Archivado el proyecto que daba pensión a huérfanos de femicidio

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

PROYECTO DE LEY

LEY DE REPARACIÓN INTEGRAL PARA VÍCTIMAS DE FEMICIDIO

VARIAS SEÑORAS DIPUTADAS Y SEÑORES DIPUTADOS

EXPEDIENTE N.º 21.712

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS UNIDAD DE PROYECTOS, EXPEDIENTES Y LEYES

NOTA: A solicitud de las partes, este Departamento no realizó la revisión de errores formales, materiales e idiomáticos que pueda tener este proyecto de ley. PROYECTO DE LEY

LEY DE REPARACIÓN INTEGRAL PARA VÍCTIMAS DE FEMICIDIO

Expediente N.° 21.712

ASAMBLEA LEGISLATIVA:

El presente proyecto de ley tiene como propósito crear un régimen de reparación integral para personas que resulten víctimas directas o indirectas por el delito de femicidio consumado, o por homicidio las siguientes condiciones: cuando se de muerte a una mujer con quien no había una relación de matrimonio o unión libre o las posteriores a una separación, como las relaciones de noviazgo, o las que ocurren por un ataque sexual o la que son producidas por un proxeneta.

Se contemplan como beneficiarias las personas menores de edad hijas o hijos de la mujer víctima de femicidio, las hijas o hijos mayores de edad que se encuentran estudiando hasta los 25 años, las personas adultas mayores o personas con discapacidad permanente que se encontraran a cargo de la mujer víctimas de femicidio, así como aquellas personas que asumen el cuidado formal o informal de niños, niñas y adolescentes y personas con discapacidad o adultas mayores víctimas del femicidio.

Además, este proyecto pretende dar por terminada la autoridad parental o patria potestad y la posibilidad del femicida de obtener un régimen de interrelación familiar, en relación con la persona menor de edad que perdió a su madre en sus manos.

En primer momento se debe indicar que, según lo establece el Código Procesal Penal en su artículo 70, no solo la persona directamente ofendida por el delito se considera víctima, en este caso, no solo la mujer a quien mató un femicida, por lo que se pretende que se puedan acoger al régimen de reparación integral las personas indicadas supra.

El Estado costarricense a través de esta ley asume la reparación integral de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes que, debido a la omisión en la prevención de la violencia contra las mujeres y como resultado del femicidio o de homicidio por razones de género de su madre, deben ser asumidos por otros familiares, e incluso no familiares, que no tenían contemplada esta responsabilidad social, familiar y económica; así como de las personas con discapacidad o adultas mayores que estaban a cargo de la mujer víctima de femicidio y que ahora quedan sin su apoyo.

El Derecho Internacional de los Derechos Humanos establece que, frente a la violación de los derechos fundamentales de una persona o grupo de personas, los Estados tienen la obligación de investigar diligentemente los hechos, juzgar y sancionar a los responsables, reparar a las víctimas por las violaciones sufridas y establecer garantías de no repetición. Esta responsabilidad se materializa cuando incumple los deberes convencionales adquiridos al ratificar la normativa internacional.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), por su parte, estableció que dentro de estos deberes y obligaciones “[L]a primera es la de “respetar los derechos y libertades” reconocidos en la Convención, y la segunda es la de “garantizar” el libre y pleno ejercicio de esos derechos a toda persona sujeta a su jurisdicción”. Asimismo, ha indicado:

“Esta obligación implica el deber de los Estados Partes de organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. Como consecuencia de esta obligación los Estados deben prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos reconocidos por la Convención y procurar, además, el restablecimiento, si es posible, del derecho conculcado y, en su caso, la reparación de los daños producidos por la violación de los derechos humanos”.

En materia de Derechos Humanos, el estándar de debida diligencia se valora como el parámetro más utilizado para medir el nivel de cumplimiento de los Estados de su obligación de prevenir y responder por los actos violentos contra las mujeres.

El Sistema Interamericano de Derechos Humanos también ha afirmado que la responsabilidad de los Estados de actuar con la debida diligencia frente a actos violentos se extiende a las acciones de actores no estatales, terceros y particulares.

Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos – en adelante Corte IDH- ha enfatizado que:

“[D]icha responsabilidad internacional puede generarse también por actos de particulares en principio no atribuibles al Estado. [Las obligaciones erga omnes de respetar y hacer respetar las normas de protección, a cargo de los Estados Partes en la Convención,] proyectan sus efectos más allá de la relación entre sus agentes y las personas sometidas a su jurisdicción, pues se manifiestan también en la obligación positiva del Estado de adoptar las medidas necesarias para asegurar la efectiva protección de los derechos humanos en las relaciones inter-individuales. La atribución de responsabilidad al Estado por actos de particulares puede darse en casos en que el Estado incumple, por acción u omisión de sus agentes cuando se encuentren en posición de garantes, esas obligaciones erga omnes contenidas en los artículos 1.1 y 2 de la Convención”.

Esa responsabilidad que deben asumir los Estados, gestada en el incumplimiento del deber de debida diligencia, trae como consecuencia la generación de obligaciones de reparación para las víctimas de la violencia contra las mujeres. La jurisprudencia de la Corte IDH ha establecido que las reparaciones son las medidas a través de las cuales se pretende hacer desaparecer, de manera adecuada, los efectos de las violaciones cometidas siendo que su naturaleza y monto están determinadas por el daño ocasionado (material o moral) y en relación directa con las violaciones de derechos humanos cometidas.

La reparación busca restablecer el derecho de las víctimas. Lo anterior, partiendo de que la dignidad es respetada cuando se garantizan los derechos fundamentales de las personas. La reparación comprende el deber de los Estados de reconocer el sufrimiento ocasionado a las víctimas, especialmente cuando se han cometido violaciones de derechos humanos, por acción u omisión, en el ejercicio de sus funciones. En un Estado de Derecho que respeta y garantiza los derechos humanos la reparación integral se traduce en una acción que reconoce la dignidad humana y para ello es indispensable el desarrollo e implementación de medidas para atender los daños causados, incluyendo desde la sanción a las personas perpetradores de los crímenes, así como las medidas que previenen la no repetición de los hechos que originaron la violación de derechos humanos.

Por víctima, se entiende que es persona que ha sufrido menoscabo en sus derechos como consecuencia de un delito. El artículo 2 de la Carta Iberoamericana de Derechos de las Víctimas establece que se entenderá por víctima “a toda persona física que haya sido indiciariamente afectada en sus derechos por una conducta delictiva, particularmente aquellas que hayan sufrido violencia ocasionada por una acción u omisión que constituya infracción penal o hecho ilícito, sea física o psíquica, como el sufrimiento moral y el perjuicio económico. (…)”.

En Costa Rica, según lo establece el Código Procesal Penal en su artículo 70, no solo la persona directamente ofendida por el delito se considera víctima, en este caso, no solo la mujer a quien mató un femicida, por lo que se pretende que se puedan acoger al régimen de reparación integral las personas indicadas infra.

En razón de lo anterior, en los casos de femicidio o de homicidio de mujeres por razón de género, además de la mujer sobre la cual recae el delito que desencadena su muerte, sus familiares directos son las víctimas: hijas, hijos, madres, padres, hermanos.

Ahora bien, específicamente en el ámbito de la violencia contra las mujeres, es necesario resaltar que para los efectos de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer -en adelante Convención Belém do Pará o Belém Do Pará-, debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado.

La expresión máxima de violencia contra las mujeres es el femicidio, problemática que constituye una de las formas constantes y sistemáticas de violación de los Derechos Humanos de las mujeres. Estas muertes son consecuencia del incumplimiento de los compromisos adquiridos por el Estado Costarricense ante la comunidad internacional al suscribir y ratificar los instrumentos de protección de estos derechos, como son la Convención Americana de Derechos Humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer “Convención CEDAW”, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres “Convención Belem do Pará”, la Declaración y el Programa de Acción de Viena de 1993, la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, y las observaciones y recomendaciones que los distintos sistemas de protección han desarrollado respecto a la problemática de la violencia contra las mujeres.

La Convención Belem do Pará es el primer tratado internacional en reconocer la violencia contra las mujeres como una transgresión sancionable a los derechos humanos, generando responsabilidades en los ámbitos político, jurídico, social, económico y cultural. Ello implica asumir el deber de prevenir, erradicar, sancionar y reparar los hechos de violencia en la vida de las mujeres, tanto en las esferas públicas como en las esferas privadas. Esta obligación se ha conceptualizado en el principio de debida diligencia que incluye la ejecución y supervisión de políticas y acciones dirigidas a prevenir y evitar las violaciones a los Derechos Humanos, así como las medidas adoptadas una vez que éstas ya han tenido lugar.

La especificidad que presenta la violencia de género, particularmente por el vínculo emocional o de intimidad que existe o existió entre las personas involucradas en la situación, ha requerido del desarrollo de estándares específicos que garanticen a las mujeres un efectivo acceso a la justicia. “Dentro de estos estándares está el actuar con debida diligencia, que en esta materia ha sido entendida como no solo la obligación de investigar y sancionar estos actos son también el deber de prevenir estas prácticas degradantes”.

El Comité CEDAW, en su Recomendación General N°19, señaló que:

“(…) los Estados también pueden ser responsables de actos privados si no adoptan medidas con la diligencia debida para impedir la violación de los derechos o para investigar y castigar los actos de violencia e indemnizar a las víctimas”.

En la sentencia del Caso González y otras (Campo Algodonero) vs. México la Corte IDH:

“(…) retomó la doctrina del riesgo previsible y evitable –inspirada en la jurisprudencia del sistema europeo de derechos humanos–, que había desarrollado en fallos previos relacionados con prácticas de violencia de grupos paramilitares en el conflicto armado interno en Colombia. En esta ocasión aplicó esos estándares al contexto social de prácticas de violencia contra las mujeres en Ciudad Juárez, definiendo un deber de protección estatal reforzado por la CBDP”.

Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -en adelante CIDH- destaca que existen cuatro principios que han evolucionado con la práctica en la aplicación del estándar de debida diligencia en casos de violencia contra las mujeres, uno que atañe particularmente a esta temática:

“El Estado puede incurrir en responsabilidad internacional por no actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar, sancionar y reparar los actos de violencia contra las mujeres; un deber aplicable a los actos cometidos por particulares en ciertas circunstancias”.

Ante el incumplimiento del Estado costarricense del principio de debida diligencia que se materializa en las muertes violentas contra mujeres por razones de género presentados en el país, se genera la obligación estatal de reparación. En el Sistema Interamericano se han establecido como medidas de reparación la restitución, la indemnización, la rehabilitación, la satisfacción y las garantías de no repetición.

Uno de los fines generales de la reparación es regresar a las personas al estado en que se encontraban antes de ser víctimas. Sin embargo, en los casos de femicidio y de homicidio de mujeres por razón de género, es imposible restituirlas al estado anterior. No obstante, considerando que en estos casos son víctimas directas los hijos, hijas, madres, padres y familiares cercanos de las mujeres fallecidas en manos de un femicida, la reparación debe enfocarse en estas personas. Asimismo, no debe olvidarse que en los casos de violencia contra las mujeres una reparación digna no debe consistir en regresar a la víctima a las condiciones de violencia y discriminación en que vivía.

Además del impacto que genera para la familia en general el femicidio o el homicidio de mujeres por razones de género, particularmente para sus hijos e hijas, estos hechos traerán consecuencias para toda la vida. Los efectos psicológicos y patrimoniales serán – en una mayoría de casos - permanentes para estas personas menores de edad y para quienes asuman su guarda y crianza, situación que se agrava en muchos casos cuando sus madres eran el único sustento familiar.

“Las hijas e hijos víctimas del delito de feminicidio o parricidio quedan al cuidado de diferentes integrantes de la familia de la madre o excepcionalmente con la familia del padre, siendo en la mayoría de los casos la madre o el padre de la víctima fallecida, quienes presentan edad avanzada, carencia de recursos económicos necesarios para la manutención de las personas menores de edad, obligando a la familia a realizar una reestructura y modificación de dinámicas familiares”.

Por lo anterior, si bien toda política estatal de reparación debe tener un contenido material significativo, que le permita enfrentar los efectos materiales de la violencia, es indispensable que posea también una dimensión simbólica debido a que los daños causados por un femicidio o de homicidio por razones de género de una mujer, y en este caso, de una mujer madre, son irreparables. Esa dimensión simbólica es “una forma de reconocimiento del sufrimiento específico ocasionado a las víctimas, reconociendo que debería rehabilitarlas en su condición de ciudadanos activos, de la cual fueron excluidas por los procesos de victimización”.

NECESIDAD DE UN NUEVO ENFOQUE

Actualmente el Patronato Nacional de la Infancia -en adelante PANI- brinda un estipendio mensual a algunas personas menores de edad quienes han perdido a su madre por femicidio.

Esto encuentra sustento legal actualmente en el Reglamento para la transferencia, uso, control y liquidación de los recursos girados a sujetos privados con convenio de cooperación y transferencia de recursos vigente con el Patronato Nacional de la Infancia para la prevención, protección y atención de personas menores de edad, publicado en el alcance digital de La Gaceta N° 240 del martes primero de noviembre de dos mil dieciséis.

El reglamento vigente establece en su artículo 3 que se debe suscribir un convenio entre el PANI y un “hogar solidario subvencionado”. Además, esta normativa, en su Capítulo XI, denominado “De la transferencia de recursos a hogares solidarios subvencionados”, establece como requisito una valoración psico social para empezar a girar los fondos, asimismo, indica que el monto mensual del subsidio será aquel que la Junta Directiva del PANI determine.

Si bien el esfuerzo de dicha institución para garantizar los derechos de las personas menores de edad que han sufrido la pérdida de su madre a manos de un femicida, es necesario fortalecer la respuesta estatal.

Con esta finalidad, es necesario determinar cuáles son algunos de los nudos críticos que enfrentan las personas víctimas actualmente y a la luz de dicha normativa, es decir, el reglamento mencionado del PANI.

En primer lugar, debemos apuntar que la reglamentación del PANI ha sufrido una serie de cambios continuos desde el dos mil trece, con cerca de cinco o seis reformas.

Por otro lado, los convenios entre instituciones públicas y sujetos de Derecho Privado (en este caso, las víctimas) deben ser aprobados por la Junta Directiva de cada institución y estas sesionan usualmente una vez a la semana. Además, el monto del subsidio depende de la Junta Directiva del PANI.

Luego, la normativa actual, parte de una lógica asistencialista y posee trámites engorrosos para que las personas que ya han sufrido una perdida altamente sensible en su familia accedan al subsidio. Esto dado que el reglamento no permite que el giro de dinero hasta que la Oficina Local del PANI realice un estudio psico-social, mismo que no en pocos casos tarda meses en hacerse por la carencia de suficiente recurso humano en la institución y otras complicaciones administrativas.

La lógica del subsidio es asistencialista, dado que las personas menores de edad deben estar en condición de pobreza para acceder a este y el flagelo de los femicidios no solo se presenta en los quintiles de más bajos ingresos, sino en toda la población. La situación socio-económica, de educación formal, empleabilidad o región del país no exime a ninguna mujer de estar en riesgo de femicidio ni mucho menos tiene sustento fáctico.

Como la normativa actual se circunscribe únicamente en personas menores de edad en condición de pobreza, deja de lado otras poblaciones víctimas y quienes ahora pueden acceder al subsidio previsto por el PANI, deben someterse a engorrosos trámites. Asimismo, la normativa actual no es específica para personas víctimas de femicidio y únicamente tiene rango únicamente de reglamento, por lo que puede ser eliminado fácilmente. Por lo que resulta necesario darle rango de ley, así como partir de una nueva lógica o enfoque para que las poblaciones víctimas puedan acceder realmente a sus derechos.

La lógica de nuestra propuesta es de responsabilidad estatal para todas las personas víctimas de femicidio, entendidas las últimas no solo como la mujer que muere a manos de un femicida, sino las personas menores de edad quienes son sus hijos e hijas, las personas adultas mayores o con discapacidad que dependían económicamente de ella o de su cuido, así como las personas quienes quedan al cuido de alguna de estas otras personas víctimas en razón de la muerte de la mujer en cuestión.

Agregar a estas personas como beneficiarias de priorizaciones de servicios estatales resulta un paso hacia adelante para iniciar una respuesta integral y con perspectiva interseccional y de género, ya que como históricamente a las mujeres se nos han recargado las labores de cuido, no solo las personas menores de edad hijos e hijas de estas mujeres existen, sino población con discapacidad y adulta mayor. En la misma línea, adiciona como persona beneficiaria a la que queda con el cuido de estas otras personas, a lo que es necesario resaltar nuevamente que históricamente son en su mayoría mujeres.

Asimismo, nuestra propuesta prevé como persona beneficiaria a los hijos e hijas mayores de edad, pero menores de veinticinco años que continúan sus estudios. Esto con la finalidad de colaborar para que tengan las condiciones materiales para efectivamente acceder a la educación técnica o superior y posean herramientas para insertarse exitosamente en el mercado laboral.

Resulta menester indicar que otro de los propósitos de este proyecto de ley es que el monto del estipendio mensual para las víctimas tenga rango de ley y se actualice sin mayor inconveniente, por lo que se ancla el monto al salario base usado en el resto de la normativa nacional, es decir, usar como “salario base” referenciado al salario de Oficinista 1 o Auxiliar Judicial del Poder Judicial, según la ley N° 7337 del cinco de mayo de mil novecientos noventa y tres.

Adicionalmente, como proponemos una reparación integral, resulta fundamental abordar las consecuencias psicológicas, específicamente sobre la niñez. Con esta población es necesario poner particular atención a la autoridad parental (patria potestad), la guarda, crianza y educación, así como al régimen de interrelación familiar.

Nuestro país no puede poner en duda las consecuencias que para la niñez se derivan de su exposición a la violencia de género, resultando en efectos negativos

tanto materiales como psicológicos, impidiéndoles su desarrollo integral y poniendo en riesgo el futuro de sus vidas de modo irreparable. Según Aguilar D.,

“(… )estudios realizados al efecto han demostrado la relación que la exposición a la violencia de género a edades infantiles tiene con una mayor tendencia a desarrollar anomalías de orden físico y trastornos de carácter psicológico, conductual y cognitivo; la exposición a la violencia en esas edades tempranas provoca el síndrome de estrés post traumático de un modo más definido a causa de la propensión a sufrir sentimientos de miedo, terror, desamparo e impotencia, unido a la aprensión del riesgo de muerte o a ser gravemente herido, propia de semejantes situaciones”.

La violencia contra las mujeres es una conducta aprendida en el ámbito familiar, medio íntimo en que niñas, niños y adolescentes se desarrollan durante su infancia, ya que este entorno es donde se evidencia que el mecanismo para relacionarse con los demás está presidido por el poder que le confiere al padre la violencia que usa contra la mujer y los hijos. Es el ejercicio del poder que ejercen los hombres sobre las mujeres. Los hombres lo aprenden “no solo a instancias de la socialización sino, principalmente, cuando niños y niñas se ven obligados a soportar desde su infancia el ejercicio de esta violencia en el ámbito familiar”.

Lo anterior fundamenta la necesidad de contar con procesos de reparaciones transformadoras, cuyo propósito no debería ser restaurar a las víctimas a su situación previa al femicidio u homicidio por razones de género, sino transformar esas circunstancias que en muchos casos están ligados a procesos de discriminación, pobreza y exclusión.

En los casos de femicidio, la reparación transformadora debe hacer énfasis en la recuperación de los hijos e hijas particularmente. Estas personas menores de edad no son, “como a veces se afirma con excesiva superficialidad, meramente “testigos” de la barbarie que desarrolla en la casa el perpetrador de tales agresiones […] propiamente son víctimas directas de las mismas.

Por ello, el Estado debe dar un giro al concepto de justicia restitutiva donde se pretende regresar a la víctima al estado anterior, porque los hijos e hijas menores de edad de estas mujeres merecen una justicia distributiva y transformadora, que tome en consideración la reparación en términos de acceso a derechos, bienes y recursos, especialmente para aquellos que se encuentren en condiciones de pobreza y de exclusión.

Una política estatal de reparación transformadora en casos de violencia contra las mujeres debe tener un componente específico de recuperación para estos niños, niñas y adolescentes, que esté dirigida a proteger el interés superior de la niñez, y a lograr la ruptura de la transmisión generacional de la violencia. Múltiples estudios evidencian que “las personas víctimas y testigos de violencia intrafamiliar cuando pequeños, aceptan estas conductas agresivas, las legitiman y las repiten en la siguiente generación, tanto con sus hijos, como con su pareja”. Las consecuencias de la violencia a nivel familiar generan efectos para toda la vida:

“Sus repercusiones no están limitadas al corto plazo; entre las más destacadas se encuentran los efectos de corte intergeneracional. Numerosos estudios han demostrado que los niños que son víctimas o testigos de violencia en el hogar tienen perturbaciones comportamentales y emocionales como menor desempeño académico y mayor propensión a ser violentos o víctimas de violencia en su adultez (Jaffe et al., 1999). Habiendo expuesto de manera general los efectos nocivos sobre la víctima y su núcleo familiar, tanto en el corto como en el largo plazo, es posible afirmar que la violencia doméstica erosiona el capital social, genera altos costos sociales y económicos y, más aún, tiende a perpetuarse en el tiempo.”

La Política Nacional para la Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres de todas las edades, Costa Rica 2017-2032 hace referencia a la vocación transformadora de la reparación, mencionando al Mecanismo de Seguimiento de la Convención Belem do Pará (MESECVI 2014), es decir:

“(…) un fenómeno no solo restitutivo sino además correctivo; “enfoque crucial para abordar la situación estructural de violencia y discriminación (…) La Corte IDH ha interpretado que, en una situación de discriminación estructural, las reparaciones deben propender a transformarla, apuntando así no solo a la restitución si no a remediar la situación, a garantizar su no repetición”.

Por todo lo anterior, y con el fin de que las personas menores de edad que perdieron a sus madres en manos de agresores femicidas puedan recuperarse correctamente y construir un proyecto de vida digna, es necesario que una ley sobre reparaciones de hijos e hijas de este tipo de violencia contemple la suspensión de la patria potestad y de la guarda crianza de forma provisional mientras dura el proceso y definitiva con la sentencia condenatoria. Asimismo, que sea legalmente imposible que el femicida establezca un régimen de interrelación familiar con los niños, niñas y adolescentes en mención.

Esta medida pretende, por un lado, evitar que hijas e hijos sean revictimizados constantemente con la presencia del autor de la muerte de su madre y, por otra, cortar los lazos de violencia con el agresor, apoyando el proceso de ruptura generacional de la violencia.

En muchos de los casos de femicidio, los hijos e hijas han sido incluso testigos del ataque que conlleva la muerte de su madre. Esta situación sin duda acredita el perjuicio para el desarrollo integral de la persona menor de edad, que se ve revictimizada por el hecho de mantener la patria potestad, la guarda crianza y el derecho de visitas, que incluso deberán cumplir en las cárceles del sistema penitenciario si el autor ha sido detenido.

El Estado costarricense tiene la obligación de garantizar la integridad tanto física como psíquica de las personas menores de edad y esta medida legislativa permite cumplir con dicha responsabilidad. Esta suspensión, que no es más que una acción proporcional al delito cometido por el femicida, es acorde a lo contemplado en los artículos 158 y 159 del Capítulo IV del Código de Familia, que establece lo relativo al término y suspensión de la Patria Potestad, así como con el artículo 188 del Código Penal, que consagra el incumplimiento o abuso de esta.

No podrá hablarse de reparación total del daño si la normativa nacional no contempla esta suspensión provisional y definitiva de la patria potestad, la guarda y crianza y la imposibilidad de un régimen de interrelación familiar, en casos de femicidios u homicidio de mujeres por razón de género.

La deuda del Estado Costarricense en materia de violencia contra las mujeres se extiende a la responsabilidad que asumió al ratificar la Convención de los Derechos del Niño, desde el 18 de julio de 1990, que forma parte de los instrumentos internacionales jurídicamente vinculantes que garantizan y protegen los derechos de los niños, niñas y adolescentes. En su artículo 3, se establece que:

“1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.

2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas.

3. Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como en relación con la existencia de una supervisión adecuada”.

Los femicidios y muertes violentas de mujeres por razones de género que no pudieron ser evitadas por el Estado dejaron a 42 personas menores de edad en condición de orfandad en los años 2016 y 2017. Para el año 2019, al 21 de noviembre han dejado 16 personas menores de edad huérfanas. El Estado costarricense debe asumir la responsabilidad por la desaparición física de estas madres, cumpliendo con la obligación de reparar a las hijas e hijos sobrevivientes, garantizando, como lo establece el artículo 51 de la Constitución Política, la protección integral.

Aspectos administrativos

Debido a que la afectación para las personas víctimas tiene su origen en la violencia contra las mujeres, misma que llegó, en estos casos, hasta el femicidio u homicidio de una mujer con vinculaciones a un delito sexual o a una relación sentimental terminada o no; por lo que consideramos que es el Instituto Nacional de las Mujeres -en adelante INAMU- la institución llamada a ser la rectora del régimen de reparación integral propuesto, asimismo, quien maneje el presupuesto.

Además, es necesario recordar que, de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo, así como de la ley 7801, Ley del Instituto Nacional de las Mujeres del treinta de abril de mil novecientos noventa y ocho, el INAMU es el ente rector en cuanto violencia contra las mujeres. El INAMU incluso es la institución rectora del Sistema Nacional de Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres y de la Política Nacional para la Atención y la Prevención de la Violencia contra las Mujeres de todas las edades -en adelante PLANOVI-.

Por otro lado, históricamente la sociedad ha recargado las labores de cuido en las mujeres, por lo que suelen mujeres quienes quedan a cargo de las personas menores de edad, adultas mayores o con discapacidad que sufren las consecuencias de los femicidios u homicidios de una mujer con vinculaciones a un delito sexual o a una relación sentimental terminada o no.

Aspectos presupuestarios

Una norma que no cuente con un debido contenido presupuestario resulta insuficiente para hacer operativas las acciones planteadas, máxime si se trata de la reorientación y priorización de recursos para atender el fenómeno de la Violencia e Inseguridad. En este sentido y considerando la urgente necesidad de atender la problemática supra mencionada desde una perspectiva de reparación integral a las víctimas del fenómeno del femicidio, es que se dispone reorientar una fracción de los ingresos percibidos por el impuesto a la que deben pagar todas las sociedades mercantiles, así como sobre toda sucursal de una sociedad extranjera o su representante y empresas individuales de responsabilidad limitada, que se encuentran inscritas o que se inscriban en el Registro de Personas Jurídicas del Registro Nacional, para brindar el estipendio económico para las víctimas sobrevivientes de los femicidios.

Este impuesto se establece con la Ley N° 9428 Impuesto a las Personas Jurídica publicada en el Alcance Digital N° 64 a La Gaceta N° 58 del 22 de marzo del 2017 y rige a partir del 01 de setiembre del 2017, en conjunto con el reglamento emitido mediante el Decreto ejecutivo N° 40417-H publicado en el Alcance Digital N°114 a La Gaceta N° 99 del 26 de mayo de 2017.

De esta manera, no se estaría creando un nuevo tributo, sino ateniendo con los recursos existentes una problemática de Seguridad Pública y ciudadana, que debe ser abordada integralmente como tal por parte del Estado costarricense y sus instituciones.

Para tener una aproximación a cuáles serían los costos de implementar esta propuesta, debemos tomar en cuenta que no existen datos oficiales previos al dos mil dieciséis de cuántas personas menores de edad perdieron a su madre por femicidio u homicidio de una mujer con vinculaciones a un delito sexual o a una relación sentimental terminada o no. Esto debido a que el Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres y Acceso a la Justicia del Poder Judicial lleva esa estadística desde ese momento.

Por lo tanto, no existe alternativa más que partir de supuestos y aproximaciones, máxime que como veremos, no hay una tendencia estadística.

Asimismo, para el monto del estipendio mensual, se parte de una tercia parte del salario base previsto en la Ley N° 7337 del cinco de mayo de mil novecientos noventa y tres.

Los datos oficiales entre los años dos mil dieciséis y dos mil diecinueve nos indican lo siguiente:

En virtud de la información anterior, los costos aproximados son los siguientes:

En esta propuesta económica, solo se pretendería beneficiar con el estipendio económico a las personas menores de edad hijos e hijas de la mujer que falleció por femicidio. Los ceros en la tabla, es por exclusiones referentes al estipendio económico, no porque no existan posibles otras personas beneficiarias de este si esa fuera la decisión.

La columna de total por mes se obtiene multiplicando el total de personas beneficiarias por el monto del subsidio, además, el total por año significa multiplicar el total por mes por los doce meses del año.

Asimismo, se sumaron los cuatro totales por año de los periodos en que sí contamos con datos oficiales y eso da suma ciento treinta y siete millones novecientos diecinueve mil trescientos sesenta colones (¢137.919.360). Cifra que se dividió entre la cantidad de años en que tenemos datos, es decir, cuatro, con la finalidad de obtener un promedio, el cual dio treinta y cuatro millones cuatrocientos setenta y nueve mil ochocientos cuarenta colones (¢34.479.840).

Para tener un aproximado de cuánto implicaría esta política anualmente a las arcas estatales se tomó en cuenta:

Que se pretende que esta nueva legislación beneficie no solo a las personas víctimas por hechos posteriores a su promulgación, sino que abarque a las víctimas por hechos previos a esta.

Se multiplicó el promedio anual, es decir, treinta y cuatro millones cuatrocientos setenta y nueve mil ochocientos cuarenta colones (¢34.479.840) por dieciocho años (es decir, la mayoría de edad en Costa Rica, para tener un parámetro medianamente aplicable a todas las poblaciones que se pretenden beneficiar).

El monto total anual sería de seiscientos veinte millones seiscientos treinta y siete mil ciento veinte colones (¢620.637.120).

Se multiplicó por 18 previendo que esa cifra represente el periodo aproximado que se debe resarcir mes a mes en la actualidad, es decir, que signifique la reparación integral de las víctimas de femicidio del periodo 2001-2019. Tomando en cuenta que algunas de las víctimas de esos periodos ya no se encontrarían en los supuestos del artículo 2 del proyecto de ley, la proyección podría satisfacer la demanda de la población de periodos previos al 2001 que sí cumplan los supuestos y aún pueda ser beneficiaria.

Por lo tanto, nuestra estimación es que el estipendio del régimen de reparación integral propuesto signifique treinta y cuatro millones cuatrocientos setenta y nueve mil ochocientos cuarenta colones mensuales (¢34.479.840) o seiscientos veinte millones seiscientos treinta y siete mil ciento veinte colones anuales (¢620.637.120) anuales.

El Estado recauda alrededor de dieciocho mil millones de colones anuales por concepto del impuesto a las personas jurídicas, partiendo de esa base, se necesitaría un 3,5% de ese total para financiar el estipendio del régimen de reparación integral.

En razón de lo anterior, se dispone tomar una fracción del impuesto a las personas jurídicas, es decir, el tributo previsto por la ley N° 9428 del veintiuno de marzo de dos mi diecisiete, de forma tal que un 3,5% se destine al régimen de reparación integral para las víctimas de femicidio.

Como antecedentes internacionales de esta iniciativa se encuentra la planteada en la Ciudad de Buenos Aires, Argentina, y la posterior réplica a nivel nacional. En agosto del 2017, la legislatura de la Ciudad aprobó la Ley N° 5.861 de la Ciudad, por medio del cual se brinda subsidio a niños, adolescentes y jóvenes que hayan sufrido la pérdida de su madre a causa de un femicidio. En julio de 2018, diputadas y diputados del Senado de la Nación sancionaron la “Ley Brisa, Ley de reparación económica para niñas, niños y adolescentes víctimas colaterales de femicidio.”

España, el pasado 1 de marzo de 2019, aprobó la Ley 3/2019 de mejora de la situación de orfandad de las hijas e hijos de víctimas de violencia de género y otras formas de violencia contra la mujer, mismas que les asigna una pensión de orfandad de 600 euros a los hijos e hijas víctimas directas de la violencia machista por la muerte femicida de sus madres.

En definitiva, esta propuesta de ley pretende acercarse a estas iniciativas internacionales creando un mecanismo encaminado a proteger a los niños, niñas y adolescentes que perdieron a su madre víctima de femicidio.

En virtud de las consideraciones expuestas, el Instituto Nacional de las Mujeres -INAMU- impulsa la presente iniciativa en conjunto con legisladoras y legisladores de varias bancadas con el propósito de que se asuma la responsabilidad estatal correspondiente con las personas familiares de las mujeres víctimas de femicidio. De manera tal que estas personas puedan acogerse al régimen de reparación integral, mismo que incluye priorizaciones de servicios estatales para todas ellas, así como un estipendio mensual para los hijos e hijas de la mujer fallecida.

En virtud de las consideraciones expuestas, el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) impulsa la presente iniciativa en conjunto con legisladoras y legisladores de varias bancadas con el propósito de eliminar los sesgos de género en la fijación de impuestos y así generar herramientas para el cierre de las brechas económicas de las mujeres y en cuanto a acceso a la salud integral y en conjunto sometemos a conocimiento de la Asamblea Legislativa el siguiente proyecto de ley para su estudio y aprobación por parte de los señores diputados y las señoras diputadas.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA DECRETA:

LEY DE REPARACIÓN INTEGRAL PARA VÍCTIMAS DE FEMICIDIO

CAPÍTULO I

REPARACIÓN INTEGRAL

ARTÍCULO 1- CREACIÓN DEL RÉGIMEN DE REPARACIÓN INTEGRAL PARA PERSONAS VÍCTIMAS. La presente ley crea un régimen de reparación integral para las personas víctimas de femicidio consumado y para las víctimas de homicidio consumado de una mujer en alguna de las siguientes circunstancias:

a) El autor del homicidio haya sostenido una relación sentimental con la mujer a quien le da muerte, aunque ya estuvieran separados al momento de su fallecimiento y hayan convivido o no; b) El autor del homicidio haya cometido algún delito sexual contra la mujer fallecida; c) El autor del homicidio sea una persona allegada o familiar hasta tercer grado de consanguineidad o afinidad de una pareja o expareja sentimental con quien haya convivido o no la mujer fallecida relacionada a problemas de pareja;

ARTÍCULO 2- PERSONAS BENEFICIARIAS. Las personas beneficiarias del régimen de reparación integral creado por esta ley serán las siguientes:

a) Hijos e hijas de las mujeres víctimas de femicidio u homicidio consumados en alguna de las circunstancias previstas en el artículo 1 de la presente ley, hasta su mayoría de edad o hasta los veinticinco años de edad en caso de que continúen sus estudios; b) Personas adultas mayores dependientes económicamente de la mujer víctima de femicidio u homicidio consumados en alguna de las circunstancias previstas en el artículo 1 de la presente ley; c) Personas adultas mayores cuya principal cuidadora haya sido en vida la mujer víctima de femicidio u homicidio consumados en alguna de las circunstancias previstas en el artículo 1 de la presente ley; d) Personas con discapacidad permanente, sin límite de edad, dependientes económicamente de la mujer víctima de femicidio u homicidio consumados en alguna de las circunstancias previstas en el artículo 1 de la presente ley; e) Personas con discapacidad permanente, sin límite de edad, cuya principal cuidadora haya sido en vida la mujer víctima de femicidio u homicidio consumados en alguna de las circunstancias previstas en el artículo 1 de la presente ley; y f) Las personas que asumen el cuido de alguna de las personas especificadas en los incisos 1, 2, 3, 4 y 5 de este artículo.

Tanto para los incisos 2, 3, 4 y 5 de este artículo, la relación de la persona beneficiaria con la fallecida será por afecto o por vínculo familiar por consanguineidad o afinidad hasta el segundo grado. Asimismo, podrán ser beneficiarias las tías, tíos, sobrinas o sobrinos hasta el primer grado de consanguineidad o afinidad.

Podrán ser beneficiarias del régimen de reparación integral que crea esta ley, las personas que se encuentren bajo alguna de las circunstancias previstas en este artículo, aunque el femicidio consumado u homicidio en que concurra alguna de las circunstancias indicadas en el artículo primero de esta ley, haya sido perpetrado con anterioridad a la promulgación de esta ley. Sin embargo, en estos casos, nadie podrá recibir un estipendio alguna correspondientes al periodo transcurrido entre el fallecimiento de la mujer y la entrada en vigor de esta ley.

ARTÍCULO 3- CONTENIDO DE LA REPARACIÓN INTEGRAL. El régimen de reparación integral consistirá en:

a) Un estipendio mensual para cada persona beneficiaria, cuya situación personal se encuentre en los supuestos del inciso a) del artículo 2 de esta ley, equivalente a un tercio de un salario base mensual, mismo que será inembargable, excepto por pensión alimentaria. El concepto de “salario base” usado en esta Ley es el establecido en el artículo 2 de la ley N° 7337 del 5 de mayo de 1993;

b) Prioridad en la atención y garantía de acceso irrestricto a los siguientes servicios y programas estatales:

1- Asistencia médica, psicológica y psiquiátrica continuada; 2- Becas de estudio en todo el proceso educativo, incluida la educación superior; 3- Bonos de vivienda para las personas beneficiarias que se ajusten a los requisitos de la entidad estatal encargada; y 4- Asesoría y representación legal gratuitas en los procesos judiciales relacionados con el femicidio u homicidio consumado en las circunstancias previstas en el artículo primero de esta ley.

ARTÍCULO 4- NO EXCLUSIÓN. Ser beneficiaria de este régimen de reparación integral no será excluyente ni incompatible con otras ayudas o beneficios estatales para los cuales las personas beneficiarias cumplan los requisitos para acceder.

ARTÍCULO 5- ADMINISTRACIÓN DE LA REPARACIÓN. Quien asuma el cuido de una persona beneficiaria que así lo requiera por su minoridad de edad o condición de salud, será quien administre los dineros recibidos como parte del régimen de reparación integral.

ARTÍCULO 6- SUSPENSIÓN DE LA REPARACIÓN. La persona dejará de ser beneficiaria del régimen de reparación integral cuando deje de calificar en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 2 de esta ley.

Los montos de dinero otorgados por esta ley no se podrán reclamar retroactivamente a la persona beneficiada.

CAPÍTULO II

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

ARTÍCULO 7- ENTE RECTOR. El Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) será la institución rectora de este régimen de reparación integral, amparado en las funciones establecidas por la Ley N.° 8688 del 2008 que crea el Sistema Nacional de Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres y la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres Ley N.° 7801 del treinta de abril de mil novecientos noventa y ocho y sus reformas.

ARTÍCULO 8- PROCEDIMIENTO PARA ACTIVAR EL RÉGIMEN. Cualquiera de las instituciones del Sistema Nacional de Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres o con responsabilidades previstas en esta ley deberá activar el régimen, una vez tenga conocimiento del hecho que lo genera deberá informar a las demás instituciones en un plazo máximo de diez días hábiles. La activación del régimen no dependerá del proceso penal correspondiente, en caso de que exista alguno.

ARTÍCULO 9- RESPONSABILIDADES INSTITUCIONALES. Todas las instituciones públicas deberán brindar atención prioritaria, expedita y permanente, sin requisitos ulteriores a los indicados en esta ley, a las personas beneficiarias del mismo. Especialmente el Ministerio Público, el Poder Judicial, el Instituto Nacional de las Mujeres, Patronato Nacional de la Infancia, Instituto Mixto de Ayuda Social, Caja Costarricense del Seguro Social, Ministerio de Educación Pública, Fondo Nacional de Becas, educaciones públicas de educación técnica y superior, Banco Hipotecario de la Vivienda, Dirección General de Migración y Extranjería, Consejo Nacional de la Persona con Discapacidad, Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor, Ministerio de Salud e instituciones encargadas de la Red de Cuido,

Las siguientes instituciones tendrán entre otras responsabilidades propias de su quehacer, las siguientes:

a) Patronato Nacional de la Infancia: deberá incluir a las personas beneficiarias menores de edad en todos los programas institucionales de atención y asistencia técnica, incluyendo becas y otros beneficios, en un plazo no mayor de quince días hábiles desde que se activa el régimen;

b) Instituto Nacional de las Mujeres: deberá brindar asesoría y representación legal gratuitas para cualquiera de las personas beneficiarias de este régimen que lo requieran, en los procesos judiciales relacionados con la muerte de la mujer víctima de femicidio consumado u homicidio consumado en alguna de las circunstancias previstas en el artículo 1 de la presente ley. Además deberá encargarse de gestionar el pago del monto previsto en el inciso a) del artículo 3 de esta ley;

c) Instituto Mixto de Ayuda Social: deberá otorgar, en un plazo perentorio no mayor de quince días desde la activación de este régimen, becas estudiantiles a las personas beneficiarias de este régimen, para que puedan continuar sus estudios tanto primarios como secundarios. Estas becas serán totalmente gratuitas, continuas y completas.

d) Caja Costarricense del Seguro Social: deberá proveer la atención en salud e intervención en salud mental de las personas beneficiarias, con especial énfasis a los traumas complejos y estrés post traumático. Para esto, deberá desarrollar o mantener programas especializados en los distintos centros de atención en salud, particularmente en el Hospital de Niños.

e) Ministerio de Educación Pública: deberá brindar atención psicosocial a las personas beneficiarias que se encuentren estudiando en el sistema educativo público y facilitar los traslados entre centros educativos cuando estos fueran solicitados o requeridos.

f) Entidades de educación técnica superior: deberán brindar acceso a programas de formación y estudios universitarios estatales, así como las becas disponibles.

g) Banco Hipotecario de la Vivienda: deberá otorgar fondos para vivienda cuando las personas beneficiarias no cuenten con vivienda propia, con la salvedad de que con grado de probabilidad puedan ser adjudicatorios de un bien inmueble en un proceso sucesorio relacionado con la muerte de la mujer víctima de femicidio u homicidio consumados en alguna de las circunstancias previstas en el artículo 1 de la presente ley.

h) Dirección General de Migración y Extranjería: cuando las personas beneficiarias del régimen tengan una condición migratoria irregular o presenten dificultades para ingresar al país, deberá facilitar de manera prioritaria, expedita y gratuita los trámites necesarios.

ARTÍCULO 10- CONTENIDO PRESUPUESTARIO. Adiciónese un inciso d) y modifíquese el inciso a) del artículo 11 de la Ley de Impuesto a las Personas Jurídicas, Ley N° 9428 del veintiuno de marzo de dos mil diecisiete, de forma tal que se agregue un inciso d) y que su inciso a) indique de ahora en adelante:

Artículo 11- Destino del impuesto. Los recursos provenientes de la recaudación de este impuesto, una vez deducidas las comisiones pagadas a las entidades recaudadoras, serán destinados a financiar los siguientes rubros:

a) Un ochenta y seis coma cinco por ciento (86,5%) de la recaudación total de este impuesto será asignado al Ministerio de Seguridad Pública para que sea invertido en infraestructura física de las delegaciones policiales, la compra y el mantenimiento de equipo policial, en la atención de la seguridad ciudadana y el combate a la delincuencia. Dichos recursos no podrán ser utilizados para el pago de remuneraciones, horas extra, viáticos y transporte al interior o exterior del país, servicios de gestión y apoyo.

b) Un cinco por ciento (5%) de la recaudación total de este impuesto será asignado al Ministerio de Justicia y Paz para apoyar el financiamiento de la Dirección General de Adaptación Social. Dichos recursos no podrán ser utilizados para el pago de remuneraciones, horas extra, viáticos y transporte al interior o exterior del país, servicios de gestión y apoyo.

c) Un cinco por ciento (5%) de la recaudación total de este impuesto, se destinará al Poder Judicial de la República para que lo asigne al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para la atención del crimen organizado. Dichos recursos no podrán ser utilizados para el pago de remuneraciones, horas extra, viáticos y transporte al interior o exterior del país.

d) Un tres, coma cinco por ciento (3,5%) de la recaudación total de este impuesto será asignado al Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) para que sea invertido exclusivamente en el estipendio que prevé el artículo 3 de esta ley.

ARTÍCULO 11- ASIGNACIONES Y MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS. Los recursos económicos que demanda el cumplimiento de la presente ley deberán incorporarse a las partidas presupuestarias correspondientes de las instituciones involucradas. Se autoriza al Poder Ejecutivo a realizar las asignaciones y modificaciones presupuestarias pertinentes, a fin de cumplir la presente ley.

CAPÍTULO III

REFORMAS

ARTÍCULO 12- REFORMA AL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA. Se reforma el artículo 35 de la Ley N° 7739, Código de la Niñez y la Adolescencia, de 6 de enero de 1998 y sus reformas. El texto será el siguiente:

Artículo 35- Derecho al contacto con el círculo familiar y afectivo

Las personas menores de edad, que vivan o no con su familia, tienen derecho a tener contacto de manera regular y directa con su círculo familiar y afectivo, hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad; así como con terceros no parientes que formen parte de dicho círculo familiar extendido y afectivo, cuando el interés superior de la persona menor de edad así lo justifique.

La negativa del menor a mantener contacto, visitas y comunicación deberá ser considerada y obligará, a quien tenga su custodia, a solicitar a la oficina local del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) que investigue y brinde la atención psicosocial necesaria.

La autoridad judicial, mediante resolución fundamentada, deberá modificar o suspender el ejercicio de estos derechos en cuanto a los lugares, la frecuencia y las condiciones de la interrelación, cuando se determine que impliquen un perjuicio físico, moral o psicológico para la persona menor de edad o para las personas de su círculo familiar y afectivo con quienes este cohabite, atendiendo al interés superior del hijo o la hija y su capacidad de decisión y comprensión.

En caso de que el padre de la persona menor de edad le haya dado muerte a su madre o haya procurado hacerlo, el primero perderá la posibilidad de tener un régimen de interrelación familiar con la persona menor de edad ni podrá ejercer su guarda, crianza y educación.

Cualquiera que sea la persona o institución a cuyo cargo queden los hijos y las hijas, el padre y la madre quedan obligados a sufragar los gastos que demanden su guarda, crianza y educación.

Lo resuelto conforme a las disposiciones de este artículo no constituye cosa juzgada y el Tribunal podrá modificarlo de acuerdo con el interés superior de los hijos y las hijas menores de edad o por un cambio de circunstancias.

ARTÍCULO 13- REFORMAS AL CÓDIGO DE FAMILIA. Se reforman los artículos 153, 158, 159, 176 y 177 de la Ley N° 5476, Código de Familia, del cinco de agosto de mil novecientos setenta y cuatro y sus reformas. El texto se leerá de la siguiente manera:

Artículo 153- En caso de que los cónyuges se reconcilien, o de que los padres cuyo matrimonio haya sido disuelto, contraigan nuevas nupcias entre ellos, esto no implicará que quien hubiese perdido la patria potestad la recobre.

Artículo 158- Terminación de la patria potestad.

La patria potestad termina:

a) Por la mayoridad adquirida. b) Por la muerte de quienes la ejerzan. c) Por la declaratoria judicial de abandono, que se produzca por encontrarse la persona menor de edad en riesgo social, de acuerdo con el artículo 175 de este Código, y no exista oposición de los padres o cuando, suspendido el derecho, ellos no demuestren haber modificado la situación de riesgo para la persona menor de edad, en el plazo que el juez les haya otorgado. d) Mediante resolución judicial en firme que determine que la persona menor de edad sufrió violencia sexual o física por parte de quien la ejerza. e) Mediante resolución judicial en firme que determine que quien la ejerza haya dado muerte o haya procurado darle muerte a una persona familiar hasta el tercer grado de afinidad o consanguineidad de la persona menor de edad.

Artículo 159- La patria potestad puede suspenderse, modificarse, a juicio del Tribunal y atendiendo al interés de los menores, además de los casos previstos en el artículo 152, por:

1. La ebriedad habitual, el uso indebido de drogas, el hábito de juego en forma que perjudique al patrimonio de la familia, las costumbres depravadas y la vagancia comprobada de los padres.
2. La dureza excesiva en el trato o las órdenes, consejos, insinuaciones o ejemplos corruptores que los padres dieren a sus hijos;
3. La negativa de los padres a dar alimentos a sus hijos, el dedicarlos a la mendicidad y permitir que deambulen en las calles;
4. El delito cometido por uno de los padres contra el otro o contra la persona de alguno de sus hijos y la condenatoria a prisión por cualquier hecho punible;
5. Incapacidad o ausencia declarada judicialmente; y
6. Por cualquier otra forma de mala conducta notoria de los padres, abuso del poder paterno, incumplimiento de los deberes familiares o abandono judicialmente declarado de los hijos.
7. Por violencia doméstica o intrafamiliar contra la persona menor de edad o alguno de sus familiares hasta tercer consanguineidad o afinidad.

Las sanciones previstas en este artículo podrán aplicarse a los padres independientemente de los juicios de divorcio y separación judicial.

Artículo 176- Quienes ejerzan la patria potestad podrán nombrar en testamento, tutor a sus hijos cuando estos no hayan de quedar sujetos a la patria potestad del padre sobreviviente.

En caso de que el padre de la persona menor de edad le haya dado muerte a su madre o haya procurado hacerlo, las personas familiares maternas de la persona menor de edad deberán ser considerados prioritariamente para ejercer su guarda, crianza y educación, aún en contraposición de las estipulaciones del padre.

Artículo 177- A falta de tutor testamentario ejercerán la tutela:

1º- Los abuelos; 2º- Los hermanos consanguíneos; y 3º- Los tíos.

Cuando hubiere varios parientes de igual grado debe el Tribunal nombrar tutor al pariente que reúna las mejores condiciones de conocimiento y familiaridad con el menor, solvencia, idoneidad y preparación, que constituya una garantía para el desempeño satisfactorio de su cargo. En caso de que el padre de la persona menor de edad le haya dado muerte a su madre o haya procurado hacerlo, las personas familiares maternas de la persona menor de edad deberán ser considerados prioritariamente para ejercer su guarda, crianza y educación.

Rige doce meses a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.

El Poder Ejecutivo reglamentará la presente Ley seis meses después de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.

Paola Alexandra Valladares Rosado Nielsen Pérez Pérez

Shirley Díaz Mejía Laura Guido Pérez

Paola Viviana Vega Rodríguez Carolina Hidalgo Herrera

José María Villalta Flórez-Estrada Enrique Sánchez Carballo

Floria María Segreda Sagot Catalina Montero Gómez

Franggi Nicolás Solano

Diputadas y diputados

5 de diciembre de 2019

NOTAS: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente Especial de la Mujer.

El Departamento de Servicios Parlamentarios ajustó el texto de este proyecto a los requerimientos de estructura.