Archivado: el proyecto que quitaba la compra directa a Nicoya
El expediente 21731, que proponía derogar la Ley 5236 de 1973 para que Nicoya comprara materiales eléctricos sin licitación, venció su plazo cuatrienal y quedó archivado.
Título oficial DEROGATORIA DE LEY Nº. 5236 DE 5 DE JULIO DE 1973, AUTORIZACIÓN A LA MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN DE NICOYA PARA COMPRAR MATERIALES Y REPUESTOS PARA SUS PLANTAS ELÉCTRICAS. (PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA Nº 132, DE 14 DE JULIO DE 1973)
A quién le toca
- La Municipalidad de Nicoya y su forma de comprar materiales para plantas eléctricas
- Los vecinos de Nicoya que reciben energía de esas plantas
- Los proveedores que venden materiales eléctricos a la Municipalidad de Nicoya
A quién beneficia
- Ningún grupo recibe un beneficio directo si el proyecto se aprobaba: solo se eliminaba una excepción a la licitación
- Los proveedores que compiten en licitaciones públicas tendrían reglas iguales para todos
Qué cambia
- La Ley 5236 sigue vigente porque el proyecto se archivó
- La Municipalidad de Nicoya mantiene la autorización de compra directa sin licitación
- El expediente puede reactivarse si algún diputado lo retoma
La explicación completa
El expediente 21731 ya no está en trámite. Venció su plazo cuatrienal el 28 de noviembre de 2023 y quedó archivado. El proyecto proponía derogar una ley de 1973 que deja a la Municipalidad de Nicoya comprar materiales y repuestos para sus plantas eléctricas sin pasar por licitación.
Qué propone
El proyecto propone derogar la Ley 5236 del 5 de julio de 1973. Esa ley autoriza a la Municipalidad de Nicoya a comprar de forma directa, sin licitación, materiales y presupuestos para operar las plantas eléctricas del cantón (art. 1) 2.
El artículo 2 del proyecto dice que la derogatoria no afectaría derechos adquiridos ni situaciones jurídicas consolidadas. Tampoco podría aplicarse con efecto retroactivo. Y no eximiría al Estado de obligaciones ya adquiridas bajo esa norma (art. 2).
El texto cita los artículos 34 y 129 de la Constitución y los artículos 8 al 16 del Código Civil de 1887 para respaldar esa protección (art. 2).
En qué va el trámite
El expediente está archivado. El último movimiento registrado fue el 28 de abril de 2022, cuando la Comisión de Gobierno y Administración remitió el dictamen a la Secretaría del Directorio 1.
El proyecto se presentó el 28 de noviembre de 2019. Se envió a la Imprenta Nacional el 11 de diciembre de 2019. La comisión recibió el expediente el 26 de mayo de 2020 y lo votó el 19 de abril de 2022 1.
El plazo cuatrienal venció el 28 de noviembre de 2023 1. Para que fuera ley faltaban el primer debate, el segundo debate, la sanción del Poder Ejecutivo y la publicación en La Gaceta Constitución, art. 124.
Frente a la Constitución
El Censo no encontró choque entre el texto y la Constitución del dossier. El artículo 121, inciso 1, da a la Asamblea Legislativa la atribución de dictar las leyes, reformarlas y derogarlas Constitución, art. 121. Derogar la Ley 5236 cae dentro de esa atribución.
El artículo 129 dice que "La ley no queda abrogada ni derogada sino por otra posterior" Constitución, art. 129. El proyecto cumple ese requisito: es una ley posterior que deroga la anterior.
El artículo 2 del proyecto protege derechos adquiridos y prohíbe efectos retroactivos (art. 2). Eso calza con el artículo 34 de la Constitución, que el propio texto cita.
El artículo 170 reconoce la autonomía municipal Constitución, art. 170. La derogatoria no toca esa autonomía: solo elimina una autorización de compra directa. La Municipalidad seguiría sujeta a las reglas generales de contratación pública.
Qué puede hacer usted
El expediente está archivado, así que las herramientas de incidencia sobre el trámite ya no aplican. Quedan estas opciones.
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Consultar el estado del expediente en el Sistema de Información Legislativa de la Asamblea. La Oficina de Iniciativa Popular brinda información sobre el estado de tramitación de los proyectos guía, p. 27.
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Presentar una propuesta de ley nueva por el formulario web de la Asamblea. No necesita el texto completo, basta con plantear la propuesta de forma sencilla. La Oficina de Iniciativa Popular la recopila y la remite a los diputados guía, p. 27.
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Si le preocupa el manejo de fondos municipales, puede denunciar ante la Contraloría General de la República. La CGR fiscaliza los presupuestos de las municipalidades guía, p. 68.
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Si vive en Nicoya, puede pedir un cabildo al Concejo Municipal. El cabildo es la reunión pública donde los habitantes discuten asuntos de interés para la comunidad guía, p. 37.
Lo que no sabemos
El dossier no dice por qué el proyecto no avanzó después del dictamen de abril de 2022.
El dossier no dice si la Municipalidad de Nicoya sigue usando la compra directa que autorizaba la Ley 5236.
El dossier no incluye el texto del dictamen de la Comisión de Gobierno y Administración.
El dossier no tiene grabaciones de la Asamblea sobre este expediente.
La Constitución y esta ley, lado a ladoSin choque aparente
El proyecto usa una atribución que la Constitución da a la Asamblea y protege derechos adquiridos. El Censo no encontró choque.
Constitución, art. 121"Dictar las leyes, reformarlas, derogarlas, y darles interpretación auténtica, salvo lo dicho en el capítulo referente al Tribunal Supremo de Elecciones"
Esta ley, art. 1"Se deroga, expresamente, la Ley N.º 5236 de 5 de julio de 1973, Autorización a la Municipalidad del Cantón de Nicoya para Comprar Materiales y Repuestos para sus Plantas Eléctricas."
Sin choque aparente La Constitución da a la Asamblea la potestad de derogar leyes. Este proyecto ejerce esa potestad.
Constitución, art. 129"La ley no queda abrogada ni derogada sino por otra posterior"
Esta ley, art. 1"Se deroga, expresamente, la Ley N.º 5236 de 5 de julio de 1973"
Sin choque aparente El proyecto es una ley posterior que deroga la anterior, tal como pide la Constitución.
Constitución, art. 170"Las corporaciones municipales son autónomas."
Esta ley, art. 2"La derogación de la ley indicada en el artículo anterior no afectará los intereses individuales, derechos subjetivos, derechos patrimoniales, intereses colectivos o situaciones jurídicas consolidadas a las cuales esta haya dado lugar."
Sin choque aparente La derogatoria no toca la autonomía municipal. Solo elimina una autorización de compra directa. La Municipalidad seguiría sujeta a las reglas generales de contratación.
Esto es una lectura comparada, no un fallo. Solo la Sala Constitucional puede declarar una ley inconstitucional.
Fuentes
- Expediente 21731: DEROGATORIA DE LEY Nº. 5236 DE 5 DE JULIO DE 1973, AUTORIZACIÓN A LA MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN DE NICOYA PARA COMPRAR MATERIALES Y REPUESTOS PARA SUS PLANTAS ELÉCTRICAS. (PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA Nº 132, DE 14 DE JULIO DE 1973)
- Ley 5236: Autoriza a la Municipalidad del Cantón de Nicoya, provincia de Guanacaste, para comprar de forma directa materiales y presupuestos para la operación de las plantas eléctricas que abastecen energía en el cantón (Derogado)
- Constitución Política (texto vigente)
- Herramientas de participación ciudadana en Costa Rica
Límites de esta investigación
- No se encontraron grabaciones de la Asamblea que mencionen este expediente.
Investigado y verificado automáticamente el 2026-11-09. Cada cita textual se comprobó contra su fuente antes de publicar.
Texto oficial completo
Así lo publica la Asamblea Legislativa. Compárelo con el resumen de arriba: si algo no calza, créale al texto oficial.
Leer el texto completo
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
PROYECTO DE LEY
DEROGATORIA DE LA LEY N.º 5236, DE 5 DE JULIO DE 1973, AUTORIZACIÓN A LA MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN DE NICOYA PARA COMPRAR MATERIALES Y REPUESTOS PARA SUS PLANTAS ELÉCTRICAS. (PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA N.º 132, DE 14 DE JULIO DE 1973)
ERWEN YANAN MASÍS CASTRO DIPUTADO
EXPEDIENTE N.° 21.731
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS UNIDAD DE PROYECTOS, EXPEDIENTES Y LEYES
PROYECTO DE LEY
DEROGATORIA DE LA LEY N.º 5236, DE 5 DE JULIO DE 1973, AUTORIZACIÓN A LA MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN DE NICOYA PARA COMPRAR MATERIALES Y REPUESTOS PARA SUS PLANTAS ELÉCTRICAS. (PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA N.º 132, DE 14 DE JULIO DE 1973)
Expediente N.° 21.731
ASAMBLEA LEGISLATIVA:
Desde que el hombre descubrió los beneficios de crecimiento en grupo conformando comunidades para la obtención de calidad y cantidad en los recursos, así como en los bienes, se dio paso a las primeras formas de organización y con ella las primeras normas que daban pie a regir estos grupos con sabiduría en busca de preservar el orden, la justicia y la igualdad.
Como parte del ciclo natural de las legislaturas, estas tienen un propósito y buscan que se cumpla al pie de la letra, muchas de ellas lo hacen en periodos de tiempo determinados, por lo que por cumplido su objetivo estas ya no tienen mayor transcendencia.
Durante el período constitucional 2010-2014 en su función de diputada la señora Gloria Bejarano Almada junto con el Directorio legislativo de ese periodo, en la sesión ordinaria N.º 076-2011 de 22 de setiembre de 2011, tomaron el acuerdo de autorizar la creación de una comisión para analizar la legislación vigente y así poder detectar leyes desactualizadas, obsoletas, en desuso y en situación de duplicidad, que pudieran ser derogadas.
Como parte de ese esfuerzo de coordinación entre los Poderes del Estado, organizaciones sectoriales y entes especializados, la Asamblea Legislativa firmó un convenio de cooperación con el Colegio de Abogados y la Procuraduría General de la República para coadyuvar en el estudio de más de 8 mil leyes, con el fin de preparar proyectos de ley que liberen el ordenamiento jurídico de tales normas por la vía de la derogación.
La Sala Constitucional, al referirse al principio de seguridad jurídica como principio constitucional, en sentencia N.° 8790-97, de 24 de diciembre de 1997, expresa una posición interesante en la que se vislumbra la seguridad jurídica como dual, en un sentido objetivo (como existencia de orden social) y subjetivo (como confianza del ciudadano en la invariabilidad de situaciones jurídicas consolidadas):
“…La seguridad jurídica es un principio constitucional que en su sentido genérico consiste en la garantía dada al individuo de que su persona, sus bienes y sus derechos no serán objeto de ataques violentos o que, si éstos llegan a producirse, le serán aseguradas por la sociedad, protección y reparación: es la situación del individuo como sujeto activo y pasivo de relaciones sociales, que sabiendo o pudiendo saber cuáles son las normas jurídicas vigentes, tiene fundamentales expectativas de que ellas se cumplan. Ese valor jurídico pretende dar certeza contra las modificaciones del Derecho, procura evitar la incertidumbre del Derecho vigente, es decir, las modificaciones jurídicas arbitrarias, realizadas sin previo estudio y consulta. Puede ser considerada tanto en sentido subjetivo y objetivo, pero ambos están indisolublemente vinculados; en su sentido subjetivo es la convicción que tiene una persona de que la situación de que goza no será modificada por una acción contraria a los principios que rigen la vida social y en sentido objetivo se confunde con la existencia de un estado de organización social, de un orden social. En la mayoría de los ordenamientos jurídicos positivos existen normas que pretenden dar cumplimiento al valor de la seguridad jurídica; en el nuestro tenemos varias expresiones de ese principio tales como la presunción del conocimiento de la ley, el principio de la reserva o legalidad penal, el principio de irretroactividad de la ley, la cosa juzgada y la prescripción, entre otros…”.
Es por esto que un país en el que el principio de seguridad jurídica no se vislumbre con claridad sufrirá un menoscabo fundamental en su sistema democrático. Por esta razón, la emisión, existencia y aplicación de las leyes debe responder a un funcionamiento dinámico de la sociedad.
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA DECRETA:
DEROGATORIA DE LA LEY N.º 5236, DE 5 DE JULIO DE 1973, AUTORIZACIÓN A LA MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN DE NICOYA PARA COMPRAR MATERIALES Y REPUESTOS PARA SUS PLANTAS ELÉCTRICAS. (PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA N.º 132, DE 14 DE JULIO DE 1973)
ARTÍCULO 1- Se deroga, expresamente, la Ley N.º 5236 de 5 de julio de 1973, Autorización a la Municipalidad del Cantón de Nicoya para Comprar Materiales y Repuestos para sus Plantas Eléctricas. (Publicado en el diario oficial La Gaceta N.º 132, de 14 de julio de 1973).
ARTÍCULO 2- La derogación de la ley indicada en el artículo anterior no afectará los intereses individuales, derechos subjetivos, derechos patrimoniales, intereses colectivos o situaciones jurídicas consolidadas a las cuales esta haya dado lugar.
Dicha derogación no puede ser aplicada con efecto retroactivo de forma tal que pueda afectar los derechos de las personas. Asimismo, no exime al Estado o a los entes públicos de obligaciones adquiridas que se hayan establecido en dicha norma.
Igualmente, esa derogación no afectará las reformas, abrogaciones o derogaciones que hayan efectuado sobre la legislación posterior que esté vigente, pues se entiende que dichas modificaciones han quedado incorporadas y forman parte del contenido de las normas afectadas, todo ello de acuerdo con los artículos 34 y 129 de la Constitución Política de 1949 y los artículos del 8 al 16, ambos inclusive, del Código Civil de 1887.
Rige a partir de su publicación.
Erwen Yanan Masís Castro Diputado
10 de noviembre de 2019
NOTAS: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente Ordinaria de Gobierno y Administración.
Este proyecto cumplió el trámite de revisión de errores formales, materiales e idiomáticos en el Departamento de Servicios Parlamentarios.