Archivado el proyecto que iba a borrar una ley de 1967 sobre Pococí
El expediente 21727, que proponía derogar la Ley 3966 de 1967 sobre el aval del Estado a Pococí, venció su plazo cuatrienal en 2023 y no llegó a ser ley.
Título oficial DEROGATORIA DE LEY N° 3966 DE 3 DE OCTUBRE DE 1967, AVAL DEL ESTADO A LA MUNICIPALIDAD DE POCOCÍ PARA QUE PUEDA EMPRESTAR HASTA 500.000 COLONES PARA LA ELECTRIFICACIÓN DE GUÁPILES. (PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA Nº 225, DE 6 DE OCTUBRE DE 1967)
A quién le toca
- A la Municipalidad de Pococí, que era la beneficiaria del aval de 1967
- A los vecinos de Guápiles y sus alrededores, para quienes era el préstamo original
- Al Estado, que avalaba el préstamo de hasta 500.000 colones
A quién beneficia
- Ningún beneficio directo: el proyecto está archivado y no cambió nada
- De haberse aprobado, habría limpiado del ordenamiento jurídico una ley de 1967 ya sin uso
Qué cambia
- La Ley 3966 de 1967 sigue en el ordenamiento jurídico, aunque SINALEVI la marca como derogada
- El expediente 21727 quedó archivado y venció su plazo cuatrienal el 28 de noviembre de 2023
La explicación completa
El expediente 21727 ya no está en trámite. Venció su plazo cuatrienal el 28 de noviembre de 2023 y no se convirtió en ley 1.
Qué propone
El proyecto proponía derogar la Ley N.º 3966 del 3 de octubre de 1967. Esa ley vieja autorizaba al Poder Ejecutivo a avalar un préstamo de la Municipalidad de Pococí (art. 1).
El préstamo era de hasta 500.000 colones. Servía para comprar plantas eléctricas y llevar electricidad a Guápiles y sus alrededores 2.
El artículo 2 del proyecto protegía los derechos ya adquiridos. La derogatoria no podía aplicarse hacia atrás ni afectar situaciones jurídicas consolidadas (art. 2).
Tampoco liberaba al Estado de obligaciones ya adquiridas bajo esa norma (art. 2).
El diputado Erwen Yanan Masís Castro presentó el proyecto el 11 de diciembre de 2019 (art. 1).
En qué va el trámite
El expediente está archivado. La última gestión fue el 10 de febrero de 2022, cuando la Comisión de Gobierno y Administración remitió el expediente a la Secretaría del Directorio 1.
Antes, el 26 de octubre de 2021, la comisión votó y dictaminó el proyecto 1.
El plazo cuatrienal venció el 28 de noviembre de 2023 1. Para que fuera ley faltaban el primer y segundo debate en el Plenario, la sanción del Poder Ejecutivo y la publicación en La Gaceta Constitución, art. 124.
Frente a la Constitución
El Censo no encontró choque entre lo que proponía el proyecto y la Constitución del dossier.
El artículo 121, inciso 1, da a la Asamblea Legislativa la potestad de dictar, reformar y derogar leyes Constitución, art. 121. Derogar una ley vieja calza con esa atribución.
El artículo 129 dice que la ley no queda derogada sino por otra posterior Constitución, art. 129. El proyecto era justamente una ley posterior que derogaba la Ley 3966.
El artículo 2 del proyecto respetaba el artículo 34 de la Constitución, que prohíbe aplicar una ley hacia atrás para perjudicar derechos (art. 2).
Qué puede hacer usted
Este expediente ya está archivado. Las herramientas de la guía sirven para mirar el trámite, no para revivirlo.
Puede pedir información sobre el estado de un proyecto a la Oficina de Iniciativa Popular de la Asamblea Legislativa guía, p. 27.
Puede llenar el formulario web de la Asamblea para presentar una propuesta de ley. No tiene garantía de que se discuta ni se vote guía, p. 27.
Puede revisar el expediente y las actas en la red informática de la Asamblea Legislativa guía, p. 27.
Lo que no sabemos
El dossier no dice por qué el proyecto no llegó al Plenario después del dictamen de 2021.
El dossier no dice si la Municipalidad de Pococí pagó o sigue pagando el préstamo de 1967.
El dossier no incluye el texto del dictamen de la Comisión de Gobierno y Administración.
La Constitución y esta ley, lado a ladoSin choque aparente
El proyecto usaba la potestad de derogar leyes que da el artículo 121 y respetaba la irretroactividad del artículo 34. El Censo no encontró choque con la Constitución del dossier.
Constitución, art. 121"Dictar las leyes, reformarlas, derogarlas, y darles interpretación auténtica, salvo lo dicho en el capítulo referente al Tribunal Supremo de Elecciones;"
Esta ley, art. 1"Se deroga, expresamente, la Ley N.º 3966 de 3 de octubre de 1967, Aval del Estado a la Municipalidad de Pococí para que pueda emprestar hasta 500.000 colones para la electrificación de Guápiles."
Sin choque aparente La Constitución da a la Asamblea la potestad de derogar leyes. El proyecto ejercía esa potestad sobre una ley de 1967.
Constitución, art. 129"La ley no queda abrogada ni derogada sino por otra posterior; contra su observancia no podrá alegarse desuso, costumbre ni práctica en contrario."
Esta ley, art. 1"Se deroga, expresamente, la Ley N.º 3966 de 3 de octubre de 1967, Aval del Estado a la Municipalidad de Pococí para que pueda emprestar hasta 500.000 colones para la electrificación de Guápiles."
Sin choque aparente La Ley 3966 solo podía derogarse con otra ley posterior. El proyecto era esa ley posterior.
Esto es una lectura comparada, no un fallo. Solo la Sala Constitucional puede declarar una ley inconstitucional.
Fuentes
- Expediente 21727: DEROGATORIA DE LEY N° 3966 DE 3 DE OCTUBRE DE 1967, AVAL DEL ESTADO A LA MUNICIPALIDAD DE POCOCÍ PARA QUE PUEDA EMPRESTAR HASTA 500.000 COLONES PARA LA ELECTRIFICACIÓN DE GUÁPILES. (PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA Nº 225, DE 6 DE OCTUBRE DE 1967)
- Ley 3966: Autorízase al Poder Ejecutivo para que otorgue el aval del Estado en el empréstito que la Municipalidad del Cantón de Pococí, contrate con alguno de los bancos del Sistema Bancario Nacional por la suma de quinientos mil colones (?500.000.00) para el progr (Derogado)
- Constitución Política (texto vigente)
- Herramientas de participación ciudadana en Costa Rica
Límites de esta investigación
- No se encontraron grabaciones de la Asamblea que mencionen este expediente.
Investigado y verificado automáticamente el 2026-11-09. Cada cita textual se comprobó contra su fuente antes de publicar.
Texto oficial completo
Así lo publica la Asamblea Legislativa. Compárelo con el resumen de arriba: si algo no calza, créale al texto oficial.
Leer el texto completo
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
PROYECTO DE LEY
DEROGATORIA DE LA LEY N.° 3966, DE 3 DE OCTUBRE DE 1967, AVAL DEL ESTADO A LA MUNICIPALIDAD DE POCOCÍ PARA QUE PUEDA EMPRESTAR HASTA 500.000 COLONES PARA LA ELECTRIFICACIÓN DE GUÁPILES. (PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA N.º 225, DE 6 DE OCTUBRE DE 1967)
ERWEN YANAN MASÍS CASTRO DIPUTADO
EXPEDIENTE N.° 21.727
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS UNIDAD DE PROYECTOS, EXPEDIENTES Y LEYES
PROYECTO DE LEY
DEROGATORIA DE LA LEY N.° 3966, DE 3 DE OCTUBRE DE 1967, AVAL DEL ESTADO A LA MUNICIPALIDAD DE POCOCÍ PARA QUE PUEDA EMPRESTAR HASTA 500.000 COLONES PARA LA ELECTRIFICACIÓN DE GUÁPILES. (PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA N.º 225, DE 6 DE OCTUBRE DE 1967)
Expediente N.° 21.727
ASAMBLEA LEGISLATIVA:
Desde que el hombre descubrió los beneficios de crecimiento en grupo conformando comunidades para la obtención de calidad y cantidad en los recursos, así como en los bienes, se dio paso a las primeras formas de organización y con ella las primeras normas que daban pie a regir estos grupos con sabiduría en busca de preservar el orden, la justicia y la igualdad.
Como parte del ciclo natural de las legislaturas, estas tienen un propósito y buscan que se cumpla al pie de la letra, muchas de ellas lo hacen en periodos de tiempo determinados, por lo que por cumplido su objetivo estas ya no tienen mayor transcendencia.
Durante el período constitucional 2010-2014, en su función de diputada, la señora Gloria Bejarano Almada junto con el Directorio legislativo de ese periodo, en la sesión ordinaria N.º 076-2011, de 22 de setiembre de 2011, tomaron el acuerdo de autorizar la creación de una comisión para analizar la legislación vigente y así poder detectar leyes desactualizadas, obsoletas, en desuso y en situación de duplicidad que pudieran ser derogadas.
Como parte de ese esfuerzo de coordinación entre los Poderes del Estado, organizaciones sectoriales y entes especializados, la Asamblea Legislativa firmó un convenio de cooperación con el Colegio de Abogados y la Procuraduría General de la República para coadyuvar en el estudio de más de 8 mil leyes, con el fin de preparar proyectos de ley que liberen el ordenamiento jurídico de tales normas por la vía de la derogación.
La Sala Constitucional, al referirse al principio de seguridad jurídica como principio constitucional, en sentencia N.° 8790-97 de 24 de diciembre de 1997, expresa una posición interesante en la que se vislumbra la seguridad jurídica como dual, en un sentido objetivo (como existencia de orden social) y subjetivo (como confianza del ciudadano en la invariabilidad de situaciones jurídicas consolidadas):
“…La seguridad jurídica es un principio constitucional que en su sentido genérico consiste en la garantía dada al individuo de que su persona, sus bienes y sus derechos no serán objeto de ataques violentos o que, si éstos llegan a producirse, le serán aseguradas por la sociedad, protección y reparación: es la situación del individuo como sujeto activo y pasivo de relaciones sociales, que sabiendo o pudiendo saber cuáles son las normas jurídicas vigentes, tiene fundamentales expectativas de que ellas se cumplan. Ese valor jurídico pretende dar certeza contra las modificaciones del Derecho, procura evitar la incertidumbre del Derecho vigente, es decir, las modificaciones jurídicas arbitrarias, realizadas sin previo estudio y consulta. Puede ser considerada tanto en sentido subjetivo y objetivo, pero ambos están indisolublemente vinculados; en su sentido subjetivo es la convicción que tiene una persona de que la situación de que goza no será modificada por una acción contraria a los principios que rigen la vida social y en sentido objetivo se confunde con la existencia de un estado de organización social, de un orden social. En la mayoría de los ordenamientos jurídicos positivos existen normas que pretenden dar cumplimiento al valor de la seguridad jurídica; en el nuestro tenemos varias expresiones de ese principio tales como la presunción del conocimiento de la ley, el principio de la reserva o legalidad penal, el principio de irretroactividad de la ley, la cosa juzgada y la prescripción, entre otros…”.
Es por esto que un país en el que el principio de seguridad jurídica no se vislumbre con claridad sufrirá un menoscabo fundamental en su sistema democrático. Por esta razón, la emisión, existencia y aplicación de las leyes debe responder a un funcionamiento dinámico de la sociedad.
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA DECRETA:
DEROGATORIA DE LA LEY N.° 3966, DE 3 DE OCTUBRE DE 1967, AVAL DEL ESTADO A LA MUNICIPALIDAD DE POCOCÍ PARA QUE PUEDA EMPRESTAR HASTA 500.000 COLONES PARA LA ELECTRIFICACIÓN DE GUÁPILES. (PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA N.º 225, DE 6 DE OCTUBRE DE 1967)
ARTÍCULO 1- Se deroga, expresamente, la Ley N.º 3966 de 3 de octubre de 1967, Aval del Estado a la Municipalidad de Pococí para que pueda emprestar hasta 500.000 colones para la electrificación de Guápiles. (Publicado en el diario oficial La Gaceta N.º 225, de 6 de octubre de 1967).
ARTÍCULO 2- La derogación de la ley indicada en el artículo anterior, no afectará los intereses individuales, derechos subjetivos, derechos patrimoniales, intereses colectivos o situaciones jurídicas consolidadas a las cuales esta haya dado lugar.
Dicha derogación no puede ser aplicada con efecto retroactivo de forma tal que pueda afectar los derechos de las personas. Asimismo, no exime al Estado o a los entes públicos de obligaciones adquiridas que se hayan establecido en dicha norma.
Igualmente, esa derogación no afectará las reformas, abrogaciones o derogaciones que hayan efectuado sobre la legislación posterior que esté vigente, pues se entiende que dichas modificaciones han quedado incorporadas y forman parte del contenido de las normas afectadas, todo ello de acuerdo con los artículos 34 y 129 de la Constitución Política de 1949 y los artículos del 8 al 16, ambos inclusive, del Código Civil de 1887.
Rige a partir de su publicación.
Erwen Yanan Masís Castro Diputado
11 de diciembre de 2019
NOTAS: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente Ordinaria de Gobierno y Administración.
Este proyecto cumplió el trámite de revisión de errores formales, materiales e idiomáticos en el Departamento de Servicios Parlamentarios.