casos que estén a la espera de una resolución judicial.

Si quiere cambiar la ley, puede proponer una reforma por iniciativa popular §guía, p. 26. El proyecto debe tramitarse por los procedimientos legislativos ordinarios y votarse en un plazo máximo de dos años. La Oficina de Iniciativa Popular de la Asamblea Legislativa brinda asesoramiento técnico gratuito para la redacción de los proyectos.

Lo que no sabemos

El dossier no dice cuánto cuesta el arancel de honorarios por servicios profesionales de abogacía y notariado.

El dossier no dice cuántas personas han usado la Oficina de Defensa Civil de las Víctimas desde que rige la ley.

El dossier no incluye el texto anterior de los artículos 34 y 35, antes de la reforma, para comparar qué cambió exactamente.

El dossier no dice cuándo se publicó la ley en el diario oficial.

El dossier no incluye grabaciones de la Asamblea sobre este expediente.