Archivado: el proyecto que iba a borrar una ley de 1975 sobre Coto Brus
El expediente 21732, que proponía derogar el aval estatal a un préstamo municipal de 1975 en Coto Brus, venció su plazo cuatrienal en 2023 y quedó archivado sin llegar a debate en el plenario.
Título oficial DEROGATORIA DE LEY N° 5709 DE 4 DE JUNIO DE 1975, AVAL DEL ESTADO A LA MUNICIPALIDAD DE COTO BRUS PARA QUE PUEDA EMPRESTAR HASTA 1.000.000 DE COLONES PARA LA COMPRA DE UNA PLANTA ELÉCTRICA. (PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA Nº 113, ALCANCE Nº 93, DE 18 DE JUNIO DE 1975)
A quién le toca
- A la Municipalidad de Coto Brus, que fue la beneficiaria del aval estatal de 1975
- A cualquier persona que tuviera derechos adquiridos bajo la Ley 5709, según el artículo 2 del proyecto
- Al Estado, que según el artículo 2 no quedaba eximido de obligaciones ya contraídas
A quién beneficia
- El proyecto buscaba limpiar el ordenamiento jurídico de una ley de 1975 que ya no tendría uso
- El artículo 2 protegía derechos adquiridos y situaciones jurídicas consolidadas
Qué cambia
- El expediente venció el 28 de noviembre de 2023 y quedó archivado
- La Ley 5709 sigue en el ordenamiento jurídico, aunque SINALEVI la marca como derogada
- Para retomarlo haría falta presentar un proyecto nuevo
La explicación completa
Qué propone
El expediente 21732 propone derogar la Ley N.° 5709 del 4 de junio de 1975. Esa ley vieja autorizó al Poder Ejecutivo a dar el aval del Estado a la Municipalidad de Coto Brus para un préstamo de hasta un millón de colones, destinado a comprar una planta eléctrica (art. 1) 2.
El artículo 2 del proyecto dice que la derogatoria no afectaría derechos ya adquiridos ni situaciones jurídicas consolidadas (art. 2). Tampoco eximiría al Estado de obligaciones ya contraídas bajo esa norma.
El texto cita los artículos 34 y 129 de la Constitución y los artículos 8 al 16 del Código Civil para respaldar esa protección (art. 2).
En qué va el trámite
El proyecto está archivado. Venció su plazo cuatrienal el 28 de noviembre de 2023 sin convertirse en ley 1.
El último paso registrado fue el 28 de abril de 2022, cuando la Comisión de Gobierno y Administración remitió el expediente a la Secretaría del Directorio 1. Antes, el 19 de abril de 2022, la comisión votó y emitió dictamen.
Nunca llegó a primer debate en el plenario. Para ser ley le faltaban los dos debates en la Asamblea, la sanción del Poder Ejecutivo y la publicación en La Gaceta Constitución, art. 124.
Frente a la Constitución
El Censo no encontró choque entre lo que proponía el texto y la Constitución del dossier.
El artículo 121, inciso 1, le da a la Asamblea Legislativa la potestad de "Dictar las leyes, reformarlas, derogarlas, y darles interpretación auténtica" Constitución, art. 121. Derogar la Ley 5709 cae dentro de esa atribución.
El artículo 129 dice que "La ley no queda abrogada ni derogada sino por otra posterior" Constitución, art. 129. El proyecto cumplía ese requisito: era una ley nueva la que iba a derogar la de 1975.
El artículo 2 del proyecto protege derechos adquiridos y cita el artículo 34 de la Constitución (art. 2). Esa protección va en la misma dirección que el principio de seguridad jurídica que el propio texto invoca.
Qué puede hacer usted
El proyecto ya está archivado, así que las herramientas para incidir en su trámite no aplican. Estas son las que sirven para casos así:
-
Consultar el estado de cualquier expediente. La Oficina de Iniciativa Popular de la Asamblea brinda información sobre el estado de tramitación de los proyectos de ley guía, p. 27.
-
Presentar una propuesta de ley por la vía del formulario web de la Asamblea. No tiene garantía de ser discutida ni votada, pero la Oficina de Iniciativa Popular la recopila y la remite a los diputados guía, p. 27.
-
Si en el futuro se retoma un proyecto parecido, la guía indica que se puede incidir en la comisión permanente mediante entrevistas con los diputados, argumentando motivos de fondo guía, p. 29.
-
Para fiscalizar el uso de fondos públicos municipales, la Contraloría General de la República recibe denuncias en su Plataforma de Servicios en Sabana Sur, por teléfono al 2501-8000 o al 2501-8025, y por correo a contraloria.general@cgrcr.go.cr guía, p. 68.
Lo que no sabemos
El dossier no dice por qué el proyecto no avanzó después del dictamen de comisión de abril de 2022.
El dossier no indica si la Municipalidad de Coto Brus pagó o sigue pagando el préstamo de 1975.
El dossier no aclara si la planta eléctrica se compró ni qué pasó con ella.
El dossier no registra grabaciones de la Asamblea sobre este expediente.
La Constitución y esta ley, lado a ladoSin choque aparente
El proyecto usaba una potestad que el artículo 121 le da a la Asamblea y respetaba el artículo 129 sobre derogatoria por ley posterior. El artículo 2 protegía derechos adquiridos.
Constitución, art. 121"Dictar las leyes, reformarlas, derogarlas, y darles interpretación auténtica, salvo lo dicho en el capítulo referente al Tribunal Supremo de Elecciones"
Esta ley, art. 1"Se deroga, expresamente, la Ley N.º 5709, de 4 de junio de 1975, Aval del Estado a la Municipalidad de Coto Brus para que Pueda Emprestar hasta 1.000.000 de Colones para la Compra de una Planta Eléctrica."
Sin choque aparente La Constitución le permite a la Asamblea derogar leyes. Eso es justo lo que proponía el artículo 1.
Constitución, art. 129"La ley no queda abrogada ni derogada sino por otra posterior"
Esta ley, art. 1"Se deroga, expresamente, la Ley N.º 5709, de 4 de junio de 1975"
Sin choque aparente El proyecto era una ley nueva que derogaba una vieja. Cumple la regla de que solo otra ley posterior puede derogar.
Esto es una lectura comparada, no un fallo. Solo la Sala Constitucional puede declarar una ley inconstitucional.
Fuentes
- Expediente 21732: DEROGATORIA DE LEY N° 5709 DE 4 DE JUNIO DE 1975, AVAL DEL ESTADO A LA MUNICIPALIDAD DE COTO BRUS PARA QUE PUEDA EMPRESTAR HASTA 1.000.000 DE COLONES PARA LA COMPRA DE UNA PLANTA ELÉCTRICA. (PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA Nº 113, ALCANCE Nº 93, DE 18 DE JUNIO DE 1975)
- Ley 5709: Autoríza al Poder Ejecutivo para otorgar el aval del Estado a la Municipalidad de Coto Brus para contratar un empréstito para la compra directa de una planta de energía eléctrica (Derogado)
- Constitución Política (texto vigente)
- Herramientas de participación ciudadana en Costa Rica
Límites de esta investigación
- No se encontraron grabaciones de la Asamblea que mencionen este expediente.
Investigado y verificado automáticamente el 2026-11-09. Cada cita textual se comprobó contra su fuente antes de publicar.
Texto oficial completo
Así lo publica la Asamblea Legislativa. Compárelo con el resumen de arriba: si algo no calza, créale al texto oficial.
Leer el texto completo
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
PROYECTO DE LEY
DEROGATORIA DE LA LEY N.° 5709, DE 4 DE JUNIO DE 1975, AVAL DEL ESTADO A LA MUNICIPALIDAD DE COTO BRUS PARA QUE PUEDA EMPRESTAR HASTA 1.000.000 DE COLONES PARA LA COMPRA DE UNA PLANTA ELÉCTRICA. (PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA N.º 113, ALCANCE N.º 93, DE 18 DE JUNIO DE 1975)
ERWEN YANAN MASÍS CASTRO DIPUTADO
EXPEDIENTE N.° 21.732
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS UNIDAD DE PROYECTOS, EXPEDIENTES Y LEYES
PROYECTO DE LEY
DEROGATORIA DE LA LEY N.° 5709, DE 4 DE JUNIO DE 1975, AVAL DEL ESTADO A LA MUNICIPALIDAD DE COTO BRUS PARA QUE PUEDA EMPRESTAR HASTA 1.000.000 DE COLONES PARA LA COMPRA DE UNA PLANTA ELÉCTRICA. (PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA N.º 113, ALCANCE N.º 93, DE 18 DE JUNIO DE 1975)
Expediente N.° 21.732
ASAMBLEA LEGISLATIVA:
Desde que el hombre descubrió los beneficios de crecimiento en grupo conformando comunidades para la obtención de calidad y cantidad en los recursos, así como en los bienes, se dio paso a las primeras formas de organización y con ella las primeras normas que daban pie a regir estos grupos con sabiduría en busca de preservar el orden, la justicia y la igualdad.
Como parte del ciclo natural de las legislaturas, estas tienen un propósito y buscan que se cumpla al pie de la letra, muchas de ellas lo hacen en periodos de tiempo determinados, por lo que por cumplido su objetivo estas ya no tienen mayor transcendencia.
Durante el período constitucional 2010-2014, en su función de diputada, la señora Gloria Bejarano Almada junto con el Directorio legislativo de ese periodo, en la sesión ordinaria N.º 076-2011, de 22 de setiembre de 2011, tomaron el acuerdo de autorizar la creación de una comisión para analizar la legislación vigente y así poder detectar leyes desactualizadas, obsoletas, en desuso y en situación de duplicidad que pudieran ser derogadas.
Como parte de ese esfuerzo de coordinación entre los Poderes del Estado, organizaciones sectoriales y entes especializados, la Asamblea Legislativa firmó un convenio de cooperación con el Colegio de Abogados y la Procuraduría General de la República para coadyuvar en el estudio de más de 8 mil leyes, con el fin de preparar proyectos de ley que liberen el ordenamiento jurídico de tales normas por la vía de la derogación.
La Sala Constitucional, al referirse al principio de seguridad jurídica como principio constitucional, en sentencia N.° 8790-97, de 24 de diciembre de 1997, expresa una posición interesante en la que se vislumbra la seguridad jurídica como dual, en un sentido objetivo (como existencia de orden social) y subjetivo (como confianza del ciudadano en la invariabilidad de situaciones jurídicas consolidadas):
“…La seguridad jurídica es un principio constitucional que en su sentido genérico consiste en la garantía dada al individuo de que su persona, sus bienes y sus derechos no serán objeto de ataques violentos o que, si éstos llegan a producirse, le serán aseguradas por la sociedad, protección y reparación: es la situación del individuo como sujeto activo y pasivo de relaciones sociales, que sabiendo o pudiendo saber cuáles son las normas jurídicas vigentes, tiene fundamentales expectativas de que ellas se cumplan. Ese valor jurídico pretende dar certeza contra las modificaciones del Derecho, procura evitar la incertidumbre del Derecho vigente, es decir, las modificaciones jurídicas arbitrarias, realizadas sin previo estudio y consulta. Puede ser considerada tanto en sentido subjetivo y objetivo, pero ambos están indisolublemente vinculados; en su sentido subjetivo es la convicción que tiene una persona de que la situación de que goza no será modificada por una acción contraria a los principios que rigen la vida social y en sentido objetivo se confunde con la existencia de un estado de organización social, de un orden social. En la mayoría de los ordenamientos jurídicos positivos existen normas que pretenden dar cumplimiento al valor de la seguridad jurídica; en el nuestro tenemos varias expresiones de ese principio tales como la presunción del conocimiento de la ley, el principio de la reserva o legalidad penal, el principio de irretroactividad de la ley, la cosa juzgada y la prescripción, entre otros…”.
Es por esto que un país en el que el principio de seguridad jurídica no se vislumbre con claridad sufrirá un menoscabo fundamental en su sistema democrático. Por esta razón, la emisión, existencia y aplicación de las leyes debe responder a un funcionamiento dinámico de la sociedad.
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA DECRETA:
DEROGATORIA DE LA LEY N.° 5709, DE 4 DE JUNIO DE 1975, AVAL DEL ESTADO A LA MUNICIPALIDAD DE COTO BRUS PARA QUE PUEDA EMPRESTAR HASTA 1.000.000 DE COLONES PARA LA COMPRA DE UNA PLANTA ELÉCTRICA. (PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA N.º 113, ALCANCE N.º 93, DE 18 DE JUNIO DE 1975)
ARTÍCULO 1- Se deroga, expresamente, la Ley N.º 5709, de 4 de junio de 1975, Aval del Estado a la Municipalidad de Coto Brus para que Pueda Emprestar hasta 1.000.000 de Colones para la Compra de una Planta Eléctrica. (Publicado en el diario oficial La Gaceta N.º 113, Alcance N.º 93, de 18 de junio de 1975).
ARTÍCULO 2- La derogación de la ley indicada en el artículo anterior, no afectará los intereses individuales, derechos subjetivos, derechos patrimoniales, intereses colectivos o situaciones jurídicas consolidadas a las cuales esta haya dado lugar.
Dicha derogación no puede ser aplicada con efecto retroactivo de forma tal que pueda afectar los derechos de las personas. Asimismo, no exime al Estado o a los entes públicos de obligaciones adquiridas que se hayan establecido en dicha norma.
Igualmente, esa derogación no afectará las reformas, abrogaciones o derogaciones que hayan efectuado sobre la legislación posterior que esté vigente, pues se entiende que dichas modificaciones han quedado incorporadas y forman parte del contenido de las normas afectadas, todo ello de acuerdo con los artículos 34 y 129 de la Constitución Política de 1949 y los artículos del 8 al 16, ambos inclusive, del Código Civil de 1887.
Rige a partir de su publicación.
Erwen Yanan Masís Castro Diputado
10 de noviembre de 2019.
NOTAS: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente Ordinaria de Gobierno y Administración.
Este proyecto cumplió el trámite de revisión de errores formales, materiales e idiomáticos en el Departamento de Servicios Parlamentarios.