Archivado: el proyecto que iba a borrar una ley de 1961 sobre luces en Abangares
El expediente 21.721 proponía derogar la Ley 2793, que autorizó a la Municipalidad de Abangares a usar 120.500 colones para llevar electricidad a Las Juntas. Venció su plazo cuatrienal en 2023 y no se votó.
Título oficial DEROGATORIA DE LEY N° 2793 DE 4 DE AGOSTO DE 1961, AUTORIZACIÓN A LA CORPORACIÓN MUNICIPAL DE ABANGARES PARA DESTINAR 120.500.00 COLÓNES A LA ELECTRIFICACIÓN DE LA CIUDAD DE LAS JUNTAS. (PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA N° 180, DE 10 DE AGOSTO DE 1961)
A quién le toca
- Vecinos del distrito primero de Abangares, donde está la ciudad de Las Juntas
- Personas con derechos adquiridos bajo la Ley 2793, que el artículo 2 del proyecto protegía
- La Municipalidad de Abangares, que recibió la autorización en 1961
A quién beneficia
- Ningún beneficio directo: el proyecto venció sin aprobarse
- Si se hubiera aprobado, habría limpiado del ordenamiento jurídico una ley de 1961 sin efecto práctico
Qué cambia
- La Ley 2793 sigue en el ordenamiento como norma derogada según SINALEVI
- El expediente 21.721 queda archivado y no puede revivirse sin un nuevo proyecto
- El artículo 2 del proyecto protegía derechos ya adquiridos y prohibía aplicar la derogatoria hacia atrás
La explicación completa
Qué propone
El proyecto ya no está en trámite. Venció su plazo cuatrienal el 28 de noviembre de 2023 y nunca llegó a votación en el Plenario 1.
Lo que proponía era derogar la Ley 2793, del 4 de agosto de 1961 (art. 1). Esa ley vieja autorizó a la Corporación Municipal de Abangares a destinar 120.500 colones para mejorar las instalaciones eléctricas de Las Juntas 2.
El artículo 1 del proyecto ordenaba derogar esa ley de forma expresa (art. 1). El artículo 2 protegía los derechos ya adquiridos. Decía que la derogatoria no afectaría intereses individuales, derechos subjetivos ni situaciones jurídicas consolidadas (art. 2).
El texto también decía que la derogatoria no podía aplicarse hacia atrás para perjudicar a las personas (art. 2). Y que no eximía al Estado de obligaciones ya adquiridas bajo esa norma.
El proyecto citaba los artículos 34 y 129 de la Constitución y los artículos 8 al 16 del Código Civil de 1887 (art. 2).
En qué va el trámite
El expediente está archivado. La ficha registra el último paso el 29 de setiembre de 2021, cuando la Comisión de Gobierno y Administración remitió el dictamen a la Secretaría del Directorio 1.
El recorrido fue este: presentación el 28 de noviembre de 2019, envío a imprenta el 11 de diciembre de 2019 y asignación a comisión el 6 de mayo de 2020 1. La comisión votó el dictamen el 21 de setiembre de 2021.
El plazo cuatrienal venció el 28 de noviembre de 2023 1. Para que fuera ley faltaba el debate en el Plenario y la votación en primer y segundo debate. Nada de eso ocurrió según el registro del expediente.
Lo que se dijo en la Asamblea
No hay grabaciones de la Asamblea sobre este expediente. El dossier no incluye videos ni transcripciones de sesiones donde se discutiera el proyecto 21.721.
Frente a la Constitución
El Censo no encontró un choque entre lo que proponía el texto y la Constitución del dossier. El artículo 121, inciso 1, dice que le corresponde a la Asamblea Legislativa "Dictar las leyes, reformarlas, derogarlas, y darles interpretación auténtica" Constitución, art. 121. Derogar una ley vieja entra en esa atribución.
El artículo 129 dice que "La ley no queda abrogada ni derogada sino por otra posterior" Constitución, art. 129. El proyecto era justamente una ley posterior que derogaba la Ley 2793, así que calza con esa regla.
El artículo 2 del proyecto protegía los derechos adquiridos y prohibía el efecto retroactivo (art. 2). Eso va en la misma línea del artículo 34 de la Constitución, que el propio texto cita.
El artículo 169 dice que la administración de los intereses locales de cada cantón está a cargo del Gobierno Municipal Constitución, art. 169. La Ley 2793 tocaba un asunto municipal de Abangares. El proyecto no cambiaba esa competencia, solo borraba una autorización vieja.
Qué puede hacer usted
Este proyecto ya venció, así que las herramientas para incidir en su trámite no sirven de nada. Pero la guía tiene opciones para casos así.
Puede pedir información sobre el estado de cualquier proyecto a la Oficina de Iniciativa Popular de la Asamblea. Esa oficina da información inmediata sobre la tramitación de los proyectos y las actas de Plenario y Comisión guía, p. 27.
Puede presentar su propia propuesta de ley con un formulario web en la página de la Asamblea. No hace falta el texto completo, basta con plantear la idea guía, p. 27.
Si el tema es municipal, puede pedir un cabildo. El cabildo es la reunión pública del Concejo Municipal donde los habitantes discuten asuntos de interés para la comunidad guía, p. 37.
También puede pedir un referendo municipal para aprobar, modificar o derogar un reglamento o disposición del municipio guía, p. 37.
Lo que no sabemos
El dossier no dice por qué el proyecto no avanzó después del dictamen de comisión en setiembre de 2021.
El dossier no incluye el texto del dictamen que emitió la Comisión de Gobierno y Administración.
El dossier no dice si la Ley 2793 ya había sido derogada por otra norma antes de este proyecto.
La Constitución y esta ley, lado a ladoSin choque aparente
El proyecto usaba una atribución que el artículo 121 le da a la Asamblea y respetaba la regla del artículo 129 sobre derogatoria por ley posterior. El artículo 2 protegía derechos adquiridos, en línea con el artículo 34 que el propio texto cita.
Constitución, art. 121"Dictar las leyes, reformarlas, derogarlas, y darles interpretación auténtica, salvo lo dicho en el capítulo referente al Tribunal Supremo de Elecciones"
Esta ley, art. 1"Se deroga, expresamente, la Ley N.º 2793, de 4 de agosto de 1961, Autorización a la Corporación Municipal de Abangares para destinar 120.500.00 colones a la electrificación de la ciudad de Las Juntas."
Sin choque aparente La Constitución le da a la Asamblea la potestad de derogar leyes. El proyecto ejercía esa potestad sobre una ley de 1961.
Constitución, art. 129"La ley no queda abrogada ni derogada sino por otra posterior; contra su observancia no podrá alegarse desuso, costumbre ni práctica en contrario."
Esta ley, art. 1"Se deroga, expresamente, la Ley N.º 2793, de 4 de agosto de 1961, Autorización a la Corporación Municipal de Abangares para destinar 120.500.00 colones a la electrificación de la ciudad de Las Juntas."
Sin choque aparente La Constitución pide que una ley posterior derogue la anterior. El proyecto era exactamente eso: una ley nueva que borraba la Ley 2793.
Constitución, art. 169"La administración de los intereses y servicios locales en cada cantón, estará a cargo del Gobierno Municipal, formado de un cuerpo deliberante, integrado por regidores municipales de elección popular, y de un funcionario ejecutivo que designará la ley."
Esta ley, art. 2"La derogación de la ley indicada en el artículo anterior, no afectará los intereses individuales, derechos subjetivos, derechos patrimoniales, intereses colectivos o situaciones jurídicas consolidadas a las cuales esta haya dado lugar."
Sin choque aparente La Ley 2793 tocaba un asunto municipal de Abangares. El proyecto no le quitaba competencias al municipio, solo borraba una autorización vieja y protegía lo ya consolidado.
Esto es una lectura comparada, no un fallo. Solo la Sala Constitucional puede declarar una ley inconstitucional.
Fuentes
- Expediente 21721: DEROGATORIA DE LEY N° 2793 DE 4 DE AGOSTO DE 1961, AUTORIZACIÓN A LA CORPORACIÓN MUNICIPAL DE ABANGARES PARA DESTINAR 120.500.00 COLÓNES A LA ELECTRIFICACIÓN DE LA CIUDAD DE LAS JUNTAS. (PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA N° 180, DE 10 DE AGOSTO DE 1961)
- Ley 2793: Autorizase a la Corporación Municipal del cantón de Abangares a destinar la suma de ciento veinte mil quinientos colones (?120.500.00), para mejorar las instalaciones que suministran electricidad a la ciudad de Las Juntas (Derogado)
- Constitución Política (texto vigente)
- Herramientas de participación ciudadana en Costa Rica
Límites de esta investigación
- No se encontraron grabaciones de la Asamblea que mencionen este expediente.
Investigado y verificado automáticamente el 2026-11-09. Cada cita textual se comprobó contra su fuente antes de publicar.
Texto oficial completo
Así lo publica la Asamblea Legislativa. Compárelo con el resumen de arriba: si algo no calza, créale al texto oficial.
Leer el texto completo
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
PROYECTO DE LEY
DEROGATORIA DE LA LEY N.° 2793, DE 4 DE AGOSTO DE 1961, AUTORIZACIÓN A LA CORPORACIÓN MUNICIPAL DE ABANGARES PARA DESTINAR 120.500.00 COLONES A LA ELECTRIFICACIÓN DE LA CIUDAD DE LAS JUNTAS. (PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA N.° 180, DE 10 DE AGOSTO DE 1961)
ERWEN YANAN MASÍS CASTRO DIPUTADO
EXPEDIENTE N.° 21.721
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS UNIDAD DE PROYECTOS, EXPEDIENTES Y LEYES
PROYECTO DE LEY
DEROGATORIA DE LA LEY N.° 2793, DE 4 DE AGOSTO DE 1961, AUTORIZACIÓN A LA CORPORACIÓN MUNICIPAL DE ABANGARES PARA DESTINAR 120.500.00 COLONES A LA ELECTRIFICACIÓN DE LA CIUDAD DE LAS JUNTAS. (PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA N.° 180, DE 10 DE AGOSTO DE 1961)
Expediente N.° 21.721
ASAMBLEA LEGISLATIVA:
Desde que el hombre descubrió los beneficios de crecimiento en grupo conformando comunidades para la obtención de calidad y cantidad en los recursos, así como en los bienes, se dio paso a las primeras formas de organización y con ella las primeras normas que daban pie a regir estos grupos con sabiduría en busca de preservar el orden, la justicia y la igualdad.
Como parte del ciclo natural de las legislaturas, estas tienen un propósito y buscan que se cumpla al pie de la letra, muchas de ellas lo hacen en periodos de tiempo determinados, por lo que por cumplido su objetivo estas ya no tienen mayor transcendencia.
Durante el período constitucional 2010-2014, en su función de diputada, la señora Gloria Bejarano Almada junto con el Directorio legislativo de ese periodo, en la sesión ordinaria N.º 076-2011, de 22 de setiembre de 2011, tomaron el acuerdo de autorizar la creación de una comisión para analizar la legislación vigente y así poder detectar leyes desactualizadas, obsoletas, en desuso y en situación de duplicidad que pudieran ser derogadas.
Como parte de ese esfuerzo de coordinación entre los Poderes del Estado, organizaciones sectoriales y entes especializados, la Asamblea Legislativa firmó un convenio de cooperación con el Colegio de Abogados y la Procuraduría General de la República para coadyuvar en el estudio de más de 8 mil leyes, con el fin de preparar proyectos de ley que liberen el ordenamiento jurídico de tales normas por la vía de la derogación.
La Sala Constitucional, al referirse al principio de seguridad jurídica como principio constitucional, en sentencia N.° 8790-97, de 24 de diciembre de 1997, expresa una posición interesante en la que se vislumbra la seguridad jurídica como dual, en un sentido objetivo (como existencia de orden social) y subjetivo (como confianza del ciudadano en la invariabilidad de situaciones jurídicas consolidadas):
“…La seguridad jurídica es un principio constitucional que en su sentido genérico consiste en la garantía dada al individuo de que su persona, sus bienes y sus derechos no serán objeto de ataques violentos o que, si éstos llegan a producirse, le serán aseguradas por la sociedad, protección y reparación: es la situación del individuo como sujeto activo y pasivo de relaciones sociales, que sabiendo o pudiendo saber cuáles son las normas jurídicas vigentes, tiene fundamentales expectativas de que ellas se cumplan. Ese valor jurídico pretende dar certeza contra las modificaciones del Derecho, procura evitar la incertidumbre del Derecho vigente, es decir, las modificaciones jurídicas arbitrarias, realizadas sin previo estudio y consulta. Puede ser considerada tanto en sentido subjetivo y objetivo, pero ambos están indisolublemente vinculados; en su sentido subjetivo es la convicción que tiene una persona de que la situación de que goza no será modificada por una acción contraria a los principios que rigen la vida social y en sentido objetivo se confunde con la existencia de un estado de organización social, de un orden social. En la mayoría de los ordenamientos jurídicos positivos existen normas que pretenden dar cumplimiento al valor de la seguridad jurídica; en el nuestro tenemos varias expresiones de ese principio tales como la presunción del conocimiento de la ley, el principio de la reserva o legalidad penal, el principio de irretroactividad de la ley, la cosa juzgada y la prescripción, entre otros…”.
Es por esto que un país en el que el principio de seguridad jurídica no se vislumbre con claridad sufrirá un menoscabo fundamental en su sistema democrático. Por esta razón, la emisión, existencia y aplicación de las leyes debe responder a un funcionamiento dinámico de la sociedad.
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA DECRETA:
DEROGATORIA DE LA LEY N.° 2793, DE 4 DE AGOSTO DE 1961, AUTORIZACIÓN A LA CORPORACIÓN MUNICIPAL DE ABANGARES PARA DESTINAR 120.500.00 COLONES A LA ELECTRIFICACIÓN DE LA CIUDAD DE LAS JUNTAS. (PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA N.° 180, DE 10 DE AGOSTO DE 1961)
ARTÍCULO 1- Se deroga, expresamente, la Ley N.º 2793, de 4 de agosto de 1961, Autorización a la Corporación Municipal de Abangares para destinar 120.500.00 colones a la electrificación de la ciudad de Las Juntas. (Publicado en el diario oficial La Gaceta N.º 180, de 10 de agosto de 1961).
ARTÍCULO 2- La derogación de la ley indicada en el artículo anterior, no afectará los intereses individuales, derechos subjetivos, derechos patrimoniales, intereses colectivos o situaciones jurídicas consolidadas a las cuales esta haya dado lugar.
Dicha derogación no puede ser aplicada con efecto retroactivo de forma tal que pueda afectar los derechos de las personas. Asimismo, no exime al Estado o a los entes públicos de obligaciones adquiridas que se hayan establecido en dicha norma.
Igualmente, esa derogación no afectará las reformas, abrogaciones o derogaciones que hayan efectuado sobre la legislación posterior que esté vigente, pues se entiende que dichas modificaciones han quedado incorporadas y forman parte del contenido de las normas afectadas, todo ello de acuerdo con los artículos 34 y 129 de la Constitución Política de 1949 y los artículos del 8 al 16, ambos inclusive, del Código Civil de 1887.
Rige a partir de su publicación.
Erwen Yanan Masís Castro Diputado
10 de diciembre de 2019
NOTAS: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente Ordinaria de Gobierno y Administración.
Este proyecto cumplió el trámite de revisión de errores formales, materiales e idiomáticos en el Departamento de Servicios Parlamentarios.