Cárcel de 2 a 4 años por meter celulares a prisión

Qué cambia

Meter un celular a una cárcel de modalidad cerrada ahora es delito. La pena es de dos a cuatro años de prisión (art. 257 quater).

El castigo aplica a quien, sin autorización legal o reglamentaria, posea, introduzca, facilite o procure el ingreso del aparato. Cubre teléfonos celulares, satelitales, otros dispositivos de comunicación, sus componentes tecnológicos y las tarjetas sim que permitan comunicarse (art. 257 quater).

La pena sube un tercio en cuatro casos. Aplica si el delito lo comete un funcionario público. También si lo comete un proveedor de bienes o servicios del centro penal. Igual para un abogado en el ejercicio de su profesión. Y para cualquier persona con autorización especial de ingreso que actúe sin la habilitación debida (art. 257 quater).

La ley se publicó el 12 de mayo de 2025 en la Gaceta 84, alcance 58 1. No indica fecha de rige. Por eso empieza a regir diez días después de su publicación, según el artículo 129 de la Constitución, como anotó la Procuraduría 2. Eso da el 22 de mayo de 2025.

El texto vigente en SINALEVI es igual al aprobado en lo que castiga. La única diferencia es que la versión de SINALEVI agrega la fórmula de cierre: "Dado en la Presidencia de la República, San José, a los treinta días del mes deabril del año dos mil veinticinco" 2. No cambia la pena ni los hechos que castiga.

A quién le toca

A cualquier persona que no tenga permiso y meta o facilite el ingreso de un celular a una cárcel cerrada. Se expone a dos a cuatro años de prisión (art. 257 quater).

A los funcionarios públicos. Si cometen el delito, la pena sube un tercio (art. 257 quater).

A los proveedores de bienes o servicios en establecimientos penitenciarios de régimen cerrado. También tienen la pena aumentada (art. 257 quater).

A los abogados en el ejercicio de su actividad profesional. Igual aumento si actúan sin la habilitación debida (art. 257 quater).

A cualquier persona con autorización especial de ingreso que actúe sin autorización conforme a la normativa vigente (art. 257 quater).

Cómo está hoy según SINALEVI

La ley está vigente. SINALEVI registra una sola versión de la norma 2.

La Procuraduría observa que la ley no indica fecha de rige. Por eso aplica el artículo 129 de la Constitución: diez días después de la publicación 2.

El texto vigente y el aprobado coinciden en el artículo 257 quater. La versión de SINALEVI suma la fórmula de cierre con la fecha de sanción presidencial 2.

Lo que se dijo en la Asamblea

En la comisión de seguridad y narcotráfico, el viceministro de Justicia y Paz, Exeline Sánchez, respaldó la ley. Dijo que les es grato "todo instrumento que venga ayevar en la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado" 00:00:41. La transcripción automática tiene errores; el sentido es que apoya la herramienta contra el crimen.

Sánchez también habló de la corrupción. Afirmó que "la corrupción ha permeado el Estado costarricense" y el Ministerio de Justicia 00:01:09.

El diputado de Nueva República Fabricio Alvarado preguntó con qué frecuencia se hacen los operativos y cuánto cuestan. La respuesta fue que hay "un promedio de 14 operativos diarios" en todos los centros penales 00:01:42.

El legislador del PUSC Horacio Alvarado preguntó qué porcentaje de los aparatos meten funcionarios o familiares. La respuesta dio cifras del 2021: se incautaron 1694 celulares ese año en todo el año 00:02:53. De esos, tres fueron incautados a proveedores de servicios del sistema penitenciario 00:03:00. Y 24 teléfonos se incautaron a funcionarios penitenciarios 00:03:19.

En el Plenario, el 24 de abril de 2025, el proyecto se aprobó en primer debate con 35 votos a favor y siete en contra 01:34:50. Luego se presentó una moción de revisión. La diputada Cuña Soto Jonathan dijo que esperaba que alguna diputación contradijera el criterio de la Procuraduría. Señaló que hubo "silencio absoluto" y que igual aprobaron el proyecto 01:36:06.

En segundo debate, el mismo 24 de abril, se aprobó con 41 votos a favor y cero en contra 01:54:25.

Frente a la Constitución

El Censo no encontró un choque directo entre el texto y los artículos de la Constitución del dossier.

El artículo 39 dice que a nadie se hará sufrir pena sino por delito sancionado por ley anterior y en virtud de sentencia firme §Constitución, art. 39. La ley crea el delito en el Código Penal y deja la pena a los tribunales, así que calza con esa garantía.

El artículo 40 prohíbe tratamientos crueles o degradantes y las penas perpetuas §Constitución, art. 40. La pena de dos a cuatro años no es perpetua ni se describe como trato cruel.

El artículo 24 garantiza el secreto de las comunicaciones y el derecho al acceso a las telecomunicaciones §Constitución, art. 24. La ley castiga meter aparatos a la cárcel, no el uso de las comunicaciones por parte de la población general. No hay choque evidente con ese derecho.

El artículo 41 garantiza que toda persona pueda defenderse y tener un proceso justo 6. El artículo 257 quater no elimina el juicio ni la defensa. Una duda posible: la ley no distingue entre el abogado que defiende a un imputado y el que introduce el aparato, y eso podría discutirse ante la Sala, pero el texto solo castiga a quien actúa sin habilitación.

Qué puede hacer usted

Si un acto concreto le viola un derecho, puede presentar un recurso de amparo. Cualquier persona puede interponerlo contra el servidor o el órgano que causa el agravio §guía, p. 22. Se plantea por memorial, telegrama u otro medio escrito, sin otras formalidades §guía, p. 23.

Si cree que la ley choca con la Constitución, puede presentar una acción de inconstitucionalidad contra leyes y otras disposiciones generales que infrinjan una norma o principio constitucional §guía, p. 24. Necesita un asunto pendiente ante los tribunales o en la vía administrativa, salvo cuando defiende intereses difusos o no hay lesión individual y directa.

Si sospecha un mal manejo de recursos públicos en los centros penales, puede denunciar ante la Contraloría General de la República. Se puede hacer en persona en Sabana Sur, por teléfono al 2501-8000 o al 2501-8025, o por el portal de denuncia electrónica §guía, p. 68.

Si una institución pública le falla en un servicio, puede presentar una queja ante la Defensoría de los Habitantes. Cualquier persona que habite en Costa Rica puede hacerlo §guía, p. 71.

Si quiere cambiar la ley, puede proponer una reforma por iniciativa popular. El proyecto se tramita por los procedimientos legislativos ordinarios y debe votarse en un plazo máximo de dos años §guía, p. 26.

Lo que no sabemos

El dossier no dice cuántas condenas se han dictado desde que rige la ley.

El dossier no aclara si la corrección de SINALEVI fue una fe de erratas formal o solo el texto de publicación.

El dossier no incluye el criterio completo de la Procuraduría que mencionó la diputada Cuña Soto en el Plenario.