Municipalidades deberán dar subvención a escuelas especiales de toda la provincia

Qué cambia

La Ley 10885 reforma el artículo 1 de la Ley 7552 y obliga a las municipalidades a incluir a las juntas administrativas de los centros de educación especial públicos de su provincia entre las que reciben la subvención del 10% del impuesto de bienes inmuebles (art. 1).

El primer párrafo se mantiene igual: cada año las municipalidades deben destinar por lo menos el diez por ciento (10%) de los ingresos que reciban por la Ley 7509, Impuesto sobre Bienes Inmuebles, para subvencionar a las juntas de educación y a las juntas administrativas de los centros educativos públicos de su jurisdicción territorial (art. 1).

El cambio está en el segundo párrafo. Antes, la subvención llegaba solo a las juntas de los centros educativos de la jurisdicción del cantón. Ahora las municipalidades del país deben incluir como beneficiarias a las juntas administrativas de los centros de educación especial públicos que funcionen en su respectiva provincia, sin importar en qué cantón estén esos centros (art. 1).

La ley rige a partir de su publicación (art. 1). El texto dice que se firmó en la Presidencia de la República, en San José, el 18 de marzo de 2026.

A quién le toca

A las juntas administrativas de los centros de educación especial públicos. La ley las pone como instituciones beneficiarias de la subvención del 10% del impuesto de bienes inmuebles que recauda la municipalidad de su provincia (art. 1).

A las municipalidades del país. Deben incluir a esas juntas administrativas en el reparto de la subvención, aunque el centro de enseñanza especial esté en otro cantón de la misma provincia (art. 1).

A las juntas de educación y a las juntas administrativas de los centros educativos públicos de cada cantón. Siguen recibiendo la subvención del primer párrafo, que no cambió (art. 1).

Cómo está hoy según SINALEVI

La Ley 10885 está vigente y SINALEVI muestra una sola versión de la norma, sin observaciones de la Procuraduría General de la República 2.

SINALEVI registra la Ley 7552 como vigente y su artículo 1 aparece con la reforma de la Ley 10885 del 18 de marzo de 2026 3. El texto vigente del artículo 1 es el mismo que aprobó la Asamblea: el 10% del impuesto de bienes inmuebles para las juntas de educación y juntas administrativas del cantón, más la inclusión de las juntas administrativas de los centros de educación especial públicos de la provincia.

La Ley 7509, Impuesto sobre Bienes Inmuebles, del 9 de mayo de 1995, sigue vigente y es la que fija los ingresos que se reparten 4.

Frente a la Constitución

El artículo 78 de la Constitución dice que la educación preescolar, general básica y diversificada son obligatorias y, en el sistema público, gratuitas y costeadas por la Nación §Constitución, art. 78. La Ley 10885 no crea una obligación nueva de gasto para el Estado: reparte entre municipalidades un porcentaje de un impuesto que ya existe y suma a las escuelas especiales como beneficiarias (art. 1).

El artículo 169 de la Constitución pone la administración de los intereses y servicios locales de cada cantón a cargo del Gobierno Municipal §Constitución, art. 169. La ley usa la provincia como límite para que un centro de educación especial reciba subvención de una municipalidad distinta a la de su cantón (art. 1). Esa diferencia entre el límite cantonal del primer párrafo y el límite provincial del segundo podría generar dudas sobre el alcance de la autonomía municipal, pero el texto no obliga a una municipalidad a financiar un centro fuera de su territorio sin que la propia ley lo disponga.

El artículo 170 de la Constitución declara autónomas a las corporaciones municipales y ordena asignarles en el Presupuesto Ordinario de la República una suma no inferior al 10% de los ingresos ordinarios calculados §Constitución, art. 170. La Ley 10885 no toca esa transferencia: trabaja sobre el impuesto de bienes inmuebles que administran las municipalidades (art. 1).

El artículo 175 de la Constitución exige la aprobación de la Contraloría General para que entren en vigencia los presupuestos municipales §Constitución, art. 175. La ley no cambia ese control. El Censo no encontró un choque directo entre el texto de la Ley 10885 y los artículos revisados de la Constitución.

Qué puede hacer usted

Si usted es parte de una junta administrativa de un centro de educación especial público y la municipalidad de su provincia no lo incluyó en el reparto, puede pedir por escrito a la municipalidad que aplique el artículo 1 de la Ley 7552 reformado (art. 1).

Si la municipalidad no responde o responde mal, puede presentar un recurso de amparo. La guía explica que el amparo procede contra toda disposición, acuerdo o resolución de servidores y órganos públicos que haya violado, viole o amenace violar un derecho fundamental §guía, p. 22. Cualquier persona puede interponerlo.

El recurso de amparo se puede presentar en cualquier tiempo mientras subsista la violación, y hasta dos meses después de que hayan cesado sus efectos directos §guía, p. 22. Se formula por memorial, telegrama u otro medio escrito, sin otras formalidades §guía, p. 23.

También puede denunciar ante la Contraloría General de la República un manejo irregular de los recursos públicos municipales. La Contraloría revisa y aprueba presupuestos de municipalidades §guía, p. 68. La denuncia se presenta en la Plataforma de Servicios o el Área de Denuncias e Investigaciones, en Sabana Sur, o por los teléfonos 2501-8000 y 2501-8025.

Si el problema es el mal funcionamiento del servicio público municipal, puede presentar una queja ante la Defensoría de los Habitantes. Cualquier persona que habite en Costa Rica que haya sido maltratada en sus derechos por el mal funcionamiento de una institución pública puede hacerlo §guía, p. 71.

Si quiere cambiar la ley, puede usar la iniciativa popular. La guía explica que el proyecto se tramita por los procedimientos legislativos ordinarios y debe votarse en un plazo máximo de dos años §guía, p. 26. La Oficina de Iniciativa Popular de la Asamblea Legislativa brinda asesoramiento técnico gratuito para redactar el proyecto.

Lo que no sabemos

El dossier no dice cuánto dinero recibe cada centro de educación especial con la reforma.

El dossier no dice cuántos centros de educación especial públicos hay en el país ni en qué provincias están.

El dossier no incluye el decreto ejecutivo de publicación de la Ley 10885 en el diario oficial.