Un préstamo de $500 millones para pagar deuda y abonar a la CCSS

Qué cambia

La ley aprueba un préstamo de hasta 500 millones de dólares con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) (art. 1). El contrato, sus anexos y condiciones generales forman parte de la ley.

El uso del dinero está fijado por artículo. El 90% se destina solo a pagar el servicio de la deuda. Con eso se sustituye la fuente de financiamiento del gasto ya autorizado en el presupuesto y se reduce la emisión de títulos de deuda interna (art. 2).

El 10% restante lo traslada el Ministerio de Hacienda a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). El monto va proporcional a los desembolsos del préstamo y sirve para amortizar la deuda del Estado con esa institución (art. 2).

Esa transferencia a la CCSS queda excluida del título IV sobre responsabilidad fiscal y del capítulo IV de disposiciones transitorias de la Ley 9635, Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (art. 2).

Si alguien desvía los recursos para fines distintos, se aplica el artículo 68 de la Ley 7428, Ley Orgánica de la Contraloría General de la República (art. 2). También se configura el delito de malversación de fondos públicos del artículo 363 del Código Penal.

Todos los recursos entran al presupuesto de la República por medio de presupuestos extraordinarios que aprueba la Asamblea Legislativa (art. 3). Los ahorros que genere la ley no se pueden usar en gastos nuevos y deben eliminarse del presupuesto.

El Prestatario administra los recursos según el principio de Caja Única del Estado (art. 4). Los documentos para formalizar el financiamiento no pagan impuestos, timbres, tasas, contribuciones ni derechos (art. 5).

La ley rige desde su publicación. Se firmó en San José el 25 de agosto de 2025 (art. 5).

A quién le toca

Al Ministerio de Hacienda: recibe el préstamo, lo incorpora al presupuesto y hace la transferencia del 10% a la CCSS (art. 2) (art. 3).

A la Caja Costarricense de Seguro Social: recibe el 10% de los desembolsos como abono a lo que el Estado le debe (art. 2).

A los funcionarios públicos y a los particulares que administren estos fondos: si les dan un uso distinto al autorizado, enfrentan la sanción del artículo 68 de la Ley 7428 y el delito de malversación del artículo 363 del Código Penal (art. 2).

A los tenedores de deuda interna del Estado: la ley reduce la emisión de títulos valores de deuda interna del presupuesto vigente (art. 2).

Lo que se dijo en la Asamblea

La comisión de asuntos hacendarios recibió al ministro de Hacienda para discutir el expediente 24425, que es este tercer préstamo 00:00:06. El crédito es por 500 millones de dólares 00:00:26.

El ministro explicó el tipo de préstamo: "es un préstamo de apoyo presupuestario" y en el banco mundial se le conoce como préstamo de política para el desarrollo 00:00:32. Dijo que busca sostener acciones del gobierno y apuntalar la situación fiscal del país 00:00:41.

Sobre los préstamos anteriores, indicó que el primero se aprobó con la ley 9988 en 2021 y el segundo con la ley 10233 en 2022, por 300 millones cada uno, y que todos se usaron para pagar deuda 00:00:52.

La legisladora Sonia Rojas preguntó por los recortes que podría generar la deuda 00:01:22. Preguntó si se había comparado bien para que fuera el porcentaje más beneficioso y no quedaran comprometidas la salud, la educación y la infraestructura 00:01:26.

El ministro respondió que la comparación es con el mercado local 00:01:57. Dijo que la tasa es variable y que la comparación es 571 frente a 670, así que en cualquiera de los dos escenarios es más barato 00:02:14.

El legislador Pablo Cibaja preguntó sobre la propuesta de vender el Banco de Costa Rica con la ley 1092, aprobada en el periodo anterior para deducir deuda con activos ociosos 00:02:21. Preguntó si el Banco de Costa Rica es un activo ocioso 00:02:33.

El ministro contestó que la rentabilidad de una empresa se ve con el roe y se compara con el costo de oportunidad de endeudarse 00:02:41. Dijo que si el roe es menor que la tasa a la que se endeuda, para el Ministerio de Hacienda el Banco de Costa Rica es un activo ocioso 00:02:52.

El crédito seguía en análisis en la comisión de asuntos hacendarios al cierre del video 00:03:08.

Cómo está hoy según SINALEVI

La ley está vigente. SINALEVI registra una sola versión de la norma y no tiene observaciones 3.

El texto vigente es el aprobado. No hay una versión distinta que mostrar.

Frente a la Constitución

El Censo no encontró un choque directo entre esta ley y los artículos de la Constitución del dossier.

El artículo 121, inciso 4, da a la Asamblea Legislativa la atribución de aprobar o improbar los convenios internacionales y tratados públicos §Constitución, art. 121. Esta ley aprueba un contrato de préstamo con el BIRF, así que calza con esa atribución (art. 1).

El artículo 180 dice que el presupuesto ordinario y los extraordinarios son el límite de acción de los Poderes Públicos y que solo se modifican por leyes de iniciativa del Poder Ejecutivo §Constitución, art. 180. La ley ordena incorporar los recursos por presupuestos extraordinarios que aprueba la Asamblea (art. 3).

El artículo 176 ordena que la gestión pública sea sostenible, transparente y responsable, con presupuestación plurianual §Constitución, art. 176. La ley destina el 90% a pagar deuda y elimina los ahorros del presupuesto (art. 2) (art. 3).

El artículo 73 establece los seguros sociales y dice que los fondos y reservas de los seguros sociales no pueden transferirse ni emplearse en finalidades distintas a las que motivaron su creación §Constitución, art. 73. La ley transfiere dinero del préstamo a la CCSS para amortizar deuda del Estado, no para otro fin (art. 2).

El artículo 184 da a la Contraloría la función de fiscalizar la ejecución y liquidación de los presupuestos §Constitución, art. 184. La ley remite al artículo 68 de la Ley 7428 para sancionar el desvío de recursos (art. 2).

Qué puede hacer usted

Esta ley ya rige y regula un préstamo. El referéndum no procede en materia de aprobación de empréstitos y contratos §guía, p. 30. La iniciativa popular tampoco procede en proyectos de aprobación de empréstitos y contratos §guía, p. 16.

Si un acto concreto de una institución pública viola un derecho suyo en la ejecución de estos fondos, puede presentar un recurso de amparo. Cualquier persona puede interponerlo §guía, p. 22. Se plantea contra el servidor o titular del órgano que aparece como presunto autor del agravio.

El amparo se puede presentar en cualquier tiempo mientras subsista la violación, y hasta dos meses después de que cesen sus efectos directos §guía, p. 22.

Si considera que la ley infringe una norma o principio constitucional, existe la acción de inconstitucionalidad §guía, p. 24. Requiere un asunto pendiente ante los tribunales o en el procedimiento administrativo, salvo cuando no exista lesión individual y directa o se trate de intereses difusos.

Puede denunciar ante la Contraloría General de la República un hecho que se presuma irregular en el manejo de recursos públicos §guía, p. 68. Las vías son la plataforma de servicios en Sabana Sur, los teléfonos 2501-8000 y 2501-8025, el portal de denuncia electrónica, el correo contraloria.general@cgrcr.go.cr, el apartado postal 1179-1000 o el fax 2501-8100.

También puede presentar una queja ante la Defensoría de los Habitantes si una institución pública le causa un mal funcionamiento en sus servicios §guía, p. 71. Cualquier persona que habite en Costa Rica puede hacerlo.

Lo que no sabemos

El dossier no dice el plazo del préstamo ni la tasa de interés exacta.

El dossier no dice cuántos desembolsos hará el BIRF ni en qué fechas.

El dossier no dice cuánto de la deuda del Estado con la CCSS queda cubierto con este 10%.

El dossier no incluye el texto del contrato de préstamo 9546-CR, que la ley declara parte integrante.