Costa Rica podrá vender a futuro la plata de los parques nacionales

Qué cambia

La Ley 10898 agrega tres artículos a la Ley de Biodiversidad. El primero faculta al Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) para titularizar los fondos propios de las áreas silvestres protegidas (art. 36 bis). Titularizar significa convertir ingresos futuros en valores que se venden a inversionistas. El Sinac recibe plata hoy y los inversionistas cobran con las tarifas de los próximos años.

Entran en esa bolsa las tarifas de ingreso, el canon de concesión por servicios y actividades no esenciales, cualquier otra tarifa relacionada, los cánones establecidos por ley y el pago por cualquier actividad dentro de las áreas protegidas por la que se cobre algo (art. 36 bis).

La plata debe ir a dos cosas: infraestructura en las áreas silvestres protegidas y pago de expropiaciones de fincas que forman parte de esas áreas y que el Estado debe (art. 36 bis). Toda inversión tiene que ser compatible con los objetivos de conservación del plan general de manejo. Además, los fondos se usan según un plan de inversión anual que elabora el Sinac, que define la metodología y los criterios de priorización.

El Sinac puede ceder los flujos futuros de efectivo de manera incondicional e irrevocable a un vehículo de propósito especial autorizado para oferta pública de valores. Eso forma un patrimonio autónomo (art. 36 bis). También puede usar mejoradores de crédito internos y externos, y pagarlos con los mismos fondos titularizados.

Hay un límite: el Sinac no puede titularizar fondos que vengan de transferencias de origen tributario del presupuesto general de la República. La excepción es cuando esos fondos correspondan a la presupuestación de alguno de los fondos titularizables (art. 36 bis).

El artículo 36 ter crea el Fideicomiso de Áreas Silvestres Protegidas. Su patrimonio son los fondos propios de las tarifas de ingreso a los parques nacionales y otros cedidos por el Sinac (art. 36 ter). El porcentaje de cesión lo define el Sinac a partir de análisis financieros, necesidades institucionales y el plan de inversión. Queda pactado en un contrato de fideicomiso donde el Sinac es el fideicomitente y el fiduciario es un banco del sistema bancario nacional.

Ese banco se escoge bajo los procesos que permite la Ley 9986, Ley General de Contratación Pública, con criterios de calidad, servicio y experiencia. El contrato debe garantizar que el costo de la fiducia sea razonable, según los parámetros del reglamento (art. 36 ter).

El fideicomiso debe constituirse y domiciliarse en Costa Rica, cumplir la normativa del Mercado de Valores e inscribirse en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios para poder hacer oferta pública (art. 36 ter).

Las prioridades de inversión las define el Sinac con criterios ambientales y socioeconómicos fundamentados, que serán de conocimiento público. Debe mantener los principios solidarios y distributivos de los recursos que generan las áreas silvestres protegidas abiertas a la visitación (art. 36 ter).

Si se necesitan diseños, construcción, equipamiento, mantenimiento, vigilancia e inspección de obras, el fiduciario contrata un administrador o administradores del proyecto (art. 36 ter). El fideicomiso también puede recibir donaciones o transferencias para inversión de capital de fuentes públicas, privadas o internacionales.

El Sinac puede usar como vehículo de propósito especial cualquier otra figura jurídica autorizada en la Ley 7732, Ley Reguladora del Mercado de Valores, y su reglamentación (art. 36 ter).

El artículo 36 quater deja esos fondos fuera del título IV de la Ley 9635 y fuera del artículo 80, inciso d), de la Ley 8131 (art. 36 quater). El vehículo de propósito especial debe tener los recursos cedidos en cuentas bancarias en instituciones financieras distintas a la Tesorería Nacional. Queda exceptuado de cumplir la Ley 10495, Manejo Eficiente de la Liquidez del Sector Público. Las contrataciones que haga el fiduciario en representación del fideicomiso sí deben cumplir la Ley 9986 y su reglamento.

El transitorio único da seis meses al Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) para hacer un reglamento con los procedimientos y criterios técnicos, ambientales y socioeconómicos para priorizar proyectos. También debe definir la estructura de gobernanza del fideicomiso en el contrato con el banco fiduciario, refrendado por la Contraloría General de la República (art. Transitorio único).

La ley rige a partir de su publicación (art. Rige a partir de su publicación).

A quién le toca

A las personas que visitan parques nacionales y áreas silvestres protegidas: las tarifas de ingreso son parte de los fondos que se pueden titularizar (art. 36 bis).

A las personas dueñas de fincas dentro de áreas silvestres protegidas que el Estado les debe expropiación: el pago de esas expropiaciones es uno de los destinos de los fondos (art. 36 bis).

A los concesionarios que prestan servicios y actividades no esenciales dentro de las áreas protegidas: el canon de concesión entra en la bolsa titularizable (art. 36 bis).

Al Sinac, que queda facultado para titularizar, ceder flujos, definir el porcentaje de cesión y fijar las prioridades de inversión (art. 36 bis) (art. 36 ter).

Al banco del sistema bancario nacional que resulte seleccionado como fiduciario (art. 36 ter).

Al Minae, que debe emitir el reglamento en seis meses (art. Transitorio único).

Cómo está hoy según SINALEVI

La ley está vigente. SINALEVI registra una sola versión de la norma y no anota observaciones de la Procuraduría General de la República 2.

El texto consolidado en SINALEVI coincide con el aprobado: los artículos 36 bis, 36 ter y 36 quater que se adicionan a la Ley 7788 aparecen con el mismo contenido 2 3.

Frente a la Constitución

El Censo no encontró un choque directo entre esta ley y los artículos revisados de la Constitución. Hay dudas en dos puntos.

El artículo 45 dice que "La propiedad es inviolable; a nadie puede privarse de la suya si no es por interés público legalmente comprobado, previa indemnización conforme a la ley" §Constitución, art. 45. La ley usa fondos de tarifas para pagar expropiaciones que el Estado debe (art. 36 bis). Eso calza con el mandato de indemnizar. La duda es si destinar ingresos corrientes a deudas viejas deja plata suficiente para el resto de la operación del Sinac.

El artículo 176 ordena que "En ningún caso, el monto de los gastos presupuestos podrá exceder el de los ingresos probables" §Constitución, art. 176. La ley saca los fondos titularizados del título IV de la Ley 9635 y del artículo 80, inciso d), de la Ley 8131 (art. 36 quater). También los exceptúa de la Ley 10495. Queda la duda de cómo se reflejan esos recursos en el presupuesto nacional y quién los fiscaliza.

El artículo 182 manda que "Los contratos para la ejecución de obras públicas que celebren los Poderes del Estado, las Municipalidades y las instituciones autónomas, las compras que se hagan con fondos de esas entidades y las ventas o arrendamientos de bienes pertenecientes a las mismas, se harán mediante licitación, de acuerdo con la ley en cuanto al monto respectivo" §Constitución, art. 182. La ley somete las contrataciones del fiduciario a la Ley 9986 (art. 36 quater). Eso calza con el artículo 182.

El artículo 50 reconoce "Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado" §Constitución, art. 50. La ley exige que toda inversión sea compatible con los objetivos de conservación del plan de manejo (art. 36 bis). Eso calza con el artículo 50.

Qué puede hacer usted

Si un acto concreto del Sinac o del fiduciario le viola un derecho, puede presentar un recurso de amparo. Cualquier persona puede interponerlo, según el artículo 33 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional §guía, p. 22. Se plantea contra el servidor o titular del órgano que aparece como presunto autor del agravio.

El amparo se puede presentar en cualquier tiempo mientras subsista la violación, y hasta dos meses después de que cesen sus efectos directos §guía, p. 22. En el escrito debe expresar con claridad el hecho o la omisión, el derecho violado, el nombre del servidor u órgano y las pruebas §guía, p. 23.

Si considera que la ley misma choca con la Constitución, existe la acción de inconstitucionalidad. Procede contra leyes y otras disposiciones generales que infrinjan alguna norma o principio constitucional §guía, p. 24. El artículo 75 pide un asunto pendiente ante los tribunales o en el procedimiento administrativo. No se necesita ese caso cuando se defienden intereses difusos o colectivos.

Si sospecha un manejo irregular de los fondos públicos del fideicomiso, puede denunciar ante la Contraloría General de la República. La CGR fiscaliza el uso de los fondos públicos de las instituciones del Estado §guía, p. 68. La denuncia se presenta en la Plataforma de Servicios o el Área de Denuncias e Investigaciones, en Sabana Sur. También por teléfono al 2501-8000 o al 2501-8025, por el portal de Denuncia Electrónica o al correo contraloria.general@cgrcr.go.cr.

Si una institución pública le falla en un servicio, puede quejarse ante la Defensoría de los Habitantes. Cualquier persona que habite en Costa Rica puede presentar una queja si fue maltratada en sus derechos por el mal funcionamiento de una institución pública o sus funcionarios §guía, p. 71.

Para cambiar la ley, existe la iniciativa popular. El proyecto debe tramitarse por los procedimientos legislativos ordinarios y votarse en un plazo máximo de dos años §guía, p. 26. La Oficina de Iniciativa Popular de la Asamblea Legislativa da asesoramiento técnico gratuito para redactar el proyecto.

Lo que no sabemos

El dossier no dice cuánto dinero generan hoy las tarifas de los parques nacionales ni cuánto se debe por expropiaciones.

El dossier no dice qué porcentaje de los ingresos cederá el Sinac al fideicomiso.

El dossier no dice cuánto costará la fiducia ni cuánto rendirán los valores que se emitan.

El dossier no incluye el reglamento que el Minae debe emitir en seis meses.

El dossier no permite saber si habrá grabaciones de la Asamblea sobre este expediente.