Nueva ley obliga a iglesias y clubes a denunciar abusos sexuales

Qué cambia

La Ley 10813 ya rige desde su publicación el 16 de noviembre de 2025 (art. 4). Reforma cuatro leyes: el Código Penal, el Código Procesal Penal y el Código Civil.

Primero, crea una nueva obligación de denunciar. Quienes tengan cargos de autoridad o representación en organizaciones comunitarias, sociales, religiosas o deportivas deben denunciar de inmediato si ven indicios de delitos sexuales contra una persona menor de edad o contra una persona con discapacidad (art. 3). La ley define a la persona con discapacidad como aquella que tiene deficiencias físicas, limitaciones mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo.

La denuncia va sin perjuicio de las investigaciones internas de la organización. Esas investigaciones también hay que notificarlas a las autoridades (art. 3).

Segundo, la organización responde con su plata. Las organizaciones y asociaciones comunitarias, deportivas, religiosas y sociales, y las personas jurídicas, quedan obligadas solidariamente al pago de daños y perjuicios (art. 1). Esto aplica cuando sus personeros, ministros religiosos u otras autoridades cometen un delito sexual contra una persona menor de edad o con discapacidad.

La obligación de pagar tiene dos condiciones. La primera: que la condición clerical o de poder del agresor haya facilitado la preparación, el intento, la consumación o el ocultamiento del hecho (art. 1). La segunda: que se demuestre que la organización sabía del hecho y no lo denunció.

Tercero, cambia el deber de abstención de declarar. Los ministros religiosos, abogados, notarios, médicos, psicólogos, farmacéuticos, enfermeros y funcionarios públicos siguen sin poder declarar sobre secretos que conocieron por su oficio (art. 2). Pero si los citan, deben presentarse y explicar por qué se abstienen. Si el tribunal considera que invocan mal la abstención, ordena que declaren mediante resolución fundada.

Cuarto, cuando el delito sea sexual contra una persona menor de edad, el Ministerio Público debe certificar el cumplimiento de los protocolos de actuación del PANI y del MEP antes de pedir el desistimiento (art. 3).

Quinto, no corre la prescripción en la responsabilidad civil derivada del encubrimiento de delitos sexuales contra personas menores de edad y personas con discapacidad (art. 4).

A quién le toca

A los líderes de organizaciones comunitarias, sociales, religiosas y deportivas. Si tienen indicios de un delito sexual contra un menor o una persona con discapacidad, deben denunciar de inmediato (art. 3).

A las iglesias, clubes deportivos, asociaciones comunales y otras personas jurídicas. Si sus personeros o ministros cometen un delito sexual y la organización sabía y no denunció, debe pagar los daños junto con el agresor (art. 1).

A los ministros religiosos, abogados, notarios, médicos, psicólogos, farmacéuticos, enfermeros y funcionarios públicos. Si los citan a declarar, deben presentarse y explicar su abstención (art. 2).

Al Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y al Ministerio de Educación Pública (MEP). Sus protocolos de actuación en casos de violencia sexual deben certificarse cuando el Ministerio Público pida desistir de un caso (art. 3).

Cómo está hoy según SINALEVI

La ley está vigente. SINALEVI registra una sola versión de la norma, la número 1 de 1, y no tiene observaciones de la Procuraduría General de la República 2.

El Código Procesal Penal ya muestra el artículo 206 reformado por esta ley 3. El Código Penal ya incluye el inciso 6) en el artículo 106 4.

Frente a la Constitución

El Censo no encontró un choque directo entre esta ley y los artículos de la Constitución del dossier.

El artículo 41 de la Constitución dice que todos deben encontrar reparación para los daños que reciban en su persona, propiedad o intereses morales §Constitución, art. 41. La responsabilidad civil solidaria de las organizaciones calza con esa idea: busca que alguien pague los daños causados (art. 1).

El artículo 39 dice que a nadie se hará sufrir pena sino por delito sancionado por ley anterior y en virtud de sentencia firme §Constitución, art. 39. La ley no crea penas nuevas para las personas. Crea una obligación civil de pagar daños, y esa obligación depende de que se demuestre el conocimiento y el incumplimiento (art. 1).

El artículo 36 protege a nadie de declarar contra sí mismo ni contra parientes cercanos §Constitución, art. 36. La ley mantiene el deber de abstención para ciertos oficios y solo obliga a comparecer a explicar la abstención (art. 2).

Queda una duda sobre el alcance del deber de denunciar para los ministros religiosos. La ley los exceptúa si están protegidos por el artículo 206 (art. 3), pero también dice que el secreto de confesión no se puede levantar (art. 2). Cómo se combinan ambas reglas en la práctica no está resuelto en el texto.

Qué puede hacer usted

Si usted es líder de una organización y ve indicios de abuso sexual contra un menor o una persona con discapacidad, denuncie de inmediato. Puede hacerlo ante el Ministerio Público, un tribunal penal o la Policía Judicial §guía, p. 126.

Reúna pruebas antes de denunciar. La guía recomienda recolectar datos y elementos probatorios en el lugar de los hechos, a la mayor brevedad §guía, p. 126.

Si una institución pública no cumple con los protocolos del PANI o del MEP, puede presentar una queja ante la Defensoría de los Habitantes §guía, p. 71.

Si un acto concreto de una autoridad pública viola un derecho suyo, puede interponer un recurso de amparo. Cualquier persona puede hacerlo §guía, p. 22.

Si considera que la ley choca con la Constitución, puede presentar una acción de inconstitucionalidad. Requiere un asunto pendiente ante los tribunales, salvo cuando se defiendan intereses difusos §guía, p. 24.

Lo que no sabemos

El dossier no dice cuántas denuncias se han presentado desde que la ley rige.

El dossier no explica cómo se resolverá el choque entre el deber de denunciar y el secreto de confesión.

El dossier no incluye grabaciones de la Asamblea sobre este expediente.