# Expediente 21715: Archivado el plan que castigaba con cárcel los bloqueos de calles - Página: https://elcenso.com/leyes/21715 - Tipo: Proyecto de ley (expediente legislativo) - Título oficial: LEY PARA GARANTIZAR EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA LIBERTAD DE TRÁNSITO, REFORMA DEL ARTÍCULO 263 BIS DEL CÓDIGO PENAL, LEY Nº 4573 DEL 04 DE MAYO DE 1970 - Publicada: 2019-12-12 - La Gaceta: 237 - Fuente oficial: https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx ## En resumen El proyecto 21.715 proponía penas de prisión de seis meses a cuatro años por bloquear vías y ordenar a la policía despejarlas de inmediato, pero venció su plazo y se archivó en febrero de 2024. ## A quién le toca - Personas que participan en bloqueos de calles o manifestaciones en vías públicas - Conductores y peatones que usan rutas nacionales como la 2 y la 32 - Funcionarios de cuerpos policiales que atienden bloqueos - Comercios y servicios que dependen del tránsito por vías nacionales ## A quién beneficia - El proyecto no beneficia a nadie con nombre propio en el dossier - Buscaba dar respaldo legal a la policía para despejar vías con una orden escrita - Buscaba que el presidente y el Ministerio de Seguridad respondieran por restablecer la circulación ## Qué cambia - El archivo deja sin efecto la propuesta de penas de seis meses a cuatro años por bloquear vías - La obligación de despejar vías de inmediato no llegó a ser ley - El artículo 263 bis del Código Penal sigue como está; el dossier no incluye su texto vigente - Para revivir la idea habría que presentar un proyecto nuevo o usar la iniciativa popular ## Cláusulas a revisar - **Orden policial sin detalle de cómo se ejecuta** (2): El artículo 2 ordena a las primeras autoridades policiales que lleguen remover obstáculos de inmediato, pero el texto no dice qué pasa si las personas se niegan ni qué fuerza pueden usar. Texto: "las primeras autoridades policiales que se presenten al lugar ordenarán a las personas en el sitio remover de forma inmediata cualquier obstáculo del lugar, así como situarse en las aceras o espaldones de la vía." - **Pena que sube según el resultado, no según la conducta** (3): La pena pasa de seis meses a un año a entre 1 y 4 años si la obstrucción puso en riesgo la salud o vida de personas, sin que el texto precise cómo se mide ese riesgo. Texto: "En los casos en que la obstrucción de la vía pública haya puesto en riesgo la salud o vida de las personas o haya existido resistencia por parte de los manifestantes a la orden policial, se impondrá una pena de 1 a 4 años de prisión sin perjuicio de que por otros delitos en concurrencia material puedan ser imputados." ## Explicación El proyecto de ley 21.715 ya no existe en la corriente legislativa: se archivó por vencimiento del plazo cuatrienal el 14 de febrero de 2024 [\[1\]](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx). Proponía reformar el Código Penal para castigar con cárcel a quien bloquee calles y obligar a la policía a despejarlas de inmediato. ### Qué propone El proyecto proponía declarar que el Estado garantiza la libertad de tránsito en todo el territorio, salvo en situaciones de excepción declaradas según la Constitución y la ley ([art. 1](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)). También proponía que, cuando haya un bloqueo, las primeras autoridades policiales que lleguen ordenen a las personas remover los obstáculos de inmediato y ubicarse en aceras o espaldones ([art. 2](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)). De esa orden se dejaría constancia en un parte policial con fecha y hora. Una vez denunciado el bloqueo, el presidente de la República y el Ministerio de Seguridad deberían tomar medidas proporcionadas y efectivas para restablecer la circulación en vías nacionales de inmediato. La reforma al artículo 263 bis del Código Penal proponía pena de seis meses a un año de prisión para quien, sin autorización de las autoridades competentes, bloquee, impida, obstruya o dificulte el tránsito vehicular o el movimiento de transeúntes ([art. 3](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)). Si la obstrucción puso en riesgo la salud o vida de personas, o hubo resistencia a la orden policial, la pena subiría de 1 a 4 años de prisión. ### En qué va el trámite El expediente se archivó. El 13 de febrero de 2024 la Comisión de Asuntos Jurídicos archivó el expediente por vencimiento del plazo cuatrienal del artículo 119, y el 14 de febrero de 2024 se registró el archivo definitivo [\[1\]](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx). El proyecto se presentó el 26 de noviembre de 2019 y se asignó a comisión el 2 de diciembre de 2019 [\[1\]](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx). El 3 de diciembre de 2019 se recibió en archivo y el 4 de diciembre se envió a la Imprenta Nacional para su publicación. El 11 de marzo de 2022 el expediente se remitió a la Comisión de Asuntos Jurídicos (Área VII) y el 15 de marzo de 2022 ingresó en el orden del día de esa comisión. No llegó al Plenario ni tuvo primer debate. El plazo cuatrienal vencía el 26 de noviembre de 2023 [\[1\]](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx). Para que fuera ley faltaba el dictamen de comisión, el primer debate, el segundo debate, la sanción del Poder Ejecutivo y la publicación en La Gaceta ([Constitución, art. 124](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=871¶m2=147492¶m3=1)). ### Frente a la Constitución El Censo no encontró un choque directo entre el texto del proyecto y los artículos de la Constitución incluidos en el dossier. El artículo 124 de la Constitución exige dos debates en días distintos no consecutivos, aprobación de la Asamblea, sanción del Poder Ejecutivo y publicación en La Gaceta para que un proyecto sea ley ([Constitución, art. 124](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=871¶m2=147492¶m3=1)). El proyecto no completó ninguno de esos pasos. El artículo 140, inciso 6, de la Constitución pone entre los deberes del Presidente y su Ministro de Gobierno mantener el orden y la tranquilidad de la Nación y tomar las providencias necesarias para el resguardo de las libertades públicas ([Constitución, art. 140](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=871¶m2=147492¶m3=1)). El artículo 2 del proyecto desarrollaba esa obligación al ordenar al presidente y al Ministerio de Seguridad restablecer la circulación ([art. 2](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)). El artículo 121, inciso 1, de la Constitución da a la Asamblea Legislativa la potestad de dictar las leyes y reformarlas ([Constitución, art. 121](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=871¶m2=147492¶m3=1)). La reforma al artículo 263 bis del Código Penal entra dentro de esa potestad ([art. 3](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)). El artículo 48 de la Constitución garantiza el recurso de hábeas corpus para la libertad e integridad personales y el amparo para los demás derechos ([Constitución, art. 48](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=871¶m2=147492¶m3=1)). El proyecto citaba votos de la Sala Constitucional sobre bloqueos, pero no modificaba esos recursos. ### Qué puede hacer usted El expediente está archivado, así que las herramientas para incidir en su trámite ya no aplican. Si quiere impulsar una propuesta parecida, la guía ofrece la iniciativa popular: un grupo de ciudadanos puede presentar un proyecto de ley y el TSE verifica las firmas ([guía, p. 26](https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=26)). Paso 1: reúna el respaldo ciudadano. La iniciativa popular requiere un porcentaje de firmas de personas inscritas en el padrón electoral, que el TSE verifica ([guía, p. 26](https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=26)). Paso 2: pida asesoría gratuita. La Oficina de Iniciativa Popular de la Asamblea Legislativa asesora en la redacción del proyecto y en los procedimientos por seguir ([guía, p. 26](https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=26)). Paso 3: presente el texto. Una vez verificadas las firmas, el TSE traslada el proyecto a la Asamblea, que debe tramitarlo por el procedimiento ordinario ([guía, p. 26](https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=26)). También puede usar el formulario web de la Asamblea para plantear una propuesta sencilla, aunque ese mecanismo no garantiza que sea discutida ni votada ([guía, p. 27](https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=27)). ### Lo que no sabemos El dossier no dice por qué el proyecto no avanzó en la Comisión de Asuntos Jurídicos entre 2022 y 2024. El dossier no incluye el texto vigente del artículo 263 bis del Código Penal antes de la reforma propuesta. El dossier no registra audiencias ni comparecencias de grupos en la comisión. El dossier no incluye los votos 2019-15220 y 2019-15221 de la Sala Constitucional completos; solo aparecen fragmentos citados en la exposición de motivos del proyecto. ## Frente a la Constitución El Censo no encontró un choque directo entre el texto archivado y los artículos constitucionales del dossier. El proyecto no completó los trámites del artículo 124 y su contenido calza con las potestades de la Asamblea y del Poder Ejecutivo. ## Qué puede hacer usted - Iniciativa popular: Reunir las firmas requeridas de personas inscritas en el padrón electoral y presentarlas ante el TSE, que las verifica y traslada el proyecto a la Asamblea (https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=26) - Oficina de Iniciativa Popular: Pedir asesoría técnica gratuita para la redacción del texto y los procedimientos por seguir (https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=26) - Formulario web de propuestas de ley: Llenar el formulario en la página de la Asamblea; la Oficina de Iniciativa Popular recopila las propuestas y las remite a los diputados, sin garantía de que se discutan (https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=27) ## Lo que no sabemos - No se encontraron grabaciones de la Asamblea que mencionen este expediente. ## Fuentes 1. Expediente 21715: LEY PARA GARANTIZAR EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA LIBERTAD DE TRÁNSITO, REFORMA DEL ARTÍCULO 263 BIS DEL CÓDIGO PENAL, LEY Nº 4573 DEL 04 DE MAYO DE 1970. Asamblea Legislativa, Sistema de Información Legislativa, 2019-12-12. https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx 2. Constitución Política (texto vigente). SINALEVI, PGR, 2026-11-02. https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=871¶m2=147492¶m3=1 3. Herramientas de participación ciudadana en Costa Rica. CONAMAJ, 2025, 2025. https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf ## Texto oficial completo ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA PROYECTO DE LEY LEY PARA GARANTIZAR EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA LIBERTAD DE TRÁNSITO, REFORMA DEL ARTÍCULO 263 BIS DEL CÓDIGO PENAL, LEY N.º 4573, DE 04 DE MAYO DE 1970 ROBERTO HERNÁN THOMPSON CHACÓN DIPUTADO EXPEDIENTE N.° 21.715 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS UNIDAD DE PROYECTOS, EXPEDIENTES Y LEYES PROYECTO DE LEY LEY PARA GARANTIZAR EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA LIBERTAD DE TRÁNSITO, REFORMA DEL ARTÍCULO 263 BIS DEL CÓDIGO PENAL, LEY N.º 4573, DE 04 DE MAYO DE 1970 Expediente N.° 21.715 ASAMBLEA LEGISLATIVA: La Constitución Política de la República de Costa Rica garantiza el derecho a la reunión pacífica y sin armas de la ciudadanía, en el marco del libre ejercicio de su derecho de asociación y así como de la libertad de expresión frente a distintos temas de interés común, ambas garantías fundamentales consideradas como pilares de la democracia. Desafortunadamente, existen sectores de la población que pretenden amparar toda clase de actuaciones desmedidas y violatorias de los derechos fundamentales de los demás ciudadanos, causando graves distorsiones a la libertad de tránsito, al derecho a la paz y a la tranquilidad, lo mismo que a generar cuantiosas pérdidas económicas al país. Más allá de su derecho a manifestarse libremente, de manera pacífica y sin armas, son cada vez más frecuentes escenas lamentables en donde se observan personas promoviendo la realización de bloqueos en las vías públicas, la paralización de servicios públicos y, además, ejecutando actos vandálicos sin precedentes, incluso, atentando contra la integridad física y la vida de los funcionarios públicos de nuestras fuerzas policiales, en un franco irrespeto por el orden público y la paz social. En ese sentido, debe destacarse que el derecho de reunión no permite un ejercicio desmedido para actuaciones ilegítimas ni la promoción de desórdenes que alteren la tranquilidad y un cúmulo de derechos de la mayoría de los ciudadanos, que día con día tienen la expectativa de transitar a través de nuestras vías públicas sin demoras, ya sea para llegar a sus trabajos, asistir a sus citas médicas, simplemente para reunirse con sus familias y, en igual sentido, nuestros servidores policiales merecen la tutela del Estado a la hora de realizar sus labores de normalización del tránsito y restitución del orden público. Ahora bien, también observamos que las fuerzas del orden público y de quienes están llamados a instruir a los manifestantes que actúan al margen de la ley permitan la existencia de bloqueos en las vías públicas incluso durante muchas horas, lo que a la postre deriva en una tolerancia que el propio ordenamiento jurídico no autoriza; si bien es razonable que se ordene a los manifestantes la reapertura de la vía y la terminación inmediata de cualquier acto vandálico, resulta inadmisible que se permita la continuación del bloqueo durante las horas de mayor tránsito en las vías públicas sin que se generen acciones coercitivas por parte de las fuerzas del orden. En ese sentido, incluso la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, mediante los recientes votos 2019-15220 y 2019-15221, estimó que las autoridades nacionales debieron tomar medidas tanto proporcionadas como efectivas para levantar los bloqueos en ambas vías nacionales, y que al no hacerlo se violentó la libertad de tránsito de las personas que interpusieron el recurso de habeas corpus, según se colige a continuación: “(…) cuando se ponen en riesgo los intereses del país, o bien, el resto de la comunidad al obstruir vías públicas principales y entorpecer la eficiente prestación de los servicios públicos, además, si la manifestación pública se torna más bien en actos de violencia o vandálicos, el Estado está en el deber y la obligación de actuar de manera oportuna para atender la situación, pues es claro que el interés de un determinado sector de la población no puede atentar contra los intereses colectivos y de la gran mayoría. De este modo, no es posible que el Estado tolere procedimientos o actuaciones de hecho que pongan en peligro esos derechos, existiendo vías legales para canalizar el descontento popular de un sector específico y determinado de la población.” (El resaltado y la negrita son suplidos). En un sentido similar, la misma Sala Constitucional en los votos citados estima que el derecho a manifestarse encuentra una limitación en los derechos fundamentales de las otras personas, al señalar que “entre mayor sea la afectación a los derechos de terceros, mayor será la necesidad de una regulación o intervención efectiva y proporcionada por parte de las autoridades competentes. Así, cuando la protesta afecta una vía principal, como sucede con las rutas nacionales N.º 2 y N.º 32 que son arterias viales imprescindibles para el país y sus habitantes, su bloqueo, independientemente de la existencia o no de rutas alternas, supone una afectación grave y lesiona fuertemente los intereses y derechos de terceros en todo ámbito: salud, comercio, trabajo, recreación y ambiente sano, entre otros". Frente al escenario anteriormente expuesto, resulta indispensable la actuación legislativa para establecer regulaciones de índole legal, no solo para poner freno a las actuaciones ilegítimas de personas irresponsables que actúan al margen de la ley, sino también para especificar el margen de acción dentro de parámetros de razonabilidad en los que las autoridades públicas deberán actuar para restablecer el orden público y la libertad de tránsito. Y, en el mismo sentido, queda claro que las sanciones vigentes en la actualidad en el Código Penal resultan insuficientes y ajenas a la realidad nacional, razón por la cual las mismas se estima que deben ser actualizadas, tanto en su descripción típica como en los aspectos de índole sancionatorio, de modo tal que este tipo de comportamientos antisociales puedan ser disuadidos a través de penas más graves. Por ende, la presente propuesta de “Ley para Garantizar el Derecho Fundamental a la Libertad de Tránsito, Reforma del Artículo 263 bis del Código Penal, Ley N.º 4573, de 04 de mayo de 1970” contempla, por una parte, establecer de manera clara la obligación de los cuerpos de policía en cuanto a intervenir con prontitud el restablecimiento del orden público y derecho al libre tránsito y, por otra, la actualización de las disposiciones contenidas en el Código Penal. Por lo antes citado, se propone la presente iniciativa de ley a los señores diputados, con el fin de que pueda ser considerada como una actualización de la normativa vigente, esperando que sea ley de la República a la mayor brevedad. **LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA** **DECRETA:** LEY PARA GARANTIZAR EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA LIBERTAD DE TRÁNSITO, REFORMA DEL ARTÍCULO 263 BIS DEL CÓDIGO PENAL, LEY N.º 4573, DE 04 DE MAYO DE 1970 ### ARTÍCULO 1- El Estado costarricense garantiza la plena libertad de tránsito por el territorio nacional, salvo que concurran situaciones de excepción previamente declaradas de conformidad con la Constitución Política y la ley. ### ARTÍCULO 2- Cuando se efectúen bloqueos u obstrucciones que impidan o limiten el libre tránsito de las personas o sus vehículos, las primeras autoridades policiales que se presenten al lugar ordenarán a las personas en el sitio remover de forma inmediata cualquier obstáculo del lugar, así como situarse en las aceras o espaldones de la vía. De lo anterior se dejará constancia en un parte policial o acta escrita que incluya la fecha y hora en que se giró dicha orden. Una vez denunciado el bloqueo, el presidente de la República y el Ministerio de Seguridad deberán tomar las medidas proporcionadas y efectivas para restablecer la circulación en las vías públicas nacionales de manera inmediata. ### ARTÍCULO 3- Refórmese el artículo 263 bis del Código Penal, Ley N.° 4573, de 04 de mayo de 1970, para que en adelante se lea de la siguiente manera: ### Artículo 263 bis- Se impondrá pena de seis meses a un año de prisión a quien, sin autorización de las autoridades competentes, bloquee, impida, obstruya o dificulte, en alguna forma, el tránsito vehicular o el movimiento de transeúntes. En los casos en que la obstrucción de la vía pública haya puesto en riesgo la salud o vida de las personas o haya existido resistencia por parte de los manifestantes a la orden policial, se impondrá una pena de 1 a 4 años de prisión sin perjuicio de que por otros delitos en concurrencia material puedan ser imputados. Rige a partir de su publicación. Roberto Hernán Thompson Chacón Diputado 4 de diciembre de 2019 NOTAS: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Jurídicos. Este proyecto cumplió el trámite de revisión de errores formales, materiales e idiomáticos en el Departamento de Servicios Parlamentarios. Fuente: El Censo (https://elcenso.com/leyes/21715). Resumen en lenguaje sencillo; ante cualquier diferencia, vale el texto oficial.