Archivado el proyecto que iba a borrar una exención de aduanas de 1962
El expediente 21724, que proponía derogar la Ley 3035 de 1962 sobre exención de aduanas para el Colegio Patriarca San José de San Ramón, venció su plazo cuatrienal y quedó archivado.
Título oficial DEROGATORIA DE LEY N° 3035 DE 21 DE SETIEMBRE DE 1962, EXENCIÓN DE DERECHOS DE ADUANA PARA LA IMPORTACIÓN DE MATERIALES PARA EL COLEGIO PATRIARCA SAN JOSÉ DE LA CIUDAD DE SAN RAMÓN. (PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA Nº 216, DE 22 DE SETIEMBRE DE 1962).
A quién le toca
- Al Colegio Patriarca San José de San Ramón, que tenía la exención de aduanas de la Ley 3035
- A las Religiosas Dominicas de la Anunciata, que regentaban el colegio según la Ley 3035
- Al ordenamiento jurídico, que seguirá cargando con una ley de 1962 sin derogar
A quién beneficia
- Nadie, porque el proyecto no se aprobó y la Ley 3035 sigue en el ordenamiento
- El expediente quedó archivado y no produjo ningún cambio legal
Qué cambia
- La Ley 3035 de 1962 sigue vigente porque el proyecto que la derogaba venció su plazo
- El vencimiento cuatrienal ocurrió el 28 de noviembre de 2023
- Para retomar el tema habría que presentar un proyecto nuevo
La explicación completa
El expediente 21724 ya no está en trámite. Venció su plazo cuatrienal el 28 de noviembre de 2023 y quedó archivado 1. Proponía borrar del ordenamiento una ley de 1962 que daba exención de aduanas a un colegio de San Ramón.
Qué propone
El proyecto propone derogar la Ley 3035, del 21 de setiembre de 1962 (art. 1). Esa ley vieja otorgaba exención de derechos de aduana para importar los materiales del Colegio Patriarca San José, en San Ramón 2. El colegio lo regentaban las Religiosas Dominicas de la Anunciata.
El artículo 2 pone un límite a la derogatoria. Dice que no afectará derechos adquiridos ni situaciones jurídicas consolidadas (art. 2). Tampoco puede aplicarse con efecto retroactivo. Y no exime al Estado de obligaciones ya adquiridas bajo esa norma.
El texto cita los artículos 34 y 129 de la Constitución y los artículos 8 al 16 del Código Civil de 1887 (art. 2).
En qué va el trámite
El expediente se archivó. La ficha registra el vencimiento cuatrienal el 28 de noviembre de 2023 1. El último paso anotado es del 26 de octubre de 2021: la Comisión de Gobierno y Administración remitió el expediente a la Secretaría del Directorio.
Antes de eso, la comisión votó y dictaminó el 5 de octubre de 2021 1. El proyecto se presentó el 28 de noviembre de 2019. Se publicó en La Gaceta el 18 de diciembre de 2019.
Para que fuera ley faltaban los dos debates en el Plenario y la sanción del Poder Ejecutivo Constitución, art. 124. No llegó a ninguno de esos pasos.
Frente a la Constitución
El Censo no encontró choque entre lo que proponía el texto y la Constitución del dossier. La derogatoria de una ley es una facultad expresa de la Asamblea Legislativa Constitución, art. 121.
El artículo 129 dice que la ley no queda derogada sino por otra posterior Constitución, art. 129. Este proyecto era justamente esa ley posterior. El artículo 2 del proyecto respeta la irretroactividad y los derechos adquiridos (art. 2).
El propio texto invoca la sentencia N.° 8790-97 de la Sala Constitucional sobre seguridad jurídica (art. 2).
Qué puede hacer usted
El expediente está archivado, así que las herramientas de incidencia sobre comisiones y Plenario ya no aplican a este caso. La guía describe la incidencia ciudadana en comisión mediante entrevistas con los diputados guía, p. 29. Ese momento ya pasó.
Si quiere proponer un proyecto parecido, la Asamblea tiene un formulario web para propuestas de ley guía, p. 27. No tiene garantía de ser acogido ni votado.
La vía con garantía es la iniciativa popular. Requiere firmas y el TSE traslada el proyecto a la Asamblea guía, p. 26. La Oficina de Iniciativa Popular da asesoramiento técnico gratuito para redactar el proyecto.
Lo que no sabemos
El dossier no dice por qué el proyecto no avanzó después del dictamen de octubre de 2021.
El dossier no incluye el texto del dictamen de la Comisión de Gobierno y Administración.
El dossier no dice si el Colegio Patriarca San José todavía existe o si usó la exención.
La Constitución y esta ley, lado a ladoSin choque aparente
El proyecto ejercía una facultad expresa de la Asamblea y respetaba la irretroactividad y los derechos adquiridos. El Censo no encontró choque con la Constitución del dossier.
Constitución, art. 121"Dictar las leyes, reformarlas, derogarlas, y darles interpretación auténtica, salvo lo dicho en el capítulo referente al Tribunal Supremo de Elecciones;"
Esta ley, art. 1"Se deroga, expresamente, la Ley N.º 3035, de 21 de setiembre de 1962, Exención de derechos de aduana para la importación de materiales para el Colegio Patriarca San José de la ciudad de San Ramón."
Sin choque aparente La Constitución le da a la Asamblea la potestad de derogar leyes. Este proyecto hacía exactamente eso.
Constitución, art. 129"La ley no queda abrogada ni derogada sino por otra posterior; contra su observancia no podrá alegarse desuso, costumbre ni práctica en contrario."
Esta ley, art. 1"Se deroga, expresamente, la Ley N.º 3035, de 21 de setiembre de 1962, Exención de derechos de aduana para la importación de materiales para el Colegio Patriarca San José de la ciudad de San Ramón."
Sin choque aparente La derogatoria se hace por medio de otra ley, como pide la Constitución. El proyecto era esa ley posterior.
Esto es una lectura comparada, no un fallo. Solo la Sala Constitucional puede declarar una ley inconstitucional.
Fuentes
- Expediente 21724: DEROGATORIA DE LEY N° 3035 DE 21 DE SETIEMBRE DE 1962, EXENCIÓN DE DERECHOS DE ADUANA PARA LA IMPORTACIÓN DE MATERIALES PARA EL COLEGIO PATRIARCA SAN JOSÉ DE LA CIUDAD DE SAN RAMÓN. (PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA Nº 216, DE 22 DE SETIEMBRE DE 1962).
- Ley 3035: Exención de derechos de aduana para la importación de materiales que han de emplearse en la construcción del Colegio Patriarca San José (Derogado)
- Constitución Política (texto vigente)
- Herramientas de participación ciudadana en Costa Rica
Límites de esta investigación
- No se encontraron grabaciones de la Asamblea que mencionen este expediente.
Investigado y verificado automáticamente el 2026-11-09. Cada cita textual se comprobó contra su fuente antes de publicar.
Texto oficial completo
Así lo publica la Asamblea Legislativa. Compárelo con el resumen de arriba: si algo no calza, créale al texto oficial.
Leer el texto completo
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
PROYECTO DE LEY
DEROGATORIA DE LA LEY N.° 3035, DE 21 DE SETIEMBRE DE 1962, EXENCIÓN DE DERECHOS DE ADUANA PARA LA IMPORTACIÓN DE MATERIALES PARA EL COLEGIO PATRIARCA SAN JOSÉ DE LA CIUDAD DE SAN RAMÓN. (PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA N.º 216, DE 22 DE SETIEMBRE DE 1962)
ERWEN YANAN MASÍS CASTRO DIPUTADO
EXPEDIENTE N.° 21.724
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS UNIDAD DE PROYECTOS, EXPEDIENTES Y LEYES
PROYECTO DE LEY
DEROGATORIA DE LA LEY N.° 3035, DE 21 DE SETIEMBRE DE 1962, EXENCIÓN DE DERECHOS DE ADUANA PARA LA IMPORTACIÓN DE MATERIALES PARA EL COLEGIO PATRIARCA SAN JOSÉ DE LA CIUDAD DE SAN RAMÓN. (PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA N.º 216, DE 22 DE SETIEMBRE DE 1962)
Expediente N.° 21.724
ASAMBLEA LEGISLATIVA:
Desde que el hombre descubrió los beneficios de crecimiento en grupo conformando comunidades para la obtención de calidad y cantidad en los recursos, así como en los bienes, se dio paso a las primeras formas de organización y con ella las primeras normas que daban pie a regir estos grupos con sabiduría en busca de preservar el orden, la justicia y la igualdad.
Como parte del ciclo natural de las legislaturas, estas tienen un propósito y buscan que se cumpla al pie de la letra, muchas de ellas lo hacen en periodos de tiempo determinados, por lo que por cumplido su objetivo estas ya no tienen mayor transcendencia.
Durante el período constitucional 2010-2014, en su función de diputada la señora Gloria Bejarano Almada junto con el Directorio legislativo de ese periodo, en la sesión ordinaria N.º 076-2011, de 22 de setiembre de 2011, tomaron el acuerdo de autorizar la creación de una comisión para analizar la legislación vigente y así poder detectar leyes desactualizadas, obsoletas, en desuso y en situación de duplicidad que pudieran ser derogadas.
Como parte de ese esfuerzo de coordinación entre los Poderes del Estado, organizaciones sectoriales y entes especializados, la Asamblea Legislativa firmó un convenio de cooperación con el Colegio de Abogados y la Procuraduría General de la República para coadyuvar en el estudio de más de 8 mil leyes, con el fin de preparar proyectos de ley que liberen el ordenamiento jurídico de tales normas por la vía de la derogación.
La Sala Constitucional, al referirse al principio de seguridad jurídica como principio constitucional, en sentencia N.° 8790-97, de 24 de diciembre de 1997, expresa una posición interesante en la que se vislumbra la seguridad jurídica como dual, en un sentido objetivo (como existencia de orden social) y subjetivo (como confianza del ciudadano en la invariabilidad de situaciones jurídicas consolidadas):
“…La seguridad jurídica es un principio constitucional que en su sentido genérico consiste en la garantía dada al individuo de que su persona, sus bienes y sus derechos no serán objeto de ataques violentos o que, si éstos llegan a producirse, le serán aseguradas por la sociedad, protección y reparación: es la situación del individuo como sujeto activo y pasivo de relaciones sociales, que sabiendo o pudiendo saber cuáles son las normas jurídicas vigentes, tiene fundamentales expectativas de que ellas se cumplan. Ese valor jurídico pretende dar certeza contra las modificaciones del Derecho, procura evitar la incertidumbre del Derecho vigente, es decir, las modificaciones jurídicas arbitrarias, realizadas sin previo estudio y consulta. Puede ser considerada tanto en sentido subjetivo y objetivo, pero ambos están indisolublemente vinculados; en su sentido subjetivo es la convicción que tiene una persona de que la situación de que goza no será modificada por una acción contraria a los principios que rigen la vida social y en sentido objetivo se confunde con la existencia de un estado de organización social, de un orden social. En la mayoría de los ordenamientos jurídicos positivos existen normas que pretenden dar cumplimiento al valor de la seguridad jurídica; en el nuestro tenemos varias expresiones de ese principio tales como la presunción del conocimiento de la ley, el principio de la reserva o legalidad penal, el principio de irretroactividad de la ley, la cosa juzgada y la prescripción, entre otros…”.
Es por esto que un país en el que el principio de seguridad jurídica no se vislumbre con claridad sufrirá un menoscabo fundamental en su sistema democrático. Por esta razón, la emisión, existencia y aplicación de las leyes debe responder a un funcionamiento dinámico de la sociedad.
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA DECRETA:
DEROGATORIA DE LEY N.° 3035, DE 21 DE SETIEMBRE DE 1962, EXENCIÓN DE DERECHOS DE ADUANA PARA LA IMPORTACIÓN DE MATERIALES PARA EL COLEGIO PATRIARCA SAN JOSÉ DE LA CIUDAD DE SAN RAMÓN. (PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA N.º 216, DE 22 DE SETIEMBRE DE 1962)
ARTÍCULO 1- Se deroga, expresamente, la Ley N.º 3035, de 21 de setiembre de 1962, Exención de derechos de aduana para la importación de materiales para el Colegio Patriarca San José de la ciudad de San Ramón. (Publicado en el diario oficial La Gaceta Nº 216, de 22 de setiembre de 1962).
ARTÍCULO 2- La derogación de la ley indicada en el artículo anterior, no afectará los intereses individuales, derechos subjetivos, derechos patrimoniales, intereses colectivos o situaciones jurídicas consolidadas a las cuales esta haya dado lugar.
Dicha derogación no puede ser aplicada con efecto retroactivo de forma tal que pueda afectar los derechos de las personas. Asimismo, no exime al Estado o a los entes públicos de obligaciones adquiridas que se hayan establecido en dicha norma.
Igualmente, esa derogación no afectará las reformas, abrogaciones o derogaciones que hayan efectuado sobre la legislación posterior que esté vigente, pues se entiende que dichas modificaciones han quedado incorporadas y forman parte del contenido de las normas afectadas, todo ello de acuerdo con los artículos 34 y 129 de la Constitución Política de 1949 y los artículos del 8 al 16, ambos inclusive, del Código Civil de 1887.
Rige a partir de su publicación.
Erwen Yanan Masís Castro Diputado
10 de diciembre de 2019
NOTAS: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente Ordinaria de Gobierno y Administración.
Este proyecto cumplió el trámite de revisión de errores formales, materiales e idiomáticos en el Departamento de Servicios Parlamentarios.