Archivado el plan para inhabilitar contratistas de obra pública
El proyecto que inhabilitaba de 3 a 10 años a contratistas de obra vial, hospitalaria, educativa y de vivienda social venció su plazo cuatrienal en 2023 sin dictamen.
Título oficial REFORMA DE LA LEY DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, N.° 7494, DE 2 DE MAYO DE 1995, PARA SANCIONAR CON INHABILITACIÓN A LOS CONTRATISTAS QUE INCUMPLAN LAS CONDICIONES DE CONSTRUCCIÓN EN PROYECTOS RELACIONADOS CON INFRAESTRUCTURA VIAL PÚBLICA, HOSPITALARIA,DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y EDUCATIVA
Atención: El proyecto eliminaba el apercibimiento previo del artículo 99 como requisito para inhabilitar contratistas en casos de incumplimiento grave.
La letra pequeña
Encontramos 2 artículos que no calzan con lo que el título de la ley promete. Cada uno viene con la frase exacta de la ley, para que usted juzgue.
A quién le sirve: Contratistas de obra vial, hospitalaria, educativa y de vivienda social
El proyecto permitía inhabilitar sin pasar primero por el apercibimiento escrito del artículo 99, cuando el incumplimiento fuera grave.
No será necesaria la aplicación de la sanción de apercibimiento señalada en el artículo 99 de la presente ley, como requisito previo para la aplicación de la sanción de inhabilitación, cuando se trate de incumplimientos graves en contrataciones relacionadas con proyectos de infraestructura vial pública, infraestructura hospitalaria, de vivienda de interés social y educativa.
único, texto oficial
Esto lo encontró un programa que leyó el texto completo de la ley y lo comparó con su título. No es una acusación ni una opinión legal. Lea la cita y el texto original y saque su propia conclusión.
A quién le toca
- Contratistas que construyen, reconstruyen, conservan, mantienen o rehabilitan vías nacionales y cantonales
- Empresas que construyen, rehabilitan o mantienen hospitales, clínicas, Ebais y torres médicas
- Empresas que construyen o dan mantenimiento a centros educativos
- Empresas que construyen unidades de vivienda de interés social, horizontales o verticales
- Empresas que hacen control de calidad, administración, supervisión o inspección de esas obras
A quién beneficia
- Las personas usuarias de carreteras, hospitales, escuelas y vivienda social habrían tenido una sanción más severa contra contratistas incumplidos
- La Contraloría General de la República habría tenido un registro público de contratistas inhabilitados
- La Administración habría podido declarar inadmisible la oferta de una empresa inhabilitada
Qué cambia
- El proyecto no es ley: venció el 5 de diciembre de 2023 sin dictamen ni debates
- La sanción habría sido de tres a diez años de inhabilitación, según la gravedad de la falta
- El apercibimiento previo del artículo 99 dejaba de ser requisito en casos de incumplimiento grave
- La sanción habría alcanzado a la empresa que absorbiera a la sancionada o que formara consorcio con ella
La explicación completa
Qué propone
El proyecto ya no está en trámite: venció su plazo cuatrienal el 5 de diciembre de 2023 y quedó archivado. Proponía reformar el artículo 100 ter de la Ley de Contratación Administrativa, N.° 7494, para inhabilitar contratistas (art. único).
La sanción iba de tres a diez años, según la gravedad de la falta. Aplicaba a quien, sin justa causa, incumpliera gravemente un contrato de infraestructura vial pública, hospitalaria, de vivienda de interés social o educativa (art. único).
El texto definía qué cuenta como infraestructura vial: construcción, reconstrucción, conservación, mantenimiento y rehabilitación de vías nacionales y cantonales. Incluía puentes, control de calidad, administración, supervisión e inspección de esas obras (art. único).
También definía la infraestructura hospitalaria: hospitales, clínicas, Ebais, torres médicas o instalaciones similares. Sumaba los centros educativos destinados al cuido o instrucción de estudiantes y las unidades de vivienda de interés social (art. único).
El proyecto listaba cinco faltas graves. Entre ellas: poner en peligro la vida o la seguridad de las personas, causar retrasos y encarecimientos no resarcidos, y reincidir en incumplimientos ya sancionados (art. único).
La inhabilitación no se extinguía con la fusión, transformación o cambio de razón social de la empresa sancionada. Si la empresa absorbida formaba un consorcio, la sanción recaía sobre la que permanecía (art. único).
El texto calificaba como fraude de ley crear una nueva sociedad para evadir la sanción. En ese caso, la sanción recaía también sobre la sociedad nueva (art. único).
La Contraloría General de la República llevaría un registro público de inhabilitados. La Administración y la Contraloría debían revisarlo al analizar ofertas para declarar inadmisible la de una empresa inhabilitada (art. único).
El proyecto eliminaba el apercibimiento previo como requisito para inhabilitar en casos de incumplimiento grave. Ese apercibimiento está en el artículo 99 de la misma ley (art. único).
En qué va el trámite
El expediente 21740 se presentó el 5 de diciembre de 2019 y se publicó en La Gaceta el 19 de diciembre de 2019, en el alcance 285 de la gaceta 242 1.
La Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Económicos recibió el proyecto el 27 de mayo de 2020 y lo incluyó en el orden del día el 2 de junio de 2020 1.
El 22 de febrero de 2022 el expediente se trasladó de comisión y se remitió al archivo 1. No hay registro de dictamen, de primer debate ni de segundo debate.
El plazo cuatrienal vencía el 5 de diciembre de 2023 1. Para que fuera ley faltaban el dictamen de comisión, dos debates en días distintos no consecutivos, la sanción del Poder Ejecutivo y la publicación en La Gaceta Constitución, art. 124.
Frente a la Constitución
El artículo 182 de la Constitución ordena que los contratos de obra pública se hagan mediante licitación, de acuerdo con la ley Constitución, art. 182. El proyecto regulaba esa licitación al fijar quién no puede participar, así que calza con ese mandato (art. único).
El artículo 124 exige dos debates en días distintos no consecutivos y la sanción del Poder Ejecutivo para convertir un proyecto en ley Constitución, art. 124. El expediente no llegó a ninguno de esos pasos 1.
El artículo 170 reconoce autonomía a las municipalidades Constitución, art. 170. El proyecto incluía las vías cantonales y las obras que ejecutan los gobiernos locales (art. único). El Censo no encontró una norma constitucional que impida esa inclusión, pero la autonomía municipal es el punto donde podría haber dudas.
El artículo 50 manda al Estado procurar el mayor bienestar a todos los habitantes Constitución, art. 50. El proyecto buscaba proteger obras de salud, educación y vivienda social, lo que apunta en esa dirección (art. único).
El Censo no encontró un choque directo entre el texto y los artículos revisados de la Constitución.
Qué puede hacer usted
Este proyecto ya está archivado, así que no hay comisión ni debate donde incidir. La guía describe la incidencia ciudadana en comisiones mediante entrevistas con los diputados, pero eso aplica a proyectos activos guía, p. 29.
Puede pedir información sobre el estado de cualquier proyecto a la Oficina de Iniciativa Popular de la Asamblea Legislativa. Esa oficina da información inmediata sobre la tramitación de los proyectos de ley guía, p. 27.
Puede presentar una propuesta de ley por el formulario web de la Asamblea. No hace falta el texto completo, basta con plantear la propuesta de forma sencilla guía, p. 27.
Si quiere que una iniciativa tenga garantía de ser votada, la vía es la iniciativa popular. Requiere firmas y el TSE traslada el proyecto a la Asamblea, que debe votarlo en un plazo máximo de dos años guía, p. 26.
Puede denunciar ante la Contraloría General de la República un hecho irregular en el manejo de recursos públicos. Se hace en la plataforma de servicios en Sabana Sur, por teléfono al 2501-8000 o al 2501-8025, o por correo a contraloria.general@cgrcr.go.cr guía, p. 68.
Lo que no sabemos
El dossier no dice por qué el expediente se trasladó de comisión y se archivó el 22 de febrero de 2022.
El dossier no incluye el texto del proyecto 20.648 que el propio proyecto cita como antecedente aprobado.
El dossier no dice si la Ley 7494 sigue vigente o si fue sustituida por otra ley de contratación.
La Constitución y esta ley, lado a ladoSin choque aparente
El texto calza con el artículo 182 sobre licitación de obra pública y con el artículo 50 sobre bienestar. La inclusión de vías cantonales toca la autonomía municipal del artículo 170, donde podría haber dudas. El expediente no completó los pasos del artículo 124.
Constitución, art. 182"Los contratos para la ejecución de obras públicas que celebren los Poderes del Estado, las Municipalidades y las instituciones autónomas, las compras que se hagan con fondos de esas entidades y las ventas o arrendamientos de bienes pertenecientes a las mismas, se harán mediante licitación, de acuerdo con la ley en cuanto al monto respectivo."
Esta ley, art. único"La Administración, una vez concluido el debido proceso, inhabilitará para participar en procedimientos de contratación administrativa relacionados con proyectos de infraestructura vial pública, los que cubren la infraestructura hospitalaria, de vivienda de interés social y educativa, por un período de tres a diez años, según la gravedad de la falta"
Sin choque aparente La Constitución manda licitar la obra pública según la ley. El proyecto fijaba en la ley quién no puede participar en esas licitaciones.
Constitución, art. 170"Las corporaciones municipales son autónomas."
Esta ley, art. único"Se entenderá por proyectos de infraestructura vial pública aquellos que impliquen la construcción, la reconstrucción, la conservación, el mantenimiento y la rehabilitación de vías nacionales y cantonales, que sean ejecutados por el Estado o los gobiernos locales respectivamente"
Hay dudas El proyecto alcanzaba obras que ejecutan las municipalidades en vías cantonales. La autonomía municipal hace que valga la pena preguntar si una sanción estatal puede cubrir contratos locales.
Constitución, art. 124"Para convertirse en ley, todo proyecto deberá ser objeto de dos debates, cada uno en día distinto no consecutivo, obtener la aprobación de la Asamblea Legislativa y la sanción del Poder Ejecutivo; además, deberá publicarse en La Gaceta"
Esta ley, art. único"Rige a partir de su publicación."
Sin choque aparente El proyecto nunca llegó a primer debate ni a segundo debate, así que no completó el camino que exige la Constitución para ser ley.
Constitución, art. 50"El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza."
Esta ley, art. único"La infraestructura hospitalaria comprenderá la construcción, rehabilitación o mantenimiento de hospitales, clínicas, equipos básicos de atención integral en salud, (Ebais), Torres médicas o instalaciones similares."
Sin choque aparente El proyecto buscaba proteger obras de salud, educación y vivienda social, lo que apunta al bienestar que ordena la Constitución.
Esto es una lectura comparada, no un fallo. Solo la Sala Constitucional puede declarar una ley inconstitucional.
Fuentes
- Expediente 21740: REFORMA DE LA LEY DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, N.° 7494, DE 2 DE MAYO DE 1995, PARA SANCIONAR CON INHABILITACIÓN A LOS CONTRATISTAS QUE INCUMPLAN LAS CONDICIONES DE CONSTRUCCIÓN EN PROYECTOS RELACIONADOS CON INFRAESTRUCTURA VIAL PÚBLICA, HOSPITALARIA,DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y EDUCATIVA
- Constitución Política (texto vigente)
- Herramientas de participación ciudadana en Costa Rica
Límites de esta investigación
- No se encontraron grabaciones de la Asamblea que mencionen este expediente.
Investigado y verificado automáticamente el 2026-11-09. Cada cita textual se comprobó contra su fuente antes de publicar.
Texto oficial completo
Así lo publica la Asamblea Legislativa. Compárelo con el resumen de arriba: si algo no calza, créale al texto oficial.
Leer el texto completo
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
PROYECTO DE LEY
REFORMA DE LA LEY DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, N.° 7494, DE 2 DE MAYO DE 1995, PARA SANCIONAR CON INHABILITACIÓN A LOS CONTRATISTAS QUE INCUMPLAN LAS CONDICIONES DE CONSTRUCCIÓN EN PROYECTOS RELACIONADOS CON INFRAESTRUCTURA VIAL PÚBLICA, HOSPITALARIA, DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y EDUCATIVA
FRANGGI NICOLÁS SOLANO DIPUTADA
EXPEDIENTE N.° 21.740
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS UNIDAD DE PROYECTOS, EXPEDIENTES Y LEYES
PROYECTO DE LEY
REFORMA DE LA LEY DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, N.° 7494, DE 2 DE MAYO DE 1995, PARA SANCIONAR CON INHABILITACIÓN A LOS CONTRATISTAS QUE INCUMPLAN LAS CONDICIONES DE CONSTRUCCIÓN EN PROYECTOS RELACIONADOS CON INFRAESTRUCTURA VIAL PÚBLICA, HOSPITALARIA, DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y EDUCATIVA
Expediente N.° 21.740
ASAMBLEA LEGISLATIVA:
Tal y como acertadamente ha sido expuesto en el proyecto N.° 20.648 que recientemente fue aprobado por la Asamblea Legislativa, pese a que: “la Ley de Contratación Administrativa contiene una serie de normas sancionatorias de orden administrativo que “castigan” el incumplimiento de las obligaciones pactadas por las partes, y específicamente, a las personas físicas y jurídicas que contraten con el Estado o sus instituciones en esta materia, hay momentos en que las mismas son insuficientes para compensar la afectación que causan al interés público.
En la actualidad, la normativa que establece sanciones por infracciones en materia de la contratación pública está contenida en los numerales 99 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa. De acuerdo con criterio emitido por la Contraloría General de la República en DCA-614, de 14 de marzo de 2012 “el apercibimiento es una amonestación escrita y puede constituir precedente para la inhabilitación. En cambio esta última figura impide la participación de un oferente en un concurso. Ahora bien, resulta importante señalar que el ordenamiento jurídico prevé además otras sanciones en caso de incumplimiento del contratista, que son multas y cláusula penal”.
Sin embargo, la concentración de proyectos viales en manos de pocas empresas y los reiterados incumplimientos que han existido a lo largo de los años por parte de algunos contratistas, me hacen pensar en la necesidad de incluir en la legislación, y específicamente para el caso de proyectos de infraestructura vial, una disposición más severa que “castigue” a aquellas personas físicas o jurídicas contratistas que, sin justa causa, hayan incumplido o cumplan de manera defectuosa o tardía con el objeto del contrato.
Así las cosas, aquellos contratistas que han incumplido de forma injustificada con los contratos para la construcción, reconstrucción, conservación, mantenimiento y rehabilitación de obras de infraestructura vial, se atrasaron en su entrega o lo hicieron de manera defectuosa; deberían ser inhabilitados para contratar con el Estado y las municipalidades, en lo que respecta a su ámbito de competencia en vías nacionales y cantonales.”
Acogemos plenamente los razonamientos de la reforma legal aprobada, pero consideramos que es necesario que el Estado costarricense cubra con la misma sanción otras inversiones tan cuantiosas e importantes para el conjunto de la población como son, además de los proyectos de infraestructura vial pública, los que cubren la infraestructura hospitalaria, de vivienda de interés social y educativa. Para esos efectos, el presente proyecto define tales como: “La infraestructura hospitalaria comprenderá la construcción, rehabilitación o mantenimiento de hospitales, clínicas, equipos básicos de atención integral en salud, (Ebais), torres médicas o instalaciones similares. Los centros educativos de cualquier tipo, siempre que destinados al cuido o instrucción de estudiantes y las unidades habitacionales, horizontales o verticales, destinadas a vivienda de interés social.”
Por las razones indicadas solicito a sus señorías la aprobación del presente proyecto de ley.
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA DECRETA:
REFORMA DE LA LEY DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, N.° 7494, DE 2 DE MAYO DE 1995, PARA SANCIONAR CON INHABILITACIÓN A LOS CONTRATISTAS QUE INCUMPLAN LAS CONDICIONES DE CONSTRUCCIÓN EN PROYECTOS RELACIONADOS CON INFRAESTRUCTURA VIAL PÚBLICA, HOSPITALARIA, DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL Y EDUCATIVA
ARTÍCULO ÚNICO- Se reforma el artículo 100 ter a la Ley N.° 7494, Ley de Contratación Administrativa, de 2 de mayo de 1995. El texto es el siguiente:
Artículo 100 ter- Sanción de inhabilitación para contratistas en proyectos de infraestructura vial pública, los que cubren la infraestructura hospitalaria, de vivienda de interés social y educativa.
La Administración, una vez concluido el debido proceso, inhabilitará para participar en procedimientos de contratación administrativa relacionados con proyectos de infraestructura vial pública, los que cubren la infraestructura hospitalaria, de vivienda de interés social y educativa, por un período de tres a diez años, según la gravedad de la falta, a la persona física o jurídica que, sin justa causa, incurra en incumplimiento grave del contrato, por cualquiera de las causas establecidas en este artículo. La sanción aquí prevista impedirá la participación del contratista en futuros procedimientos de contratación administrativa relacionados con proyectos de infraestructura vial pública, la infraestructura hospitalaria, de vivienda de interés social y educativa.
La inhabilitación será comunicada a la Contraloría General de la República, que llevará un registro al respecto, el cual será de acceso público.
No será necesaria la aplicación de la sanción de apercibimiento señalada en el artículo 99 de la presente ley, como requisito previo para la aplicación de la sanción de inhabilitación, cuando se trate de incumplimientos graves en contrataciones relacionadas con proyectos de infraestructura vial pública, infraestructura hospitalaria, de vivienda de interés social y educativa.
Se entenderá por proyectos de infraestructura vial pública aquellos que impliquen la construcción, la reconstrucción, la conservación, el mantenimiento y la rehabilitación de vías nacionales y cantonales, que sean ejecutados por el Estado o los gobiernos locales respectivamente, incluyendo cualquier tipo de obras relacionadas con puentes y demás estructuras viales conexas, así como las contrataciones que se realicen para llevar el control de calidad de las obras, la administración, la supervisión o la inspección de este tipo de proyectos en nombre del Estado o de las municipalidades. La infraestructura hospitalaria comprenderá la construcción, rehabilitación o mantenimiento de hospitales, clínicas, equipos básicos de atención integral en salud, (Ebais), Torres médicas o instalaciones similares. Los centros educativos de cualquier tipo, siempre que destinados al cuido o instrucción de estudiantes y las unidades habitacionales, horizontales o verticales, destinadas a vivienda de interés social.
La inhabilitación no se extingue por la fusión, la transformación o el cambio de razón o denominación social de la sociedad sancionada. En caso de que la fusión dé origen a una nueva sociedad, o bien, que la empresa sancionada sea absorbida por otra o forme un consorcio para participar en nuevas contrataciones con el Estado, los efectos de la sanción recaerán sobre la que permanezca. Se tendrá como fraude de ley la constitución de una nueva sociedad con la finalidad de evadir los efectos de la sanción de inhabilitación, en cuyo caso los efectos de la sanción recaerán en iguales condiciones sobre la sociedad así constituida.
Para los efectos de la sanción de inhabilitación prevista en este artículo, se entenderán como faltas graves cualquiera de las siguientes:
a) Las acciones u omisiones del contratista que ocasionen incumplimientos en el proyecto de infraestructura vial pública, infraestructura hospitalaria, de vivienda de interés social y educativa que pongan en peligro la vida o la seguridad de las personas.
b) Las conductas atribuibles al contratista que causen retrasos y encarecimientos de la obra no previstos y que no logren ser resarcidos en su totalidad mediante la ejecución de otros medios sancionatorios regulados en el cartel y en el contrato.
c) Los incumplimientos reincidentes del contratista en la ejecución del objeto contractual sobre los cuales ya ha sido sancionado previamente mediante otros mecanismos regulados en la presente Ley de Contratación Administrativa, sus reformas, y su reglamento.
d) Las causas atribuibles al contratista que conlleven la resolución contractual en sede jurisdiccional, cuando dicha gestión sea promovida por la Administración y haya condenatoria en firme en contra del contratista.
e) Las demás faltas graves que así sean establecidas en el cartel y en el contrato.
En aquellos supuestos en que un funcionario público, por razones de su cargo, conozca de la presunta existencia de un incumplimiento contractual, deberá informarlo inmediatamente al jerarca correspondiente, a efectos que se realice una investigación preliminar para determinar si existe mérito para abrir un procedimiento sancionatorio, so pena de incurrir en falta grave, sin perjuicio de las demás responsabilidades que establezca el ordenamiento jurídico.
Cuando la Contraloría General de la República, en el ejercicio de sus potestades, señale un posible incumplimiento contractual, recomendará, mediante su criterio técnico a la autoridad administrativa competente, la apertura del procedimiento respectivo, para determinar si corresponde la aplicación de la sanción de inhabilitación, según lo dispuesto en este artículo. La Administración garantizará en todo momento la oportunidad suficiente de audiencia y de defensa.
Será responsabilidad de la Contraloría General de la República mantener actualizado el registro de contratistas que hayan sido inhabilitados y será obligación de la Administración y de la Contraloría General de la República verificar este registro en la fase de análisis de las ofertas de aquellos procedimientos de contratación cuyo objeto sea el previsto en este artículo; esto con el fin de declarar inadmisible cualquier oferta que provenga de una empresa inhabilitada por las causales aquí señaladas.
Rige a partir de su publicación.
Franggi Nicolás Solano Diputada
16 de diciembre de 2019
NOTAS: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Económicos.
Este proyecto cumplió el trámite de revisión de errores formales, materiales e idiomáticos en el Departamento de Servicios Parlamentarios.