Proyecto para borrar una ley de 1965 de Poás venció sin aprobarse
El expediente 21.725, que proponía derogar la Ley 3515 sobre un empréstito de ¢400.000 para electrificar Poás, se archivó y su plazo de cuatro años venció en 2023 sin convertirse en ley.
Título oficial DEROGATORIA DE LA LEY N° 3515 DE 23 DE JUNIO DE 1965, AUTORIZACIÓN A LA MUNICIPALIDAD DE POÁS PARA EMPRESTAR ¢400.000,00 PARA LA ELECTRIFICACIÓN DEL CANTÓN. (PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA Nº 152, DE 8 DE JULIO DE 1965)
A quién le toca
- A los habitantes del cantón de Poás, porque la ley que se proponía derogar autorizaba un empréstito para electrificar San Pedro y otros distritos
- A la Municipalidad de Poás, que fue la entidad autorizada para contratar el empréstito de ¢400.000,00
- A cualquier persona que tenga derechos adquiridos bajo la Ley 3515, porque el artículo 2 del proyecto los protege
A quién beneficia
- Limpieza del ordenamiento jurídico: se eliminaría una ley de 1965 que ya cumplió su objetivo
- Seguridad jurídica: el artículo 2 protege derechos adquiridos y situaciones consolidadas
- Claridad para la Municipalidad de Poás sobre qué normas siguen vigentes
Qué cambia
- El proyecto no se convirtió en ley: venció el plazo cuatrienal el 28 de noviembre de 2023
- La Ley 3515 sigue en el ordenamiento jurídico, aunque SINALEVI la marca como derogada
- Para retomar el tema habría que presentar un proyecto nuevo
La explicación completa
Qué propone
El proyecto propone borrar del ordenamiento jurídico la Ley 3515 del 23 de junio de 1965. Esa ley vieja autorizó a la Municipalidad de Poás a pedir prestados hasta ¢400.000,00 para llevar electricidad a San Pedro y otros distritos del cantón (art. 1) 2.
El artículo 1 del proyecto deroga esa ley de forma expresa (art. 1). El artículo 2 pone un límite: la derogatoria no puede afectar derechos ya adquiridos, intereses individuales, derechos patrimoniales ni situaciones jurídicas consolidadas que la ley vieja haya creado (art. 2).
El mismo artículo 2 dice que la derogatoria no tiene efecto retroactivo y que no libera al Estado ni a los entes públicos de obligaciones que ya hayan nacido de esa norma (art. 2). También aclara que no toca las reformas o derogatorias posteriores que ya estén vigentes.
El proyecto lo presentó el diputado Erwen Yanan Masís Castro el 10 de diciembre de 2019 (art. 1).
En qué va el trámite
El proyecto está archivado y su plazo venció. El expediente 21.725 entró al Plenario el 28 de noviembre de 2019 y se envió a la Imprenta Nacional el 11 de diciembre de 2019 1.
El 6 de mayo de 2020 el Plenario lo asignó a comisión y el 26 de mayo de 2020 llegó a la Comisión Permanente Ordinaria de Gobierno y Administración (Área VIII) 1.
La comisión lo votó y emitió dictamen el 19 de octubre de 2021, y lo remitió a la Secretaría del Directorio el 26 de octubre de 2021 1.
El plazo cuatrienal para que se convirtiera en ley venció el 28 de noviembre de 2023 1. No hay registro en el dossier de que haya pasado a primer debate, segundo debate ni de sanción del Poder Ejecutivo.
Frente a la Constitución
El Censo no encontró un choque entre lo que propone el texto y los artículos de la Constitución que están en el dossier.
El artículo 121, inciso 1, de la Constitución dice que le corresponde a la Asamblea Legislativa "Dictar las leyes, reformarlas, derogarlas, y darles interpretación auténtica" Constitución, art. 121. Derogar una ley vieja es justamente una facultad de la Asamblea.
El artículo 129 de la Constitución dice que "La ley no queda abrogada ni derogada sino por otra posterior" Constitución, art. 129. El proyecto cumple eso: es una ley nueva que deroga una anterior.
El artículo 2 del proyecto se apoya en los artículos 34 y 129 de la Constitución y en los artículos 8 al 16 del Código Civil de 1887 para proteger derechos adquiridos (art. 2). El artículo 34 de la Constitución no está en el dossier, así que no se puede comparar su texto.
El artículo 124 de la Constitución exige dos debates en días distintos no consecutivos, aprobación de la Asamblea, sanción del Poder Ejecutivo y publicación en La Gaceta para que un proyecto sea ley Constitución, art. 124. El expediente no llegó a esa etapa.
Qué puede hacer usted
Este proyecto ya venció, así que las herramientas para incidir en su trámite no aplican. Pero la guía de participación ciudadana tiene opciones para casos como este.
Puede pedir información sobre el estado de cualquier proyecto de ley a la Oficina de Iniciativa Popular de la Asamblea Legislativa. Esa oficina brinda "información inmediata acerca del estado de la tramitación de los proyectos de ley" guía, p. 27.
Puede presentar una propuesta de ley por la página web de la Asamblea. La guía explica que basta con plantear la propuesta de forma sencilla, sin el texto completo, y la Oficina de Iniciativa Popular la remite a los diputados guía, p. 27.
Si vive en Poás y le interesa el tema de la electricidad o los empréstitos municipales, puede pedirle al Concejo Municipal que convoque un cabildo. La guía define el cabildo como "la reunión pública del Concejo Municipal y los Concejos Distritales, a la cual los habitantes del cantón son invitados a participar directamente con el fin de discutir asuntos de interés para la comunidad" guía, p. 37.
Lo que no sabemos
El dossier no dice por qué el proyecto no avanzó después del dictamen de comisión de octubre de 2021.
El dossier no incluye el texto del dictamen de la Comisión de Gobierno y Administración.
El dossier no dice si la Ley 3515 ya había sido derogada por otra norma antes de este proyecto. SINALEVI la marca como "Derogado" 2, pero no aclara cuándo ni por cuál ley.
El dossier no incluye el texto del artículo 34 de la Constitución, que el proyecto cita (art. 2).
El dossier no tiene grabaciones de la Asamblea sobre este expediente.
La Constitución y esta ley, lado a ladoSin choque aparente
El proyecto usa una facultad que la Constitución le da a la Asamblea Legislativa (derogar leyes) y respeta el artículo 129 al hacerlo por medio de otra ley posterior. El Censo no encontró choque.
Constitución, art. 121"Dictar las leyes, reformarlas, derogarlas, y darles interpretación auténtica, salvo lo dicho en el capítulo referente al Tribunal Supremo de Elecciones"
Esta ley, art. 1"Se deroga, expresamente, la Ley N.º 3515, de 23 de junio de 1965, Autorización a la Municipalidad de Poás para emprestar ¢400.000,00 para la electrificación del cantón."
Sin choque aparente La Constitución le da a la Asamblea la potestad de derogar leyes. Este proyecto ejerce esa potestad sobre una ley de 1965.
Constitución, art. 129"La ley no queda abrogada ni derogada sino por otra posterior; contra su observancia no podrá alegarse desuso, costumbre ni práctica en contrario."
Esta ley, art. 1"Se deroga, expresamente, la Ley N.º 3515, de 23 de junio de 1965, Autorización a la Municipalidad de Poás para emprestar ¢400.000,00 para la electrificación del cantón."
Sin choque aparente La Constitución exige que una ley se derogue por otra ley posterior. El proyecto es exactamente eso: una ley nueva que deroga la vieja.
Constitución, art. 124"Para convertirse en ley, todo proyecto deberá ser objeto de dos debates, cada uno en día distinto no consecutivo, obtener la aprobación de la Asamblea Legislativa y la sanción del Poder Ejecutivo; además, deberá publicarse en La Gaceta"
Esta ley, art. 2"Rige a partir de su publicación."
Sin choque aparente El proyecto preveía regir desde su publicación, como manda la Constitución. Pero nunca llegó a los dos debates ni a la sanción, así que no se convirtió en ley.
Esto es una lectura comparada, no un fallo. Solo la Sala Constitucional puede declarar una ley inconstitucional.
Fuentes
- Expediente 21725: DEROGATORIA DE LA LEY N° 3515 DE 23 DE JUNIO DE 1965, AUTORIZACIÓN A LA MUNICIPALIDAD DE POÁS PARA EMPRESTAR ¢400.000,00 PARA LA ELECTRIFICACIÓN DEL CANTÓN. (PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA Nº 152, DE 8 DE JULIO DE 1965)
- Ley 3515: Autoriza a la Municipalidad de Poás para contratar un empréstito cuyo producto destinará a la electrificación de la ciudad de San Pedro y otros distritos del cantón (Derogado)
- Constitución Política (texto vigente)
- Herramientas de participación ciudadana en Costa Rica
Límites de esta investigación
- No se encontraron grabaciones de la Asamblea que mencionen este expediente.
Investigado y verificado automáticamente el 2026-11-09. Cada cita textual se comprobó contra su fuente antes de publicar.
Texto oficial completo
Así lo publica la Asamblea Legislativa. Compárelo con el resumen de arriba: si algo no calza, créale al texto oficial.
Leer el texto completo
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
PROYECTO DE LEY
DEROGATORIA DE LA LEY N.° 3515, DE 23 DE JUNIO DE 1965, AUTORIZACIÓN A LA MUNICIPALIDAD DE POÁS PARA EMPRESTAR ¢400.000,00 PARA LA ELECTRIFICACIÓN DEL CANTÓN. (PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA N.º 152, DE 8 DE JULIO DE 1965)
ERWEN YANAN MASÍS CASTRO DIPUTADO
EXPEDIENTE N.° 21.725
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS UNIDAD DE PROYECTOS, EXPEDIENTES Y LEYES
PROYECTO DE LEY
DEROGATORIA DE LA LEY N.° 3515, DE 23 DE JUNIO DE 1965, AUTORIZACIÓN A LA MUNICIPALIDAD DE POÁS PARA EMPRESTAR ¢400.000,00 PARA LA ELECTRIFICACIÓN DEL CANTÓN. (PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA N.º 152, DE 8 DE JULIO DE 1965)
Expediente N.° 21.725
ASAMBLEA LEGISLATIVA:
Desde que el hombre descubrió los beneficios de crecimiento en grupo conformando comunidades para la obtención de calidad y cantidad en los recursos, así como en los bienes, se dio paso a las primeras formas de organización y con ella las primeras normas que daban pie a regir estos grupos con sabiduría en busca de preservar el orden, la justicia y la igualdad.
Como parte del ciclo natural de las legislaturas, estas tienen un propósito y buscan que se cumpla al pie de la letra, muchas de ellas lo hacen en periodos de tiempo determinados, por lo que por cumplido su objetivo estas ya no tienen mayor transcendencia.
Durante el período constitucional 2010-2014, en su función de diputada, la señora Gloria Bejarano Almada junto con el Directorio legislativo de ese periodo, en la sesión ordinaria N.º 076-2011, de 22 de setiembre de 2011, tomaron el acuerdo de autorizar la creación de una comisión para analizar la legislación vigente y así poder detectar leyes desactualizadas, obsoletas, en desuso y en situación de duplicidad que pudieran ser derogadas.
Como parte de ese esfuerzo de coordinación entre los Poderes del Estado, organizaciones sectoriales y entes especializados, la Asamblea Legislativa firmó un convenio de cooperación con el Colegio de Abogados y la Procuraduría General de la República para coadyuvar en el estudio de más de 8 mil leyes, con el fin de preparar proyectos de ley que liberen el ordenamiento jurídico de tales normas por la vía de la derogación.
La Sala Constitucional, al referirse al principio de seguridad jurídica como principio constitucional, en sentencia N.° 8790-97, de 24 de diciembre de 1997, expresa una posición interesante en la que se vislumbra la seguridad jurídica como dual, en un sentido objetivo (como existencia de orden social) y subjetivo (como confianza del ciudadano en la invariabilidad de situaciones jurídicas consolidadas):
“…La seguridad jurídica es un principio constitucional que en su sentido genérico consiste en la garantía dada al individuo de que su persona, sus bienes y sus derechos no serán objeto de ataques violentos o que, si éstos llegan a producirse, le serán aseguradas por la sociedad, protección y reparación: es la situación del individuo como sujeto activo y pasivo de relaciones sociales, que sabiendo o pudiendo saber cuáles son las normas jurídicas vigentes, tiene fundamentales expectativas de que ellas se cumplan. Ese valor jurídico pretende dar certeza contra las modificaciones del Derecho, procura evitar la incertidumbre del Derecho vigente, es decir, las modificaciones jurídicas arbitrarias, realizadas sin previo estudio y consulta. Puede ser considerada tanto en sentido subjetivo y objetivo, pero ambos están indisolublemente vinculados; en su sentido subjetivo es la convicción que tiene una persona de que la situación de que goza no será modificada por una acción contraria a los principios que rigen la vida social y en sentido objetivo se confunde con la existencia de un estado de organización social, de un orden social. En la mayoría de los ordenamientos jurídicos positivos existen normas que pretenden dar cumplimiento al valor de la seguridad jurídica; en el nuestro tenemos varias expresiones de ese principio tales como la presunción del conocimiento de la ley, el principio de la reserva o legalidad penal, el principio de irretroactividad de la ley, la cosa juzgada y la prescripción, entre otros…”.
Es por esto que un país en el que el principio de seguridad jurídica no se vislumbre con claridad sufrirá un menoscabo fundamental en su sistema democrático. Por esta razón, la emisión, existencia y aplicación de las leyes debe responder a un funcionamiento dinámico de la sociedad.
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA DECRETA:
DEROGATORIA DE LA LEY N.° 3515, DE 23 DE JUNIO DE 1965, AUTORIZACIÓN A LA MUNICIPALIDAD DE POÁS PARA EMPRESTAR ¢400.000,00 PARA LA ELECTRIFICACIÓN DEL CANTÓN. (PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA N.º 152, DE 8 DE JULIO DE 1965)
ARTÍCULO 1- Se deroga, expresamente, la Ley N.º 3515, de 23 de junio de 1965, Autorización a la Municipalidad de Poás para emprestar ¢400.000,00 para la electrificación del cantón. (Publicado en el diario oficial La Gaceta N.º 152, de 8 de julio de 1965).
ARTÍCULO 2- La derogación de la ley indicada en el artículo anterior, no afectará los intereses individuales, derechos subjetivos, derechos patrimoniales, intereses colectivos o situaciones jurídicas consolidadas a las cuales esta haya dado lugar.
Dicha derogación no puede ser aplicada con efecto retroactivo de forma tal que pueda afectar los derechos de las personas. Asimismo, no exime al Estado o a los entes públicos de obligaciones adquiridas que se hayan establecido en dicha norma.
Igualmente, esa derogación no afectará las reformas, abrogaciones o derogaciones que hayan efectuado sobre la legislación posterior que esté vigente, pues se entiende que dichas modificaciones han quedado incorporadas y forman parte del contenido de las normas afectadas, todo ello de acuerdo con los artículos 34 y 129 de la Constitución Política de 1949 y los artículos del 8 al 16, ambos inclusive, del Código Civil de 1887.
Rige a partir de su publicación.
Erwen Yanan Masís Castro Diputado
10 de diciembre de 2019
NOTAS: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente Ordinaria de Gobierno y Administración.
Este proyecto cumplió el trámite de revisión de errores formales, materiales e idiomáticos en el Departamento de Servicios Parlamentarios.