Archivado el proyecto que iba a borrar una ley de préstamos de 1965
El expediente 21.726, que proponía derogar la Ley 3573 de 1965 sobre empréstitos para electrificación en Tilarán y Cañas, venció su plazo cuatrienal el 28 de noviembre de 2023 y quedó archivado.
Título oficial DEROGATORIA DE LEY N° 3573 DE 3 DE NOVIEMBRE DE 1965, AUTORIZACIÓN A LAS MUNICIPALIDADES DE TILARÁN Y CAÑAS PARA CONTRATAR SENDOS EMPRÉSTITOS HASTA POR ¢500.000. CADA UNA PARA EL PROGRAMA DE ELECTRIFICACIÓN. (PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA Nº 256, DE 11 DE NOVIEMBRE DE 1965)
A quién le toca
- Vecinos de Tilarán y Cañas interesados en la electrificación de sus cantones
- Personas que tengan derechos adquiridos bajo la Ley 3573 de 1965
- Las municipalidades de Tilarán y Cañas como instituciones
A quién beneficia
- Nadie. El proyecto está archivado y no cambia nada.
Qué cambia
- La Ley 3573 de 1965 sigue vigente porque el proyecto no se aprobó
- El expediente 21.726 quedó archivado por vencimiento del plazo cuatrienal
La explicación completa
El proyecto de ley 21.726 ya no está en trámite. Venció su plazo de cuatro años el 28 de noviembre de 2023 y quedó archivado 1. Proponía derogar una ley de 1965 que autorizaba a las municipalidades de Tilarán y Cañas a pedir préstamos para electrificación.
Qué propone
El proyecto proponía derogar de forma expresa la Ley N.º 3573, del 3 de noviembre de 1965 (art. 1). Esa ley autorizaba a las Municipalidades de Cañas y Tilarán para que contraten cada una, un empréstito, hasta por la suma de quinientos mil colones (₵500.000.00), con alguno de los Bancos del Sistema Bancario Nacional 2.
El artículo 2 del proyecto aclaraba que la derogatoria no afectaría derechos ya adquiridos. Tampoco podía aplicarse con efecto retroactivo para perjudicar a personas (art. 2). Además, no eximía al Estado ni a los entes públicos de obligaciones ya adquiridas bajo esa norma.
El texto citaba los artículos 34 y 129 de la Constitución Política de 1949 y los artículos del 8 al 16 del Código Civil de 1887 como respaldo de esa protección (art. 2).
En qué va el trámite
El expediente está archivado. El último movimiento registrado fue el 10 de febrero de 2022, cuando la Comisión de Gobierno y Administración (Área VIII) remitió el proyecto a la Secretaría del Directorio 1.
Antes de eso, la comisión recibió el proyecto el 26 de mayo de 2020 y lo votó el 26 de octubre de 2021 1. El plazo cuatrienal venció el 28 de noviembre de 2023. Para que fuera ley faltaba el dictamen afirmativo, el primer debate y el segundo debate en el Plenario. Nada de eso ocurrió.
Frente a la Constitución
El Censo no encontró un choque entre lo que proponía el texto y los artículos de la Constitución incluidos en el dossier. El proyecto se limitaba a derogar una autorización de empréstito de 1965 y a proteger derechos adquiridos (art. 2).
El artículo 121 de la Constitución dice que corresponde a la Asamblea Legislativa "Dictar las leyes, reformarlas, derogarlas, y darles interpretación auténtica" Constitución, art. 121. Derogar una ley es una facultad que la Constitución le da a la Asamblea.
El artículo 174 de la Constitución dice que la ley indicará en qué casos necesitarán las Municipalidades autorización legislativa para contratar empréstitos Constitución, art. 174. La Ley 3573 era justamente una de esas autorizaciones. Derogarla no choca con ese artículo.
El artículo 129 de la Constitución dice que la ley no queda abrogada ni derogada sino por otra posterior Constitución, art. 129. El proyecto era precisamente una ley posterior que derogaba la anterior, así que calza con ese artículo.
Qué puede hacer usted
El proyecto ya está archivado, así que las herramientas para incidir en su trámite legislativo ya no aplican. Pero si le interesa el tema, puede usar estas vías.
Puede pedir información sobre el estado de cualquier proyecto a la Oficina de Iniciativa Popular de la Asamblea Legislativa. Esa oficina brinda información inmediata acerca del estado de la tramitación de los proyectos de ley guía, p. 27.
Puede presentar una propuesta de ley por el formulario web de la Asamblea. No es necesario presentar el texto completo, basta con plantear de forma sencilla la propuesta guía, p. 27.
Si en el futuro un proyecto similar vuelve a la corriente legislativa, puede hablar con los diputados de la comisión respectiva. La guía recomienda entrevistas con los diputados para proponer y argumentar sobre la importancia de aprobar o modificar un proyecto guía, p. 29.
Lo que no sabemos
El dossier no dice por qué el proyecto no avanzó después del dictamen de comisión de octubre de 2021.
El dossier no incluye el texto del dictamen que emitió la Comisión de Gobierno y Administración.
El dossier no indica si las municipalidades de Tilarán y Cañas llegaron a usar el empréstito autorizado en 1965.
La Constitución y esta ley, lado a ladoSin choque aparente
El proyecto se limitaba a derogar una autorización de empréstito de 1965 y a proteger derechos adquiridos. La Constitución le da a la Asamblea la facultad de derogar leyes.
Constitución, art. 121"Dictar las leyes, reformarlas, derogarlas, y darles interpretación auténtica"
Esta ley, art. 1"Se deroga, expresamente, la Ley N.º 3573, de 3 de noviembre de 1965"
Sin choque aparente La Constitución le permite a la Asamblea derogar leyes. El proyecto hacía exactamente eso con una ley de 1965.
Constitución, art. 174"La ley indicará en qué casos necesitarán las Municipalidades autorización legislativa para contratar empréstitos"
Esta ley, art. 1"Se deroga, expresamente, la Ley N.º 3573, de 3 de noviembre de 1965"
Sin choque aparente La Ley 3573 era una autorización legislativa para que dos municipalidades pidieran préstamos. Derogarla no choca con el artículo 174.
Constitución, art. 129"La ley no queda abrogada ni derogada sino por otra posterior"
Esta ley, art. 1"Se deroga, expresamente, la Ley N.º 3573, de 3 de noviembre de 1965"
Sin choque aparente El proyecto era una ley posterior que derogaba la anterior. Eso es lo que el artículo 129 permite.
Esto es una lectura comparada, no un fallo. Solo la Sala Constitucional puede declarar una ley inconstitucional.
Fuentes
- Expediente 21726: DEROGATORIA DE LEY N° 3573 DE 3 DE NOVIEMBRE DE 1965, AUTORIZACIÓN A LAS MUNICIPALIDADES DE TILARÁN Y CAÑAS PARA CONTRATAR SENDOS EMPRÉSTITOS HASTA POR ¢500.000. CADA UNA PARA EL PROGRAMA DE ELECTRIFICACIÓN. (PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA Nº 256, DE 11 DE NOVIEMBRE DE 1965)
- Ley 3573: Autorizase a las Municipalidades de Cañas y Tilarán para que contraten cada una, un empréstito con alguno de los Bancos del Sistema Bancario Nacional (Derogado)
- Constitución Política (texto vigente)
- Herramientas de participación ciudadana en Costa Rica
Límites de esta investigación
- No se encontraron grabaciones de la Asamblea que mencionen este expediente.
Investigado y verificado automáticamente el 2026-11-09. Cada cita textual se comprobó contra su fuente antes de publicar.
Texto oficial completo
Así lo publica la Asamblea Legislativa. Compárelo con el resumen de arriba: si algo no calza, créale al texto oficial.
Leer el texto completo
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
PROYECTO DE LEY
DEROGATORIA DE LA LEY N.° 3573, DE 3 DE NOVIEMBRE DE 1965, AUTORIZACIÓN A LAS MUNICIPALIDADES DE TILARÁN Y CAÑAS PARA CONTRATAR SENDOS EMPRÉSTITOS HASTA POR ¢500.000. CADA UNA PARA EL PROGRAMA DE ELECTRIFICACIÓN. (PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA N.º 256, DE 11 DE NOVIEMBRE DE 1965)
ERWEN YANAN MASÍS CASTRO DIPUTADO
EXPEDIENTE N.° 21.726
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS UNIDAD DE PROYECTOS, EXPEDIENTES Y LEYES
PROYECTO DE LEY
DEROGATORIA DE LA LEY N.° 3573, DE 3 DE NOVIEMBRE DE 1965, AUTORIZACIÓN A LAS MUNICIPALIDADES DE TILARÁN Y CAÑAS PARA CONTRATAR SENDOS EMPRÉSTITOS HASTA POR ¢500.000. CADA UNA PARA EL PROGRAMA DE ELECTRIFICACIÓN. (PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA N.º 256, DE 11 DE NOVIEMBRE DE 1965)
Expediente N.° 21.726
ASAMBLEA LEGISLATIVA:
Desde que el hombre descubrió los beneficios de crecimiento en grupo conformando comunidades para la obtención de calidad y cantidad en los recursos, así como en los bienes, se dio paso a las primeras formas de organización y con ella las primeras normas que daban pie a regir estos grupos con sabiduría en busca de preservar el orden, la justicia y la igualdad.
Como parte del ciclo natural de las legislaturas, estas tienen un propósito y buscan que se cumpla al pie de la letra, muchas de ellas lo hacen en periodos de tiempo determinados, por lo que por cumplido su objetivo estas ya no tienen mayor transcendencia.
Durante el período constitucional 2010-2014, en su función de diputada, la señora Gloria Bejarano Almada junto con el Directorio legislativo de ese periodo, en la sesión ordinaria N.º 076-2011, de 22 de setiembre de 2011, tomaron el acuerdo de autorizar la creación de una comisión para analizar la legislación vigente y así poder detectar leyes desactualizadas, obsoletas, en desuso y en situación de duplicidad que pudieran ser derogadas.
Como parte de ese esfuerzo de coordinación entre los Poderes del Estado, organizaciones sectoriales y entes especializados, la Asamblea Legislativa firmó un convenio de cooperación con el Colegio de Abogados y la Procuraduría General de la República para coadyuvar en el estudio de más de 8 mil leyes, con el fin de preparar proyectos de ley que liberen el ordenamiento jurídico de tales normas por la vía de la derogación.
La Sala Constitucional, al referirse al principio de seguridad jurídica como principio constitucional, en sentencia N.° 8790-97, de 24 de diciembre de 1997, expresa una posición interesante en la que se vislumbra la seguridad jurídica como dual, en un sentido objetivo (como existencia de orden social) y subjetivo (como confianza del ciudadano en la invariabilidad de situaciones jurídicas consolidadas):
“…La seguridad jurídica es un principio constitucional que en su sentido genérico consiste en la garantía dada al individuo de que su persona, sus bienes y sus derechos no serán objeto de ataques violentos o que, si éstos llegan a producirse, le serán aseguradas por la sociedad, protección y reparación: es la situación del individuo como sujeto activo y pasivo de relaciones sociales, que sabiendo o pudiendo saber cuáles son las normas jurídicas vigentes, tiene fundamentales expectativas de que ellas se cumplan. Ese valor jurídico pretende dar certeza contra las modificaciones del Derecho, procura evitar la incertidumbre del Derecho vigente, es decir, las modificaciones jurídicas arbitrarias, realizadas sin previo estudio y consulta. Puede ser considerada tanto en sentido subjetivo y objetivo, pero ambos están indisolublemente vinculados; en su sentido subjetivo es la convicción que tiene una persona de que la situación de que goza no será modificada por una acción contraria a los principios que rigen la vida social y en sentido objetivo se confunde con la existencia de un estado de organización social, de un orden social. En la mayoría de los ordenamientos jurídicos positivos existen normas que pretenden dar cumplimiento al valor de la seguridad jurídica; en el nuestro tenemos varias expresiones de ese principio tales como la presunción del conocimiento de la ley, el principio de la reserva o legalidad penal, el principio de irretroactividad de la ley, la cosa juzgada y la prescripción, entre otros…”.
Es por esto que un país en el que el principio de seguridad jurídica no se vislumbre con claridad sufrirá un menoscabo fundamental en su sistema democrático. Por esta razón, la emisión, existencia y aplicación de las leyes debe responder a un funcionamiento dinámico de la sociedad.
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA DECRETA:
DEROGATORIA DE LA LEY N.° 3573, DE 3 DE NOVIEMBRE DE 1965, AUTORIZACIÓN A LAS MUNICIPALIDADES DE TILARÁN Y CAÑAS PARA CONTRATAR SENDOS EMPRÉSTITOS HASTA POR ¢500.000. CADA UNA PARA EL PROGRAMA DE ELECTRIFICACIÓN. (PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA N.º 256, DE 11 DE NOVIEMBRE DE 1965)
ARTÍCULO 1- Se deroga, expresamente, la Ley N.º 3573, de 3 de noviembre de 1965, Autorización a las Municipalidades de Tilarán y Cañas para contratar sendos empréstitos hasta por ¢500.000. Cada una para el programa de electrificación. (Publicado en el diario oficial La Gaceta N.º 256, de 11 de noviembre de 1965).
ARTÍCULO 2- La derogación de la ley indicada en el artículo anterior, no afectará los intereses individuales, derechos subjetivos, derechos patrimoniales, intereses colectivos o situaciones jurídicas consolidadas a las cuales esta haya dado lugar.
Dicha derogación no puede ser aplicada con efecto retroactivo de forma tal que pueda afectar los derechos de las personas. Asimismo, no exime al Estado o a los entes públicos de obligaciones adquiridas que se hayan establecido en dicha norma.
Igualmente, esa derogación no afectará las reformas, abrogaciones o derogaciones que hayan efectuado sobre la legislación posterior que esté vigente, pues se entiende que dichas modificaciones han quedado incorporadas y forman parte del contenido de las normas afectadas, todo ello de acuerdo con los artículos 34 y 129 de la Constitución Política de 1949 y los artículos del 8 al 16, ambos inclusive, del Código Civil de 1887.
Rige a partir de su publicación.
Erwen Yanan Masís Castro Diputado
10 de diciembre de 2019
NOTAS: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente Ordinaria de Gobierno y Administración.
Este proyecto cumplió el trámite de revisión de errores formales, materiales e idiomáticos en el Departamento de Servicios Parlamentarios.