# Expediente 21717: Ley 9816 ya protege hasta 6 millones de sus ahorros - Página: https://elcenso.com/leyes/21717 - Tipo: Proyecto de ley (expediente legislativo) - Título oficial: LEY DE CREACIÓN DEL FONDO DE GARANTÍA DE DEPÓSITOS Y DE MECANISMOS DE RESOLUCIÓN - Publicada: 2019-11-29 - La Gaceta: 228 - Fuente oficial: https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx ## En resumen La Ley 9816 crea un fondo que devuelve hasta 6 millones de colones por ahorrante si un banco quiebra. ## A quién le toca - Personas con ahorros en bancos públicos y privados - Personas con ahorros en cooperativas de ahorro y crédito - Personas con ahorros en asociaciones solidaristas y Caja de Ande - Ahorrantes con menos de 6 millones de colones por entidad ## A quién beneficia - Recuperar hasta 6 millones de colones por persona y por entidad si el banco quiebra - Cobertura para el 96% de los depositantes según la ley - Pago de depósitos asegurados en un plazo máximo de 10 días hábiles - Protección también en cooperativas y asociaciones solidaristas ## Qué cambia - Los bancos y cooperativas deben aportar obligatoriamente al fondo - El Banco Central administra el fondo y el Conassif lo reglamenta - Los ahorros por encima de 6 millones no están cubiertos por el fondo - El Banhvi y las mutuales quedan fuera del fondo pero sí entran al proceso de resolución ## Cláusulas a revisar - **Cobertura limitada a 6 millones por persona y entidad** (5): Los depósitos por encima de 6 millones no están cubiertos por el fondo. La ley estima que cubre al 96% de los depositantes, pero deja fuera a los de mayores montos. Texto: "Créase el Fondo de Garantía de Depósitos como un patrimonio autónomo cuyo fin es garantizar, hasta cierto límite, los depósitos que las personas físicas y jurídicas mantengan en las Entidades contribuyentes" - **Uso del encaje mínimo legal y la reserva de liquidez** (16): La ley permite usar el 2% de los pasivos sujetos a encaje o reserva de liquidez como garantía para el fondo. Esos recursos tienen un fin regulatorio propio. Texto: "Una porción, equivalente al 2% (dos por ciento) del total de los pasivos sujetos a encaje o a reserva de liquidez de las entidades contribuyentes, según corresponda, de los recursos del encaje mínimo legal y de la reserva de liquidez, serán considerados como garantía para el Fondo" ## Explicación ### Qué propone El expediente 21717 ya no está en trámite: se convirtió en la Ley 9816, publicada el 11 de febrero de 2020 [\[1\]](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=90565¶m2=128067¶m3=1). La ley crea un Fondo de Garantía de Depósitos y mecanismos para resolver bancos en problemas. El fondo cubre los depósitos hasta 6 millones de colones por persona y por entidad ([art. 5](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)). Con ese monto, la ley estima que cubre el 96% de los depositantes. Quedarían cubiertos los bancos comerciales del Estado, los bancos privados, el Banco Popular, las cooperativas de ahorro y crédito, las asociaciones solidaristas y Caja de Ande ([art. 3](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)). El Banhvi y las mutuales de ahorro y préstamo quedan fuera del fondo ([art. 2](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)). El fondo lo administra el Banco Central y lo reglamenta el Conassif ([art. 6](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)). Se financia con aportes obligatorios de las entidades cubiertas ([art. 14](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)). También puede usar el 2% del encaje mínimo legal y la reserva de liquidez ([art. 16](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)). La ley también cambia cómo se resuelve un banco quebrado. Antes solo existía la intervención, que podía dejar a los ahorrantes sin su dinero hasta un año ([art. 3](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)). Ahora el Conassif puede ordenar venta de activos, entidad puente, recapitalización interna u otros mecanismos. ### En qué va el trámite El proyecto se convirtió en la Ley 9816, vigente desde el 11 de febrero de 2020 [\[1\]](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=90565¶m2=128067¶m3=1). El expediente 21717 se publicó en La Gaceta el 29 de noviembre de 2019 [\[2\]](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx). La Asamblea aprobó el proyecto en segundo debate el 4 de febrero de 2020 ([video, 00:00:16](https://www.youtube.com/watch?v=U6vnOvTRO_k&t=16s)). Costa Rica se había comprometido a tenerlo aprobado y firmado al 14 de febrero ([video, 00:02:19](https://www.youtube.com/watch?v=AkXvO1lTt2I&t=139s)). ### Lo que se dijo en la Asamblea La diputada Carolina Hidalgo, del Partido Acción Ciudadana, explicó el límite de 6 millones. Dijo que busca "darle mayor protección a quienes son de más escasos recursos" ([video, 00:00:55](https://www.youtube.com/watch?v=U6vnOvTRO_k&t=55s)). Hidalgo también dijo que la polémica se centró en si los bancos estatales debían entrar al proyecto ([video, 00:01:12](https://www.youtube.com/watch?v=U6vnOvTRO_k&t=72s)). Explicó que la banca estatal ya tenía el resguardo de la garantía del Estado ([video, 00:01:21](https://www.youtube.com/watch?v=U6vnOvTRO_k&t=81s)). El diputado Jonathan Prendas dijo que la medida ayuda a evitar casos como el del Banco Anglo, Bancrédito y Coopemex ([video, 00:00:41](https://www.youtube.com/watch?v=2IDHdoVSRYE&t=41s)). Afirmó que los ahorrantes podrían tener "devolución inmediata de hasta 6 millones de colones" ([video, 00:00:58](https://www.youtube.com/watch?v=2IDHdoVSRYE&t=58s)). La diputada Anna Lucía Delgado dijo que se redujo en 7,5% el presupuesto de administración del fondo ([video, 00:01:09](https://www.youtube.com/watch?v=AkXvO1lTt2I&t=69s)). También dijo que se incorporó lo referente a la ley de corrupción y enriquecimiento ilícito ([video, 00:01:32](https://www.youtube.com/watch?v=AkXvO1lTt2I&t=92s)). ### Frente a la Constitución El Censo no encontró un choque directo entre la Ley 9816 y los artículos de la Constitución en el dossier. La ley crea un fondo público y regula bancos, algo que la Asamblea puede hacer por ley ordinaria ([Constitución, art. 105](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=871¶m2=147492¶m3=1)). El artículo 41 de la Constitución garantiza reparación por daños a la propiedad ([Constitución, art. 41](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=871¶m2=147492¶m3=1)). La ley protege los ahorros hasta 6 millones, lo que calza con esa garantía ([art. 5](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)). El artículo 50 ordena al Estado procurar el mayor bienestar ([Constitución, art. 50](https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=871¶m2=147492¶m3=1)). El fondo busca proteger a los pequeños ahorrantes, lo que va en esa dirección ([art. 5](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)). Una duda posible: la ley permite usar el encaje mínimo legal y la reserva de liquidez para el fondo ([art. 16](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)). Esos recursos tienen un fin regulatorio propio. El dossier no permite saber si eso choca con alguna norma constitucional. ### Qué puede hacer usted La ley ya está vigente, así que el trámite legislativo terminó. Puede revisar si su banco o cooperativa está cubierta por el fondo ([art. 3](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)). Puede pedir información a su entidad sobre cuánto de sus depósitos está garantizado. La ley obliga a las entidades a divulgar esa información ([art. 11](https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx)). Si cree que una entidad financiera no cumple, puede presentar una denuncia ante la Contraloría General de la República si hay fondos públicos involucrados ([guía, p. 68](https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=68)). ### Lo que no sabemos El dossier no dice cuánto dinero tiene hoy el fondo ni cuántas entidades han aportado. El dossier no incluye el texto completo de la Ley 9816, solo la primera parte del proyecto. El dossier no permite saber si el fondo ya se activó alguna vez. ## Frente a la Constitución El Censo no encontró un choque directo entre la Ley 9816 y la Constitución en el dossier. La ley crea un fondo público y regula bancos, algo que la Asamblea puede hacer por ley ordinaria. ## Qué puede hacer usted - Revisar si su entidad está cubierta por el fondo: Consulte con su banco o cooperativa si aparece en la lista de entidades contribuyentes de la ley (https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=27) - Pedir información a su entidad sobre la cobertura: Solicite por escrito cuánto de sus depósitos está garantizado por el fondo (https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=27) - Denunciar ante la Contraloría General de la República: Llame al 2501-8000 o al 2501-8025, o use el portal de denuncia electrónica (https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf#page=68) ## Fuentes 1. Ley 9816: Ley de Creación del fondo de garantía de depósito y de mecanismos de resolución de los intermediarios financieros (Vigente). SINALEVI, Procuraduría General de la República, 11/02/2020. https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=90565¶m2=128067¶m3=1 2. Expediente 21717: LEY DE CREACIÓN DEL FONDO DE GARANTÍA DE DEPÓSITOS Y DE MECANISMOS DE RESOLUCIÓN. Asamblea Legislativa, Sistema de Información Legislativa, 2019-11-29. https://www.asamblea.go.cr/Centro_de_informacion/Consultas_SIL/SitePages/ConsultaProyectos.aspx 3. DIPUTADOS APRUEBAN CREACIÓN DE SEGURO DE DEPOSITO PARA BANCOS PÚBLICOS Y PRIVADOS. Asamblea Legislativa Costa Rica, 2020-02-04. https://www.youtube.com/watch?v=U6vnOvTRO_k 4. PROYECTO QUE PROTEGE A PEQUEÑOS AHORRANTES LISTO PARA VOTACIÓN EN PLENARIO. Asamblea Legislativa Costa Rica, 2020-01-22. https://www.youtube.com/watch?v=AkXvO1lTt2I 5. AVALAN CREAR FONDO QUE PROTEGE DINERO DE LOS PEQUEÑOS AHORRANTES. Asamblea Legislativa Costa Rica, 2019-12-09. https://www.youtube.com/watch?v=2IDHdoVSRYE 6. Constitución Política (texto vigente). SINALEVI, PGR, 2026-11-02. https://sinalevi.go.cr/ResultadosNormativa/Informacion?param1=871¶m2=147492¶m3=1 7. Herramientas de participación ciudadana en Costa Rica. CONAMAJ, 2025, 2025. https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/10/Herramientas-de-participacion-ciudadana.pdf ## Texto oficial completo ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA PROYECTO DE LEY LEY DE CREACIÓN DEL FONDO DE GARANTÍA DE DEPÓSITOS Y DE MECANISMOS DE RESOLUCIÓN DE INTERMEDIARIOS FINANCIEROS VARIOS SEÑORES DIPUTADOS Y SEÑORAS DIPUTADAS EXPEDIENTE N.° 21.717 NOTA: A solicitud de las partes interesadas, este Departamento no realizó la revisión de errores formales, materiales e idiomáticos que pueda tener este proyecto de ley. PROYECTO DE LEY LEY DE CREACIÓN DEL FONDO DE GARANTÍA DE DEPÓSITOS Y DE MECANISMOS DE RESOLUCIÓN ASAMBLEA LEGISLATIVA: La función más importante de un sistema financiero es poner los recursos excedentes de hogares y empresas a disposición de aquellos con necesidad de crédito. En esta tarea el sistema financiero satisface las necesidades de ahorro y facilita el consumo y la inversión, que son ingredientes críticos para el crecimiento y el desarrollo. Por ello, una función esencial de los bancos centrales y de la supervisión y regulación financiera es promover la estabilidad financiera, con el fin de mantener un flujo de servicios financieros adecuados para el buen funcionamiento de la economía. El objetivo central de la regulación y supervisión financieras es, pues, dotar al sistema financiero de las capacidades para enfrentar riesgos y absorber los choques sin que éstos provoquen una disrupción en la provisión de los servicios financieros. Para resguardar la estabilidad financiera, los países deben contar con una red de seguridad financiera, entendida como “el conjunto de funciones de regulación y supervisión prudencial, resolución, prestamista de última instancia y seguro de depósitos”. Conceptualmente esta red se presenta como una sucesión de líneas de defensa que se ponen en marcha entre los usuarios de los servicios y las instituciones financieras. La primera línea de defensa incluye la regulación y supervisión de las entidades financieras; en la segunda línea se encuentra la función del Banco Central de prestamista de última instancia; en la tercera, el proceso de resolución bancaria; y, por último, la garantía de los depósitos (conocido también como seguro de depósitos). Los objetivos de la garantía de depósitos son la protección de los depositantes, particularmente los pequeños, y el fortalecimiento de la estabilidad financiera en el evento de una quiebra de un intermediario, vía el pago oportuno a los depositantes asegurados. Mantener la confianza en el sistema de intermediación financiera es crítico para evitar las corridas bancarias y proteger la estabilidad financiera. Una de las razones por las que los países instituyen garantías de depósitos es, precisamente, reducir la probabilidad de pánicos y corridas bancarias, pues la existencia de la garantía reduce o elimina el temor de los depositantes de que –de no retirar rápidamente sus depósitos—se pudieran quedar sin su dinero. Así, formar un fondo de garantía de depósitos reduce la probabilidad de que resulte necesario usarlo, y de esa forma afianza la estabilidad financiera. Además, los instrumentos de garantía de depósitos y resolución bancaria reducen riesgos y contingencias fiscales. Al no existir mecanismos para atender quiebras y crisis financieras de forma estructurada y oportuna, tanto el banco central como el gobierno central de un país se ven forzados a atender estas situaciones con un alto costo fiscal. El Fondo Monetario Internacional (FMI), en su Evaluación del Sistema Financiero (FSAP) de Costa Rica del año 2008, estableció dentro de sus recomendaciones la necesidad de que Costa Rica avanzara en completar la red de seguridad financiera, incluyendo la creación de un fondo de garantía de depósitos. En el año 2010, la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF) y el Banco Central de Costa Rica (BCCR) elaboraron un texto para atender esa recomendación, que se incluyó en la corriente legislativa bajo el expediente 17766. En el año 2015 el FMI brindó una asistencia técnica que revisó ese proyecto de ley y formuló recomendaciones adicionales para ajustarlo a las mejores prácticas internacionales. Las recomendaciones se centraron en la gobernanza y estabilidad de largo plazo del fondo, y el papel del Banco Central como proveedor potencial de recursos para el fondo de garantía de depósitos, en caso de resultar necesario. Además, se recomendaba ampliar la gama de mecanismos de resolución bancaria. Esta revisión se enriqueció con el ejercicio de Revisión de la Estabilidad del Sector Financiero (FSSR, FMI) publicada en abril de 2018, y que también brindó algunas recomendaciones sobre la materia. En forma adicional, la Asociación Internacional de Aseguradores de Depósitos (IADI, por sus siglas en inglés) y el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, emitieron en el año 2009 (revisados en el año 2014) un conjunto de principios para los sistemas efectivos de seguros de depósitos y se constituyeron en una referencia de evaluación sobre estas garantías que hacen los organismos internacionales a los distintos países. Finalmente, como parte de sus recomendaciones para adoptar las mejores prácticas y estándares internacionales, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha recomendado que el país cuente con un Fondo de Garantía de Depósitos. Ese fondo lograría brindar protección a los depositantes, y con ello fortalecer la red de seguridad financiera y además nivelar las condiciones entre los intermediarios financieros que reciben depósitos del público. El contar con un fondo de esa naturaleza y la apropiada normativa que lo regule es un requisito que la OCDE ha solicitado a las autoridades para el ingreso de nuestro país a dicha organización. El presente proyecto de ley recoge todas las recomendaciones enumeradas anteriormente, y refleja por tanto las mejores prácticas actuales en materia de garantía de depósitos y resolución bancaria, adaptadas en lo que corresponde a nuestra realidad nacional. El proyecto se divide en cuatro títulos. El primer título plantea el objetivo y las definiciones de la propuesta de ley. El Título II establece la creación y describe el funcionamiento del Fondo de Garantía de Depósitos; esto es, un marco legal para garantizar, hasta cierto monto, los depósitos de las personas en los bancos públicos y privados, financieras, asociaciones solidaristas y cooperativas de ahorro y crédito que se encuentren bajo la supervisión de la Superintendencia General de Entidades Financieras, con el fin de contribuir a la estabilidad financiera, proteger los recursos de los pequeños ahorrantes y promover la competitividad del sistema financiero costarricense. El Título III regula la resolución de los intermediarios financieros sujetos a la supervisión de la Superintendencia General de Entidades Financieras. Por resolución se entiende aquí el conjunto de procedimientos y medidas que llevan a cabo las autoridades para resolver la situación de una institución financiera en grado tres de irregularidad financiera . Estos procedimientos se aplican una vez que han fallado todas las medidas preventivas y correctivas, y la entidad se ha convertido en sujeto de resolución. Se contemplan distintos mecanismos de resolución, según las circunstancias concretas. Por último, el Título IV reforma y adiciona varios artículos a la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica y a la Ley del Sistema Bancario Nacional, con el objeto de incorporar los requerimientos necesarios para el proceso de resolución y de permitir a los bancos comerciales del Estado que la deuda subordinada que emitan pueda ser adquirida por cualquier contraparte. Con esta última reforma se busca eliminar la limitación que tienen hoy los bancos del Estado de que su deuda subordinada solo pueda ser adquirida por entidades de desarrollo multilaterales y bilaterales. Conforme los lineamientos internacionales del Comité de Basilea para la Supervisión Bancaria, en Costa Rica los requerimientos de capital para la banca comercial se han vuelto más estrictos en los últimos años. Para los bancos comerciales del Estado, estos mayores requerimientos plantean un reto mayúsculo. Por un lado, la capacidad de su propietario, el Gobierno Central, para incrementar los niveles de capital de sus bancos es limitada en virtud de la difícil situación fiscal. Por otra parte, los aportes parafiscales que los bancos comerciales del Estado deben hacer a una serie de instituciones limitan la magnitud de las utilidades que pueden ser capitalizadas. Esos aportes a otras instituciones, de hecho, se incrementaron a partir de 2018, cuando se elevó el aporte que debe ser entregado al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS). Adicionalmente, la regulación y la legislación permiten una variedad muy limitada de instrumentos de capital adicional. En el año 2010 se reformó la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional a fin de permitirle a los bancos estatales emitir deuda subordinada. Estas son obligaciones con acreedores en que se acuerda, mediante pacto expreso, que, si hubiera una imposibilidad de hacer frente a sus obligaciones, los acreedores renuncian a todo derecho de preferencia y aceptan que el pago de sus derechos se haga hasta que se cancelen todas las otras deudas. Por principio, este tipo de deuda conlleva un mayor rendimiento (tasa de interés), como contrapartida al mayor riesgo que asume el acreedor del no pago de su derecho en caso de liquidación de la entidad deudora contratante. Dado el inferior orden de prelación para cobrar, la deuda subordinada se considera para efectos regulatorios como parte del capital; en este caso, secundario. Así pues, esta reforma para ampliar el universo de inversores en deuda subordinada de los bancos comerciales del Estado es acorde con los objetivos de este proyecto de ley, pues: (i) apoya la estabilidad financiera mediante el fortalecimiento de la posición patrimonial de los bancos del Estado, y (ii) apoya también la igualación de trato entre todos los bancos. El Fondo de Garantía de Depósitos En Costa Rica existe ya, por disposición del artículo 4 de la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional, Ley N.° 1644, del 26 de setiembre de 1953, una garantía explícita del Estado sobre los depósitos en los bancos comerciales del Estado (Banco Nacional y Banco de Costa Rica). Este proyecto respeta y deja intacta esa garantía, pero permite al Estado costarricense contar con un fondo que garantiza una parte de sus depósitos. Asimismo, la garantía de los depósitos en las Mutuales de Ahorro y Crédito se regirá por lo establecido en la Ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, Ley N.° 7052 del 13 de noviembre de 1986, y, por tanto, estos intermediarios financieros no forman parte del Fondo de Garantía de Depósitos que se crea en esta Ley (aunque sí les aplica el proceso de resolución que aquí se crea). El Fondo de Garantía de los Depósitos (FGD) cubrirá los depósitos hasta por un monto de seis millones de colones (es decir, aproximadamente diez mil dólares). Con este monto, se estima que el Fondo cubrirá la cuantía total de los depósitos de al menos el 96% de los depositantes de los intermediarios. La garantía será por depósito, por persona y por entidad, independientemente de la moneda en que se encuentre constituido. No se diferenciará el monto garantizado entre bancos, financieras y cooperativas. Los depósitos garantizados solo se pagarán al titular original. Se excluyen de la cobertura los depósitos al portador, las emisiones de valores de las entidades, así como los depósitos de personas vinculadas a la entidad, por el evidente conflicto de interés. El FGD se regirá por lo establecido en la ley y por la reglamentación que dicte el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF), como entidad encargada de determinar la oportunidad y forma de activación de la garantía, y el Banco Central de Costa Rica como su administrador. Este Fondo se constituirá como un patrimonio autónomo, que será administrado por el Banco Central de Costa Rica. Los gastos de administración del Fondo serán financiados por el patrimonio del propio Fondo, y esos gastos estarán sujetos a un máximo establecido por la ley aquí propuesta. El FGD será financiado por contribuciones obligatorias que realizarán los intermediarios financieros cubiertos y estará respaldado también, por los recursos del encaje mínimo legal y la reserva de liquidez de los intermediarios financieros. Asimismo, podrá recibir aportes y donaciones de personas o instituciones públicas o privadas, nacionales o internacionales, así como recibir créditos o líneas contingentes de entidades nacionales o internacionales. Las contribuciones deberán realizarse en la moneda de origen de los respectivos depósitos y el FGD deberá invertirlas según se establezca reglamentariamente. El monto de la contribución de los intermediarios financieros se calibra conforme a los años que se necesitarán para que el fondo alcance su nivel de estabilidad de largo plazo (fijado en 5% de los depósitos garantizados), bajo ciertos supuestos sobre el crecimiento de los depósitos asegurables, y sobre la rentabilidad y costo administrativo de gestión del FGD. Con ese porcentaje, el FGD sería capaz, actualmente, de dar cobertura a los depósitos garantizados de tres bancos medianos o de la cooperativa de ahorro y crédito más grande del Sistema Financiero Nacional. El FGD se gestionaría con tres compartimentos: uno compuesto por los bancos estatales y el Banco Popular y de Desarrollo Comunal, otro por los bancos privados y empresas financieras no bancarias y el último constituido por las cooperativas de ahorro y crédito, las asociaciones solidaristas y Caja de Ande. Otros intermediarios financieros que llegaran a ser supervisadas por SUGEF en el futuro, deberán ser incluidas en cada compartimento de acuerdo con su naturaleza y conforme lo establezca el Consejo. La conformación de esos compartimentos se efectuó en atención, principalmente, a la naturaleza jurídica de los intermediarios financieros y a las leyes específicas que le aplican a cada conjunto. Para efectos del Fondo de Garantía de Depósitos, el Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi) no se incluye, dado que es un banco de desarrollo al cual le está vedado captar del público. Tampoco se consideran como contribuyentes a las mutuales de ahorro y préstamo, dado que ellas contribuyen a un fondo de garantía de títulos valores y de cuentas de ahorro, gestionado por el Banhvi, para poder acceder a la garantía subsidiaria del Estado, conforme a la Ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda. Asimismo, se excluyen aquellas cooperativas de ahorro y crédito que se encuentren afiliadas a un fondo de garantía de depósitos que cubra a sus ahorrantes en un monto igual o superior al que se establece en este proyecto de ley. Si bien estos intermediarios financieros no son parte del FGD, sí estarán sujetas a los procesos de resolución que se establecen y a aportar al Fondo creado en esta Ley, cuando uno de sus miembros entre en resolución. Los recursos del fondo podrán utilizarse mediante dos mecanismos: El pago directo de los depósitos asegurados a los depositantes. En ese caso, por las sumas desembolsadas en concepto de pago de la garantía, el Fondo obtendrá derecho a reclamar en el proceso de liquidación judicial de la entidad financiera correspondiente, según el orden de prelación de acreencias. El aporte al proceso de resolución, para cubrir aquella parte de los depósitos asegurables que no sean cubiertos por los activos “buenos” de la entidad. La elección de una u otra de las anteriores alternativas siempre observará la regla del menor costo; es decir, que se aportaría al proceso de resolución solo si ello le resultare menos costoso al Fondo que el pago total de los depósitos asegurados de la entidad inviable. De lo contrario, se debería optar por el pago directo de los depósitos. En todos los casos, los recursos disponibles para la resolución serán aquellos administrados en el compartimento al que pertenece la entidad financiera supervisada que está en proceso de resolución. La propuesta también modifica el orden de prelación de pagos de los intermediarios financieros en los procesos de liquidación judicial o quiebra (mediante reforma al artículo 172 de la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional), en particular para incluir a las acreencias del Banco Central (por ejemplo, por préstamos que haya otorgado como prestamista de última instancia o al FGD con el fin de salvaguardar la estabilidad del sistema financiero). Para la activación del FGD, la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) será responsable de dar recomendaciones y apoyo técnico al CONASSIF, y el CONASSIF será el ente que tomará las decisiones y remitirá las instrucciones al FGD para la ejecución de la garantía. Proceso de resolución de los intermediarios financieros supervisados por Sugef El Título III de este proyecto de ley regula el proceso de resolución de los intermediarios financieros supervisados a la supervisión de la Sugef. En la normativa actual, la única forma de resolución autorizada por la ley es la intervención. Sin embargo, la experiencia ha demostrado que el proceso de intervención es complicado, lento y oneroso, pues limita el acceso de los depositantes a sus ahorros por un período que puede llegar hasta un año, provoca deterioro del valor de la unidad de negocios del banco, y genera efectos negativos sobre la estabilidad del sistema financiero. En virtud de lo anterior, este proyecto de ley busca ampliar el alcance del proceso de intervención al permitir la regularización de la entidad o su resolución por distintos mecanismos, tales como la venta de activos y pasivos, la utilización de una entidad puente, la exclusión y transferencia de activos y pasivos a un vehículo de propósito especial, la recapitalización interna o cualquier otro que considere la autoridad de resolución (Conassif). En el caso de que la entidad no pueda someterse a un proceso de resolución o que de él resulte un balance residual por la implementación de una acción de resolución, se someterá a un proceso de liquidación judicial. Generalmente la liquidación del banco residual es solo un medio para asignar las pérdidas a los pasivos no excluidos, ya que el valor de recuperación de esos activos será probablemente bajo. Este proyecto de ley propone que el Conassif ordene la intervención de los intermediarios financieros supervisados que se encuentren en irregularidad grado tres y que, en un plazo prudencial, el interventor recomiende si la entidad es viable o si deberá optarse por alguno de los mecanismos de resolución propuestos. Si la entidad es viable, el interventor recomendará un plan de regularización, que deberá ser aprobado por el Conassif y aplicado por la nueva administración de la entidad. De no ser así, el interventor recomendará la resolución bajo el mecanismo que corresponda, para lo cual el Conassif nombrará un administrador de la resolución. El proceso propuesto de resolución ofrece flexibilidad a la autoridad de resolución para aplicar aquel mecanismo que resulte óptimo, desde un punto de vista económico y de estabilidad financiera, para resolver una entidad en problemas. En particular, esta propuesta tiene las siguientes ventajas: • Minimiza los costos financieros y económicos directos. • Minimiza el riesgo de contagio. • Asegura un nivel mínimo de protección a los depositantes. • No rescata a los accionistas. • Brinda una adecuada transparencia. • Permite una respuesta oportuna y una resolución expedita. • Los grandes depositantes cobran solo si los activos de la entidad lo permiten. • Permite que se recuperen depósitos más allá del monto asegurado. • Preserva los servicios bancarios y los puestos de trabajo. El Consejo Nacional de Supervisión Financiero nombrará a los administradores de la resolución y emitirá los reglamentos respectivos que normen cada uno de esos mecanismos. El FGD podrá participar en el proceso de resolución, aportando recursos para fortalecer el proceso en la medida en que ello sea coherente con la regla del menor costo; es decir, que el aporte le resulte menos costoso que el pago directo de la garantía. En ese sentido, el FGD, bajo la regla del menor costo, solo podrá aportar aquellos recursos que sean necesarios para equilibrar los activos con las obligaciones, pero no para recapitalizar una entidad en problemas. Cuando, como parte de un proceso de resolución, no sea posible transferir los depósitos a una entidad receptora, ya sea por inexistencia de intermediarios financieros interesados o por cualquier otra razón, dentro de un plazo un máximo diez días naturales después de girada la orden de resolución, se iniciará el pago de los depósitos asegurados y la liquidación judicial de la entidad, de conformidad con el esquema que establece la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional. El proceso de resolución que se presenta en este proyecto de Ley modifica la legislación vigente sobre resolución y liquidación de los intermediarios financieros sujetos a supervisión de Sugef, independientemente de su naturaleza jurídica o la propiedad del capital, de manera que la competencia para su resolución será del CONASSIF, con fundamento en la recomendación de la SUGEF. En virtud de lo anterior se somete a consideración de los señores diputados el siguiente proyecto de ley denominado “LEY DE CREACIÓN DEL FONDO DE GARANTÍA DE DEPÓSITOS Y DE MECANISMOS DE RESOLUCIÓN”. **LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA** **DECRETA:** LEY DE CREACIÓN DEL FONDO DE GARANTÍA DE DEPÓSITOS Y DE MECANISMOS DE RESOLUCIÓN ## TÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES ### ARTÍCULO 1.- Objetivo general El objetivo general de esta ley es fortalecer la red de seguridad financiera del sistema financiero nacional mediante la creación del Fondo de Garantía de Depósitos y de mecanismos de resolución para los intermediarios financieros supervisados. ### ARTÍCULO 2.- Ámbito de aplicación Las disposiciones sobre el Fondo de Garantía de Depósitos contenidas en el Título II de esta ley aplicarán exclusivamente a aquellos intermediarios financieros supervisados por la Sugef, con excepción del Banco Hipotecario de la Vivienda y de las Mutuales de Ahorro y Préstamo. Las disposiciones sobre el proceso de Resolución de Entidades Financieras contenido en el Título III de esta ley, aplicarán a todos los intermediarios financieros supervisados por la Sugef, independientemente de su naturaleza jurídica y de lo que establezcan sus leyes especiales. En cuanto a dichas entidades y sus leyes, las referencias normativas a cualquier otro tipo de proceso de intervención administrativa, resolución, liquidación o procesos concursales de similar naturaleza, contenidas en preceptos no derogados ni modificados expresamente por esta ley, se interpretarán conforme a su contexto y finalidad, armonizándolos con la legislación de fondo en la cual han sido incluidos y en relación con la presente ley. ### ARTÍCULO 3.- Definiciones y abreviaturas: Para los efectos de esta ley se entiende por: Administrador o administradores de la resolución: la persona o personas físicas designadas por el Conassif para llevar a cabo el proceso de resolución de una entidad financiera supervisada. Autoridad de resolución: Es el órgano competente para tomar la resolución final sobre una entidad financiera supervisada que se haya intervenido. Banco Central o BCCR: Banco Central de Costa Rica. Contribuciones: Importes pecuniarios que las entidades contribuyentes aportan obligatoria e irrevocablemente al Fondo de Garantía de Depósitos. Consejo o Conassif: Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero. Depósitos garantizados: todos los depósitos o ahorros, a la vista o a plazo fijo, que mantengan las personas físicas y jurídicas en las entidades contribuyentes que estén cubiertos, total o parcialmente, por el Fondo creado en esta Ley. Entidad contribuyente: Intermediario financiero supervisado por la Sugef que aportan obligatoria e irrevocablemente al Fondo de Garantía de Depósitos. Incluye a los bancos comerciales estatales, bancos privados, Banco Popular y de Desarrollo Comunal, sucursales de bancos extranjeros, asociaciones solidaristas, cooperativas de ahorro y crédito, Caja de ANDE y todas las demás entidades financieras que estén o llegaren a estar bajo la supervisión de la Superintendencia General de Entidades Financieras. El Banco Hipotecario de la Vivienda y las mutuales de ahorro y crédito quedan excluidos de esta definición. Asimismo, quedan excluidas las cooperativas de ahorro y crédito que estén afiliadas a un fondo de garantía de depósitos y que cubra los depósitos de sus ahorrantes en un monto igual o superior al que se establece en la presente Ley. Entidad puente: Sociedad anónima creada por el Conassif en el contexto de un proceso de resolución de una entidad financiera supervisada, cuyo objeto social será la gestión temporal de ciertos activos, pasivos u operaciones de la entidad en proceso de resolución. Entidades financieras supervisadas: Las entidades contribuyentes, el Banco Hipotecario de la Vivienda, las mutuales de ahorro y crédito y las cooperativas de ahorro y crédito supervisadas por Sugef y que estén afiliadas a otro fondo de garantía de depósitos, así como las sucursales de bancos extranjeros. Intermediario financiero: Entes que realizan intermediación financiera, abierta o cerrada y supervisados por la Sugef, incluyendo Caja de Ande. Incluye las entidades contribuyentes, el Banco Hipotecario de la Vivienda y las mutuales de ahorro y crédito, las cooperativas de ahorro y crédito supervisadas por Sugef y que estén afiliadas a otro fondo de garantía de depósitos, así como las sucursales de bancos extranjeros. Intervención: Acción que ordena el Conassif cuando una entidad financiera supervisada entra en irregularidad de grado tres, conforme a lo estipulado en el artículo 136 de la Ley N° 7558, Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica, del 27 de noviembre de 1995 y sus reformas. La intervención puede derivar en un proceso de regularización o en un proceso de resolución de la entidad financiera intervenida. Plan de regularización de una entidad financiera supervisada: Conjunto de acciones que deben ser ejecutadas y dirigidas a restablecer la entidad financiera supervisada intervenida a una situación de normalidad económica y financiera. Principio del menor costo: Principio según el cual se regirá la decisión de elegir si se utilizan recursos del Fondo de Garantía de Depósitos para aportar a una entidad en proceso de resolución o si en su lugar se hace un pago directo de la garantía a los depositantes. Prevalecerá la alternativa que resulte menos costosa para el Fondo de Garantía de Depósitos. Proceso de resolución de una entidad financiera supervisada: Conjunto de procedimientos y medidas para resolver la situación de una entidad contribuyente que, luego de ser intervenida, se considera no viable. Red de seguridad financiera: Conjunto de instituciones, procedimientos, funciones y herramientas concebidas con el objetivo de contribuir a mantener la estabilidad del sistema financiero, procurar la continuidad de la función de intermediación financiera, y proteger los ahorros de los depositantes. Superintendencia o Sugef: Superintendencia General de Entidades Financieras. Vehículo de propósito especial: Figura jurídica creada exclusivamente para cumplir con una función especial, como separar patrimonialmente un activo o grupos de activos y pasivos, tal como un fideicomiso o una sociedad de propósito especial. ### ARTÍCULO 4.- Naturaleza de la Ley Esta ley es de interés público y sus preceptos son de acatamiento obligatorio por parte de todos los intermediarios financieros que actualmente o en el futuro sean supervisadas por la Superintendencia General de Entidades Financieras. ## TÍTULO II FONDO DE GARANTÍA DE DEPÓSITOS ### ARTÍCULO 5. - Creación y objeto. Créase el Fondo de Garantía de Depósitos como un patrimonio autónomo cuyo fin es garantizar, hasta cierto límite, los depósitos que las personas físicas y jurídicas mantengan en las Entidades contribuyentes, de conformidad con los términos y las condiciones establecidas en esta ley y la reglamentación aplicable. El Fondo de Garantía de Depósitos no estará sujeto a las disposiciones de la Ley Reguladora del Mercado de Seguros. Las cooperativas de ahorro y crédito que aporten a un fondo de garantía de depósitos que cubra a sus ahorrantes en un monto igual o superior al que se establece en la presente Ley no tendrán que aportar al Fondo de Garantía de Depósitos objeto de la presente ley. Cualquier fondo existente o creado en el futuro por entidades financieras con el mismo propósito, será regulado por el Conassif y supervisado por la Sugef. Para esos fondos, el Conassif dictará los reglamentos pertinentes para que cumplan con su propósito, tomando en cuenta las mejores prácticas en la materia y las disposiciones de esta ley. ### ARTÍCULO 6.- Administración del Fondo de Garantía de Depósitos Corresponde al Banco Central de Costa Rica la administración del Fondo de Garantía de Depósitos y al Conassif la emisión de su reglamentación técnica. Dichas funciones deberán ejercerse de conformidad con la presente ley y los reglamentos que al efecto dicte cada uno de ellos en su respectivo ámbito de competencia. El Banco Central y el Conassif deberán establecer los mecanismos de coordinación necesarios para asegurar el correcto y efectivo funcionamiento de la red de seguridad financiera, para mantener la estabilidad del sistema financiero nacional y proteger a los depositantes de los intermediarios financieros supervisados. ### ARTÍCULO 7.- Funciones de la Junta Directiva del Banco Central respecto del Fondo de Garantía de Depósitos Corresponderá a la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica, las siguientes funciones: a) Aprobar las políticas, procedimientos y normativa que regularán las actividades del Fondo en materia de su administración. b) Aprobar, con no menos de cinco votos favorables de sus miembros, la estructura organizacional y el nombramiento del Administrador del Fondo, quien a su vez elegirá, en coordinación con la Administración del Banco Central, al personal de apoyo. c) Aprobar la contratación de la gestión total o parcial de las inversiones del Fondo conforme a la política de inversión aprobada por el Conassif. Esta contratación se realizará conforme a lo dispuesto en la Ley N°. 7494, Ley Contratación Administrativa, de 01 de enero de 1996 y sus reformas. d) Conocer el informe anual de gestión y resultados del Fondo. e) Aprobar el presupuesto anual del Fondo. f) Conocer y valorar los resultados de las auditorías externas e internas realizadas al Fondo. g) Reglamentar lo relacionado con la información que deben divulgar las entidades contribuyentes en relación con la cobertura y fondo de garantía de depósitos que les aplica. ### ARTÍCULO 8.- De la administración del Fondo de Garantía de Depósitos. El Fondo de Garantía de Depósitos funcionará bajo la responsabilidad y dirección inmediatas de un Administrador del Fondo, nombrado por la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica, con el voto favorable de no menos de cinco de sus miembros. El Administrador tendrá la representación judicial y extrajudicial del Fondo con las facultades de apoderado generalísimo según lo establece el artículo 1253 de la Ley N°. 63, Código Civil, del 28 de setiembre de 1887 y sus reformas. El Administrador del Fondo solo podrá ser removido de su cargo por la Junta Directiva, por justa causa, mediante resolución razonada y previo debido proceso. A este funcionario se le aplicarán las disposiciones contenidas en los artículos 18, 19, 20 y 21 de la Ley N°. 7558, Ley Orgánica del Banco Central, de 27 de noviembre de 1995 y sus reformas, en lo que fuere procedente. Adicionalmente, deberá tener amplia experiencia y competencias técnicas y académicas en la gestión e inversión de activos financieros. La Administración del Banco Central hará los nombramientos, remociones, permutas, sanciones, promociones, concesión de licencias y los demás movimientos de personal relacionados con la gestión del Fondo, previa aprobación del Administrador del Fondo, respetando las políticas generales establecidas por la Junta Directiva. ### ARTÍCULO 9.- Funciones del Administrador del Fondo de Garantía de Depósitos El Administrador del Fondo de Garantía de Depósitos tendrá las siguientes funciones: a. Elegir, en coordinación con la Administración del Banco Central, a su personal de apoyo. b. Proponer a la Junta Directiva del Banco Central las políticas, procedimientos y normativa que regularán las actividades del Fondo en materia de su administración. c. Contratar en nombre del Fondo, incluidos los servicios de apoyo que le brindará el Banco Central de Costa Rica. d. Ejercer las funciones inherentes a su condición de administrador, vigilando la organización y el funcionamiento del Fondo, la observancia de las leyes, los reglamentos y las políticas vigentes, así como el cumplimiento de los acuerdos del Conassif y de la Junta Directiva del Banco Central respecto del Fondo. e. Proponer al Conassif la reglamentación para el cálculo de contribuciones u otros cargos previstos en esta Ley. Para estos fines la Sugef le prestará toda la colaboración e información necesaria, la cual estará protegida por el deber de confidencialidad, conforme el Artículo 132, de la Ley N°. 7558, Ley Orgánica del Banco Central, de 27 de noviembre de 1995 y sus reformas. f. Proponer al Conassif el monto de las contribuciones al Fondo, dentro del rango establecido por ley y conforme a los estudios técnicos realizados. Para estos fines la Sugef le prestará toda la colaboración e información necesaria, la cual estará protegida por el deber de confidencialidad, conforme el Artículo 132, de la Ley, No. 7558, Ley Orgánica del Banco Central del 03 de noviembre de 1995 y sus reformas. g. Gestionar la recaudación de las contribuciones u otros cargos, para lo cual podrá utilizar el sistema de pagos del Banco Central. h. Ejecutar las acciones necesarias para el cobro administrativo de las contribuciones, y otros cargos que adeuden al Fondo las entidades contribuyentes. i. Gestionar los activos y pasivos del Fondo conforme a las políticas aprobadas para tal efecto por el Conassif, evaluar los resultados y recomendar cambios respecto de la política de inversiones. Esa gestión podrá realizarla por medio de terceros que gestionen total o parcialmente las inversiones el Fondo, conforme a las políticas de inversión aprobadas por el Conassif. j. Gestionar y contratar los créditos y líneas contingentes para el Fondo, conforme la autorización del Consejo k. Al menos una vez al año o cuando las condiciones así lo ameriten evaluar y de ser necesario proponer cambios en el monto de los parámetros del Fondo. l. Formular el presupuesto anual del Fondo, para su aprobación por la Junta Directiva del Banco Central. m. Ejecutar, en acatamiento de las instrucciones del Conassif, los pagos que correspondan como parte de un proceso de resolución de las entidades contribuyentes. n. Aprobar y remitir al Conassif, dentro del plazo de 10 días hábiles después de ejecutada la garantía, un informe sobre las asistencias financieras efectuadas como parte de un proceso de resolución de las entidades contribuyentes. o. Aprobar la contratación de una firma de auditores externos que evalúe y emita opinión sobre la situación financiera, procedimientos, gestión de riesgos, tecnologías de la información y estructura administrativa del Fondo. p. Emitir un informe anual, durante el primer trimestre de cada año, sobre la gestión, evolución y resultados del Fondo. Este informe será conocido por la Junta Directiva del Banco Central y aprobado por el Conassif. Una vez aprobado, el informe estará disponible para el público en la forma en que lo disponga reglamentariamente el Conassif. q. Recibir y compartir información oportuna, precisa e integral con la red de seguridad financiera local y con las autoridades competentes de otras jurisdicciones. En caso de que la información tenga carácter confidencial, la entidad que la reciba estará sujeta a las prohibiciones y sanciones que establece la legislación vigente y los Memorandos de Entendimiento que se suscriban, para los fines de este intercambio de información. r. Cualesquiera otras que le sean asignadas conforme a esta ley, sus reglamentos o Acuerdos de la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica. s. Establecer las instancias de coordinación e intercambio de información necesarias de todos los partícipes de la red de seguridad financiera. t. Velar porque los fondos de seguro de depósito que operen en Costa Rica desarrollen programas efectivos de comunicación y concientización a los depositantes, sobre el funcionamiento del seguro de depósitos. ### ARTÍCULO 10.- Estructura de la Administración del Fondo La estructura deberá ser una unidad administrativa del Banco Central independiente del área que administra los pasivos del BCCR y tendrá como objeto exclusivo el administrar el Fondo y en su diseño se considerará la gestión del conflicto de interés en la administración de sus recursos. Además, dicha unidad deberá conformarse con los recursos estrictamente necesarios para la buena gestión del Fondo y dentro de los límites presupuestarios fijados por la Junta Directiva, así como los parámetros establecidos en la presente ley, para cubrir sus gastos administrativos. ### ARTÍCULO 11.- Funciones del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero en cuanto al Fondo de Garantía de Depósitos. En lo relativo al Fondo de Garantía de Depósitos, el Conassif tendrá las siguientes funciones: a. Aprobar la reglamentación para el cálculo de contribuciones u otros cargos previstos en esta Ley. b. Aprobar el monto de las contribuciones al Fondo, dentro de los parámetros establecidos reglamentariamente y el tope fijado en esta ley. c. Establecer, por la vía reglamentaria, el nivel de estabilidad de largo plazo del Fondo. d. Autorizar al Administrador del Fondo, cuando sea necesario, la obtención de créditos o líneas contingentes para el Fondo. e. Aprobar las políticas, procedimientos y normativa que regularán la gestión de los activos y pasivos del Fondo. f. Aprobar la utilización oportuna de los recursos del Fondo de Garantía de Depósitos, durante los procesos de resolución de las entidades contribuyentes, y solicitar a la administración del Fondo la ejecución de lo aprobado, de conformidad con los fines de esta Ley. Cuando se paguen los depósitos garantizados, estos deberán estar disponibles para los depositantes en un plazo máximo de diez días hábiles después de que el Conassif autorice su utilización. g. Emitir la reglamentación y los procedimientos del proceso de resolución que regulen el funcionamiento de cada uno de los mecanismos de resolución mencionados en esta Ley, todo conforme a las mejores prácticas y los estándares internacionales. h. Establecer, por vía reglamentaria, las disposiciones sobre el uso de la información del Fondo que tenga carácter confidencial, en el entendido de que la entidad que la reciba estará sujeta a las prohibiciones y sanciones que establece la regulación vigente y los Memorandos de Entendimiento que se suscriban. i. Garantizar que la administración del Fondo sea parte integral de los mecanismos de coordinación existentes que promuevan la estabilidad financiera, incluida la disposición oportuna de información sobre la situación económica financiera de las entidades contribuyentes y las pruebas que sobre éstas se realicen. En todos los casos, quienes compartan y dispongan de esta información quedan sujetos al principio de confidencialidad establecido en el artículo 132 de la Ley No. 7558 , Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica, del 03 de noviembre de 1995 y sus reformas. j. Reglamentar lo relacionado con la información que deben divulgar las entidades contribuyentes en relación con la cobertura y fondo de garantía de depósitos que les aplica. ### ARTÍCULO 12.- Funciones de la Superintendencia General de Entidades Financieras respecto del Fondo de Garantía de Depósitos En cuanto al Fondo de Garantía de Depósitos, le corresponderá a la Sugef las siguientes funciones: a) Colaborar con el Administrador del Fondo en la elaboración de la reglamentación del cálculo de contribuciones u otros cargos previstos en esta Ley. b) Proveer, de forma oportuna, al Conassif, al Banco Central y otras entidades que conformen la red de seguridad financiera toda la información y colaboración que requieran para el ejercicio de las funciones que esta Ley les asigna. Los receptores de esta información estarán sujetos a la prohibición indicada en el párrafo primero del artículo 132 de la Ley N° 7558, Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica, del 3 de noviembre de 1995 y sus reformas. c) Proveer periódica y oportunamente a la administración del Fondo de Garantía de Depósitos la información necesaria para hacer efectivo el pago de los depósitos, y los montos de las contribuciones que deben ser cobradas a las entidades contribuyentes. d) Exigir a las entidades contribuyentes el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Título II de la presente Ley, y proveer a la administración del Fondo la información que resulte necesaria para los efectos de ese Título. ### ARTÍCULO 13.- Sucursales de bancos extranjeros Las sucursales de bancos extranjeros estarán sujetas a las contribuciones y aportes establecidos en esta ley . ### ARTÍCULO 14.- Patrimonio del Fondo. El Fondo de Garantía de Depósitos tendrá patrimonio propio, separado del patrimonio del Banco Central, y se conformará con los siguientes recursos: a. Las contribuciones que realicen las entidades contribuyentes. b. Los aportes adicionales que voluntariamente realicen las entidades contribuyentes, y que serán consideradas para efectos de determinar el monto de sus contribuciones periódicas. c. Los recursos de las entidades contribuyentes supervisadas trasladados por el Banco Central bajo instrucción de la Autoridad de Resolución, provenientes de la utilización del encaje mínimo legal y de la reserva de liquidez, o en el caso del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, provenientes de las garantías constituidas para estos efectos en el Fideicomiso de Garantías del Sistema de Pagos del Banco Central, según lo dispuesto en los artículos 16 y 24 de esta ley. d. Las utilidades de cada ejercicio anual del Fondo. e. Aportes y donaciones de personas o instituciones públicas o privadas, nacionales o internacionales. f. Aporte de recursos de otros fondos, públicos o privados, de naturaleza similar. En ese caso los intermediarios financieros que contribuyeron a esos fondos tendrán derecho a un ajuste en el nivel de sus contribuciones, conforme lo defina el Conassif. g. La recuperación por los pagos que haya realizado a los procesos de resolución de las entidades contribuyentes o por el pago de las sumas garantizadas. h. La cobertura de depósito no cobrada por el ahorrante o inversionista en el plazo de cuatro años, contado a partir del momento en que Conassif ordene el pago a los depositantes según el proceso de resolución de las entidades contribuyentes supervisadas. El patrimonio del Fondo es inembargable y no podrá ser afectado por las obligaciones de las entidades contribuyentes. ### ARTÍCULO 15.- Política de inversiones La política de inversiones será elaborada por el administrador del Fondo y aprobada por el Conassif. Esta política debe contar con objetivos claros y medibles en términos de liquidez, moneda y preservación del capital, en línea con la finalidad del Fondo. La política se debe fundamentar en un análisis de riesgos, y su efectividad será evaluada en el informe anual. La política debe contener al menos las especificaciones de emisores, mercados y plazas, valores e instrumentos financieros para coberturas, plazos, monedas e indicadores de medición y administración de riesgos. Está permitida la inversión en los mercados internacionales, dentro de los lineamientos aprobados por el Conassif. El Fondo no podrá invertir en títulos del Banco Central de Costa Rica, ni de ninguna de las entidades contribuyentes. ### ARTÍCULO 16.- Del uso contingente de los recursos del encaje mínimo legal y de la reserva de liquidez para financiar al Fondo. Una porción, equivalente al 2% (dos por ciento) del total de los pasivos sujetos a encaje o a reserva de liquidez de las entidades contribuyentes, según corresponda, de los recursos del encaje mínimo legal y de la reserva de liquidez, serán considerados como garantía para el Fondo y se utilizarán para cubrir los depósitos garantizados o apoyar el proceso de resolución cuando los demás recursos del respectivo compartimento del Fondo sean insuficientes para ello, y hasta por el monto del faltante. El Banco Popular y de Desarrollo Comunal, constituirá esa garantía trasladando al Fideicomiso de Garantías del Sistema de Pagos del Banco Central, valores de la mejor calidad crediticia por un monto equivalente al 2% del total de sus depósitos y captaciones, exceptuando los depósitos en cuenta corriente que están sujetos a encaje. Para hacer líquidos los recursos de esa garantía, las entidades sujetas a la reserva de liquidez deberán mantener, en el Fideicomiso de Garantías del Sistema de Pagos del Banco Central, valores y depósitos por una cuantía equivalente al 2% de los pasivos sujetos a la reserva de liquidez. Los activos de las entidades contribuyentes que se utilicen como garantía del Fondo se reflejarán como un activo restringido en los registros contables de esas entidades. Las entidades contribuyentes deben restituir el encaje mínimo legal y la reserva de liquidez al Banco Central en el plazo que establezca la Junta Directiva del Banco Central. Para tales efectos, las entidades contribuyentes otorgarán al Banco Central de Costa Rica, en garantía de esa restitución y por el plazo establecido, títulos valores de la más alta calidad crediticia y operaciones de crédito con la mejor calificación, tanto en colones como en moneda extranjera y que serán registrados en el Registro de Garantías Mobiliarias a favor del Banco Central. Estas garantías se recibirán por el 60% de su valor de mercado o del saldo de la operación crediticia. El Banco Central de Costa Rica ejecutará inmediatamente esas garantías en caso de incumplimiento de la obligación de reconstituir el encaje o la reserva de liquidez por parte de las entidades contribuyentes. Las entidades contribuyentes pueden reponer el encaje mínimo legal o la reserva de liquidez utilizada en los procesos de resolución antes de finalizar el plazo otorgado por la Junta Directiva del Banco Central. Cuando el plazo otorgado por la Junta Directiva Banco Central para reponer los recursos del encaje o de la reserva de liquidez sea superior a un año, las entidades que luego de ese lapso no lo hayan restituido, deberán pagar una tasa de interés por las sumas faltantes. La tasa de interés será la vigente en ese momento para la facilidad permanente de crédito del Banco Central de Costa Rica. Para todos los efectos, el uso de los recursos del encaje y de la reserva de liquidez que se dispone en este artículo, no se considerará una insuficiencia de estos requerimientos, según lo ordena la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica, durante el plazo que al respecto otorgue la Junta Directiva del Banco Central para la reconstitución del encaje y la reserva de liquidez. Una vez excedido ese plazo sin que se hayan alcanzado los mínimos requeridos, se incurrirá en insuficiencia para los efectos de esa ley. ### ARTÍCULO 17- De las contribuciones Las contribuciones estarán constituidas por aportes que deberán hacer las entidades contribuyentes y no podrán exceder el 0,15% anual de los depósitos garantizados de cada entidad. Esta cuantía será pagada por las entidades contribuyentes de forma tal que todas pagarán 0,1% anual y el 0,05% anual restante, como máximo, se establecerá de forma que la entidad contribuyente con mayor nivel de riesgo aportará más, de acuerdo con el reglamento que emita el Conassif al respecto. El pago de la contribución será trimestral -0,025% de los depósitos garantizados de cada entidad contribuyente más la proporción de riesgo asignada- y se realizará dentro de los 10 días hábiles posteriores al final de cada trimestre natural. Su monto se establecerá sobre la base del promedio de los depósitos garantizados del último trimestre. Las contribuciones deberán aportarse en colones o, en el caso de los depósitos denominados en una moneda distinta del colón, en dólares. El Fondo deberá invertirlas conforme las políticas aprobadas por el Consejo. Estas contribuciones serán debitadas automáticamente por el Banco Central de las cuentas de reserva de las Entidades contribuyentes. En el caso de las que carezcan de una cuenta de este tipo, por no estar obligadas a ello, deberán depositarlas conforme lo que determine la Administración del Fondo de Garantía de Depósitos. La contribución será considerada como un gasto deducible del impuesto sobre la renta para efectos tributarios. La certificación que expida el Fondo del monto de la deuda que lleguen a tener las Entidades obligadas al pago de estas contribuciones, tendrá carácter de título ejecutivo. ### ARTÍCULO 18.- Otros recursos del Fondo. La administración del Fondo de Garantía de Depósitos podrá contraer pasivos procedentes de las siguientes fuentes para el cumplimiento de las funciones del Fondo: a) Créditos o líneas contingentes otorgadas por entidades nacionales o internacionales u otras instituciones, conforme lo autorice el Conassif. b) Bonos u otros títulos de deuda emitidos por el Fondo de Garantía de Depósitos. Estas emisiones tendrán el mismo tratamiento ante la Superintendencia General de Valores que aquellas cuyo emisor es el Ministerio de Hacienda o el Banco Central. ### ARTÍCULO 19.- De los compartimentos del Fondo de Garantía de Depósitos. El Fondo gestionará tres compartimentos: a. El compartimento formado con las contribuciones de los bancos públicos. b. El compartimento formado con las contribuciones de los bancos privados, las sucursales de bancos extranjeros y de las empresas financieras no bancarias. c. El compartimento formado con las contribuciones de las cooperativas de ahorro y crédito, de las asociaciones solidaristas supervisadas por la Sugef y las contribuciones de la Caja de Ande. Otros intermediarios financieros que llegaren a ser supervisadas por SUGEF en el futuro deberán ser incluidas en cada compartimento de acuerdo con su naturaleza y conforme lo establezca el Conassif. Las condiciones bajo las que operarán los compartimentos del Fondo serán las mismas: Los recursos de cada compartimento serán manejados bajo las mismas políticas de inversión. Para esos efectos, la segmentación entre los compartimentos será meramente contable, pero los recursos podrán invertirse conjuntamente. Los costos de funcionamiento del Fondo se asignarán en proporción a sus respectivas cuantías. En caso de que alguna entidad contribuyente entre en proceso de resolución y resulte necesario el pago de la garantía sobre los depósitos o la inyección de fondos para apoyar la resolución, según lo dispone esta ley y respetando el principio del menor costo, el pago de los fondos correspondientes será debitado del compartimento al que pertenece esa entidad. Los compartimentos no pueden otorgarse créditos entre ellos. El Conassif podrá revisar y modificar el sistema de compartimentos tras informe técnico elaborado por el Fondo de Garantía de Depósitos con la colaboración de la Sugef. ### ARTICULO 20.- Del nivel de estabilidad de largo plazo y revisión de los parámetros de contribución El Conasif determinará el nivel de estabilidad de largo plazo del Fondo. Este se expresará como porcentaje de los depósitos garantizados. Para determinar ese nivel, el Conassif se basará en un informe técnico que al efecto elabore el Administrador del Fondo en coordinación con la Sugef. En cualquier caso, el nivel de estabilidad de largo plazo no podrá ser menor a un monto equivalente al 5% de los depósitos garantizados. Una vez que se alcance el nivel de estabilidad de largo plazo, la administración del Fondo, el Banco Central de Costa Rica, con colaboración de la Sugef, revisará y, de ser necesario, propondrá al Conassif, la aprobación de nuevos parámetros de contribución, con el propósito de reducir la tasa de contribución, incrementar el monto de la cobertura, o una combinación de estas dos opciones, todo conforme a los estudios técnicos que fundamenten la modificación. ### ARTÍCULO 21.- Costos de administración y operación El Banco Central de Costa Rica, como administrador, cobrará los servicios prestados al Fondo. Los gastos anuales de administración y operación del Fondo estarán determinados por un presupuesto elaborado por el Administrador del Fondo y aprobado por la Junta Directiva del Banco Central. El presupuesto no podrá exceder el 10% de la suma anual de las contribuciones. El Banco Central de Costa Rica podrá financiar total o parcialmente los costos de administración y operación del Fondo cuando éste no cuente con los recursos suficientes para esos fines. Ese financiamiento será con cargo al Fondo, a la tasa de interés y plazo que establezca al efecto la Junta Directiva del Banco Central. ### ARTÍCULO 22. - Cobertura Los recursos del Fondo ofrecerán cobertura a todos los depósitos o ahorros, a la vista o a plazo fijo, que mantengan en las entidades contribuyentes las personas físicas y jurídicas. El monto máximo garantizado será de seis millones de colones por persona y por entidad, con independencia de la moneda en que tales ahorros hayan sido constituidos, suma que deberá ser ajustada para mantener el valor del dinero en el tiempo, según la metodología que se defina en la reglamentación que emita el Conassif. La garantía de depósitos se pagará únicamente al titular original del depósito o al beneficiario designado, en caso de fallecimiento del titular original. Cuando el Conassif disponga el pago a los ahorrantes con los recursos del Fondo también declarará vencidos, hasta por el monto de la cobertura que efectivamente les corresponda, todos aquellos depósitos o ahorros a plazo. De forma previa al pago de los depósitos garantizados, para aquellos depositantes que tengan créditos vencidos con la entidad financiera se hará una compensación entre el saldo de la deuda y el monto de su acreencia hasta por el importe de la cobertura que efectivamente le corresponda. La cobertura operará por persona y por entidad financiera, y cubrirá únicamente el monto principal, no los intereses. Para la cobertura de depósitos dentro de una misma entidad, aplicarán las siguientes reglas: a) En el caso de un solo titular y un solo depósito, o un solo titular con más de un depósito, solo se le pagará al titular hasta el monto máximo garantizado. b) En el caso de depósitos o ahorros constituidos a nombre de dos o más personas, se pagará a cada persona la parte proporcional que le corresponda del monto máximo garantizado. Si las personas que están en esta situación mantienen otros depósitos o ahorros en la misma entidad, el Fondo le pagará las sumas que completen, para cada persona, el monto máximo garantizado, si así corresponde. c) En el caso de que se proceda a la fusión de entidades financieras, o a la adquisición de una entidad financiera por otra, los titulares de depósitos garantizados dispondrán de protección separada por sus depósitos en cada entidad durante un periodo de cuatro meses desde la fecha en que la fusión surta efectos legales frente a terceras personas de conformidad con las disposiciones del Código de Comercio. A partir del cumplimiento de ese plazo, los titulares tendrán derecho solamente a la cobertura normal por titular y por entidad. En el caso de los bancos comerciales del Estado, la cobertura dispuesta en esta ley complementa y no elimina la garantía establecida en el artículo 4 de la Ley No. 1644, Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional del 26 de setiembre de 1953 y sus reformas. ### ARTÍCULO 23.- Depósitos excluidos Estarán excluidos de la cobertura que se determina en este cuerpo legal los depósitos: a. Al portador. b. De personas físicas o jurídicas que sean accionistas de la entidad contribuyente sometida al proceso de resolución. Para estos efectos, no se entienden como accionistas, ni se excluyen por tanto de la cobertura, los asociados de las cooperativas de ahorro y crédito ni los afiliados a las asociaciones solidaristas. c. De empresas accionistas y de parientes hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad de personas físicas o jurídicas que formen parte del grupo financiero. d. De los representantes legales, directivos y alta administración (gerentes y subgerentes) de la entidad contribuyente, así como de su parentela hasta segundo grado de consanguinidad. e. De entidades supervisadas por cualquiera de las superintendencias del sistema financiero, así como de las que formen parte de grupos o conglomerados financieros supervisados por éstas. f. Provenientes de actividades ilícitas declarados en sentencia penal firme. ### ARTÍCULO 24.- Uso de los recursos del Fondo en cumplimiento de la garantía La garantía de depósitos podrá hacerse efectiva por medio del pago directo de los depósitos garantizados a los depositantes y ahorrantes, o bien por medio del traslado de esos recursos, bajo la regla del menor costo, a los procesos de resolución de las entidades contribuyentes, según lo disponga el Conassif. En los casos donde la entidad financiera supervisada en resolución no sea una entidad contribuyente, el Fondo del que forma parte, trasladará los recursos que ordene la Autoridad de Resolución al Fondo creado en esta Ley, bajo los mismos principios mencionados. El Banco Central de Costa Rica, en caso de un evento de resolución, trasladará al Fondo los recursos que la Autoridad de Resolución ordene, hasta por el monto de los recursos comprometidos señalados en el artículo 17 de esta Ley y el patrimonio que a la fecha tenga el Fondo. Para estos fines debitará, conforme la información recibida de la Autoridad de Resolución, las cuentas de reserva en el Banco Central para aquellas entidades sujetas a encaje, y aportará el monto equivalente en colones de las garantías constituidas por las entidades contribuyentes sujetas a la reserva de liquidez o por el Banco Popular y de Desarrollo Comunal, según corresponda. Los montos que la Autoridad de Resolución ordene distribuir al Fondo y al respectivo compartimento, se imputarán proporcionalmente al monto de los depósitos garantizados de cada entidad contribuyente que pertenece al Fondo y al respectivo compartimento. Asimismo, establecerá el plazo de diferimiento que corresponda aplicar a las entidades contribuyentes por el aporte efectuado, este plazo será igual al establecido por la Junta Directiva del Banco Central para restituir el encaje mínimo legal y la reserva de liquidez. Tanto el gasto por el encaje mínimo legal y por la reserva de liquidez trasladados al Fondo como la recuperación que por estos conceptos se logre, serán partidas deducibles o gravadas del impuesto sobre la renta, según corresponda. La administración del Fondo de Garantía de Depósitos se subrogará de pleno derecho y estará facultado para exigir en la liquidación judicial los votos de los depositantes por cada uno de los depósitos pagados por concepto de aplicación y pago de la garantía de los depósitos. Las entidades contribuyentes recibirán el reintegro del encaje mínimo legal o de la reserva de liquidez utilizado en el respectivo proceso de resolución, según el monto que se recupere, cuando el banco insolvente sea declarado en concurso de liquidación y neto de los costos que se dirán en el párrafo siguiente. Los costos por absorción monetaria en que incurra el Banco Central por el uso de los encajes o de las reservas de liquidez de las entidades contribuyentes en un proceso de resolución de una de ellas, le serán devueltos con las recuperaciones que realice la administración del Fondo de Garantía de Depósito en la liquidación de la entidad resuelta. Los costos aquí indicados serán aquellos que ocurren si luego de transcurrido un año no se ha restituido el encaje mínimo legal y la reserva de liquidez. ### ARTÍCULO 25.- Reclamaciones Las entidades contribuyentes al Fondo de Garantía de Depósitos y los depositantes tienen derecho a realizar reclamaciones sobre las actuaciones del Fondo conforme a lo dispuesto reglamentariamente por el Conassif en esta materia y será revisable vía judicial. ### ARTÍCULO 26.- Concientización del público La administración del Fondo llevará a cabo actividades destinadas a la concientización del público sobre el sistema de garantía de depósitos tales como: cobertura de la garantía, depósitos garantizados y excluidos de la garantía, entidades contribuyentes cuyos depósitos se encuentran garantizados por el Fondo, y los procedimientos para el pago de los depósitos garantizados. La administración del Fondo deberá desarrollar un plan de contingencia que defina estrategias de comunicación al público en casos de crisis o inestabilidad financiera u otros posibles escenarios que requieran la coordinación con otros participantes de la red de seguridad financiera. ### ARTÍCULO 27.- Informe Anual de Auditoría Externa La Administración del Fondo contratará una auditoría externa anual y publicará los estados financieros auditados correspondientes a cada ejercicio fiscal, elaborados conforme a las normas contables vigentes, y en un plazo máximo de un mes desde la recepción final del informe de auditoría. El informe anual de auditoría se publicará conforme los lineamientos que emita la Junta Directiva del Banco Central. ### ARTÍCULO 28.- Auditoría interna Corresponderá a la Auditoría Interna del Banco Central ejercer la auditoría interna del Fondo. El auditor interno deberá presentar anualmente a la Junta Directiva del Banco Central un informe de labores y un plan de sus actividades de auditoría del Fondo. ### ARTÍCULO 29.- Sanciones Las entidades contribuyentes están obligadas al pago de las contribuciones que se refieren en esta Ley. Las entidades que incumplan sus obligaciones de pago, en los términos señalados en esta Ley y los definidos reglamentariamente, serán sancionadas por la Sugef, previo procedimiento administrativo ordinario abierto al efecto conforme la Ley N°. 6227, Ley General de la Administración Pública, de 02 de mayo de 1978 y sus reformas con una multa que se determinará de la siguiente manera: a) Atraso en el pago de una cuota en un periodo de un año calendario: 0,10% de su patrimonio. b) Atraso en el pago de dos cuotas en un periodo de un año calendario: 0,20% de su patrimonio. c) Atraso en el pago de tres cuotas en un periodo de un año calendario: 0,40% de su patrimonio. d) Si el atraso en la cancelación de una contribución cualquiera es mayor de 30 días hábiles, ese incumplimiento se imputará como una cesación de pagos conforme el artículo 136, literal d), inciso iii) de la Ley N°. 7558, Ley Orgánica del Banco Central, de 27 de noviembre de 1995 y sus reformas, literal d), inciso iii) y se declarará la intervención de la entidad contribuyente. El patrimonio de la entidad infractora, será el vigente al momento de producirse la infracción. El pago de las multas deberá efectuarse en un plazo máximo de 30 días hábiles después de quedar en firme. El importe de estas multas será a favor del Fondo de Garantía de Depósitos. Independientemente de la sanción impuesta, las entidades contribuyentes deberán cancelar al Fondo, las cuotas adeudadas más el respectivo interés moratorio, a la tasa básica pasiva calculada por el Banco Central de Costa Rica, más cuatro puntos porcentuales. Se declara de interés público la sanción impuesta, y deberá ser comunicada por la Sugef al público, en su página web, así como también la entidad estará obligada a hacer de conocimiento del público la sanción que le fue impuesta, y lo publicará como un hecho relevante en su sitio web. Estas publicaciones se realizarán conforme lo disponga el Conassif mediante reglamento. ## TITULO III DE LA RESOLUCIÓN DE LOS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS SUJETOS A LA SUPERVISIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ENTIDADES FINANCIERAS ### ARTÍCULO 30.- Objetivos de la resolución de los intermediarios financieros supervisados La resolución de los intermediarios financieros supervisados por Sugef perseguirá los siguientes objetivos, ponderados de forma equivalente y según las circunstancias presentes en cada caso: a) Asegurar la continuidad de aquellas actividades, servicios y operaciones cuya interrupción podría perturbar la prestación de servicios esenciales para la economía real o la estabilidad financiera. b) Conservar la confianza del público en la estabilidad y el buen funcionamiento del sistema financiero; c) Evitar efectos perjudiciales para la estabilidad del sistema financiero, previniendo el contagio de las dificultades de una entidad al conjunto del sistema y manteniendo la disciplina de mercado. d) Asegurar la utilización más eficiente de los recursos, minimizando los apoyos financieros públicos que, con carácter extraordinario, pueda ser necesario conceder. e) Proteger el ahorro de los clientes de las entidades contribuyentes. La consecución de estos objetivos procurará, en todo caso, minimizar el costo de la resolución y evitar toda destrucción de valor, excepto en la medida en que sea imprescindible para alcanzar los objetivos de la resolución. El proceso de resolución, deberá concluir en alguno de estos dos procesos: Uso de los mecanismos de resolución y la liquidación de la entidad residual, o Pago de la garantía de depósitos y solicitud de apertura del proceso concursal de la entidad, de conformidad al ordenamiento jurídico vigente. ### ARTÍCULO 31.- Autoridad de resolución El Conassif asumirá las funciones y competencias de autoridad de resolución. Para desarrollar sus funciones en relación con la resolución contará con el apoyo técnico de la Sugef. ### ARTÍCULO 32.- Causal de un proceso de resolución Deberá iniciarse un proceso de resolución cuando la entidad financiera supervisada se encuentre en una situación de inestabilidad o irregularidad financiera de grado tres, según se define en el artículo 136 inciso d) de la Ley No 7558, Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica, del 3 de noviembre de 1995 y sus reformas y el Conassif, previo informe del Interventor en que se recomiendan las medidas a aplicar, dicte el acto de resolución. ### ARTÍCULO 33.- Inicio del proceso de resolución Cuando corresponda iniciar un proceso de resolución de los intermediarios financieros supervisados, conforme a lo dispuesto en el artículo anterior, el Conassif, tras informe razonado y a propuesta del Interventor, declarará el inicio del proceso de resolución de la entidad conforme lo establece, en lo que corresponda, el artículo 139 bis de la Ley N° 7558, Ley Orgánica del Banco Central, del 03 de noviembre de 1995 y sus reformas. En el acuerdo de inicio del proceso de resolución, el Consejo designará al administrador o administradores de la resolución, que llevarán a cabo las actividades de resolución de la entidad en los términos que indica esta ley. Con esa designación cesan automáticamente en sus funciones los órganos sociales y directivos de la entidad. ### ARTÍCULO 34. Entidades sujetas a la resolución Las entidades sujetas al régimen de resolución son las definidas como intermediarios financieros en el artículo 3 de esta Ley. ### ARTÍCULO 35.- De los Administradores de la resolución Los administradores de la resolución designados por el Conassif podrán ser funcionarios de las superintendencias del sistema financiero o , podrán ser también profesionales externos con título académico en áreas afines, experiencia y competencias en materia financiera y bancaria así como prestigio y conocimiento sobre ese tipo de procesos. Para la designación de profesionales externos, el Conassif abrirá y mantendrá actualizado un registro de personas (físicas) especializadas e independientes. El Conassif definirá, vía reglamento, los requisitos de competencia que deberán cumplir los administradores de la resolución. El Conassif podrá, en cualquier momento, sustituir a los administradores de la resolución. La remuneración de los administradores será fijada por el Conassif, y se hará con cargo a los recursos de la entidad en resolución. Al finalizar su función, el administrador de la resolución deberá presentar al Consejo un informe detallado de su gestión, en el que se incluya un detalle pormenorizado de los gastos en que se haya incurrido. ### ARTÍCULO 36.- Responsabilidades de los administradores de la resolución Los administradores de la resolución tendrán a su cargo el proceso de resolución, según los términos y procedimientos establecidos en esta ley y en el reglamento que al efecto emita el Conassif. Además, tendrán la representación judicial y extrajudicial de la entidad suspendida en resolución, con las mismas facultades que ostentaban los anteriores administradores y órganos directivos. ### ARTÍCULO 37.- De las formas de resolución La resolución podrá combinar una o varias de las siguientes opciones: a. La venta del negocio de la entidad. b. La exclusión y transmisión total o parcial de activos y pasivos a otra entidad financiera solvente o a una entidad puente. c. La exclusión y transmisión de activos y pasivos a un fideicomiso o a un vehículo de propósito especial. d. La recapitalización interna; es decir, la transformación de pasivos en capital. e. Cualquier otro que proponga el administrador de la resolución y que sea aprobado por el Conassif, para lo cual se podrá aplicar además, en lo que sea congruente, las potestades establecidas en el ordenamiento jurídico vigente en torno a materia concursal. El Fondo podrá apoyar cualquiera de estas opciones, aplicando el principio de menor costo. Los intermediarios financieros supervisados que sean propiedad, total o parcialmente, del Estado o públicos podrán participar como adquirentes en los anteriores mecanismos de resolución. Para este propósito estarán exentos del procedimiento de contratación administrativa establecido en la Ley de Contratación Administrativa N° 7494, aunque deberán respetar sus principios. Asimismo, en los procesos de resolución no aplicará la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, número 7472 en la materia respectiva. En todos los casos estas operaciones estarán exentas de cualquier tributo, tasa, timbre o impuesto de traspaso. La aplicación de las formas de resolución deberá ajustarse a la naturaleza jurídica de la entidad financiera supervisada en problemas. ### ARTÍCULO 38.- De la venta del negocio de la entidad en proceso de resolución El Conassif podrá acordar y ejecutar la transmisión a un adquirente de la totalidad o una parte de los activos, pasivos y derechos de la entidad en proceso de resolución, previa recomendación del Administrador de la Resolución. Para seleccionar al adquirente, el Conassif seguirá un procedimiento competitivo, transparente y no discriminatorio, al objeto de maximizar el precio de venta, teniendo en cuenta las circunstancias del caso concreto y la necesidad de salvaguardar la estabilidad del sistema financiero. El Conassif deberá además tomar las medidas necesarias para gestionar adecuadamente las situaciones de conflicto de intereses. En el caso de que la entidad en resolución sea pública y el adquirente sea privado, la transmisión del capital deberá ser acordada por el Consejo de Gobierno o la máxima autoridad. Si el Consejo de Gobierno se opusiere, y otras formas de resolución resulten inviables, la autoridad de resolución ordenará la liquidación. ### ARTÍCULO 39.- Transmisión total o parcial de los activos y pasivos a una entidad financiera solvente o a una entidad puente. Conforme lo establezca reglamentariamente, la autoridad de resolución podrá acordar y ejecutar la transmisión a una entidad financiera solvente o a una entidad puente, de todos o parte de los activos y pasivos. La entidad puente podrá ser una sociedad anónima, y será creada por el Conassif para los fines específicos que establecen esta ley y sus reglamentos. En caso de que se trate de una sociedad anónima, el Conassif también nombrará a la Junta Directiva y al gestor o gestores de la entidad puente. La transmisión de los activos y pasivos de una entidad en resolución a una entidad financiera solvente o a una entidad puente se realizará en firme y, en representación y por cuenta de los socios de la entidad en resolución, pero sin necesidad de obtener su consentimiento ni el de terceros, y sin tener que cumplir los requisitos exigidos por las normas societarias o los requisitos de autorización previa exigidos por las normas del mercado de valores. No podrán iniciarse acciones administrativas o judiciales sobre los activos trasladados, cuya transferencia haya sido dispuesta por el Conassif, tendientes a impedir u obstaculizar su traspaso, salvo que tuvieren por objeto el cobro de un crédito hipotecario, prendario o derivado de una relación laboral. Si el total de los activos que se trasladan fuere insuficiente para cubrir los pasivos que corresponden a los depósitos garantizados, la Autoridad de Resolución podrá autorizar que el Fondo, previo verificación del principio de menor costo, suministre los recursos necesarios para cubrir los depósitos garantizados. ### ARTÍCULO 40.- Autorización de la entidad puente La entidad puente debe obtener la autorización oportuna de la Sugef para realizar todas las actividades necesarias para la consecución de los objetivos de la resolución. No obstante lo anterior, al inicio de su funcionamiento y durante el tiempo estrictamente necesario, se podrá establecer y autorizar a la entidad puente sin necesidad de cumplir los requisitos previstos para el acceso a la actividad correspondiente, cuando ello sea necesario para alcanzar los objetivos de la resolución. A tal fin, la autoridad de resolución instruirá al supervisor competente el periodo de tiempo durante el cual la entidad estará eximida de cumplir aquellos requisitos. Para cumplir su objetivo, la entidad puente tendrá un plazo de autorización de hasta un año. ### ARTÍCULO 41- Atribuciones y gestión de la entidad puente La entidad puente será administrada y gestionada con el objeto de mantener el acceso a las funciones comerciales y operativas esenciales de la entidad financiera en resolución, para luego vender esa entidad puente, o sus activos y pasivos, cuando las condiciones sean apropiadas, de conformidad con los supuestos que se establezcan reglamentariamente. El cumplimiento de los objetivos de la entidad puente no conllevará ninguna obligación o responsabilidad respecto a los socios y acreedores de la entidad en resolución, y la junta directiva y los gestores de la entidad puente no tendrán ninguna responsabilidad frente a dichos accionistas y acreedores por actos u omisiones en cumplimiento de sus obligaciones, a menos que tal acto u omisión implique una falta o infracción graves que afecte directamente a los derechos de accionistas y acreedores, lo cual tendrá que ser establecido por una sentencia en firme emitida por una autoridad judicial. ### ARTÍCULO 42.- Venta, fusión y terminación de la entidad puente La venta de la entidad puente o de sus activos o pasivos, o la fusión de la entidad puente con otra entidad, se desarrollará en el marco de procedimientos competitivos, transparentes y no discriminatorios y se efectuará en condiciones de mercado, habida cuenta de las circunstancias específicas. Cuando se ponga fin a las actividades de la entidad puente, se solicitará su disolución y liquidación. Asimismo, la Autoridad de Resolución podrá decidir la terminación de la entidad puente cuando se verifique el incumplimiento de su objetivo o de los requisitos normativos. ### ARTÍCULO 43.- De la transmisión de activos y pasivos a un fideicomiso o vehículo de propósito especial Conforme lo establezca reglamentariamente, la autoridad de resolución podrá obligar a la entidad objeto de resolución o a la entidad puente a transmitir a uno o varios fideicomisos o vehículos de propósito especial, determinadas categorías de activos y pasivos que figuren en el balance de la entidad, en los casos siguientes: a) Cuando la utilización de un procedimiento de quiebra pueda alterar significativamente el valor de mercado de los activos de la entidad objeto de resolución o de la entidad puente; b) Cuando la transmisión de los activos y pasivos sea necesaria para garantizar el buen funcionamiento de la entidad objeto de resolución o de la entidad puente; o c) Cuando la transmisión de los activos y pasivos sea necesaria para maximizar los ingresos procedentes de la liquidación. En caso de quiebra la transmisión de activos y pasivos estará exenta de la aplicación de la acción revocatoria de la entidad transmitente. El fideicomiso o vehículo de propósito especial no adquirirán ninguna responsabilidad fiscal o laboral derivada de los activos transmitidos. El fideicomiso o vehículo de propósito especial tendrá las atribuciones de la entidad puente, en lo que le sea aplicable, y se gestionará similarmente. Su objetivo final será lograr el traspaso de los activos y pasivos excluidos a otra entidad en marcha en el Sistema Financiero Nacional, conforme lo reglamente la autoridad de resolución. ### ARTÍCULO 44.- De la recapitalización interna Conforme lo establezca reglamentariamente, la Autoridad de Resolución podrá adoptar medidas de recapitalización interna para convertir en capital o reducir el principal de los pasivos o instrumentos de deuda de la entidad en resolución. El objetivo de la recapitalización interna es que la entidad en resolución pueda recuperar las condiciones para continuar sus actividades, manteniendo la confianza del mercado. Al efecto, los administradores de la resolución elaborarán un plan de reorganización operacional de la entidad. ### ARTÍCULO 45.- Pasivos excluidos de la recapitalización interna La recapitalización interna no afectará a los siguientes pasivos: a) Los depósitos garantizados, hasta por la cuantía cubierta por el Fondo de Garantía de Depósitos. b) Los créditos con garantía real. c) Los créditos proporcionados por el Banco Central. d) Los pasivos de otras entidades, excluidas las sociedades que formen parte del mismo grupo, cuyo plazo de vencimiento inicial sea inferior a siete días. e) Los pasivos laborales. f) Los créditos fiscales y parafiscales. g) Los créditos por bienes y servicios esenciales para la operación de la entidad. ### ARTÍCULO 46.- Principios de la recapitalización interna Los pasivos de la entidad, con la excepción de aquellos indicados en el artículo anterior, podrán ser objeto de la recapitalización interna, bajo el principio de que las pérdidas deben ser asumidas en primer lugar por los accionistas y después, en general, por los acreedores de la entidad objeto de resolución, por orden inverso al orden de preferencia de los créditos. Como resultado de la recapitalización interna, ningún accionista o acreedor podrá quedar en una posición económica peor que la que le hubiera correspondido en caso de quiebra de la entidad. Para proceder a la recapitalización interna, la Autoridad de resolución llevará a cabo una valoración de los pasivos, activos y derechos de la entidad, al objeto de determinar el importe de los pasivos admisibles para garantizar que el valor del activo neto de la entidad en resolución es igual a cero, y el importe por el cual deben convertirse los pasivos admisibles en acciones u otros instrumentos de capital para restablecer el coeficiente de capital exigido por la normativa prudencial vigente en la entidad objeto de resolución o en la entidad puente. ### ARTÍCULO 47.- Ejecución de la recapitalización interna La recapitalización interna consistirá en la reducción o cancelación forzosas del capital de la entidad y en la conversión, parcial o total, de los pasivos crediticios admisibles en instrumentos de capital, con carácter obligatorio, y en la medida necesaria para restablecer el nivel del capital exigido por la normativa prudencial o el nivel de capital superior que sea necesario para asegurar la viabilidad de la entidad. La conversión de los pasivos crediticios en capital se realizará de forma inversa a la jerarquía de acreedores aplicable en la quiebra. Los socios y acreedores afectados por la recapitalización interna no tendrán derecho a indemnización alguna, salvo, en el caso de los accionistas, por los pasivos laborales, y en el caso de los acreedores, por lo dispuesto en el artículo 45 de la presente Ley. ### ARTÍCULO 48.- Aplicación del principio del menor costo En todas las opciones de resolución, el Fondo de Garantía de Depósitos podrá aportar los recursos necesarios para para cubrir la diferencia entre el valor de los activos y el de los depósitos asegurables, previa verificación de que se cumple el principio del menor costo; es decir, siempre que el costo de realizar ese aporte sea menor que el costo que supondría el pago de los depósitos garantizados en caso de quiebra de la entidad. El Fondo deberá procurar la recuperación de los fondos públicos que se utilicen para apoyar las medidas de resolución, incluida la recapitalización que efectúe para darle viabilidad a la entidad. Para esto emitirá la reglamentación correspondiente. El Fondo deberá gestionar la recuperación de todo gasto en que haya incurrido relacionado con la utilización de los instrumentos o el ejercicio de las facultades de resolución previstas en la Ley, para lo cual emitirá la reglamentación correspondiente. ### ARTÍCULO 49.- Derecho a la compensación, aceleración y terminación anticipada de los contratos El inicio de un proceso de resolución y el ejercicio de las facultades de resolución no podrán desencadenar derechos de compensación legales o contractuales, con excepción de la compensación de créditos indicada en el Artículo 22 anterior, o constituir un evento que genere derecho a cualquier contraparte de la entidad sujeta a resolución para ejercer la aceleración contractual o derechos de cancelación anticipada, siempre que las obligaciones sustantivas bajo el contrato se cumplan normalmente. ### ARTÍCULO 50.- Salvaguardias para los acreedores y accionistas La autoridad de resolución no podrá: a) Transferir activos de una entidad en proceso de resolución que se encuentren sujetos a cualquier gravamen, hipoteca u otro tipo de garantía, a menos que el crédito garantizado sea también transferido. Esta transferencia estará exenta de toda comunicación a los acreedores y deudores. b) Transferir parcialmente los derechos y obligaciones protegidos por una cláusula de compensación contenida en un contrato financiero. ### ARTÍCULO 51.- Solicitud de quiebra En los casos en los que el proceso de resolución no consiga que la entidad recupere la viabilidad financiera, así como en los casos en los que se haya concluido la transmisión total o parcial de activos y pasivos contemplada en la resolución, el Conassif solicitará al juez la declaración de quiebra de la entidad, de acuerdo con lo establecido en los artículos 162 a 177 de la Ley N°. 1644, Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional, del 26 de setiembre de 1953 y sus reformas, que serán aplicables a todos los intermediarios financieros supervisados, sean de naturaleza privada o pública. Adicionalmente el Conassif revocará la autorización de funcionamiento a la entidad financiera. Al momento de nombrarse el Liquidador o la Junta Liquidadora, cesarán sus funciones los administradores de la resolución. Los pagos de la garantía de depósitos para los depositantes de las entidades contribuyentes deberán iniciarse dentro de los diez días naturales siguientes a la orden girada por el Conassif, en la forma en que se establezca reglamentariamente. ### ARTÍCULO 52.- Actuaciones en el proceso de resolución Las transferencias de activos y pasivos de entidades financieras dispuestas por el Conassif, así como cualquier otro acto que las complemente o resulte necesario para concretar el proceso de resolución, se regirán exclusivamente por lo dispuesto en esta Ley y no están sujetos a autorización judicial o administrativa, ni a la Ley N° 7472, Ley de Promoción de la Competencia y Defensa del Consumidor, de 19 de enero 1995 y sus reformas ni de los deudores cedidos o sus socios, ni pueden ser reputados ineficaces respecto de los acreedores de la entidad financiera que fuera propietaria de los activos excluidos, aun cuando su insolvencia fuere anterior a cualquiera de dichos actos. No podrán iniciarse o proseguirse actos de ejecución forzosa, ni acciones administrativas o judiciales sobre los activos cuya transferencia hubiere dispuesto el Conassif en el marco de esta Ley, tendentes a impedir u obstaculizar la exclusión y traspaso de los mismos, salvo que tuvieren por objeto el cobro de un crédito hipotecario, prendario o derivado de una relación laboral. Tampoco podrán dictarse medidas cautelares, embargos o anotaciones sobre los activos de la entidad en proceso de resolución y los jueces o funcionarios administrativos intervinientes ordenarán, de oficio o a pedido de parte interesada, sin sustanciación, el inmediato levantamiento de las medidas cautelares, embargos y anotaciones que se hubiesen realizado. Los acreedores del intermediario financiero en resolución no tendrán acción o derecho alguno contra la entidad que adquiera activos de la entidad en resolución, salvo que tuvieren garantías reales o privilegios sobre bienes determinados. El adquirente en propiedad plena o fiduciaria de un activo como consecuencia de la aplicación de medidas de resolución, podrá intervenir en todo proceso judicial en el cual el anterior titular actúe como parte o tercero y que involucre los citados activos, en igual calidad que este, sustituyéndolo aún como parte principal, sin que se requiera la conformidad expresa de la parte contraria. ### ARTÍCULO 53.- Recursos contra las decisiones administrativas Los actos adoptados por el Conassif al dictar la intervención y resolución de las entidades financieras supervisadas se producirán inmediatamente a partir del dictado de la resolución que así lo disponga, aún y cuando sean impugnados. La oportunidad, mérito y conveniencia de los actos adoptados por la Autoridad de Resolución, la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica, la Administración del Fondo de Garantía de Depósitos, el Superintendente General de Entidades Financieras, los administradores y agentes designados por la autoridad de resolución para el cumplimiento de las actividades de resolución, en ejercicio de las competencias y funciones adjudicadas por la presente Ley de Creación del Fondo de Garantía de Depósitos y de Mecanismos de Resolución de los Intermediarios Financieros, Ley Orgánica del Banco Central y normas concordantes y complementarias de las anteriores, serán revisables en sede administrativa o judicial bajo los siguientes principios: a) Los recursos interpuestos contra el acto administrativo en cuestión no tendrán efecto suspensivo y se ejecutarán sin restricciones durante el período de la impugnación y cualquier acción conexa al recurso interpuesto. b) El juez competente u órgano administrativo, podrá disponer el pago de daños y perjuicios a la parte perjudicada. ## TÍTULO IV. REFORMA, ADICIONES Y DEROGATORIAS DE OTRAS LEYES ### ARTÍCULO 54.- Refórmese la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica Ley N° 7558, de 3 de noviembre de 1995 y sus reformas, en las disposiciones y con los contenidos que se indican: A. El inciso c) del artículo 136. Reglamento para las entidades financieras: “Artículo 136- Reglamento para las entidades financieras (….) c) Descripción de los supuestos que impliquen la existencia de situaciones de inestabilidad o irregularidad financiera de los entes fiscalizados. Las situaciones de inestabilidad o irregularidad financiera se clasificarán en tres grados, de acuerdo con la gravedad de la situación. El grado uno se aplicará a situaciones de inestabilidad leve que, a criterio de la Sugef, puedan ser superadas con la adopción de medidas correctivas de corto plazo. El grado dos se aplicará a situaciones de inestabilidad de mayor gravedad que, a criterio de la Superintendencia, solo pueden ser superadas por la adopción y la ejecución de un plan de saneamiento. El grado tres requerirá la intervención de la entidad y en caso de que técnicamente resulte procedente, el Conassif podrá ordenar el inicio del proceso de resolución establecidos en la Ley de Creación del Fondo de Garantía de Depósito . (…)”. B. Párrafo primero y el inciso g) del Artículo 140. Reglas para la Intervención: “Artículo 140- Reglas para la Intervención. La intervención a que se refiere el inciso c) del artículo 139 anterior y del artículo 139 bis, se regirá con: (…) g) Las entidades sujetas a la fiscalización de la Superintendencia General de Valores y Superintendencia General de Seguros, y los entes regulados por la Superintendencia de Pensiones. (…)”. C. El Artículo 161.-Situación especial de entidades estatales: “Artículo 161.- Situación especial de bancos estatales Cuando se trate de bancos pertenecientes al Estado se entenderá que la asamblea de miembros estará integrada por el Consejo de Gobierno. La Superintendencia ejercerá sus atribuciones de igual forma que con los entes privados, excepto que no podrá pedir su disolución ni liquidación. Cuando como resultado de un proceso de resolución se decidiera su disolución, el Conassif lo comunicará al Consejo de Gobierno y al Directorio de la Asamblea Legislativa. El Consejo de Gobierno tendrá un plazo no mayor de un mes para presentar un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa para decretar su disolución y liquidación”. ### ARTÍCULO 55.- Refórmese la Ley N.° 1644 Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional, de 26 de septiembre de 1953 y sus reformas, en las disposiciones y con los contenidos que se indican: A. Se reforma el artículo 4: “Artículo 4.- Los bancos comerciales del Estado contarán con la garantía y la más completa cooperación del Estado y de todas sus dependencias e instituciones. La garantía estatal establecida en este artículo no será aplicable a la emisión de deuda subordinada o préstamos subordinados que emitan o contraten los bancos comerciales del Estado, tampoco a las obligaciones o los derechos que de ellos emanen. Ningún tenedor de deuda subordinada emitida o contratada por los bancos comerciales del Estado podrá poseer, individualmente, un monto que supere el veinticinco por ciento (25%) del capital primario de cada banco emisor”. B. Se reforma el artículo 161. “ARTÍCULO 161- Los bancos y las demás entidades financieras supervisadas por la SUGEF, estarán sometidas al procedimiento de intervención y resolución establecido en los artículos 139 bis y siguientes de la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica. Si algún acreedor de un banco o entidad financiera o el propio establecimiento se presentaren ante los tribunales pidiendo la declaración de quiebra, el Juez dará aviso al Superintendente General de Entidades Financieras”. C. Se reforma el artículo 162: “Artículo 162- Cuando se solicite la declaración de la quiebra conforme el artículo anterior, la Sugef examinará la situación económica y financiera de la entidad así como su solvencia y determinará si se encuentra en algún grado de inestabilidad o irregularidad financiera. Según el grado determinado, dispondrá las medidas correctivas y de saneamiento que correspondan o recomendará al Conassif la intervención respectiva. Cuando el Superintendente General de Entidades Financieras, el interventor o el administrador de la resolución, según sus competencias, determinen que las medidas administrativas o, que la intervención o el proceso de resolución resultan insuficientes para solucionar la situación económica o financiera de la entidad, recomendarán al Conassif que solicite al Juzgado Concursal la apertura de su liquidación. Esta resolución tendrá los recursos de revocatoria y casación, este último ante la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. Decretada la liquidación por el Juez Concursal, ésta se regirá por el ordenamiento jurídico vigente en materia concursal”. C. Se reforma el artículo 163 “Artículo 163- Tan pronto se haya determinado la inviabilidad financiera y se haya dispuesto la solicitud de liquidación de un banco o entidad financiera, aun cuando la decisión no se encuentre firme, el interventor o el administrador de la resolución hará un inventario de todos los haberes de la entidad, libros de contabilidad y sistemas contables, pondrá a continuación de los últimos asientos que aparecieren en sus libros, una razón firmada, haciendo constar que se encontraban en ese estado para entregarlos la Junta Liquidadora que se nombre, y procederá a formular una lista provisional de acreedores con indicación de las preferencias y privilegios que en su caso les correspondieren”. D. Se reforma el artículo 164: “Artículo 164- La liquidación de los negocios de la entidad supervisada por la Superintendencia General de Entidades Financieras se hará por una junta liquidadora, la que tendrá las atribuciones y deberes que el Código de Comercio señala para los curadores de las quiebras, así como las señaladas en esta ley. La junta liquidadora estará compuesta por un Presidente propietario, un representante de los acreedores y un representante de los accionistas o asociados. El presidente y su suplente serán nombrados por la autoridad judicial competente que esté conociendo la quiebra. Quienes ocupen estos puestos deben cumplir los siguientes requisitos: 1- Ser mayor de edad. 2- Poseer un grado académico universitario atinente a las labores a desarrollar. 3- No ser empleado público. 4- Absoluta solvencia moral y experiencia relevante en materia financiera. 5- No ser pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o afinidad del Juez ni de los accionistas o directores de la entidad. Para entidades financieras públicas, cooperativas y mutuales y cualquiera otra que no cumpla con una estructura de sociedad anónima, aquella relación aplicará respecto a los directores de la entidad supervisada. En el caso de las entidades públicas la junta liquidadora será nombrada por el Consejo de Gobierno, una vez que el Juzgado competente le notifique la declaratoria de la quiebra. Los miembros elegidos deberán cumplir con los requisitos antes señalados. El presidente se elegirá en el seno de esa junta liquidadora. En todos los casos el presidente será el representante de la quiebra y ejecutará los acuerdos tomados por la junta liquidadora. El Consejo de Gobierno podrá remover, sustituir a los miembros de la Junta Liquidadora en cualquier momento”. D. Se reforma el artículo 165: “Artículo 165- Inmediatamente después de declarada la quiebra el Presidente de la junta liquidadora convocará a los acreedores de la entidad fallida para que, en reunión que deberá efectuarse con la mayor brevedad posible, nombren un representante propietario y uno suplente en la citada junta. Asimismo, convocará a los accionistas o asociados, por separado, para que de igual modo elijan el representante propietario y el suplente que les corresponda. Una y otra convocatoria deben hacerse por avisos que se publicarán tres veces consecutivas en el Boletín Judicial y en dos diarios de circulación nacional. Entre la primera publicación y las referidas reuniones debe mediar por lo menos un término de ocho días hábiles, dentro del cual podrán quedar incluidos los de la publicación y celebración de las reuniones. Podrán tomar parte en las respectivas votaciones quienes aparezcan en los libros de la entidad fallida como acreedores o como accionistas o asociados, así como quienes con documento auténtico demuestren serlo. La votación de los acreedores se hará de acuerdo con las reglas del artículo 946 del Código Civil. La de los accionistas por mayoría, a razón de un voto por acción. En caso de asociados, a razón de un voto por asociado. El juez a quo aprobará la elección hecha por los interesados, y si por cualquier motivo no se efectuaren las reuniones para verificarla, o en ellas no hubiere acuerdo, hará directamente los nombramientos respectivos, procurando dar representación a las agrupaciones remisas”. E. Se reforma el artículo 166: “Artículo 166- La Junta Liquidadora deberá reunirse con la frecuencia necesaria para el cumplimiento de su cargo. Sus resoluciones serán tomadas por mayoría de votos y ejecutadas por su Presidente; dentro de los diez días siguientes a la notificación de ellas, serán apelables en un solo efecto para ante la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. La Junta tendrá un libro de actas en el que deben consignarse todos los asuntos tratados en las sesiones y los acuerdos que se tomen; las actas deberán ser firmadas por todos los miembros presentes”. F. Se reforma el artículo 167: “Artículo 167- Son deberes de la Junta Liquidadora: 1- Avisar inmediatamente a todos los bancos, sociedades o personas, radicadas en el país o en el extranjero, que sean deudores o posean fondos o bienes de la entidad en liquidación para que no efectúen pagos sino con intervención del Presidente de esa Junta; para que devuelvan los bienes pertenecientes a la entidad que tuvieren en su poder y para que no asuman nuevas obligaciones por cuenta de éste. 2- Solicitar a las autoridades que corresponda, que se practiquen en el Registro Mercantil las anotaciones a que haya lugar y notificar sus resoluciones por correo certificado a las personas afectadas. 3- Dar aviso por correo a cada una de las personas que resulten ser propietarias de cualquier bien entregado a la entidad en liquidación, para que lo retiren dentro del plazo de sesenta días a contar desde la fecha de la notificación. 4- Notificar por correo a cada una de las personas que tengan créditos contra la entidad para que los legalicen, dentro del plazo de cuatro meses a contar desde la fecha de la notificación y hacer protocolizar una lista de los créditos que no hubieren sido reclamados dentro del plazo indicado. 5- Aprobar o rechazar provisionalmente los créditos debidamente legalizados de acuerdo con el examen que la Junta hiciere de los comprobantes respectivos designando con claridad, entre los créditos aprobados, aquellos que tengan preferencia sobre los comunes. 6- Reclamar judicial o extrajudicialmente los créditos vencidos a favor de la entidad en liquidación. 7- Revisar y rectificar las listas del activo y pasivo presentadas por la Gerencia de la entidad en liquidación o formar dichas listas, si no hubieren sido presentadas. 8- Procurar que los bienes ocupados o inventariados estén debidamente asegurados y se conserven en buen estado, así como disponer la venta de aquellos que no pueden conservarse sin perjuicio de la liquidación o tomar las medidas conducentes para evitar el perjuicio. 9- Hacer valorar los bienes del Banco por tres peritos de reconocida honorabilidad y de su propio nombramiento. 10- Nombrar los empleados que considere necesarios para la liquidación y fijar los honorarios, sueldos y demás gastos. 11- Disponer la venta de los bienes muebles de la entidad en liquidación por medio de un Corredor Jurado. 12- Proceder a la venta judicial de los bienes inmuebles de la empresa. 13- Llevar ordenadamente la contabilidad de las operaciones de la liquidación. 14- Depositar diariamente en la cuenta que el juzgado a quo le indique las sumas que haya recibido. 15- Pagar los gastos de administración por medio de cheques que firmará su Presidente. 16- Formular una cuenta distributiva cada vez que haya fondos suficientes para repartir un dos por ciento, por lo menos, entre los acreedores cuyos créditos hubieren sido aprobados. 17- Convocar a reuniones de acreedores para conocer de la legalización de créditos y para el examen, discusión y aprobación del estado de liquidación, por medio de un aviso que será publicado en el "Boletín Judicial" y en dos periódicos matutinos de San José, por lo menos tres veces consecutivas, debiendo mediar entre la primera publicación del aviso en el "Boletín Judicial" y el día de la reunión, no menos de quince días hábiles; y 18- Ejecutar todos los actos que estime convenientes con el fin de llevar a cabo la liquidación en la mejor forma posible. Los actos que impliquen disposición de bienes de la quiebra, no previstos en esta ley, los resolverán los acreedores en una junta convocada al efecto”. G. Se reforma el artículo 168: “Artículo 168- En los casos mencionados en el inciso 3) del artículo anterior, y una vez vencido el plazo ahí indicado, la Junta, por medio de su Presidente, podrá abrir las cajas de seguridad cuyo contenido no hubiere sido reclamado, en presencia de un delegado especial y de un notario. Los objetos depositados en las cajas deberán ser inventariados y los paquetes respectivos sellados y marcados a nombre de sus propietarios. Los paquetes serán entregados, junto con la lista en que se haya inventariado y descrito su contenido, al respectivo juzgado a quo, para que éste los guarde en custodia a nombre de sus propietarios”. H. Se reforma el artículo 169: “Artículo 169- En los casos a que se refiere el inciso 17) del artículo 167 de esta ley, el Presidente de la Junta tendrán la facultad de determinar las formalidades que se observarán en las reuniones de acreedores”. I. Se reforma el artículo 170: “Artículo 170- Todos los gastos que resulten de la liquidación de una entidad financiera, así como los honorarios para los miembros de la Junta Liquidadora, los sueldos y honorarios para los empleados y demás personas ocupadas de la liquidación, estarán a cargo de la entidad en liquidación y serán aprobados por el Juez a quo. La Junta Liquidadora ganará por concepto de honorarios hasta un 5% de la cantidad que efectivamente produzca la liquidación. En virtud de sus funciones, el Presidente de la Junta Liquidadora devengará 50% más de honorarios que el resto de miembros de la Junta”. J- Se reforma el artículo 171: “Artículo 171- Todas las obligaciones de una entidad en liquidación dejarán de ganar intereses desde la fecha de la declaratoria de quiebra, sin perjuicio de lo establecido en el artículo siguiente”. K- Se reforma el artículo 172: “Artículo 172- En los procesos de quiebra de los intermediarios financieros, se aplicará el siguiente orden de prelación de pagos, luego de cubiertos los gastos del mismo y atendidos los pasivos con privilegio garantizados por determinado bien por hasta el monto del seguro: 1- Pasivos Laborales. 2- Depósitos hasta por el monto garantizado o las correspondientes acreencias del fondo de garantía de depósitos por los pagos efectuados en la cobertura de dichos depósitos. 3- Créditos otorgados por el Banco Central de Costa Rica. 4- El resto de los depósitos. 5- Otros pasivos incluyendo los gastos y costos incurridos por el Fondo de Depósitos en el ejercicio de sus funciones con relación a la entidad en quiebra. 6- Pasivos subordinados. 7- Los intereses sobre todas las deudas aprobadas desde la fecha de la declaratoria de quiebra hasta la fecha del pago de las obligaciones respectivas. La tasa de interés se regirá por los fondos que hubiere disponibles para este efecto, pero no podrá ser superior a la que rigió para las obligaciones respectivas en el momento de declararse la quiebra”. L. Se reforma el artículo 173: “Artículo 173- Después de efectuados todos los pagos a que se refiere el artículo 172 de esta ley, y depositada en la cuenta señalada por el juez, además, una provisión para los créditos que no hubieren sido reclamados, siempre que hubiere fondos suficientes para este efecto, la Junta Liquidadora convocará a los accionistas y asociados de la entidad en liquidación a una asamblea general, mediante la publicación de tres avisos, con anticipación de quince días, en el Boletín Judicial. La asamblea de accionistas o asociados podrá pedir a la Junta Liquidadora que continúen la liquidación, o al juzgado a quo para que nombre otra comisión que se haga cargo de ella bajo su vigilancia”. M. Se reforma el artículo 174: “Artículo 174.- En caso de que la Junta Liquidadora continué la liquidación, deberá distribuir entre los accionistas o asociados, después de pagados todos los gastos, el sobrante del dinero y otros bienes que quedaren en su poder, en proporción al capital aportado por cada uno de ellos”. N. Se reforma el artículo 175: “Artículo 175- Cuando se haya distribuido todo el activo del Banco en liquidación, efectuado el depósito de las provisiones mencionadas en los artículos 172 y 173 de esta ley, pagados todos los gastos, y después de haber transcurrido un año por lo menos desde la última fecha fijada para la reclamación de créditos, la Junta Liquidadora publicará un aviso en el Boletín Judicial declarando disuelta la entidad liquidada”. O. Se reforma el artículo 176: “Artículo 176- Cualesquiera fondos provenientes de la liquidación de un banco, que quedaren en poder de la Junta Liquidadora y que no hubieren sido reclamados dentro del plazo de diez años, después de declarada la disolución, pertenecerán al Estado”. ### ARTÍCULO 56.- Adiciones a otras leyes. Adiciónese a la Ley N° 7558 Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica, 3 de noviembre de 1995 y sus reformas, en las disposiciones y con los contenidos que se indican: A. Artículo 139 bis.- Disposiciones aplicables en situación de intervención, de regularización y de resolución para entidades supervisadas por la Superintendencia General de Entidades Financieras “Artículo 139 bis.- Disposiciones aplicables en situación de intervención, de regularización y de resolución para entidades supervisadas por la Superintendencia General de Entidades Financieras Para las entidades financieras supervisadas por la Sugef que alcancen una situación financiera de inestabilidad o irregularidad de grado tres según se define en el literal c) del Artículo 139 anterior y el Conassif ordene su intervención, les aplicará exclusivamente lo que se indica en este Artículo respecto de la intervención, regularización y resolución de los intermediarios financieros. El Conassif podrá disponer, en forma inmediata después de decretar la intervención la toma de posesión de los bienes de la entidad intervenida, con el fin de administrarlos en la forma que más convenga a los intereses del establecimiento y de sus ahorrantes e inversionistas. El Interventor designado por el Consejo en un plazo de treinta días naturales, luego de acordada la intervención, deberá presentar al Conassif la situación de la entidad intervenida y recomendarle un plan de regularización si consideran su viabilidad o el mecanismo de resolución a utilizar, en caso de inviabilidad. En aquellos casos en que, por su complejidad, el análisis requiera mayor tiempo, el Consejo podrá conceder treinta días naturales adicionales para recibir la recomendación del interventor. Si el Consejo aprueba el plan de regularización de la entidad financiera, será de acatamiento obligatorio para el intermediario financiero. Al aprobar este plan o incluso antes, si por motivos de urgencia así lo acordare el Conassif, podrá: a) Prohibir, total o parcialmente, la suscripción de nuevas operaciones de crédito o el otorgamiento de prórrogas a las operaciones vencidas. b) Convocar a asambleas de accionistas o asociados y proponer aumentos de capital en la entidad, en aquellos casos en donde la recapitalización interna sea una posibilidad. c) Disponer la suspensión o limitación en el pago de las obligaciones a cargo de la entidad. Durante el tiempo que dure la resolución, no podrá decretarse ni practicarse embargo sobre los bienes de la entidad en este proceso, que se encuentren garantizando las obligaciones cuyo pago haya sido suspendido o limitado. d) Restringir o prohibir la distribución de utilidades o excedentes salvo con autorización del Interventor. e) Ordenar, cuando corresponda, la reorganización de la entidad intervenida, incluyendo la separación temporal o definitiva de cualquier funcionario o empleado. f) Ordenar a la entidad el nombramiento de los administradores que ejecutarán el plan de regularización. Cuando estos nombramientos sean efectivos el Interventor cesa en sus funciones. g) La remuneración del Interventor será fijada por el Consejo, y se hará con cargo a los recursos de la entidad intervenida. h) Al finalizar su función, el Interventor deberá presentar al Consejo un informe detallado de su gestión, en el que se incluya un detalle pormenorizado de los gastos en que se haya incurrido. En caso que el Consejo apruebe la resolución se aplicará lo dispuesto en la Ley de Creación del Fondo de Garantía de Depósitos y de Mecanismos de Resolución de Entidades Financieras de los Intermediarios Financieros sujetos a la Supervisión de la Sugef. 1) El proceso de resolución se regirá por las siguientes reglas: a) El acto que la ordene tendrá recurso de reconsideración o revocatoria ante el Consejo dentro de los cinco días hábiles siguientes a su notificación, pero será eficaz a partir de que se dicte. La decisión del recurso de reconsideración o la resolución inicial, si el recurso no fuere interpuesto en tiempo y forma, agotará la vía administrativa. Contra el acto que ordene la resolución de una entidad fiscalizada no procederá la suspensión de los efectos en vía judicial. b) La representación judicial y extrajudicial de la entidad, en la forma acordada por el Consejo, se acreditará mediante la publicación del acuerdo respectivo en el Diario Oficial. Además, el Consejo ordenará dar aviso de inmediato al Registro Mercantil para que, de oficio, practique los asientos registrales que correspondan. c) Mientras dure el estado de resolución, ningún bien de la entidad en el proceso podrá ser embargado ni rematado por un tercero; tampoco podrá ser declarado ningún procedimiento concursal contra ella. d) La resolución no podrá exceder de un año. Treinta días naturales antes de vencer el plazo por el que se haya ordenado la resolución, el Consejo deberá decidir, previa consulta a los administradores designados, si permite a la entidad continuar con sus operaciones o si solicita, al juez competente, la liquidación o quiebra. e) Todos los gastos que demande la resolución de una entidad financiera correrán con cargo a los activos de esta. Los administradores designados deberán presentar a la Autoridad de Resolución un informe mensual pormenorizado de todos los gastos en que se haya incurrido. Dicha Autoridad estudiará la razonabilidad de estos y tendrá la potestad de improbar los que no considere pertinentes; asimismo, determinará el monto de la remuneración de los administradores, si fuere del caso. Los gastos de la resolución serán cancelados mensualmente, conforme lo permita el flujo de caja de la entidad. f) En caso de quiebra, los gastos de la resolución que fueren aprobados y no hubieren sido cancelados serán considerados a cargo de la masa, conforme a los artículos 886 y 887 párrafo segundo del Código de Comercio. La legalización de tales créditos corresponderá a los administradores designados. g) La Autoridad de Resolución deberá vigilar el proceso de resolución y velar por el cumplimiento de las condiciones acordadas; asimismo podrá, en cualquier momento, sustituir al administrador o administradores, si considera que no cumplen adecuadamente sus funciones. h) Las entidades supervisadas, no estarán sujetas a los procedimientos de administración por resolución judicial o a convenios preventivos, sino exclusivamente a los previstos en esta ley”. ### ARTÍCULO 57.- Reformar el Artículo 37 de la Ley Reguladora de la Actividad de Intermediación Financiera de las Organizaciones Cooperativas N° 7391 del 27 de abril de 1994, en lo que se indica: “ARTÍCULO 37.- El régimen de sanciones, saneamiento, intervenciones, totales o parciales, y la liquidación de las organizaciones cooperativas de ahorro y crédito se regirá por lo dispuesto en la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica, en el título correspondiente a la Superintendencia General De Entidades Financieras. Igualmente, cuando corresponda, resultará aplicable lo señalado en la Ley de Creación del Fondo de Garantía de Depósitos y de mecanismos de Resolución para Intermediarios Financieros”. ### ARTÍCULO 58.- Reformar el artículo 42 de la Ley Orgánica del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, Ley N°4351 de 11 de julio de 1979 y sus reformas. “Artículo 42.- La liquidación y disolución del Banco sólo podrá declararse por la vía judicial, una vez que la Autoridad Resolutora determine, por resolución razonada, que debe procederse a la misma, por causas financieras que evidencien que es imposible seguir operando y por ende que resulta imposible el cumplimiento de los fines para los cuales fue creado el Banco”. ### ARTÍCULO 59.- Incluir el inciso f al artículo 56 de la Ley N° 6970, Ley de Asociaciones Solidaristas, del 7 de noviembre de 1984 y sus reformas: “ARTICULO 56.- Las asociaciones solidaristas se disolverán: (…) f) En el caso de las asociaciones solidaristas supervisadas por la Sugef, cuando, producto del proceso de intervención y resolución, la asociación no consiga recuperar la viabilidad financiera y, el Conassif, por medio de acto debidamente motivado determine su inviabilidad financiera para seguir operando y solicite al juez, su disolución y apertura del proceso concursal de liquidación”. ## TÍTULO V DISPOSICIONES TRANSITORIAS ### Transitorio I.- El Banco Popular y de Desarrollo Comunal tendrá un plazo de hasta veinticuatro meses para constituir la garantía establecida en el artículo 16 de esta Ley. ### Transitorio II.- El Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero contará con un plazo máximo de un año desde la entrada en vigencia de la presente Ley para emitir su reglamentación. ### Transitorio III- Las contribuciones al Fondo de Garantía de Depósitos deberán iniciar, y la cobertura surtirá efectos, tres meses después que el Conassif emita la reglamentación requerida en esta Ley. Rige a partir de su publicación. Jonathan Prendas Rodríguez Ana Lucía Delgado Orozco Silvia Vanessa Hernández Sánchez Erick Rodríguez Steller Otto Roberto Vargas Víquez Erwen Yanan Masís Castro Carlos Ricardo Benavides Jiménez Carolina Hidalgo Herrera Pedro Miguel Muñoz Fonseca Carmen Irene Chan Mora Harllan Hoepelman Páez Marulin Raquel Azofeifa Trejos Ignacio Alberto Alpízar Castro María Inés Solís Quirós Pablo Heriberto Abarca Mora Shirley Díaz Mejía Óscar Mauricio Cascante Cascante María Vita Monge Granados Aracelly Salas Eduarte Sylvia Patricia Villegas Álvarez Nielsen Pérez Pérez Luis Ramón Carranza Cascante Enrique Sánchez Carballo Mario Castillo Méndez Laura María Guido Pérez Luis Antonio Aiza Campos María José Corrales Chacón Roberto Hernán Thompson Chacón Luis Fernando Chacón Monge Daniel Isaac Ulate Valenciano Jorge Luis Fonseca Fonseca Paola Alexandra Valladares Rosado David Hubert Gourzong Cerdas Wagner Alberto Jiménez Zúñiga Yorleni León Marchena Aida María Montiel Héctor Wálter Muñoz Céspedes Diputados y diputadas 28 de noviembre de 2019. NOTA: Este proyecto aún no tiene comisión asignada. El Departamento de Servicios Parlamentarios ajustó el texto de este proyecto a los requerimientos de estructura. Fuente: El Censo (https://elcenso.com/leyes/21717). Resumen en lenguaje sencillo; ante cualquier diferencia, vale el texto oficial.