Proyecto para pedir cuentas de la pensión alimentaria quedó archivado
El expediente 21702 proponía que un juez pudiera pedir cuentas de cómo se gasta la pensión alimentaria de un menor, pero venció su plazo cuatrienal en 2023 sin convertirse en ley.
Título oficial REFORMA AL ARTÍCULO 171 DEL CÓDIGO DE FAMILIA, LEY 5476, PARA TUTELAR EL INTERÉS SUPERIOR DE LA PERSONA MENOR DE EDAD BENEFICIARIA DE UNA PENSIÓN ALIMENTARIA
A quién le toca
- Personas menores de edad que reciben una pensión alimentaria
- Personas que administran la pensión alimentaria de un menor
- Personas que pagan una pensión alimentaria y querían pedir cuentas
A quién beneficia
- El proyecto daba al menor de doce años o más la posibilidad de pedir cuentas de su pensión
- El PANI podía pedir la rendición de cuentas
- El juez podía cambiar a quien administra la pensión si encontraba mal manejo
Qué cambia
- La rendición de cuentas no se podía pedir más de una vez por año
- Quien paga la pensión debía estar al día para pedir la rendición de cuentas
- El juez decidía qué rubros se podían comprobar
- El proyecto no llegó a ser ley porque venció su plazo en 2023
La explicación completa
Qué propone
El proyecto 21702 proponía reformar el artículo 171 del Código de Familia para que un juez pudiera pedir cuentas de cómo se gasta la pensión alimentaria de una persona menor de edad (art. 1). Hoy ese artículo solo dice que la deuda alimentaria tiene prioridad sobre cualquier otra 2.
La reforma agregaba que la rendición de cuentas se podía pedir a solicitud del menor que tenga al menos doce años, del Patronato Nacional de la Infancia o de la persona que paga la pensión (art. 1). El juez debía tener como consideración primordial el interés superior del menor.
La rendición de cuentas no se podía pedir más de una vez por año calendario (art. 1). Debía cubrir rubros demostrables de la cuota, durante los últimos seis meses. Si la pedía quien paga la pensión, esa persona debía estar al día con el pago e indicar sus razones.
Si el juez comprobaba un manejo perjudicial para el menor, podía ordenar un cambio de administración de los recursos (art. 1). Para eso daría preferencia a un familiar cercano o nombraría otro garante.
En qué va el trámite
El proyecto está archivado. Venció su plazo cuatrienal el 19 de noviembre de 2023 1.
El expediente entró al plenario el 19 de noviembre de 2019 y se asignó a comisión el 26 de noviembre de 2019 1. Pasó a la Comisión Permanente Especial de Juventud, Niñez y Adolescencia. Esa comisión votó un dictamen el 26 de noviembre de 2020 y lo remitió a la Secretaría del Directorio el 5 de agosto de 2021.
Para ser ley, todo proyecto necesita dos debates en días distintos, la aprobación de la Asamblea y la sanción del Poder Ejecutivo Constitución, art. 124. Este proyecto no llegó a primer debate.
Frente a la Constitución
El proyecto se apoyaba en el artículo 51 de la Constitución, que ordena al Estado dar protección especial a la familia, la madre, el niño y la niña Constitución, art. 51. El texto del proyecto cita ese artículo para justificar la rendición de cuentas (art. 1).
El expediente también invoca el artículo 11 de la Constitución, sobre el principio de rendición de cuentas 1. Ese artículo no aparece en el dossier de esta investigación, así que no se puede comparar su texto.
El Censo no encontró un choque directo entre la reforma propuesta y los artículos constitucionales del dossier. La reforma dejaba en manos del juez decidir cuándo un rubro no se puede comprobar (art. 1). Esa discrecionalidad podría generar dudas sobre el derecho a la intimidad del artículo 24 Constitución, art. 24, pero el texto no lo menciona.
Qué puede hacer usted
Este proyecto ya no se puede apoyar ni frenar en la Asamblea: está archivado. Si quiere impulsar una idea parecida, la guía de participación ciudadana describe la iniciativa popular guía, p. 26.
La iniciativa popular exige reunir al menos el 5% de las firmas de personas inscritas en el padrón electoral guía, p. 30. Luego el Tribunal Supremo de Elecciones revisa las firmas y traslada el proyecto a la Asamblea guía, p. 26.
También puede presentar una propuesta de ley por el formulario web de la Asamblea guía, p. 27. Esa vía no garantiza que la propuesta se discuta ni se vote.
Si el problema es cómo se usa una pensión alimentaria en un caso concreto, puede acudir a la Contraloría de Servicios del Poder Judicial guía, p. 40. Ahí se atienden denuncias y sugerencias de personas usuarias.
Lo que no sabemos
El dossier no dice por qué el proyecto no avanzó después del dictamen de comisión.
El dossier no incluye el texto del artículo 11 de la Constitución que el expediente cita.
El dossier no tiene grabaciones de la Asamblea sobre este expediente.
La Constitución y esta ley, lado a ladoSin choque aparente
El proyecto se apoyaba en el artículo 51 sobre protección a la familia y la niñez. El Censo no encontró un choque directo con los artículos del dossier, aunque la discrecionalidad del juez podría generar dudas sobre la intimidad del artículo 24.
Constitución, art. 51"La familia, como elemento natural y fundamento de la sociedad, tiene derecho a la protección especial del Estado. Igualmente, tendrán derecho a esa protección la madre, el niño y la niña, las personas adultas mayores y las personas con discapacidad."
Esta ley, art. 1"La autoridad judicial, a petición de la persona menor que tenga al menos doce años, del Patronato Nacional de la Infancia, o de la persona alimentante, podrá solicitar a quien deba administrar los dineros correspondientes a los alimentos de una persona menor de edad, que rinda cuentas respecto de todos aquellos rubros comprendidos en la cuota alimentaria"
Sin choque aparente La Constitución ordena proteger de forma especial a la niñez. La reforma buscaba cumplir esa protección vigilando el uso del dinero de la pensión.
Constitución, art. 24"Se garantiza el derecho a la intimidad, a la libertad y al secreto de las comunicaciones."
Esta ley, art. 1"salvo que se tratara de rubros para los cuales resulte imposible la comprobación, a criterio de la autoridad judicial, quien deberá tener, como consideración primordial, el interés superior de la persona menor de edad"
Hay dudas La reforma dejaba al juez decidir qué gastos se comprueban. Eso podría tocar la intimidad de quien administra la pensión, pero el texto no lo aborda.
Esto es una lectura comparada, no un fallo. Solo la Sala Constitucional puede declarar una ley inconstitucional.
Fuentes
- Expediente 21702: REFORMA AL ARTÍCULO 171 DEL CÓDIGO DE FAMILIA, LEY 5476, PARA TUTELAR EL INTERÉS SUPERIOR DE LA PERSONA MENOR DE EDAD BENEFICIARIA DE UNA PENSIÓN ALIMENTARIA
- Ley 5476: Código de Familia (Vigente)
- Constitución Política (texto vigente)
- Herramientas de participación ciudadana en Costa Rica
Límites de esta investigación
- No se encontraron grabaciones de la Asamblea que mencionen este expediente.
Investigado y verificado automáticamente el 2026-11-09. Cada cita textual se comprobó contra su fuente antes de publicar.
Texto oficial completo
Así lo publica la Asamblea Legislativa. Compárelo con el resumen de arriba: si algo no calza, créale al texto oficial.
Leer el texto completo
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
PROYECTO DE LEY
REFORMA AL ARTÍCULO 171 DEL CÓDIGO DE FAMILIA, LEY 5476, PARA TUTELAR EL INTERÉS SUPERIOR DE LA PERSONA MENOR DE EDAD BENEFICIARIA DE UNA PENSIÓN ALIMENTARIA
HARLLAN HOEPELMAN PÁEZ DIPUTADO
EXPEDIENTE N.° 21.702
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS UNIDAD DE PROYECTOS, EXPEDIENTES Y LEYES
NOTA: A solicitud del proponente, este Departamento no realizó la revisión de errores formales, materiales e idiomáticos que pueda tener este proyecto de ley. PROYECTO DE LEY
REFORMA AL ARTÍCULO 171 DEL CÓDIGO DE FAMILIA, LEY 5476, PARA TUTELAR EL INTERÉS SUPERIOR DE LA PERSONA MENOR DE EDAD BENEFICIARIA DE UNA PENSIÓN ALIMENTARIA
. Expediente N.° 21.702
ASAMBLEA LEGISLATIVA:
El Código de Familia contiene normas generales para la conceptualización del derecho de alimentos, así como normas puntuales que sirven como pautas para la fijación de esa obligación. Estas normas están aún más desarrolladas en la Ley de Pensiones Alimentarias, que en octubre de 2020 será sustituida por el Título V del Libro II del Código Procesal de Familia aprobado en segundo debate desde el 17 de septiembre de dos mil diecinueve, pero en ninguno de estos cuerpos normativos se faculta a la autoridad judicial para exigir una rendición de cuentas de quien tenga la custodia física de la persona menor de edad, cuando la parte beneficiaria tenga esa condición, la cual es una condición de vulnerabilidad que el legislador está llamado a tutelar.
La legislación carece de un mecanismo expedito y eficaz que garantice el buen uso de los recursos destinados a satisfacer los alimentos de las personas menores de edad. Esto a pesar de que el principio de rendición de cuentas está en la cúspide de nuestro ordenamiento jurídico, en el artículo 11 de la Constitución Política. Este vacío legal hace que algunas autoridades judiciales se abstengan de pedir una rendición de cuentas a la persona adulta responsable por el manejo de los fondos que son depositados para atender las necesidades básicas de este grupo especialmente vulnerable, al cual el Estado está llamado a proteger de manera especial, al tenor del artículo 51 de la Carta Magna, que dispone que “La familia, como elemento natural y fundamento de la sociedad, tiene derecho a la protección especial del Estado. Igualmente, tendrán derecho a esa protección la madre, el niño y la niña, las personas adultas mayores y las personas con discapacidad.”
Los procesos de aumento o disminución de la cuota alimentaria, persiguen un fin distinto al que se busca en este proyecto de ley. Actualmente, esos procesos son largos, incluyen la solicitud de constancias a todos los bancos del sistema nacional bancario, lo cual significa muchos meses de espera. Pero las necesidades de las personas menores de edad no pueden esperar y ante un uso indebido de la cuota alimentaria, se necesita de un mecanismo expedito que sirva para garantizar que el dinero destinado a la comida, vestimenta, educación y cuidados médicos de las personas menores de edad se solventen y si se hace un mal uso de esos recursos, la autoridad judicial debe tener la facultad de remover a la persona encargada de manejar esos fondos, y nombrar a otra persona para realizar tan importante función.
Actualmente existen unos 188.000 procesos de pensión alimentaria, según datos del Observatorio de Género del Poder Judicial, en los que unas 1810 pensiones superan el medio millón de colones, con aguinaldo por igual suma y con salario escolar en los casos en que la persona beneficiaria estudia. De esos 1810 casos, 343 superan el millón de colones, con 4 en los que la cuota asciende a más de 7 millones de colones. Si bien estas cuotas parecen altas, lo cierto es que el promedio ronda los 96 mil colones, como cuota ordinaria. Independientemente del monto de la cuota, el dinero destinado a suplir las necesidades básicas de las personas menores de edad, debe ser empleado correctamente, que es lo que se busca garantizar por medio del presente proyecto de ley.
La idea de una rendición de cuentas en materia de alimentos ha sufrido una cierta resistencia de parte de algunas personas, quizás por la errónea concepción de que se trata de un asunto de injerencia en la vida privada de quienes tienen la responsabilidad de administrar los dineros que son depositados en las cuentas judiciales para cubrir los gastos que demanda una persona menor de edad. Durante más de un año de discusión nacional sobre esta idea de la rendición de cuentas, nos hemos encontrado con un apoyo muy contundente de hombres y mujeres a la necesidad de garantizar el buen uso de las pensiones alimentarias, independientemente de quién deba administrarlas. Ha habido un proceso de discusión nacional que ha incluido programas radiales, un debate televisivo, artículos en la prensa nacional e internacional y hasta sondeos por parte de una televisora costarricense.
Sin embargo, lo cierto es que quien administra esos dineros, independientemente de si se trata de un hombre o una mujer, si bien en la mayoría de los casos nuestra sociedad sigue recargando el cuido de los menores en las madres, tiene el deber de velar por la satisfacción de las necesidades básicas de los menores bajo su cuido.
Se debe recalcar que el fin de facultar a la autoridad judicial para que exija esa rendición de cuentas para ciertos rubros fundamentales referente al desarrollo integral de la persona menor de edad, no es la injerencia en la vida privada de quien administra esos fondos, sino proteger el interés superior de la persona menor de edad, por lo que la autoridad judicial servirá de filtro para evitar abusos en las solicitudes de rendición de cuentas, teniendo la facultad de determinar cuándo resulte imposible demostrar ciertos rubros comprendidos en la cuota alimentaria. Además, se proponen límites como el que esa rendición de cuentas no se pueda ordenar más de una vez por año, para evitar un uso indebido de la modificación de esta norma que se propone.
No son pocas las denuncias que se pueden apreciar en redes sociales y en procesos judiciales en donde se alega que el menor se ve perjudicado por un mal manejo de los dineros depositados por este concepto de alimentos, y se considera que no se trata de pedir una rendición de cuentas por cualquier gasto, sino por rubros de fundamental importancia para el desarrollo integral de la persona menor de edad, tales como educación, vestido, salud y la canasta básica. Así fuera un solo caso, el Estado tiene el deber de proteger a la persona menor de edad, mediante la creación de mecanismos para una tutela judicial efectiva de todas esas personas menores de edad, a quienes incluso se les reconoce su plena capacidad procesal a partir de los doce años, según el Código Procesal de Familia.
El legislador está llamado, desde el artículo 51 de la Constitución Política y los instrumentos internacionales, en especial el Convenio Internacional de los Derechos del Niño, a tomar medidas que garanticen su desarrollo integral, siendo que ante los adultos se encuentran en una situación de vulnerabilidad y desventaja, por lo que se trata de darle a la autoridad judicial la posibilidad, ante la solicitud de la parte obligada, el PANI o de oficio, de verificar que esas necesidades básicas se estén sufragando mediante un uso adecuado de los fondos destinados para esos fines.
Si bien una mala administración de los recursos que deban destinarse a los alimentos de una persona menor de edad podría dar pie a otros procesos, tales como una modificación de la guarda, crianza y educación de los hijos, o un proceso para aumentar o rebajar la cuota, este no es el fin inmediato de este proyecto de ley. Se puede conceptualizar casos en que, a pesar de un mal manejo del dinero, no exista razones suficientes para un cambio de guarda de la persona menor de edad, y en todo caso, esos son procesos complejos que pueden tardar mucho tiempo en ser resueltos, mientras que, como se insiste, este proyecto busca crear un mecanismo rápido y eficaz que garantice el buen uso de los dineros que son para cubrir las necesidades básicas de los niños beneficiarios de una cuota alimentaria, al brindarle a la autoridad judicial esa facultad que actualmente no está claramente definida en la ley y que en la práctica ha significado una gran variedad de criterios, donde algunas autoridades judiciales ordenan la rendición de cuentas con base en el principio de la protección del interés superior del niño, mientras que otras no lo hacen, precisamente señalando ese vacío legal que existe en la actualidad y que el legislador está llamado a llenar.
En el derecho comparado, tenemos que varios países contienen en sus leyes la rendición de cuentas para pensiones alimentarias, como Panamá, Uruguay y varios estados de Estados Unidos, siempre teniendo como consideración primordial el interés superior de la persona menor de edad, tal y como lo ordena el artículo 3 párrafo primero de la Convención de los Derechos del Niño, el cual dispone que “En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.” También en su artículo 4 leemos que “Los Estados Partes adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la presente Convención. En lo que respecta a los derechos económicos, sociales y culturales, los Estados Partes adoptarán esas medidas hasta el máximo de los recursos de que dispongan y, cuando sea necesario, dentro del marco de la cooperación internacional.”
Es de conformidad con lo anterior que se somete ante los señores y señoras diputados el presente proyecto de ley, para la efectiva tutela de personas menores de edad beneficiarias de una pensión alimentaria.
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA DECRETA:
REFORMA AL ARTÍCULO 171 DEL CÓDIGO DE FAMILIA, LEY 5476, PARA TUTELAR EL INTERÉS SUPERIOR DE LA PERSONA MENOR DE EDAD BENEFICIARIA DE UNA PENSIÓN ALIMENTARIA
ARTÍCULO 1- Refórmense el artículo 171 del Código de Familia, de la siguiente manera:
Artículo 171- La deuda alimentaria tendrá prioridad sobre cualquier otra, sin excepción, sin perjuicio de lo que establece el artículo 173 inciso 1).
La autoridad judicial, a petición de la persona menor que tenga al menos doce años, del Patronato Nacional de la Infancia, o de la persona alimentante, podrá solicitar a quien deba administrar los dineros correspondientes a los alimentos de una persona menor de edad, que rinda cuentas respecto de todos aquellos rubros comprendidos en la cuota alimentaria, salvo que se tratara de rubros para los cuales resulte imposible la comprobación, a criterio de la autoridad judicial, quien deberá tener, como consideración primordial, el interés superior de la persona menor de edad.
Esta rendición de cuentas no podrá solicitarse más de una vez en un año calendario y deberá versar sobre rubros demostrables y contemplados en la cuota alimentaria, durante los últimos seis meses.
Si la solicitud proviene de la persona alimentante, ella deberá encontrarse al día con el pago de la pensión alimentaria y deberá indicar las razones por las que considera necesaria la rendición de cuentas.
Cuando la autoridad judicial tenga por acreditado que existe, en el caso concreto, un manejo de los recursos de la pensión alimentaria que resulte perjudicial al mejor interés de la persona menor de edad, podrá ordenar un cambio de administración de esos recursos, para lo cual se dará preferencia a algún familiar cercano, o bien se nombrará algún otro garante especialmente nombrado para ello.
Rige a partir del día siguiente de su publicación.
Harllan Hoepelman Páez Diputado
28 de noviembre de 2019
NOTAS: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente Especial de Juventud, Niñez y Adolescencia.
El Departamento de Servicios Parlamentarios ajustó el texto de este proyecto a los requerimientos de estructura.