Archivado el proyecto que iba a borrar una ley de 1961 sobre Esso y Texaco
El expediente 21719, que proponía derogar la Ley 2757 de 1961 sobre contratos con Esso y Texaco, venció su plazo cuatrienal el 28 de noviembre de 2023 sin convertirse en ley.
Título oficial DEROGATORIA DE LEY N° 2757 DE 6 DE JUNIO DE 1961, PRÓRROGA HASTA POR 180 DÍAS DE LOS CONTRATOS CON LA ESSO STANDARD OIL LIMITED Y LA TEXACO CARIBBEAN INC. (PUBLICADO EN EL DIARIO OFICAL LA GACETA N° 129, DE 8 DE JUNIO DE 1961)
A quién le toca
- A las personas que tuvieron contratos o derechos adquiridos bajo la Ley 2757 de 1961, porque el proyecto aclaraba que no se afectarían.
- A la Asamblea Legislativa, que debía decidir si derogaba una ley de 1961.
- A cualquier persona interesada en la limpieza del ordenamiento jurídico, porque el proyecto formaba parte de un esfuerzo por derogar leyes obsoletas.
A quién beneficia
- El proyecto no otorgaba beneficios directos a ninguna persona o empresa identificada en el dossier.
- El artículo 2 protegía derechos adquiridos y situaciones jurídicas consolidadas, sin nombrar beneficiarios específicos.
Qué cambia
- La Ley 2757 de 1961 sigue en el ordenamiento jurídico, aunque SINALEVI la marca como derogada.
- El expediente 21719 quedó archivado por vencimiento del plazo cuatrienal el 28 de noviembre de 2023.
- Para derogar esa ley haría falta presentar un proyecto nuevo y completar los dos debates y la sanción del Poder Ejecutivo.
La explicación completa
Qué propone
El proyecto ya no está en trámite: venció su plazo de cuatro años el 28 de noviembre de 2023 y quedó archivado. Lo que proponía era derogar una ley vieja, la Ley 2757 del 6 de junio de 1961 (art. 1).
Esa Ley 2757 autorizaba al Poder Ejecutivo a prorrogar hasta por 180 días los contratos firmados con Texaco Caribbean Inc. y Esso Standard Oil S. A. Limited, de fechas 19 de marzo de 1941 y 19 de diciembre de 1940 2. El objetivo era que la Asamblea pudiera estudiar una nueva legislación que sustituyera la ley N.º 29 del 13 de diciembre de 1940.
El proyecto de 2019 decía que la derogatoria no afectaría derechos adquiridos ni situaciones jurídicas consolidadas, y que no se aplicaría con efecto retroactivo (art. 2). También aclaraba que no eximía al Estado de obligaciones ya adquiridas.
En qué va el trámite
El expediente 21719 se presentó el 28 de noviembre de 2019 y se publicó en La Gaceta el 17 de diciembre de 2019 1. Pasó a la Comisión Permanente Ordinaria de Gobierno y Administración, que lo recibió el 26 de mayo de 2020 y lo votó el 24 de agosto de 2021.
La comisión emitió dictamen el 24 de agosto de 2021 y lo remitió a la Secretaría del Directorio el 14 de setiembre de 2021 1. No hay registro en el dossier de que haya llegado a primer debate en el Plenario.
El plazo cuatrienal venció el 28 de noviembre de 2023 1. Para que fuera ley faltaba el primer debate, el segundo debate en día distinto no consecutivo, la aprobación de la Asamblea y la sanción del Poder Ejecutivo, según el artículo 124 de la Constitución Constitución, art. 124.
Lo que se dijo en la Asamblea
No hay grabaciones de la Asamblea que mencionen este expediente, según las limitaciones de la investigación del dossier.
Frente a la Constitución
El Censo no encontró choque entre lo que proponía el texto y la Constitución del dossier. El artículo 121, inciso 1, dice que corresponde a la Asamblea Legislativa "Dictar las leyes, reformarlas, derogarlas, y darles interpretación auténtica" Constitución, art. 121. Derogar una ley es una facultad que la Constitución le da a la Asamblea.
El artículo 2 del proyecto citaba los artículos 34 y 129 de la Constitución para respaldar que la derogatoria no tendría efecto retroactivo (art. 2). El artículo 129 dice que "La ley no queda abrogada ni derogada sino por otra posterior" Constitución, art. 129, lo que calza con el mecanismo que usaba el proyecto: una ley nueva para derogar la vieja.
El artículo 124 de la Constitución exige dos debates en días distintos no consecutivos y la sanción del Poder Ejecutivo para que un proyecto sea ley Constitución, art. 124. El expediente no llegó a esa etapa.
Qué puede hacer usted
Este proyecto ya está archivado y venció su plazo, así que no hay comisión ni debate abierto donde incidir. Las herramientas de la guía sirven para otros proyectos o para pedir información sobre este.
-
Pedir información sobre el estado de cualquier proyecto en la corriente legislativa. La guía dice que la Oficina de Iniciativa Popular brinda "información inmediata acerca del estado de la tramitación de los proyectos de ley" guía, p. 27.
-
Presentar una propuesta de ley por la vía del formulario web de la Asamblea. La guía aclara que estas propuestas "no tienen garantía de ser acogidos, discutidos ni votados en algún momento" guía, p. 27.
-
Si en el futuro se presenta otro proyecto parecido, la guía explica que cualquier ciudadano puede incidir en la comisión "mediante entrevistas con los diputados proponiendo y argumentando con motivos de fondo" guía, p. 29.
-
Para una ley ya aprobada, existe el referéndum de iniciativa ciudadana, que requiere al menos un 5% de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral guía, p. 30.
Lo que no sabemos
- No sabemos por qué el expediente no llegó a primer debate después del dictamen de la comisión en agosto de 2021.
- No sabemos qué decía el dictamen de la comisión, porque el dossier no incluye su texto.
- No sabemos si la Ley 2757 sigue vigente en la práctica, porque SINALEVI la marca como "Derogado" 2 pero el proyecto para derogarla nunca se convirtió en ley.
La Constitución y esta ley, lado a ladoSin choque aparente
El proyecto usaba una facultad que la Constitución le da a la Asamblea: derogar leyes. No se encontró choque con los artículos del dossier.
Constitución, art. 121"Dictar las leyes, reformarlas, derogarlas, y darles interpretación auténtica, salvo lo dicho en el capítulo referente al Tribunal Supremo de Elecciones"
Esta ley, art. 1"Se deroga, expresamente, la Ley N.º 2757 de 6 de junio de 1961, Prórroga hasta por 180 días de los contratos con la Esso Standard Oil Limited y la Texaco Caribbean Inc."
Sin choque aparente La Constitución le da a la Asamblea la potestad de derogar leyes. El proyecto ejercía esa potestad sobre una ley de 1961.
Constitución, art. 129"La ley no queda abrogada ni derogada sino por otra posterior; contra su observancia no podrá alegarse desuso, costumbre ni práctica en contrario."
Esta ley, art. 2"Dicha derogación no puede ser aplicada con efecto retroactivo de forma tal que pueda afectar los derechos de las personas."
Sin choque aparente El proyecto derogaba la Ley 2757 mediante otra ley y aclaraba que no tendría efecto retroactivo, en línea con el artículo 129.
Constitución, art. 124"Para convertirse en ley, todo proyecto deberá ser objeto de dos debates, cada uno en día distinto no consecutivo, obtener la aprobación de la Asamblea Legislativa y la sanción del Poder Ejecutivo"
Esta ley, art. 1"Se deroga, expresamente, la Ley N.º 2757 de 6 de junio de 1961"
Sin choque aparente El proyecto no completó los dos debates ni la sanción del Poder Ejecutivo, por lo que nunca se convirtió en ley.
Esto es una lectura comparada, no un fallo. Solo la Sala Constitucional puede declarar una ley inconstitucional.
Fuentes
- Expediente 21719: DEROGATORIA DE LEY N° 2757 DE 6 DE JUNIO DE 1961, PRÓRROGA HASTA POR 180 DÍAS DE LOS CONTRATOS CON LA ESSO STANDARD OIL LIMITED Y LA TEXACO CARIBBEAN INC. (PUBLICADO EN EL DIARIO OFICAL LA GACETA N° 129, DE 8 DE JUNIO DE 1961)
- Ley 2757: Prórroga de contratos firmdos con Compañias Texaco Caribbean Inc. y Esso Standard Oil S.A (Derogado)
- Constitución Política (texto vigente)
- Herramientas de participación ciudadana en Costa Rica
Límites de esta investigación
- No se encontraron grabaciones de la Asamblea que mencionen este expediente.
Investigado y verificado automáticamente el 2026-11-09. Cada cita textual se comprobó contra su fuente antes de publicar.
Texto oficial completo
Así lo publica la Asamblea Legislativa. Compárelo con el resumen de arriba: si algo no calza, créale al texto oficial.
Leer el texto completo
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
PROYECTO DE LEY
DEROGATORIA DE LA LEY N.° 2757, DE 6 DE JUNIO DE 1961, PRÓRROGA HASTA POR 180 DÍAS DE LOS CONTRATOS CON LA ESSO STANDARD OIL LIMITED Y LA TEXACO CARIBBEAN INC. (PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA N.° 129, DE 8 DE JUNIO DE 1961)
ERWEN YANAN MASÍS CASTRO DIPUTADO
EXPEDIENTE N.° 21.719
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS UNIDAD DE PROYECTOS, EXPEDIENTES Y LEYES
PROYECTO DE LEY
DEROGATORIA DE LA LEY N.° 2757, DE 6 DE JUNIO DE 1961, PRÓRROGA HASTA POR 180 DÍAS DE LOS CONTRATOS CON LA ESSO STANDARD OIL LIMITED Y LA TEXACO CARIBBEAN INC. (PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA N.° 129, DE 8 DE JUNIO DE 1961)
Expediente N.° 21.719
ASAMBLEA LEGISLATIVA:
Desde que el hombre descubrió los beneficios de crecimiento en grupo conformando comunidades para la obtención de calidad y cantidad en los recursos, así como en los bienes, se dio paso a las primeras formas de organización y con ella las primeras normas que daban pie a regir estos grupos con sabiduría en busca de preservar el orden, la justicia y la igualdad.
Como parte del ciclo natural de las legislaturas, estas tienen un propósito y buscan que se cumpla al pie de la letra, muchas de ellas lo hacen en periodos de tiempo determinados, por lo que por cumplido su objetivo estas ya no tienen mayor transcendencia.
Durante el período constitucional 2010-2014, en su función de diputada, la señora Gloria Bejarano Almada junto con el Directorio legislativo de ese periodo, en la sesión ordinaria N.º 076-2011, de 22 de setiembre de 2011, tomaron el acuerdo de autorizar la creación de una comisión para analizar la legislación vigente y así poder detectar leyes desactualizadas, obsoletas, en desuso y en situación de duplicidad, que pudieran ser derogadas.
Como parte de ese esfuerzo de coordinación entre los Poderes del Estado, organizaciones sectoriales y entes especializados, la Asamblea Legislativa firmó un convenio de cooperación con el Colegio de Abogados y la Procuraduría General de la República para coadyuvar en el estudio de más de 8 mil leyes, con el fin de preparar proyectos de ley que liberen el ordenamiento jurídico de tales normas por la vía de la derogación.
La Sala Constitucional, al referirse al principio de seguridad jurídica como principio constitucional, en sentencia N.° 8790-97, de 24 de diciembre de 1997, expresa una posición interesante en la que se vislumbra la seguridad jurídica como dual, en un sentido objetivo (como existencia de orden social) y subjetivo (como confianza del ciudadano en la invariabilidad de situaciones jurídicas consolidadas):
“…La seguridad jurídica es un principio constitucional que en su sentido genérico consiste en la garantía dada al individuo de que su persona, sus bienes y sus derechos no serán objeto de ataques violentos o que, si éstos llegan a producirse, le serán aseguradas por la sociedad, protección y reparación: es la situación del individuo como sujeto activo y pasivo de relaciones sociales, que sabiendo o pudiendo saber cuáles son las normas jurídicas vigentes, tiene fundamentales expectativas de que ellas se cumplan. Ese valor jurídico pretende dar certeza contra las modificaciones del Derecho, procura evitar la incertidumbre del Derecho vigente, es decir, las modificaciones jurídicas arbitrarias, realizadas sin previo estudio y consulta. Puede ser considerada tanto en sentido subjetivo y objetivo, pero ambos están indisolublemente vinculados; en su sentido subjetivo es la convicción que tiene una persona de que la situación de que goza no será modificada por una acción contraria a los principios que rigen la vida social y en sentido objetivo se confunde con la existencia de un estado de organización social, de un orden social. En la mayoría de los ordenamientos jurídicos positivos existen normas que pretenden dar cumplimiento al valor de la seguridad jurídica; en el nuestro tenemos varias expresiones de ese principio tales como la presunción del conocimiento de la ley, el principio de la reserva o legalidad penal, el principio de irretroactividad de la ley, la cosa juzgada y la prescripción, entre otros…”.
Es por esto que un país en el que el principio de seguridad jurídica no se vislumbre con claridad sufrirá un menoscabo fundamental en su sistema democrático. Por esta razón, la emisión, existencia y aplicación de las leyes debe responder a un funcionamiento dinámico de la sociedad.
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA DECRETA:
DEROGATORIA DE LA LEY N.° 2757, DE 6 DE JUNIO DE 1961, PRÓRROGA HASTA POR 180 DÍAS DE LOS CONTRATOS CON LA ESSO STANDARD OIL LIMITED Y LA TEXACO CARIBBEAN INC. (PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA N.° 129, DE 8 DE JUNIO DE 1961)
ARTÍCULO 1- Se deroga, expresamente, la Ley N.º 2757 de 6 de junio de 1961, Prórroga hasta por 180 días de los contratos con la Esso Standard Oil Limited y la Texaco Caribbean Inc. (Publicado en el diario oficial La Gaceta N.º 129, de 8 de junio de 1961).
ARTÍCULO 2- La derogación de la ley indicada en el artículo anterior no afectará los intereses individuales, derechos subjetivos, derechos patrimoniales, intereses colectivos o situaciones jurídicas consolidadas a las cuales esta haya dado lugar.
Dicha derogación no puede ser aplicada con efecto retroactivo de forma tal que pueda afectar los derechos de las personas. Asimismo, no exime al Estado o a los entes públicos de obligaciones adquiridas que se hayan establecido en dicha norma.
Igualmente, esa derogación no afectará las reformas, abrogaciones o derogaciones que hayan efectuado sobre la legislación posterior que esté vigente, pues se entiende que dichas modificaciones han quedado incorporadas y forman parte del contenido de las normas afectadas, todo ello de acuerdo con los artículos 34 y 129 de la Constitución Política de 1949 y los artículos del 8 al 16, ambos inclusive, del Código Civil de 1887.
Rige a partir de su publicación.
Erwen Yanan Masís Castro Diputado
9 de diciembre de 2019
NOTAS: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente Ordinaria de Gobierno y Administración.
Este proyecto cumplió el trámite de revisión de errores formales, materiales e idiomáticos en el Departamento de Servicios Parlamentarios.