El Estado dona el parque de Alajuelita a la Municipalidad

Qué cambia

El terreno donde hoy está el Parque de Desarrollo Humano de Alajuelita deja de ser de uso público y pasa a manos de la Municipalidad de Alajuelita. La ley desafecta el inmueble del uso público (art. 1) y autoriza al Estado a donarlo a esa municipalidad (art. 2).

El inmueble está inscrito con el plano 2-044199-2018 y la matrícula 1-697741-000, en el distrito de San Felipe, cantón de Alajuelita, partido de San José (art. 1). La municipalidad que lo recibe tiene cédula jurídica 3-014-042044 (art. 2).

El terreno no se puede usar para cualquier cosa. La ley dice que el bien donado "se destinará exclusivamente al Parque de Desarrollo Humano de Alajuelita, su desarrollo y sostenibilidad" (art. 3). Ahí se podrán hacer programas de desarrollo humano, artístico, cultural, recreativo, deportivo, económico y social, y capacitación para los habitantes del cantón y comunidades aledañas.

La donación depende de que el Concejo Municipal de Alajuelita la apruebe en su acuerdo (art. 3).

El parque lo administrará una alianza público-privada entre una fundación que se creará para eso y la Municipalidad de Alajuelita (art. 4). En esa fundación habrá un representante de la municipalidad y un representante del Poder Ejecutivo, designado por la Dirección de Gestión Sociocultural del Ministerio de Cultura y Juventud.

La Notaría del Estado se encarga de hacer la escritura de la donación y puede corregir medidas, linderos y errores en los datos del inmueble para inscribirlo en el Registro Nacional (art. 5).

El Poder Ejecutivo tiene seis meses desde la aprobación de la ley para reglamentarla (art. transitorio único). La ley rige desde su publicación.

A quién le toca

A la Municipalidad de Alajuelita: recibe el terreno si su Concejo Municipal aprueba el acuerdo, y comparte la administración del parque con la fundación (art. 2) (art. 3) (art. 4).

Al Ministerio de Cultura y Juventud: designa a su representante en la fundación por medio de la Dirección de Gestión Sociocultural (art. 4).

A la Notaría del Estado: le toca formalizar la donación y corregir los datos registrales del inmueble (art. 5).

A los habitantes de Alajuelita y de comunidades aledañas: la ley dice que el parque se destina a programas de desarrollo humano, artístico, cultural, recreativo, deportivo, económico y social, y a capacitación y formación profesional para ellos (art. 3).

A la fundación que se cree: podrá hacer convenios y buscar financiamiento público para acondicionar, mantener y ampliar el parque, y para proyectos de infraestructura y actividades culturales, formativas y recreativas (art. 4).

Cómo está hoy según SINALEVI

La ley 10865 está vigente. SINALEVI registra una sola versión de la norma y no le pone observaciones 2.

El texto consolidado que publica SINALEVI coincide con el aprobado: desafectación, autorización de donación, fin de la donación, administración por alianza público-privada, Notaría del Estado y transitorio de seis meses para reglamentar 2.

La ley se apoya en el artículo 11 de la Ley 5338, Ley de Fundaciones, que está vigente 3. Ese artículo dice que la administración y dirección de las fundaciones está a cargo de una Junta Administrativa, y que si el fundador designa solo un director, la Junta queda integrada por tres personas, con dos miembros que completan la Junta: uno designado por el Poder Ejecutivo y otro por la municipalidad del cantón donde tenga domicilio la fundación.

Frente a la Constitución

El Censo no encontró un choque claro entre esta ley y la Constitución del dossier. La ley mueve un bien del Estado a una municipalidad y respeta la autonomía municipal que reconoce el artículo 170 §Constitución, art. 170 (art. 3).

Hay un punto que conviene mirar. El artículo 45 dice que "La propiedad es inviolable; a nadie puede privarse de la suya si no es por interés público legalmente comprobado, previa indemnización conforme a la ley" §Constitución, art. 45. Aquí no hay privación a un particular: el dueño es el Estado y el que recibe es una municipalidad, y la ley fija un fin concreto para el terreno (art. 3). Queda la duda de si la desafectación y la donación cumplen el requisito de interés público comprobado, porque la ley no lo desarrolla más allá del fin del parque (art. 1).

El artículo 182 manda que las ventas o arrendamientos de bienes de las municipalidades se hagan mediante licitación §Constitución, art. 182. Esta ley no es una venta ni un arrendamiento: es una donación del Estado a la municipalidad, autorizada por ley (art. 2). El Censo no ve aquí un choque directo.

El artículo 175 dice que los presupuestos municipales necesitan la aprobación de la Contraloría General §Constitución, art. 175. La ley no toca presupuestos, pero la fundación podrá recibir financiamiento público para el parque (art. 4), y esos fondos quedan bajo la fiscalización de la Contraloría según la guía §guía, p. 68.

Qué puede hacer usted

Si vive en Alajuelita y le preocupa cómo se usará el terreno o quién maneja la fundación, puede pedirle al Concejo Municipal que discuta el acuerdo de aceptación de la donación en sesión pública. La ley exige ese acuerdo del Concejo (art. 3).

Puede presentar una denuncia ante la Contraloría General de la República si sospecha un manejo irregular de fondos públicos, incluidos los que reciba la fundación para el parque (art. 4). La guía explica que la Contraloría fiscaliza los fondos públicos que administran privados, como las transferencias a fundaciones, y que la denuncia se puede hacer en persona en Sabana Sur, por teléfono al 2501-8000 o al 2501-8025, por el portal institucional o por correo a contraloria.general@cgrcr.go.cr §guía, p. 68.

Puede acudir a la Defensoría de los Habitantes si una institución pública le falla en un servicio relacionado con el parque. La Defensoría protege los derechos e intereses de las personas ante actuaciones irregulares de las instituciones públicas §guía, p. 71.

Si un acto concreto de la municipalidad o del Ministerio de Cultura y Juventud viola un derecho suyo, puede presentar un recurso de amparo. Cualquier persona puede interponerlo, y se plantea contra el servidor o titular del órgano que aparece como presunto autor del agravio §guía, p. 22.

Si considera que la ley misma choca con la Constitución, existe la acción de inconstitucionalidad contra leyes y otras disposiciones generales que infrinjan una norma o principio constitucional §guía, p. 24.

Lo que no sabemos

El dossier no dice cuándo se publicó la ley en La Gaceta ni cuándo empieza a correr el plazo de seis meses para reglamentarla.

El dossier no dice si el Concejo Municipal de Alajuelita ya aprobó el acuerdo de aceptación de la donación.

El dossier no dice quiénes formarán la fundación ni cuándo se creará.

El dossier no dice cuánto mide el terreno ni cuánto vale.

El dossier no incluye grabaciones de la Asamblea sobre este expediente.