Archivado el proyecto que derogaba la Ley 4324 de Nicoya
El expediente 21730, que proponía derogar una ley de 1969 sobre un traspaso de la Municipalidad de Nicoya al ICE, venció su plazo cuatrienal y quedó archivado.
Título oficial DEROGATORIA DE LEY Nº 4324 DE 10 DE FEBRERO DE 1969, AUTORIZACIÓN A LA MUNICIPALIDAD DE NICOYA PARA TRASPASAR UNA FINCA AL ICE. (PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA Nº 38, DE 14 DE FEBRERO DE 1969)
A quién le toca
- A la Municipalidad de Nicoya, que fue la entidad autorizada para hacer el traspaso en 1969
- Al Instituto Costarricense de Electricidad, que recibiría el lote según la ley de 1969
- A los dueños de propiedades colindantes que menciona la ley de 1969
A quién beneficia
- Ningún beneficio directo: el proyecto está archivado y no cambió nada
Qué cambia
- La Ley 4324 de 1969 sigue en el ordenamiento jurídico sin una derogatoria aprobada por este expediente
- El expediente 21730 quedó cerrado por vencimiento del plazo cuatrienal
La explicación completa
Qué propone
El proyecto ya no está en trámite: venció su plazo cuatrienal el 28 de noviembre de 2023 y quedó archivado 1. Proponía derogar la Ley 4324 del 10 de febrero de 1969 (art. 1).
Esa ley de 1969 autorizó a la Municipalidad de Nicoya a traspasar al Instituto Costarricense de Electricidad un lote de la finca inscrita en el Partido de Guanacaste, tomo 1105, folios 142 y 143, número 50086 2.
El artículo 2 del proyecto decía que la derogatoria no afectaría derechos adquiridos ni situaciones jurídicas consolidadas (art. 2). Tampoco podía aplicarse con efecto retroactivo.
El texto citaba los artículos 34 y 129 de la Constitución y los artículos 8 al 16 del Código Civil de 1887 para respaldar esa protección (art. 2).
En qué va el trámite
El expediente se archivó. La ficha registra el último paso el 28 de abril de 2022, cuando la Comisión de Gobierno y Administración remitió el dictamen a la Secretaría del Directorio 1.
El plazo cuatrienal venció el 28 de noviembre de 2023 1. Para que fuera ley faltaban el primer debate, el segundo debate, la sanción del Poder Ejecutivo y la publicación en La Gaceta Constitución, art. 124.
Frente a la Constitución
El artículo 121 inciso 1 dice que corresponde a la Asamblea Legislativa "Dictar las leyes, reformarlas, derogarlas, y darles interpretación auténtica" Constitución, art. 121. El proyecto calza ahí: la Asamblea tiene potestad para derogar leyes.
El artículo 129 dice que "La ley no queda abrogada ni derogada sino por otra posterior" Constitución, art. 129. El proyecto cumplía esa regla al proponer una ley nueva que derogara la de 1969.
El artículo 45 protege la propiedad y exige indemnización previa si se priva a alguien de lo suyo por interés público Constitución, art. 45. El artículo 2 del proyecto protegía los derechos adquiridos y prohibía el efecto retroactivo (art. 2). El Censo no encontró un choque entre ese artículo y la Constitución.
Qué puede hacer usted
El proyecto está archivado, así que las herramientas para incidir en su trámite ya no aplican. Si quiere proponer una ley nueva sobre este tema, puede usar el formulario web de la Asamblea guía, p. 27.
Ese mecanismo no garantiza que la propuesta se discuta ni se vote guía, p. 27. La Oficina de Iniciativa Popular recopila las propuestas y las remite a los diputados.
También puede pedir información sobre el estado de cualquier expediente a la Oficina de Iniciativa Popular de la Asamblea guía, p. 27.
Lo que no sabemos
El dossier no dice por qué el proyecto no avanzó después del dictamen de abril de 2022.
El dossier no indica si el traspaso del lote al ICE se llegó a inscribir.
El dossier no incluye grabaciones de la Asamblea sobre este expediente.
La Constitución y esta ley, lado a ladoSin choque aparente
El proyecto usaba la potestad de la Asamblea para derogar leyes y protegía los derechos adquiridos, en línea con los artículos 121, 129 y 45 de la Constitución.
Constitución, art. 121"Dictar las leyes, reformarlas, derogarlas, y darles interpretación auténtica"
Esta ley, art. 1"Se deroga, expresamente, la Ley N.º 4324, de 10 de febrero de 1969, Autorización a la Municipalidad de Nicoya para Traspasar una Finca al ICE."
Sin choque aparente La Constitución le da a la Asamblea la potestad de derogar leyes. El proyecto ejercía esa potestad.
Constitución, art. 129"La ley no queda abrogada ni derogada sino por otra posterior"
Esta ley, art. 1"Se deroga, expresamente, la Ley N.º 4324, de 10 de febrero de 1969, Autorización a la Municipalidad de Nicoya para Traspasar una Finca al ICE."
Sin choque aparente El proyecto era una ley nueva que derogaba la anterior, tal como pide la Constitución.
Constitución, art. 45"La propiedad es inviolable; a nadie puede privarse de la suya si no es por interés público legalmente comprobado, previa indemnización conforme a la ley."
Esta ley, art. 2"La derogación de la ley indicada en el artículo anterior no afectará los intereses individuales, derechos subjetivos, derechos patrimoniales, intereses colectivos o situaciones jurídicas consolidadas a las cuales esta haya dado lugar."
Sin choque aparente El proyecto protegía los derechos ya adquiridos y prohibía aplicar la derogatoria hacia atrás. Eso respeta la protección de la propiedad.
Esto es una lectura comparada, no un fallo. Solo la Sala Constitucional puede declarar una ley inconstitucional.
Fuentes
- Expediente 21730: DEROGATORIA DE LEY Nº 4324 DE 10 DE FEBRERO DE 1969, AUTORIZACIÓN A LA MUNICIPALIDAD DE NICOYA PARA TRASPASAR UNA FINCA AL ICE. (PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA Nº 38, DE 14 DE FEBRERO DE 1969)
- Ley 4324: Autoriza a la Municipalidad de Nicoya para traspasar al Instituto Costarricense de Electricidad, un lote de la finca inscrita en el Partido de Guanacaste (Derogado)
- Constitución Política (texto vigente)
- Herramientas de participación ciudadana en Costa Rica
Límites de esta investigación
- No se encontraron grabaciones de la Asamblea que mencionen este expediente.
Investigado y verificado automáticamente el 2026-11-09. Cada cita textual se comprobó contra su fuente antes de publicar.
Texto oficial completo
Así lo publica la Asamblea Legislativa. Compárelo con el resumen de arriba: si algo no calza, créale al texto oficial.
Leer el texto completo
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
PROYECTO DE LEY
DEROGATORIA DE LA LEY N.º 4324, DE 10 DE FEBRERO DE 1969, AUTORIZACIÓN A LA MUNICIPALIDAD DE NICOYA PARA TRASPASAR UNA FINCA AL ICE. (PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA N.º 38, DE 14 DE FEBRERO DE 1969)
ERWEN YANAN MASÍS CASTRO DIPUTADO
EXPEDIENTE N.° 21.730
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS UNIDAD DE PROYECTOS, EXPEDIENTES Y LEYES
PROYECTO DE LEY
DEROGATORIA DE LA LEY N.º 4324, DE 10 DE FEBRERO DE 1969, AUTORIZACIÓN A LA MUNICIPALIDAD DE NICOYA PARA TRASPASAR UNA FINCA AL ICE. (PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA N.º 38, DE 14 DE FEBRERO DE 1969)
Expediente N.° 21.730
ASAMBLEA LEGISLATIVA:
Desde que el hombre descubrió los beneficios de crecimiento en grupo conformando comunidades para la obtención de calidad y cantidad en los recursos, así como en los bienes, se dio paso a las primeras formas de organización y con ella las primeras normas que daban pie a regir estos grupos con sabiduría en busca de preservar el orden, la justicia y la igualdad.
Como parte del ciclo natural de las legislaturas, estas tienen un propósito y buscan que se cumpla al pie de la letra, muchas de ellas lo hacen en periodos de tiempo determinados, por lo que por cumplido su objetivo estas ya no tienen mayor transcendencia.
Durante el período constitucional 2010-2014, en su función de diputada, la señora Gloria Bejarano Almada junto con el Directorio legislativo de ese periodo, en la sesión ordinaria N.º 076-2011, de 22 de setiembre de 2011, tomaron el acuerdo de autorizar la creación de una comisión para analizar la legislación vigente y así poder detectar leyes desactualizadas, obsoletas, en desuso y en situación de duplicidad que pudieran ser derogadas.
Como parte de ese esfuerzo de coordinación entre los Poderes del Estado, organizaciones sectoriales y entes especializados, la Asamblea Legislativa firmó un convenio de cooperación con el Colegio de Abogados y la Procuraduría General de la República para coadyuvar en el estudio de más de 8 mil leyes, con el fin de preparar proyectos de ley que liberen el ordenamiento jurídico de tales normas por la vía de la derogación.
La Sala Constitucional, al referirse al principio de seguridad jurídica como principio constitucional, en sentencia N.° 8790-97, de 24 de diciembre de 1997, expresa una posición interesante en la que se vislumbra la seguridad jurídica como dual, en un sentido objetivo (como existencia de orden social) y subjetivo (como confianza del ciudadano en la invariabilidad de situaciones jurídicas consolidadas):
“…La seguridad jurídica es un principio constitucional que en su sentido genérico consiste en la garantía dada al individuo de que su persona, sus bienes y sus derechos no serán objeto de ataques violentos o que, si éstos llegan a producirse, le serán aseguradas por la sociedad, protección y reparación: es la situación del individuo como sujeto activo y pasivo de relaciones sociales, que sabiendo o pudiendo saber cuáles son las normas jurídicas vigentes, tiene fundamentales expectativas de que ellas se cumplan. Ese valor jurídico pretende dar certeza contra las modificaciones del Derecho, procura evitar la incertidumbre del Derecho vigente, es decir, las modificaciones jurídicas arbitrarias, realizadas sin previo estudio y consulta. Puede ser considerada tanto en sentido subjetivo y objetivo, pero ambos están indisolublemente vinculados; en su sentido subjetivo es la convicción que tiene una persona de que la situación de que goza no será modificada por una acción contraria a los principios que rigen la vida social y en sentido objetivo se confunde con la existencia de un estado de organización social, de un orden social. En la mayoría de los ordenamientos jurídicos positivos existen normas que pretenden dar cumplimiento al valor de la seguridad jurídica; en el nuestro tenemos varias expresiones de ese principio tales como la presunción del conocimiento de la ley, el principio de la reserva o legalidad penal, el principio de irretroactividad de la ley, la cosa juzgada y la prescripción, entre otros…”.
Es por esto que un país en el que el principio de seguridad jurídica no se vislumbre con claridad sufrirá un menoscabo fundamental en su sistema democrático. Por esta razón, la emisión, existencia y aplicación de las leyes debe responder a un funcionamiento dinámico de la sociedad.
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA DECRETA:
DEROGATORIA DE LA LEY N.º 4324, DE 10 DE FEBRERO DE 1969, AUTORIZACIÓN A LA MUNICIPALIDAD DE NICOYA PARA TRASPASAR UNA FINCA AL ICE. (PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA N.º 38, DE 14 DE FEBRERO DE 1969)
ARTÍCULO 1- Se deroga, expresamente, la Ley N.º 4324, de 10 de febrero de 1969, Autorización a la Municipalidad de Nicoya para Traspasar una Finca al ICE. (Publicado en el diario oficial La Gaceta N.º 38, de 14 de febrero de 1969).
ARTÍCULO 2- La derogación de la ley indicada en el artículo anterior no afectará los intereses individuales, derechos subjetivos, derechos patrimoniales, intereses colectivos o situaciones jurídicas consolidadas a las cuales esta haya dado lugar.
Dicha derogación no puede ser aplicada con efecto retroactivo de forma tal que pueda afectar los derechos de las personas. Asimismo, no exime al Estado o a los entes públicos de obligaciones adquiridas que se hayan establecido en dicha norma.
Igualmente, esa derogación no afectará las reformas, abrogaciones o derogaciones que hayan efectuado sobre la legislación posterior que esté vigente, pues se entiende que dichas modificaciones han quedado incorporadas y forman parte del contenido de las normas afectadas, todo ello de acuerdo con los artículos 34 y 129 de la Constitución Política de 1949 y los artículos del 8 al 16, ambos inclusive, del Código Civil de 1887.
Rige a partir de su publicación.
Erwen Yanan Masís Castro Diputado
10 de noviembre de 2019
NOTAS: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente Ordinaria de Gobierno y Administración.
Este proyecto cumplió el trámite de revisión de errores formales, materiales e idiomáticos en el Departamento de Servicios Parlamentarios.