Universidades públicas comprarán sin concurso y sin impuestos

Qué cambia

La Ley 10862 agrega dos excepciones que benefician a las universidades públicas y al Consejo Nacional de Rectores (Conare). La primera es un nuevo inciso k) en el artículo 2 de la Ley General de Contratación Pública (art. 1). Ese inciso saca de la ley a "las membresías a organismos internacionales y la suscripción a bases de datos necesarias para la investigación, generación y transferencia de conocimientos en las universidades públicas y el Consejo Nacional de Rectores (Conare)". Además, esas compras "estarán exentas de todo tipo de impuestos".

La segunda es un nuevo inciso k) en el artículo 3 de la misma ley (art. 2). Ese inciso exceptúa de los procedimientos ordinarios de contratación a "la actividad de contratación para el desarrollo de actividades académicas, de investigación o extensión que realizan las universidades públicas y el Consejo Nacional de Rectores (Conare)". La excepción aplica cuando la contratación "no pueda ser sometida a concurso público o no convenga someterla". El texto da varias razones: "existe un proveedor idóneo, por razones de especialidad en la materia del conocimiento, innovación del producto, criterios de compatibilidad y estandarización de protocolos de investigación, procedimientos, normativa interna u otros criterios académicos debidamente acreditados en la decisión inicial de la contratación".

Antes de escoger al contratista, la universidad o el Conare debe hacer "un estudio de mercado a fin de determinar los potenciales proveedores" (art. 2). En ese estudio debe verificar "la idoneidad del proveedor seleccionado y la razonabilidad del precio".

Si el proveedor idóneo no está registrado en el Sistema Digital Unificado, la contratación se puede hacer "con la exclusión total del Sistema Digital Unificado" (art. 2). Eso procede si hay circunstancias como "carencia de medios tecnológicos, extraterritorialidad del domicilio u otros debidamente comprobados por las universidades públicas y el Conare". Pero "la información completa de la contratación deberá registrarse en los módulos del sistema que la Dirección de Contratación Pública habilitará para estos efectos".

La ley rige desde su publicación (art. 2). El texto dice que se firmó en San José "al día cinco del mes de marzo del año dos mil veintiséis".

A quién le toca

A las universidades públicas. El artículo 1 las nombra para la exención de impuestos en membresías y bases de datos (art. 1). El artículo 2 las nombra para contratar sin concurso en actividades académicas, de investigación o extensión (art. 2).

Al Consejo Nacional de Rectores (Conare). Aparece en los dos incisos nuevos con los mismos beneficios (art. 1) (art. 2).

A los proveedores de esas universidades y del Conare. El texto les permite ser escogidos sin concurso público si cumplen las condiciones del inciso (art. 2). También les permite quedar fuera del Sistema Digital Unificado en los casos que el texto describe.

Lo que se dijo en la Asamblea

El dossier no incluye grabaciones de la Asamblea sobre este expediente. No hay material para esta sección.

Cómo está hoy según SINALEVI

La ley está vigente. SINALEVI registra la norma como "Reforma Ley General de Contratación Pública", con versión "1 de 1" y estado "Vigente" 2. SINALEVI no reporta observaciones de la Procuraduría.

El texto consolidado que publica SINALEVI coincide con el texto aprobado: los dos incisos k) nuevos, uno en el artículo 2 y otro en el artículo 3 de la Ley 9986 (art. 1) (art. 2).

Frente a la Constitución

El artículo 182 de la Constitución ordena que las compras con fondos públicos se hagan mediante licitación. Dice: "Los contratos para la ejecución de obras públicas que celebren los Poderes del Estado, las Municipalidades y las instituciones autónomas, las compras que se hagan con fondos de esas entidades y las ventas o arrendamientos de bienes pertenecientes a las mismas, se harán mediante licitación, de acuerdo con la ley en cuanto al monto respectivo" §Constitución, art. 182. El nuevo inciso k) del artículo 3 permite a las universidades públicas contratar sin concurso público en casos académicos (art. 2). Eso abre una duda: la Constitución exige licitación para compras públicas, y la ley crea una excepción. El propio artículo 182 remite a "la ley en cuanto al monto respectivo", así que la duda es si esta excepción cabe dentro de ese margen.

El artículo 84 de la Constitución garantiza la independencia de las universidades públicas para desempeñar sus funciones §Constitución, art. 84. El artículo 85 les da patrimonio propio y rentas propias §Constitución, art. 85. La exención de impuestos del artículo 1 y la contratación sin concurso del artículo 2 buscan darles margen para investigar y comprar insumos académicos (art. 1) (art. 2). Esas normas calzan con esa independencia. La duda está en si la exención total de impuestos choca con el artículo 18, que obliga a los costarricenses a "contribuir para los gastos públicos" §Constitución, art. 18. El Censo no encontró un choque directo en ese punto, porque la exención la fija una ley y el artículo 18 remite a las leyes.

El artículo 121 da a la Asamblea la potestad de "dictar las leyes, reformarlas, derogarlas, y darles interpretación auténtica" §Constitución, art. 121. La Ley 10862 se aprobó por ese cauce (art. 1).

El Censo no encontró un choque claro con la Constitución. Las dudas están en el alcance de la excepción a la licitación del artículo 182 §Constitución, art. 182.

Qué puede hacer usted

Si usted trabaja en una universidad pública o en el Conare y ve que una contratación se hizo sin concurso, puede pedir información. La Contraloría General de la República revisa los contratos que firman las instituciones públicas para verificar que se ajusten a la ley §guía, p. 68.

Puede presentar una denuncia ante la Contraloría si sospecha un manejo irregular de fondos públicos. Las formas son: personalmente en la Plataforma de Servicios o el Área de Denuncias e Investigaciones, en Sabana Sur, contiguo al Tennis Club; por teléfono al 2501-8000 o al 2501-8025; por el portal de Denuncia Electrónica; por correo a contraloria.general@cgrcr.go.cr; por apartado postal 1179-1000 San José; o por fax al 2501-8100 §guía, p. 68.

También puede acudir a la Defensoría de los Habitantes si una institución pública le falla en un servicio. Cualquier persona que habite en Costa Rica puede presentar una queja si fue maltratada en sus derechos por el mal funcionamiento de una institución pública o sus funcionarios §guía, p. 71.

Si un acto concreto de una universidad viola un derecho suyo, puede presentar un recurso de amparo. Cualquier persona puede interponerlo, según el artículo 33 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional §guía, p. 22. El recurso se plantea contra el servidor o titular del órgano que aparece como presunto autor del agravio.

Si quiere cambiar esta ley, puede proponer una reforma por iniciativa popular. El proyecto debe llevar firmas de al menos el cinco por ciento de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral §Constitución, art. 195. La Oficina de Iniciativa Popular de la Asamblea Legislativa brinda asesoramiento técnico gratuito para redactar el proyecto §guía, p. 26.

Lo que no sabemos

El dossier no dice cuánto dinero se ahorrarán las universidades con la exención de impuestos.

El dossier no dice cuántas contrataciones se harán sin concurso al año.

El dossier no incluye el nombre de los diputados que aprobaron la ley ni la fecha exacta de votación en el Plenario.

El dossier no incluye grabaciones de la Asamblea sobre este expediente.