Juez podrá allanar casas para capturar a un extraditable

Qué cambia

La Ley 10936 agrega un artículo nuevo a la Ley de Extradición: el 7 bis. Ese artículo permite allanar un inmueble para capturar a la persona que un país pide en extradición (art. 7 bis).

El allanamiento solo procede si hay una solicitud de extradición ya presentada por el país que la pide (art. 7 bis). También debe haber motivos fundados para creer que la persona está en un lugar determinado.

La solicitud la hace el Ministerio Público o la Procuraduría General de la República (art. 7 bis). Quien autoriza es la persona juzgadora encargada del proceso de extradición.

El allanamiento lo hace el juez o jueza que lo autoriza (art. 7 bis). Ese juez puede delegar la práctica a otra autoridad judicial penal, de Costa Rica o de otros territorios. La delegación debe constar en una resolución motivada y se ejecuta bajo control judicial.

La resolución debe indicar cinco cosas: el lugar a allanar, la autoridad que practicará la diligencia, el motivo, la autorización para secuestrar evidencia, y la fecha y hora de ejecución (art. 7 bis).

El allanamiento se puede hacer a cualquier hora y cualquier día, incluidos los feriados (art. 7 bis).

Hay que entregar una copia de la resolución a quien habite o posea el inmueble (art. 7 bis). Si no está, se entrega a su encargado o a cualquier persona mayor de edad presente. Si no hay nadie, eso se hace constar en el acta.

La diligencia debe afectar lo menos posible la intimidad de las personas (art. 7 bis). El resultado se consigna en un acta.

El juez tiene un plazo máximo de tres días naturales para resolver la solicitud de allanamiento (art. 7 bis).

Si en el allanamiento aparece evidencia del delito que motiva la extradición, se secuestra y asegura (art. 7 bis). Para eso hace falta autorización del juez del proceso de extradición. Después esa evidencia se entrega al país que pidió la extradición.

La ley rige desde su publicación (art. 7 bis). El texto está dado en la Presidencia de la República, en San José, a los doce días del mes de mayo del año dos mil veintiséis.

A quién le toca

A la persona que un país pide en extradición y que se presume está en un inmueble determinado (art. 7 bis).

A quien habite o posea ese inmueble, porque debe recibir copia de la resolución (art. 7 bis).

Al encargado del inmueble o a cualquier persona mayor de edad que esté presente, que también puede recibir la copia (art. 7 bis).

Al Ministerio Público y a la Procuraduría General de la República, que son los que pueden pedir el allanamiento (art. 7 bis).

A la persona juzgadora del proceso de extradición, que autoriza, practica o delega el allanamiento y resuelve en tres días naturales (art. 7 bis).

A otra autoridad judicial penal, de Costa Rica o de otros territorios, si el juez le delega la práctica de la diligencia (art. 7 bis).

Cómo está hoy según SINALEVI

La ley está vigente 2. SINALEVI registra una sola versión de la norma y no tiene observaciones.

El texto que publica SINALEVI coincide con el artículo 7 bis que se adicionó a la Ley de Extradición, Ley 4795 3.

Frente a la Constitución

El artículo 24 de la Constitución protege la intimidad y el domicilio. Dice que "Son inviolables los documentos privados y las comunicaciones escritas, orales o de cualquier otro tipo de los habitantes de la República" §Constitución, art. 24. También permite que los Tribunales de Justicia ordenen el secuestro, registro o examen de documentos privados cuando sea indispensable para esclarecer un asunto.

El artículo 7 bis pone el allanamiento en manos de la persona juzgadora del proceso de extradición (art. 7 bis). También exige resolución motivada y control judicial. Eso calza con la idea de que un tribunal ordena la medida.

El artículo 37 de la Constitución dice que nadie puede ser detenido sin un indicio comprobado de haber cometido delito y sin mandato escrito de juez §Constitución, art. 37. El artículo 7 bis pide una solicitud de extradición presentada y motivos fundados para presumir dónde está la persona (art. 7 bis). El Censo no encontró un choque directo con esa regla.

El artículo 41 de la Constitución manda dar justicia pronta y cumplida §Constitución, art. 41. El plazo de tres días naturales para resolver la solicitud de allanamiento apunta en esa dirección (art. 7 bis).

Hay una duda sobre el artículo 24. La Constitución pide una ley aprobada con dos tercios de los diputados para fijar los casos en que los tribunales pueden ordenar el secuestro o registro de documentos privados §Constitución, art. 24. El dossier no dice con cuántos votos se aprobó la Ley 10936. El Censo no puede confirmar si se cumplió ese requisito.

Otra duda: el artículo 7 bis permite allanar a cualquier hora y cualquier día, incluidos feriados (art. 7 bis). La Constitución no fija horarios para el allanamiento, pero la intimidad del artículo 24 §Constitución, art. 24 es el derecho que un allanamiento toca. El Censo no encontró una regla constitucional que prohíba hacerlo de noche o en feriado.

El artículo 31 de la Constitución dice que la extradición "nunca procederá en casos de delitos políticos o conexos con ellos, según la calificación costarricense" §Constitución, art. 31. El artículo 7 bis no menciona delitos políticos (art. 7 bis). El Censo no encontró choque entre los dos textos.

Qué puede hacer usted

Si un allanamiento con fines de extradición viola un derecho suyo, puede presentar un recurso de amparo §guía, p. 22. El amparo procede contra toda acción u omisión de servidores públicos que haya violado, viole o amenace violar un derecho fundamental.

El amparo lo puede presentar cualquier persona §guía, p. 22. Se presenta contra la autoridad que aparece como presunta autora del agravio.

El plazo para presentar el amparo es de dos meses después de que cesaron los efectos directos del perjuicio §guía, p. 22. Mientras la violación siga, se puede presentar en cualquier tiempo.

En el escrito debe expresar con claridad el hecho o la omisión, el derecho violado, el nombre del servidor u órgano autor y las pruebas §guía, p. 23. No hace falta citar la norma constitucional infringida.

Si cree que el artículo 7 bis choca con la Constitución, existe la acción de inconstitucionalidad §guía, p. 24. Procede contra leyes y otras disposiciones generales que infrinjan una norma o principio constitucional.

Para presentar la acción de inconstitucionalidad hace falta un asunto pendiente ante los tribunales o en el procedimiento administrativo §guía, p. 24. No hace falta ese caso pendiente cuando se defienden intereses difusos o colectivos.

Si el problema es el mal funcionamiento de una institución pública, puede presentar una queja ante la Defensoría de los Habitantes §guía, p. 71. La Defensoría protege los derechos e intereses de todas las personas que habitan en Costa Rica. No investiga casos que estén a la espera de una resolución judicial.

Si quiere proponer un cambio a esta ley, existe la iniciativa popular §guía, p. 26. El proyecto debe pasar por los procedimientos legislativos ordinarios y votarse en un plazo máximo de dos años.

Lo que no sabemos

El dossier no dice con cuántos votos se aprobó la Ley 10936, dato que el artículo 24 de la Constitución pide para las leyes que regulan el registro de documentos privados.

El dossier no incluye grabaciones de la Asamblea sobre este expediente.

El dossier no dice cuántas solicitudes de allanamiento se han presentado desde que rige la ley.

El dossier no dice si la Sala Constitucional ha resuelto alguna consulta sobre el artículo 7 bis.