Municipalidades costeras tienen ocho años para aprobar su plan regulador

Qué cambia

La ley 10735 reforma el artículo 4 de la Ley 9242 y el transitorio I de la Ley 9221. Ahora las municipalidades con jurisdicción en la zona restringida de la zona marítimo terrestre tienen ocho años para aprobar su plan regulador costero (art. 1).

El plazo empieza a correr desde que entra en vigencia esta ley, no desde antes (art. 3).

Durante esos ocho años, la municipalidad puede conservar las construcciones que ya existen. La condición es que ninguna autoridad administrativa o judicial haya comprobado daño ambiental, peligro o amenaza al medio ambiente (art. 1).

Esas construcciones se pueden usar a título precario. Para eso hay que pagar un canon por uso de suelo, y lo fija cada municipalidad (art. 1). Ese pago no le da ningún derecho al ocupante.

Cuando el plan regulador costero entre en vigencia, las construcciones que se conserven deberán ajustarse a ese plan. El procedimiento está en el artículo 3 de la Ley 9242 (art. 1).

Para la zona urbana litoral, el transitorio I de la Ley 9221 también da ocho años. Las municipalidades que quieran tramitar esa declaratoria tienen ese plazo para cumplir los requisitos (art. 2).

Si hacen la declaratoria dentro de esos ocho años, después tienen otro plazo de ocho años para aprobar y publicar el plan regulador urbano. Ese segundo plazo se cuenta desde la publicación del decreto ejecutivo (art. 2).

Mientras tanto, las construcciones existentes se pueden conservar si no están en espacios abiertos al uso común ni en áreas de patrimonio natural del Estado. Tampoco pueden dificultar el libre acceso a la costa ni impedir que la gente disfrute la playa (art. 2).

Si la construcción ya cumple con el plan regulador urbano, el interesado tiene seis meses para pedir la concesión. El plazo corre desde que el plan entra en vigencia (art. 2).

Si la construcción necesita cambios, la municipalidad avisa al interesado. Esa persona tiene seis meses improrrogables para hacer las modificaciones (art. 2).

Cuando termina ese plazo y se comprueba que cumplió, el interesado tiene otros seis meses para pedir la concesión (art. 2).

Si no cumple, la municipalidad desaloja a las personas en ocupación ilegítima y demuele las obras. Lo hace según el procedimiento de los párrafos segundo y tercero del artículo 22 de la Ley 9221 (art. 2).

El trámite no exime del pago de tasas, cánones, multas o precios públicos a favor de las municipalidades. Solo aplican las exoneraciones que dé la ley (art. 2).

A quién le toca

A las municipalidades con jurisdicción en la zona restringida de la zona marítimo terrestre que no tienen plan regulador costero vigente. Tienen ocho años para aprobarlo (art. 1).

A las municipalidades con jurisdicción en la zona marítimo terrestre que quieran declarar zona urbana litoral. Tienen ocho años para tramitar esa declaratoria (art. 2).

A las personas que ocupan construcciones existentes en esos terrenos. Pueden conservarlas y usarlas pagando un canon, mientras no haya daño ambiental comprobado (art. 1).

A los interesados en construcciones que ya cumplen el plan regulador urbano. Deben pedir la concesión en seis meses (art. 2).

A los interesados cuyas construcciones necesitan cambios. Tienen seis meses para hacerlos después del aviso municipal (art. 2).

Cómo está hoy según SINALEVI

La ley 10735 está vigente. SINALEVI muestra una sola versión de la norma y no registra observaciones de la Procuraduría 2.

El artículo 4 de la Ley 9242 aparece reformado por el artículo 1 de la ley 10735. El texto vigente es el que fija los ocho años 3.

La Ley 9221 sigue vigente y su transitorio I fue reformado por el artículo 2 de la ley 10735 4.

Frente a la Constitución

El Censo no encontró un choque directo entre esta ley y los artículos de la Constitución en el dossier.

El artículo 169 dice que la administración de los intereses y servicios locales de cada cantón está a cargo del Gobierno Municipal §Constitución, art. 169. La ley 10735 trabaja sobre esa competencia municipal al fijar plazos para los planes reguladores (art. 1).

El artículo 170 reconoce que las corporaciones municipales son autónomas §Constitución, art. 170. Los plazos que impone la ley podrían generar dudas sobre cuánto limita esa autonomía, pero el texto no elimina la potestad municipal de aprobar su plan.

El artículo 50 garantiza el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado §Constitución, art. 50. La ley mantiene la posibilidad de que una autoridad compruebe daño ambiental y impide conservar construcciones en esos casos (art. 1).

El artículo 89 incluye entre los fines culturales de la República proteger las bellezas naturales §Constitución, art. 89. La ley condiciona la conservación de construcciones a que no haya daño al medio ambiente (art. 1).

Qué puede hacer usted

Si una municipalidad no cumple el plazo de ocho años, usted puede presentar una denuncia ante la Contraloría General de la República. La Contraloría fiscaliza los fondos públicos y revisa los presupuestos de las municipalidades §guía, p. 68.

Puede llamar al 2501-8000 o al 2501-8025 del Área de Denuncias e Investigaciones. También puede ir personalmente a Sabana Sur, contiguo al Tennis Club, o escribir a contraloria.general@cgrcr.go.cr §guía, p. 68.

Si una actuación municipal le viola un derecho fundamental, puede presentar un recurso de amparo. Cualquier persona puede interponerlo §guía, p. 22.

El amparo se plantea contra el servidor o titular del órgano que aparece como presunto autor del agravio §guía, p. 22.

Puede presentarlo en cualquier tiempo mientras subsista la violación. También hasta dos meses después de que cesen sus efectos §guía, p. 22.

Si cree que la ley misma viola la Constitución, existe la acción de inconstitucionalidad. Procede contra leyes y otras disposiciones generales que infrinjan una norma o principio constitucional §guía, p. 24.

Para interponerla necesita un asunto pendiente ante los tribunales o en el procedimiento administrativo. No se necesita ese caso cuando se defienden intereses difusos o colectivos §guía, p. 24.

Si una institución pública le falla en un servicio, puede presentar una queja ante la Defensoría de los Habitantes. Cualquier persona que habite en Costa Rica puede hacerlo §guía, p. 71.

Lo que no sabemos

El dossier no dice cuántas municipalidades están dentro del plazo ni cuántas ya tienen plan regulador costero.

El dossier no indica el monto del canon por uso de suelo precario que fija cada municipalidad.

El dossier no permite saber si alguna municipalidad ya agotó los ocho años anteriores.

El dossier no incluye grabaciones de la Asamblea sobre este expediente.